Maria Fabiola Cerda Hernandez

Expediente 1156/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1156/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Maria Fabiola Cerda Hernandez

Actuaciones

  1. Principal

    .Vista la certificación de cuenta se advierte que feneció el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente interpusiera recurso de queja contra el auto de treinta y uno de octubre del año en curso, por el cual se desechó la demanda de amparo. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar... Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo archívense las actuaciones como asunto concluido. En tales condiciones, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20, fracción IV del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se desechó la demanda de derechos fundamentales y carece de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el veintisiete de noviembre de dos mil veintiséis. En cumplimiento al artículo 34 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio signado por el Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Doce, con el cual rinde su informe justificado; por lo que, dese vista a las partes para los efectos legales correspondientes. Asimismo, téngase como pruebas de dicha responsable, un disco versátil digital de audio y video que contiene la audiencia privada de uno de marzo de dos mil veintitrés, así como copias certificadas de las constancias relativas a la carpeta judicial 012/1744/2022-AI que adjuntó al informe de cuenta, lo que será tomado en consideración en el momento procesal oportuno, de conformidad con el artículo 119 de la ley de la materia; por lo que, en relación al aludido disco de audio y video, guárdese en la secretaria de este juzgado y una vez que cause ejecutoria la sentencia que en su caso se dicte, devuélvase a la referida autoridad responsable. Por otra parte, es de destacarse que del informe de cuenta, la autoridad responsable señaló como ciertos los actos reclamados, al existir una orden de aprehensión, girada en contra de la quejosa Fernanda Díaz Pavón, por el delito de secuestro agravado, según consta en la carpeta judicial 012/1744/2022-AI, cometido en agravio de la víctima de iniciales B.P.G., girada por el Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Doce y al que le encomendó el cumplimiento de la misma al Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, como se advierte del oficio UG/12/0279/2023 de uno de marzo de este año. En ese tenor, con fundamento en el artículo 111 de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que manifieste si es su deseo señalar al Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México como autoridad responsable en el presente juicio de amparo, estimándose indispensable que dicha manifestación se haga patente en autos para estar en condiciones de resolver el presente juicio, lo cual deberá hacer bajo protesta de decir verdad, dentro del término de quince días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído; con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del término señalado, el presente asunto se resolverá en los términos planteados inicialmente. Signifíquese al directo quejoso que deberá acompañar a su escrito correspondiente las copias de ley para cada una de las partes. En otro orden, de la revisión de las constancias relativas a la a carpeta judicial 012/1744/2022-AI y del disco versátil digital, que contiene la audiencia privada de uno de marzo de dos mil veintitrés celebrada en dicho expediente, remitidos por la autoridad responsable, no se aprecia el nombre completo de la víctima de iniciales B.P.G.; en consecuencia, requiérase al Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Doce, Veracruz, para que dentro del término de tres días contado a partir de su legal notificación, remita en sobre cerrado y debiendo conservar la secrecía debida, los domicilios y datos completos de las personas a las que le recae el carácter de víctimas en el referido expediente. Con el apercibimiento que de no cumplir lo solicitado o no informar el impedimento para ello, se le impondrá multa de cien unidades de medida y su actualización, de conformidad con los preceptos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, la cual hoy equivale a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional); misma que se actualizará al momento de realizarse la conducta sancionada. