María Evelia Rodríguez González
Expediente 1097/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1097/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 11/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- María Evelia Rodríguez González
Actuaciones
- Principal
.... se declara que ha causado estado el auto referencia. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y, archívese este juicio como concluido.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por María Evelia Rodríguez González y Celia María Murrieta Rodríguez, por propio derecho, contra actos de la Juez de Control adscrita al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Jalacingo, Veracruz. RADICACIÓN DE DEMANDA. Fórmese expediente y anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 1097/2019/IV-A. DESECHAMIENTO RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN EL HOSTIGAMIENTO, COACCIÓN Y AMENAZAS VÍA TELEFÓNICA. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juzgado de Distrito, ante todo examinará la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; por lo que, en atención a lo dispuesto por tal precepto, se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo. De la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que las promoventes señalan, en primer lugar, como acto reclamado el hostigamiento, intimidación, coacción y amenazas vía telefónica por parte de la Juez de Control adscrita al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Jalacingo, Veracruz, con el objetivo de que éstas comparezcan a la audiencia inicial en el proceso penal .....de su índice, en su carácter de ofendidas. Expresiones las anteriores que para este Juzgado adquieren el carácter de una confesión rendida en términos de lo dispuesto por el artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a la determinación anterior, la tesis proveniente del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página ochocientos cincuenta y siete, Tomo XII, Diciembre de mil novecientos noventa y tres, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)." Establecido lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que en relación con el citado acto reclamado se actualiza de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XXIII , en relación con los diversos 1° primer párrafo y 5° fracción II , de la ley de la materia, este último interpretado a contrario sensu, y de cuya interpretación se deduce que el juicio de amparo sólo será procedente contra actos de autoridad. De esta manera, cuando se reclame un acto que no fue emitido por una autoridad formalmente dicha, el juicio constitucional será improcedente. Por tanto, resulta pertinente señalar que el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo ha ido evolucionando a lo largo de la historia y se ha abandonado la figura tradicional del "uso de la fuerza pública", como requisito sine qua non, para tener el carácter de autoridad responsable. Actualmente la autoridad para los efectos del juicio de amparo es todo aquel ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. De ahí, que sea dable aseverar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión de los actos de particulares y, en consecuencia, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro, por ello, es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, entre ellas se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social, este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad, por ello, la constitución reconoce una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Por lo anterior, para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse, también, a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que la promovente tenga el carácter de gobernado y los señalados como autoridades actúen en un plano superior. En ese contexto, se tiene que para que una autoridad pueda ser considerada como tal para efectos del juicio de amparo, debe cumplir con lo siguiente: 1. Entre el ente de hecho o de derecho y el particular debe existir una relación de supra a subordinación entre el quejoso y la autoridad responsable; 2. Esa relación debe nacer de una norma general (en términos de la Ley de Amparo vigente), con una facultad administrativa irrenunciable; 3. Los actos emitidos son unilaterales y por ello se afectan situaciones jurídicas del quejoso; 4. La emisión de esos actos no requiere la aprobación de órganos judiciales ni el consenso de la voluntad del afectado. Sirven de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 , de rubro siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS" y la diversa P. XXVII/97 de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO". En ese contexto, es dable afirmar que si las aquí quejosas se duelen en sede constitucional del hostigamiento, intimidación, coacción y amenazas vía telefónica por parte de la Juez de Control adscrita al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Jalacingo, Veracruz; el proceder de la entidad pública a la que atribuye dicha afectación, no constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, dado que el acto reclamado no deriva del ejercicio propio de las funciones legalmente atribuidas a la autoridad señalada como responsable, sino de una situación de derecho derivada de actos presuntamente cometidos en contra de su persona, y que aducen generan violencia en su perjuicio. En consecuencia, es dable afirmar que el juicio de amparo no es la vía idónea para decidir sobre los actos que reclama, sino que se trata de un aspecto que debe ventilarse en la vía administrativa si pretende, por ejemplo, que se sancione al servidor público que incurrió en el acto ilícito, o la vía civil, si demanda una indemnización por daños sufridos por esa conducta, o en su caso, la penal si considera que se trata de un ilícito; dado que no actúa como autoridad quien supuestamente las sometió a actos de hostigamiento y no se encuentra en un plano de supra a subordinación. Congruente con lo anterior, es claro que el referido acto reclamado no constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, pues tendrá que ser en la vía que decida la parte quejosa, es decir, administrativa, civil, o en su caso penal, en las que debe controvertir el hostigamiento, intimidación, coacción y amenazas que sufrieron; por tanto, al actualizarse un motivo notorio e indudable de improcedencia, procede desechar de plano la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXIII y 113 de la Ley de Amparo. No obstante lo anterior, se dejan expeditos los derechos de la parte quejosa para hacerlos valer en la vía jurisdiccional correspondiente, esto es, a través de una denuncia penal. DESECHAMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS CONSISTENTES EN LOS AUTOS DE VEINTIUNO Y VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juzgado de Distrito, ante todo examinará la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. De la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que las promoventes también señalan como actos reclamados los autos de veintiuno y veintiséis de noviembre del año en curso, emitidos en los autos del Proceso Penal 171/2018/II del índice del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Jalacingo, Veracruz, en los cuales se les requiere para que comparezcan a la audiencia inicial en dicho proceso penal, en su carácter de ofendidas, con el apercibimiento que de no comparecer o justificar su inasistencia, se ordenará su presentación con auxilio de la fuerza pública. Expresiones las anteriores que para este Juzgado adquieren el