María Evelia Pulido Mejía
Expediente 1281/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 12 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1281/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 27/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- María Evelia Pulido Mejía
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En San Luis Potosí, San Luis Potosí, siendo las diez horas con cincuenta minutos del veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés, hora y día señalados en autos para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1281/2023-VI; encontrándose presente Dante Orlando Delgado Carrizales, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, asistido de la Secretaria Ana Karen Ibarra López y sin asistencia personal de ninguna de las partes la declaró abierta.. Relación de constancias. Acto seguido, la Secretaria da cuenta con las constancias que obran en autos y que consisten en escrito de demanda, auto de admisorio de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés; en el cual se concedió la suspensión de plano; constancias de notificación a las autoridades responsables y Agente del Ministerio Público adscrito; informes relativos a la suspensión de plano y justificados rendidos por las autoridades responsables; auto de dieciséis de octubre del año en curso por el cual se amplió la demanda por una nueva autoridad; informe justificado derivado de la ampliación y con la circunstancia de que el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito no presentó pedimento. A lo que el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales a que haya lugar, tómese en consideración al momento de resolver. Abierto el periodo de pruebas: La Secretaria hace constar que la parte quejosa y la autoridad, acompañaron a su escrito inicial de demanda y a su informe justificado pruebas documentales, asimismo, que las demás partes no formularon medios de convicción. A lo que el Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, téngase por desahogadas las pruebas ofrecidas por la autoridad responsable y quejoso, en razón de su propia naturaleza y por perdido el derecho de las demás. Enseguida se procede a la apertura de la etapa de alegatos, se hace constar que las partes no formularon alegatos de su intención y que el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito no formuló pedimento. A lo que el Juez acuerda: Se tienen por perdido el derecho de ofrecer alegatos de las partes; asimismo se tiene al agente del Ministerio Público de la Federación, por no presentando pedimento. Se da por concluida la etapa de pruebas y alegatos y se declaran los autos vistos para dictar la sentencia que en derecho corresponda.
- Principal
Agréguese el escrito signado por autorizado de la parte quejosa; en atención a su contenido, se acuerda: En atención a su solicitud de la expedición de las copias certificadas que refiere, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele a su costa las mismas, autorizando para recibirlas a la persona que indica, previa identificación y toma de razón que por su recibo se deje en este asunto. Lo anterior, en la inteligencia de que ello se podrá realizar una vez que sea materialmente posible atender dicha petición; en razón de que no se encuentra en funciones el centro de copiado del recinto judicial en que se ubica este órgano de control constitucional; sin que se cuente con la fecha específica de reapertura de dicho centro de copiado. De esa manera, comuníquese que en atención a los artículos 253 y 254 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, las opciones que, al momento, se pueden implementar, a fin de satisfacer su solicitud. Esto es, proporcione un correo electrónico que designe para su envío vía electrónica, (autorizadas mediante el uso de la firel del secretario de este Órgano Jurisdiccional); las cuales serán compulsadas y certificadas por parte de este Juzgado. En la inteligencia, que si el tamaño del archivo que contiene las constancias que integran el presente juicio de amparo ********************/2022-IV, supera el límite permitido para adjuntar como archivo adjunto en el correo electrónico, dígase a la parte quejosa que deberá presentarse en este Juzgado con un dispositivo de almacenamiento -memoria usb-, a efecto de que en el mismo, se le haga entrega del archivo que contiene las copias que solicitó. Asimismo, se aprecia que el presente juicio amparo ********************/2022-IV se encuentra digitalizado en su mayoría, en el expediente electrónico. En la inteligencia de que aquellas actuaciones que contienen la evidencia criptográfica correspondiente a la firma electrónica, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se considerarán como copias certificadas electrónicamente. Una vez hecho lo anterior, sin ulterior acuerdo, vuelva este expediente al archivo definitivo de donde fue extraído.
- Principal
Ténganse por recibidos los oficios que remiten la Directora General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, en representación del Gobernador Constitucional del Estado y del Secretario General de Gobierno y la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de San Luis Potosí, por los que comunican que del análisis de la ejecutoria emitida en este asunto, no se advierte por su parte materia para llevar a cabo en cumplimiento de la misma; dado que a dichas autoridades se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Informa cumplimiento. Por otra parte, agréguese el oficio signado por el Tesorero del Ayuntamiento de San Luis Potosí, mediante el cual informa los trámites que se encuentra realizando -en vías de cumplimiento-, esto es, que por oficio de doce de octubre del presente año, el Director de Ingresos del Ayuntamiento de San Luis Potosí, ordeno a la Coordinadora de Validación Transferencias y Bancos dejar insubsistentes los recibos de pago folios 624756, 624755, 624757, 624754 y 624753 a fin de satisfacer la sentencia dictada en el presente asunto; para lo cual adjunta diversa constancia a efecto de acreditar su dicho. Por lo anterior, este órgano jurisdiccional queda en espera del cabal cumplimiento que se dé a la ejecutoria de que se trata.