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS Y VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 31 DE OCTUBRE DE 2023, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN II, INCISO C DE LA LEY DE AMPARO: "...Boca del Río, Veracruz, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Visto el escrito de demanda presentada por María Fabiola Cerda Hernández, por propio derecho, contra los actos y autoridades precisados en la misma; fórmese expediente y regístrese con el número 1156/2023-6, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO Ahora bien, conviene precisar que de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, lo manifiesto se presenta cuando el motivo de improcedencia se desprende en forma patente y clara de la lectura de la demanda de amparo. Asimismo, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto. De tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento en la jurisprudencia I.1o.A. J/4, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, mayo de 1998, tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 196196, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE". Congruente con ello, el que suscribe advierte la actualización de la causa de improcedencia del presente juicio constitucional que se analizará a continuación. En términos del normativo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se hace la precisión que del análisis integral del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa acude a esta vía constitucional señalando como acto reclamado: - La resolución de seis de octubre de dos mil veintitrés, dictada dentro del expediente 1650/2023 del índice de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en Xalapa, Veracruz; que según refiere la promovente, confirmó la diversa dictada el veintinueve de mayo de dos mil veintitrés por el Juez Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, en la que declaró improcedente el incidente de acumulación del juicio ordinario civil 4099/2018-VI, de su estadística, promovido por la ahora quejosa, y el diverso 1290/2021, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Veracruz, Veracruz, promovido por Selene Reyes Treviño. Ahora bien, sobre el particular se estima que contra ese acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XXIII del numeral 61, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, que establecen en su orden: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales 22 de los que México sea parte. (.)." De los artículos y fracciones transcritas se desprende que el juicio de amparo indirecto procede contra actos emitidos dentro del juicio, cuando de ejecutarse éstos se produzca una afectación de imposible reparación sobre las personas o las cosas, ya que de no ser así sólo procederá contra la resolución definitiva que se dicte en el procedimiento respectivo, en la cual podrán controvertirse las violaciones procesales susceptibles de afectar las defensas del particular. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que los actos de imposible reparación, para efectos de la procedencia del amparo biinstancial, son aquellos que afectan de modo directo alguno de los derechos sustantivos establecidos en la Constitución, tal como se establece en la Ley de Amparo. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y desaparecen si el afectado obtiene una sentencia favorable. Tiene aplicación, la jurisprudencia emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 59, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 22-24, octubre-diciembre de 1989, página 59, Octava Época, registro electrónico 820074, de rubro: EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL 17 ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. En efecto, el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso, se exige que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a ubicar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo. Y la segunda, en el sentido de que esos "derechos" afectados materialmente deben de revestir la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En ese sentido, la quejosa verá limitado el ejercicio de la acción constitucional vía amparo indirecto, cuando los actos dictados tengan su origen dentro del proceso, debe de acreditarse que tal gravedad impida en forma actual el ejercicio de un derecho, aun cuando sólo produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, pues se encuentra justificada esa exigencia de recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, para hacer claro la lesión de bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables, sino sustantivas. Consideraciones que fueron sostenidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 377/2013, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en materia de Trabajo del Cuarto Circuito y el Segundo y el Cuarto Tribunales Colegiados, ambos en materia de Trabajo del Tercer Circuito, en donde concluyó lo siguiente: (.) Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación" no puede seguir siendo aplicable la jurisprudencia P./J. 4/2001, cuya presunta vigencia motivó la presente contradicción de tesis, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que tal criterio se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo que en los juicios de amparo iniciados conforme la Ley de Amparo vigente debe prescindirse de dicha jurisprudencia para no incurrir en desacato al ordenamiento en vigor, en atención a que en tal criterio expresamente se reconoció que la cuestión de personalidad hacía procedente el juicio de amparo indirecto (...) aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen; expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado - con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios (.). Criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dio origen a la jurisprudencia 