María Felix Estrada Lazcano
Expediente 1607/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1607/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/11/2023
Partes del expediente
- María Felix Estrada Lazcano
Actuaciones
- Principal
VI. Visto el oficio de cuenta, que remite el Actuario Judicial adscrito al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, mediante el cual comunica el auto de veintiuno de noviembre del actual, emitido por la presidenta de ese Tribunal, del que se advierte que acusa recibo del original y copia del escrito de agravios presentado por la parte quejosa, registrado como recurso de queja ***. Se está a la espera de la resolución que se dicte en el medio de impugnación en comento.
- Principal
VII. Vista la razón de cuenta, de la cual se aprecia que se presentaron a la diligencia señalada para las once horas del seis de octubre del año en curso, únicamente los representantes de la parte quejosa, así como el perito oficial; asimismo, el perito oficial manifestó la imposibilidad para realizar la diligencia encomendada, dado que se encuentra a cargo del Ejido tercero interesado facilitar el acceso seguro a las hectáreas y linderos objeto de la prueba pericial; glósese a los autos para los efectos legales a que haya lugar. En tal virtud, ante la inasistencia de la parte tercera interesada, no obstante de que fue debidamente notificado el veintinueve de septiembre del año en curso, de la fecha señalada para la diligencia de mérito, así como del apercibimiento para el caso de no asistir a ésta, sin que hasta la fecha haya manifestado o acreditado su imposibilidad para comparecer a dicha diligencia; de igual forma, como su presencia era necesaria para desahogar la prueba pericial por parte del perito oficial, lo que genera dilación en el presente asunto. En tal virtud, se hace efectivo del apercibimiento decretado en proveído de veinticinco de septiembre pasado y, se impone a cada uno de los integrantes del Comisariado de Bienes Ejidales de San Juan Coapanoaya, Estado de México, una multa de $5,187.00 (cinco mil ciento ochenta y siete pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización; en virtud de que cada unidad corresponde a $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional), como se advierte de la página de internet https://www.inegi.org.mx/temas/uma. Atento a lo anterior, a fin de que la Administración Desconcentrada de Recaudación México "1" con sede en México, cuente con los elementos necesarios para realizar los trámites correspondientes a la multa que antecede, requiérase al Registro Agrario Nacional en el Estado de México, a fin de que proporcione los datos de quienes ostentan actualmente los cargos de Presidente, Secretario y Tesorero Comisariado de Bienes Ejidales de San Juan Coapanoaya, Estado de México, tal como domicilio particular y registro federal de contribuyentes. En el entendido que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa individual equivalente a cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en el artículo 59, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo. Por tanto, a fin de agotar los medios al alcance de este juzgado para que dicho experto emita su estudio técnico, se señalan las once horas del ocho de noviembre del año en curso, para que los integrantes del comisariado quejoso y tercero perjudicado comparezcan al juzgado, a fin de que ubiquen las 548 hectáreas que corresponden al ejido De igual manera, se comisiona al Actuario adscrito a fin de que, a la hora y día señalados, se traslade junto con el perito oficial y demás partes, a fin de llevar a cabo la citada diligencia. Asimismo, se requiere al perito oficial ********************, para que lleve el instrumental y personal necesario para el desahogo de la citada diligencia. Se apercibe al perito oficial, así como al comisariado quejoso y tercero perjudicado, que de no acudir en la hora y día señalados para la diligencia, o bien, de no manifestar la imposibilidad que tengan para ello, se les impondrá una multa individual equivalente a cien veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en el artículo 59, fracción I , del código instrumental en consulta, así como de los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, los cuales facultan a este órgano jurisdiccional para hacer uso de medidas de apremio con la finalidad de hacer cumplir sus determinaciones. De igual manera, se da vista a las demás partes para que, si es su deseo asistir al desahogo de la citada diligencia, se presenten el día y hora señalados. En tal virtud, por conducto del Coordinador Estatal de Servicios Periciales en el Estado de México, de la Fiscalía General de la República, requiérase al perito oficial ********************, para que en el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, informe a este Juzgado de Distrito, si con la diligencia que se llevó a cabo el seis de actual, puede llevar a cabo la ampliación de su dictamen. Por tanto, se requiere al Coordinador Estatal de Servicios Periciales en el Estado de México, de la Fiscalía General de la República, para que en igual plazo, remita la constancia de notificación realizada al perito oficial del presente auto. En el entendido que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa individual equivalente a cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en el artículo 59, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo. Por otro lado, vista la certificación de cuenta y estado de autos, se advierte que la audiencia constitucional estaba señalada para las doce horas con cincuenta minutos del miércoles dieciocho de octubre de dos mil veintitrés y dado que; sin embargo, el dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintitrés y veinticuatro de octubre pasado, se declararon inhábiles de conformidad con la circular 28/2023 de diecinueve de octubre del año en curso, firmada por el SECRETARIO DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, con motivo de las manifestaciones llevadas a cabo por los integrantes del Poder Judicial de la Federación y sus sindicatos, por lo que se suspendieron los plazos y términos en los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas. De igual forma, se estipuló que las actuaciones y diligencias que ya se hubieren celebrado el dieciséis, diecisiete y dieciocho de octubre, subsistirá su validez. Asimismo, mediante "AVISO DE SUSPENSIÓN DE LABORES" de veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, la Coordinación de Magistradas y Magistrados, Juezas y Jueces de distrito del Segundo Circuito en Toluca y Almoloya de Juárez, Estado de México, determinó que se suspendían las labores del veinticinco al veintinueve de octubre del año en curso, en todos los órganos jurisdiccionales, ubicados en las ciudades referidas; por lo que no transcurrieron términos judiciales en esas fechas. En esa virtud, la audiencia constitucional referida, por este auto se difiere y en su lugar se fijan las se señalan las diez horas con diez minutos del lunes trece de noviembre de dos mil veintitrés, para su celebración.