- Principal
agréguese el informe justificado rendido por el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Guardia Civil Estatal. Contenido informe. Dicha autoridad responsable manifiesta que no son ciertos los actos reclamados. Vista a las partes. Agrega escritos. Agréguense los escritos signados por los quejosos Ma*****************, por el cual en el primero de ellos se advierte, que los quejosos desahogan el requerimiento realizado en autos y proporcionan domicilio en el cual pueden ser notificados por las autoridades responsables. En tal virtud, mediante atento oficio se gire a las responsables remítase copia simple del diverso en mención a fin de que la autoridad realice la notificación correspondiente de las medidas de protección solicitadas. En cuanto al segundo ocurso de proveer: Ampliación de demanda. se admite la ampliación de demanda y téngase como nueva autoridad responsable al Agente del Ministerio Público adscrito al Municipio de Villa de Arista, San Luis Potosí, a quien le reclama la no tramitación de la denuncia presentada el veintinueve de agosto del año en curso, la omisión de señalar medidas de protección en favor de los quejosos, así como el riesgo de ser víctimas de una desaparición forzada y poner en riesgo su vida. Suspensión de plano. Respecto a los actos reclamados consistentes en desaparición forzada y privación de la vida en contra del quejoso se provee: Privación de la vida. El derecho de protección de la vida está consagrado expresamente a nivel constitucional de la interpretación integral de los artículos 1, 14 y 22 constitucionales. Desaparición forzada Por otra parte, la desaparición forzada, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, constituyen una transgresión múltiple de varios derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que coloca a la víctima en un estado de completa indefensión, acarreando otras vulneraciones conexas, siendo particularmente grave cuando forma parte de un patrón sistemático o práctica aplicada o tolerada por el Estado. Al respecto, por su relevancia como fuente de derecho internacional, es oportuno destacar que la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, tiene por objeto fijar pautas a las cuales deben sujetarse los ordenamientos internos de los Estados que hacen parte del sistema interamericano de protección de los derechos humanos en lo que se refiere a la desaparición forzada. Lo previsto en la citada norma convencional debe ser desarrollado por los Estados a través de normas internas. Las cláusulas del tratado imponen a los Estados obligaciones de prevenir, suprimir y sancionar la desaparición forzada, con el fin de erradicarla de los países del sistema interamericano, contribuyendo de este modo a proteger los múltiples derechos fundamentales vulnerados con tal conducta. Es destacable que, si bien, la convención de mérito no pretende propiamente definir o regular el contenido y alcance de tales derechos, sí impone ciertos deberes a los Estados, como sujetos obligados a protegerlos. Lo anterior, así se obtiene del artículo 1 de la normativa interamericana en referencia, que establece los compromisos estatales generales que serán desarrollados en los artículos posteriores. Dentro de tales compromisos el Estado Mexicano adquiere los deberes de abstenerse de realizar y de impedir la desaparición forzada de personas, aun en estados de excepción; el de sancionar a las personas involucradas en el mismo a cualquier título; el de cooperar con los demás Estados parte para prevenir, sancionar y erradicar el delito y; el de adoptar las medidas internas necesarias para implementar la Convención. Ahora, el numeral 2 de la legislación en cita, define la desaparición forzada como una privación de la libertad de una o más personas, con la autorización, apoyo o aquiescencia del Estado, en la cual, independientemente de su forma, no se da información sobre su paradero, se niega el hecho o no se informa sobre la ubicación de la persona, impidiéndole ejercer sus recursos y garantías legales. En ese orden, es oportuno citar, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver el caso Radilla Pacheco Vs. Estados Unidos Mexicanos, destacó, que cuando haya motivos razonables para sospechar que una persona ha sido sometida a desaparición forzada debe iniciarse una investigación. Esta obligación, refirió la Corte Interamericana, es independiente de que se presente una denuncia, pues en casos de desaparición forzada el derecho internacional y el deber general de garantía, imponen la obligación de investigar el caso ex officio (a iniciativa de parte), sin dilación, y de una manera seria, imparcial y efectiva. En consecuencia, tomando en consideración que de los antecedentes del acto reclamado se aprecia que existe el riesgo patente de que se afecte la vida de los quejosos y que los mismos sean objeto de desaparición forzada, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se decreta de plano la suspensión para los efectos siguientes: La autoridad responsable en el ámbito de sus competencias, emita las medidas que estimen pertinentes con el fin de prevenir la desaparición forzada de los quejosos, así como para salvaguardar la vida de los mismos. Medida cautelar que deberá comunicarse sin demora a las autoridades señaladas como responsables, para efecto de que las responsables le den inmediato cumplimiento. Informe sobre suspensión de plano. Requiérase a la responsable para que en el término de veinticuatro horas, atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados, de conformidad con los preceptos 17 y 22 constitucionales, rindan su informe respecto del cumplimiento de esta determinación. Apercibimiento respecto a no rendir informe sobre la suspensión de plano. Apercibida de que de no cumplir con lo que aquí se ordena, se les impondrá una multa por el equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización vigente, en los términos de los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la ley de la materia. Incidente de Suspensión. Sin tramitarse incidente de suspensión por no haberse solicitado. Solicitud de Informe Justificado. Conocimiento audiencia constitucional. Asimismo, se le hace de su conocimiento que se señalaron las nueve horas del con cincuenta minutos del veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Requerimiento sobre causa de sobreseimiento. Intervención al agente del Ministerio Público Federal adscrito.
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