37/2014, publicada en la página 39, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 7, tomo I, junio de 2014, registro electrónico 2006589, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Ahora bien, se tiene que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, el juicio de amparo indirecto resulta improcedente contra los actos en el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación. Entonces, son de imposible reparación los actos intraprocesales que puedan afectar derechos sustantivos destinados a regir al exterior del juicio, como los derechos a la vida, la integridad personal, la salud, la educación, el trabajo, la libertad, el patrimonio, la intimidad, la inviolabilidad del domicilio y de las comunicaciones particulares, entre otros. El carácter irremediable de estos actos estriba en que sus consecuencias dejan una huella indeleble en los derechos subjetivos del gobernado, afectación que no podría desvanecerse con una sentencia favorable. En el caso que nos ocupa, la promovente María Fabiola Cerda Hernández, señala como acto reclamado la resolución de seis de octubre de dos mil veintitrés, dictado dentro del expediente 1650/2023 del índice de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en Xalapa, Veracruz, donde confirmó la diversa dictada el veintinueve de mayo de dos mil veintitrés por el Juez Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, en la que declaró improcedente el incidente de acumulación del juicio ordinario civil 4099/2018-VI, de su estadística, promovido por la ahora quejosa, y el diverso 1290/2021, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Veracruz, Veracruz, promovido por Selene Reyes Treviño. Por tanto, se concluye que la promovente del amparo se duele de la resolución que confirmó la diversa que declaró improcedente un incidente de acumulación de autos que instauró; sin embargo, dicha determinación no debe ser considerada como un acto cuya ejecución sea de imposible reparación. Lo anterior, debido a que no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental de la promovente, que tutela la Constitución y tratados internacionales, esto es, no se plantea la infracción de derechos sustantivos, sino la violación de derechos adjetivos que producen únicamente efectos formales o intraprocesales, precisamente porque -de existir- se trata de una de las violaciones a las leyes que rigen el procedimiento reclamables a través del juicio de amparo directo, siempre y cuando trasciendan al resultado del fallo que se llegase a dictar. De ahí que no se actualizan en la especie los elementos de la definición de ejecución irreparable, bajo los extremos de procedencia contemplados en la Ley de Amparo. Lo anterior, dado que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 96/2016, formuló los siguientes razonamientos: - La acumulación de juicios se define como la reunión material de dos o más expedientes conexos o afines en poder de un mismo juez a fin de continuar la substanciación de manera conjunta y ser decididos en una misma sentencia, con la finalidad de evitar sentencias contradictorias. - Se trata de una institución procesal que otorga solo derechos adjetivos a las partes, con la finalidad de evitar el dictado de sentencias contradictorias, por lo que si bien la decisión que se tome en el procedimiento - tanto de acumular o no diversos juicios- pudiera afectar derechos de las partes, estos no tienen el carácter de derechos sustantivos, pues se trata de derechos adjetivos reconocidos a las partes por normas ordinarias, por lo que cualquier violación cometida derivado de la acumulación, afectará sólo al procedimiento en el que se plantee y a los derechos procesales de las partes, pero no a las personas titulares de derechos sustantivos, en su carácter de personas y no como partes en un juicio. - La decisión respecto de una acumulación, como figura procesal, tampoco puede generar una afectación sustantiva sustentada en la transgresión del artículo 17 constitucional en relación con el derecho a una impartición de justicia de forma pronta, completa e imparcial; lo anterior, pues si bien el referido artículo constitucional tiene como objeto regular de forma eficaz la impartición de justicia, verificando que los procedimientos se integren debidamente, ello no se traduce en una afectación material a un derecho sustantivo, pues la afectación en su caso se materializará hasta el dictado de la sentencia en donde se determinará si la litis está debidamente integrada y si la parte que aduce la violación procesal no obtuvo sentencia favorable. - Los actos relacionados con la acumulación de juicios, se tratan de resoluciones procesales que no pueden tener una afectación material a derechos sustantivos, que justifique la procedencia del juicio de amparo indirecto, en tanto que las posibles afectaciones que genera se refieren sólo a cuestiones adjetivas o procesales, en tanto se trata de derechos adjetivos otorgados por leyes secundarias para que los procedimientos puedan desarrollarse de la mejor forma posible. - La acumulación de juicios se trata de una figura jurídica procesal que solo genera