carácter de una confesión rendida en términos de lo dispuesto por el artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a la determinación anterior, la tesis proveniente del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página ochocientos cincuenta y siete, Tomo XII, Diciembre de mil novecientos noventa y tres, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)." Por tanto, se estima que en relación con los actos reclamados se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII , en relación con los diversos 5, fracción I y 107, fracciones IV y V , en sentido contrario, de la Ley de Amparo. De los preceptos citados, se advierte que se encuentra inmerso el principio fundamental del amparo, esto es, la existencia de un agravio personal y directo. Este principio implica que la acción de amparo sólo podrá ser promovida por aquella persona física o moral, que se vea afectada en su esfera jurídica por un acto de autoridad (agravio personal), y que exista una inmediatez entre la emisión o ejecución del acto y el surtimiento de sus consecuencias (agravio directo), es decir, la afectación debe ser resentida directamente por el impetrante de garantías, por lo que deberá derivar tal afectación precisamente del acto reclamado. En ese orden de ideas, debe entenderse por la expresión "agravio" al perjuicio sufrido en la persona del quejoso, es decir, el agravio es la afectación o la alteración que se desprende del acto de autoridad y que recae en la esfera de derechos de la parte quejosa. Asimismo, se desprende que el juicio de amparo es improcedente si el acto que se reclama no afecta o perjudica la esfera jurídica de la parte promovente, es decir, sólo se encuentran procesalmente legitimados para promover el juicio de garantías quienes resientan una afectación derivada directamente del acto combatido. De igual forma, conforme al principio de procedencia del juicio de amparo indirecto establecido en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional indirecto procede contra actos de imposible reparación, entendiéndose por tales aquéllos cuyas consecuencias sean susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos sustantivos del hombre o del gobernado, tutelados por la Constitución Federal o por los tratados internacionales en los que México sea parte, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien las sufre obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. Así, es criterio reiterado de los tribunales federales que los actos de imposible reparación son aquellos que afectan derechos sustantivos, como la libertad, la posesión jurídica, la propiedad, etcétera, tutelados por los derechos humanos, imposible de restituir incluso ni en el caso de que el interesado obtenga sentencia favorable en el procedimiento jurisdiccional de que se trate. Ahora, como ya se dijo, en el caso las quejosas reclaman los autos de veintiuno y veintiséis de noviembre del año en curso, emitidos en los autos del Proceso Penal 171/2018/II del índice del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Jalacingo, Veracruz, en los cuales se les requiere para que comparezcan a la audiencia inicial en dicho proceso penal, en su carácter de ofendidas, con el apercibimiento que de no comparecer o justificar su inasistencia, se ordenará su presentación con auxilio de la fuerza pública, los cuales en modo alguno constituyen actos de imposible reparación, pues no trastocan derechos sustantivos de las aquí quejosas. Lo anterior, toda vez que se advierte que la citación de una persona a la audiencia inicial, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación y, en su caso, se formulará la imputación respectiva. No obsta a lo anterior, el hecho de que en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que las quejosas no asistan, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal de las quejosas. Es decir, ello no propicia afectación o lesión alguna a los derechos sustantivos de la parte quejosa que deba ser reparada en el juicio biinstancial. De lo que se colige que los actos reclamados por las promoventes en el juicio de amparo indirecto que se analiza, no cumplen con los presupuestos necesarios para que se actualice su procedencia, ya que no constituyen actos de imposible reparación que afecten sus derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal o en tratados internacionales, suscritos por el Estado Mexicano, pues sus consecuencias no son graves que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho sustantivo, esto es, por el momento no genera en la esfera jurídica de las quejosas una afectación real y directa, como sería la privación de su libertad personal. Ello, aunado a que debe resguardarse la operatividad del sistema del juicio de amparo y evitar dilaciones innecesarias, así como no obstaculizar el flujo secuencial de los actos de autoridad judicial realizados fuera de juicio, dado que son de orden público. De ahí que contra el auto que ordena la citación a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal de las quejosas, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo por similitud la jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario de la Federación, Décima Época, Libro 61, diciembre de 2018, Tomo I, página 239, de rubro y texto: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo." En tales condiciones, con apoyo en el artículo 61, fracción XXIII en relación con los diversos 5° y 107, fracciones IV y V, en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, así como en el diverso 113 de esa propia ley, se desecha la demanda por notoriamente improcedente. Lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia número 749, publicada en la página 505, Tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA. El motivo manifiesto e indudable de improcedencia a que se refiere el artículo 145 de la Ley de Amparo, debe ser tan claro, evidente, notorio e indiscutible, que sin necesidad de ulterior comprobación haga inejercitable la acción constitucional". DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el precisado en el proemio de su demanda y como su autorizado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Amparo a Arnulfo Alarcón Quiroz, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionistas del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y con las restricciones que impone dicho numeral a Eduardo Arnulfo Alarcón Martínez, por así haberlo solicitado expresamente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. Con apoyo en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas para efectuar las notificaciones o diligencias que se le encomienden durante la tramitación del juicio. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se comunica a las partes, con fundamento en los artículos 1º a 9º, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5º a 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la citada Ley; que las resoluciones que se dicten en el juicio, constituyen información pública y podrán ser consultados por cualquier persona con la salvedad de lo previsto en el artículo 113, fracción V, de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8º de dicha ley y 9º del citado reglamento, la unidad administrativa determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. OBJECIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES EN LAS LISTAS DE NOTIFICACIONES (FÍSICA Y ELECTRÓNICA). La parte quejosa no realiza petición expresa para que se supriman sus datos personales del mismo.
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