- Principal
VI. Se recibe el escrito signado por la quejosa ***, mediante el cual, en atención al mandamiento de cuatro de este mes, aclara el acto que por esta vía reclama. El acto reclamado se fija en atención a todas las manifestaciones que realiza la parte quejosa en su demanda y escrito aclaratorio para tratar de atender a su intención y a lo que pretende conseguir con este juicio. En este caso, la quejosa reclama la omisión del pago de pensión determinada en el dictamen ***, de veintisiete de enero de dos mil veintitrés. En el caso, se advierte que se actualiza la hipótesis de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XX, de la ley de la materia, dado que la parte peticionaria del amparo estaba obligada a agotar el principio de definitividad, promoviendo al respecto el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. La quejosa también se encontraba en aptitud de impugnar la omisión de pago de pensión otorgada mediante dictamen de pensión ***, por parte del Jefe del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios ante el órgano en materia de trabajo competente, con motivo de la naturaleza del derecho que dice le fue vulnerado. Bajo este contexto, es menester puntualizar que la Suprema Corte ha sostenido que las controversias relacionadas con preservar prestaciones o derechos de seguridad social, quedan enmarcadas en los objetivos del derecho de trabajo, por lo que es competente para dirimir dicha cuestión, en primera instancia, el órgano en materia laboral que corresponda. Sobre ese punto, es conveniente destacar que si bien, la pensión generadora del derecho que reclama la promovente se generó con motivo de la cotización que *** realizó en el Desarrollo Integral de la Familia de Toluca, Estado de México y, la prestación en cuestión consiste en el pago de pensión por jubilación otorgada mediante dictamen de pensión ***, con motivo de la relación de trabajo que la servidora *** mantuvo con el Estado, de ahí que corresponde la legal competencia al Tribunal Federal de Conciliación. Se aprecia que el Instituto es un organismo auxiliar del poder Ejecutivo y forma parte de la Administración Pública del Estado de México. En esa tesitura, se estima que la solicitante de amparo estaba en aptitud de acudir ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para reclamar la omisión de pago de pensión otorgada mediante dictamen de pensión ***, por parte del Jefe del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, conforme a lo dispuesto en lo establecido en los artículos 1 y 124 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B, del Artículo 123 Constitucional, y 67 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios Si en la especie la quejosa reclama la omisión de pago de pensión por jubilación otorgada mediante dictamen ***, por parte del Jefe del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios; el cual, es organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios- de pagar la pensión otorgada, se evidencia que la justiciable estuvo en aptitud de controvertir tal determinación, ya sea a través del juicio contencioso administrativo o mediante la vía laboral a substanciarse ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, precisamente por reclamarse un derecho de seguridad social. Procede desechar la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1139 del citado ordenamiento legal. No se advierte que el acto reclamado incida en el derecho de acceso a la salud de la quejosa, porque si desde el veintisiete de enero de dos mil veintitrés, se expidió el dictamen de pensión, en donde se le reconoció el derecho como pensionada, es inconcuso que sigue contando con los servicios de salud, ahora en su calidad de pensionada. Tampoco pasa inadvertido que los artículos 1o., 3o., 4o., 6o., 13, 25, 27, 31, fracción IV, y 123 de la Constitución General reconocen el derecho al mínimo vital, el cual implica el reconocimiento constitucional a un mínimo de subsistencia digna y autónoma que involucre las "condiciones básicas y prestaciones sociales necesarias" para el desarrollo de una vida digna en función de la capacidad contributiva de cada contribuyente. Sin embargo, ello no se considera razón suficiente para declarar procedente la acción de amparo contra dicho acto, sin agotar previamente los medios de defensa a su alcance; máximo que el juicio contencioso administrativo contemplado en la ley estatal de la materia, prevé la suspensión del acto reclamado, con lo cual, la peticionaria del amparo puede obtener la restitución provisional del derecho que se dice afectado.
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