afectaciones a derechos adjetivos y, por tanto, la sola naturaleza del acto permite concluir que el amparo indirecto es improcedente, pues se trata simplemente de un ejercicio jurídico para determinar los alcances de la naturaleza del acto, ya que no se requiere de prueba alguna, para concluir que las resoluciones relativas a la acumulación de juicios solo afectan derechos adjetivos. Lo anterior dio origen a la jurisprudencia P./J. 32/2016 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 38, de la Décima Época, Materia Común, con número de registro digital 2013364, tomo I, página 5, que a la letra dice: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS. CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN QUE LA DECRETA, SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." La interpretación del Tribunal Pleno es contundente en señalar que los actos relacionados con la acumulación de juicios son resoluciones procesales que no pueden tener una afectación material a derechos sustantivos, que justifique la procedencia del juicio de amparo indirecto, en tanto que las posibles afectaciones que genera se refieren sólo a cuestiones adjetivas o procesales. Por tanto, toda vez que la promovente pretende impugnar una resolución que confirmó la diversa que declaró improcedente un incidente de acumulación de autos, debe estimarse que esa actuación no comporta una afectación a derechos sustantivos, sino en todo caso que puede producir afectaciones de carácter adjetivo. Es así, pues lo cierto es que la afectación que podría resentir solo incide en derechos de naturaleza adjetiva; ya que cualquier violación derivada de la solicitud de acumulación afecta solo al procedimiento en el que se plantea y a los derechos procesales de las partes, pero no a las personas titulares de derechos sustantivos, en su carácter de personas. De tal manera, si la resolución en comento no produce afectación material de derechos sustantivos, entonces es factible colegir que no se surte el supuesto de procedencia del amparo indirecto, al no estarse en el caso de un acto dentro de juicio que sea de imposible reparación; por tanto, esa circunstancia hace que se actualice la causal de improcedencia antes citada. Cobra aplicación la jurisprudencia P./J. 11 49/95, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Diciembre de 1995, página 5, materia común, novena época, con registro digital 200222, de rubro y texto: "ACUMULACIÓN. LA RESOLUCIÓN SIN ULTERIOR RECURSO QUE DECLARA IMPROCEDENTE ESE INCIDENTE NO ES RECLAMABLE EN AMPARO INDIRECTO. La resolución sin ulterior recurso, que declara improcedente el incidente de acumulación de autos solicitado para que juicios conexos que se siguen separadamente sean fallados en una misma sentencia, no constituye un acto procesal de ejecución irreparable, que vulnere los derechos fundamentales previstos en las garantías individuales, dado que este procedimiento fue instaurado exclusivamente para lograr la economía de los juicios y evitar el dictado de sentencias contradictorias. Por ello, aun cuando se estime inexacta dicha resolución, al no tener carácter irreparable, por no afectar de manera directa e inmediata garantía individual alguna, no es reclamable en amparo indirecto, pues el hecho de que se niegue la acumulación de autos solicitada, no priva del derecho de defensa que en cada uno de esos procedimientos tienen consagrado las partes ni altera las cuestiones debatidas en los mismos, ya que dicha resolución, únicamente puede constituir la violación de derechos adjetivos con efectos meramente intraprocesales, y la procedencia del amparo indirecto se presenta cuando los actos tengan una ejecución de imposible reparación o afecten a personas extrañas al juicio; sin que esto determine por exclusión, la procedencia del amparo directo contra tal determinación, al estar debidamente delimitado, tratándose de violaciones procesales, la procedencia de dicho juicio, únicamente cuando se afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo". En estas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia analizada lo que procede es DESECHAR DE PLANO la demanda en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Con fundamento en el artículo 27 de la ley reglamentaria de esta instancia, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir toda clase de notificaciones el señalado en el ocurso de cuenta. Asimismo, téngase como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los profesionistas que menciona, por encontrarse facultados para ejercer la profesión de licenciado en derecho a través del registro de sus cédulas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales y/o Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Así también, con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los Secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS Ya que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso, previo apersonamiento de la persona que recepcione la información debidamente identificada ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente a la promovente.

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