María Evelia Lugo Velderrain

Expediente 54/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 23 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
54/2021
Año
2021
Actuaciones
23
Última actuación
21/06/2023

Partes del expediente

  • María Evelia Lugo Velderrain
  • Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON), ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Admisión de recurso de revisión. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, mediante el cual se informa que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con residencia en esta ciudad, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto contra la veintidós de mayo de dos mil veintitrés, el cual radicó bajo toca ********************. Por otro lado, se comisiona a la oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de este juzgado, a fin de que efectúe la revisión correspondiente en el sistema electrónico y, en caso de que no se encuentre vinculado el presente asunto con el toca del tribunal de alzada, efectúe el trámite respectivo en el expediente electrónico, para los efectos legales del caso. Cúmplase. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, veintinueve de mayo de dos mil veintitrés. Se interpone recurso de revisión. Agréguese a los autos el escrito del autorizado legal de la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la resolución constitucional de veintidós de mayo del año en curso; por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se le tiene interponiendo recurso de revisión, en contra de la referida resolución. Distribúyase entre las partes y autoridades responsables copia del escrito de interposición y expresión de agravios. En su oportunidad, remítanse los autos al Tribunal Colegiado del Quinto Circuito que corresponda, para el trámite correspondiente del citado recurso, acompañándole el original y copia del escrito de interposición y expresión de agravios. Se hace la acotación que no se dejará para consulta, copia de las constancias que integran el sumario, toda vez que obra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes una versión digital de éste, la cual puede ser consultada por el órgano y las partes, de conformidad con la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal; lo dispuesto por el artículo 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo; y, en atención al contenido del oficio *** del visitador general del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que hágase la certificación correspondiente en el cuaderno de antecedentes. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y a la representación social de esta adscripción y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las diez horas con cuarenta y cuatro minutos del veintidós de mayo de dos mil veintitrés, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, asistido de María Guadalupe Noriega Vega, secretaria con quien actúa, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, la secretaria da lectura de las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con las constancias de notificación de la totalidad de las partes en relación la demanda primigenia y su ampliación -autoridad responsable, quejosa y representación social de la adscripción-, la demanda de derechos y escrito de ampliación de demanda, así como los informes justificados rendidos por las autoridades responsables pertenecientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, en relación con la demanda y ampliación de la demanda. Asimismo, se hace constar que transcurrió a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo para imponerse de la totalidad de las constancias que integran el presente juicio de derechos. El juez acuerda: se tiene por hecha la certificación de constancias. Además, revisado el estado de autos, dada la naturaleza del acto reclamado, no se actualiza alguna de las hipótesis previstas en el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo, por lo que no existe tercero interesado. A continuación, se declara abierta la etapa de pruebas y la secretaria da cuenta con las documentales exhibidas por la quejosa en su escrito inicial, las páginas de internet mencionadas en la misma; las pruebas documentales ofrecidas por el jefe de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora; las documentales, confesional expresa, presuncional e instrumental de actuaciones ofertadas por el subdirector de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora; así como la confesional expresa, instrumental de actuaciones, presuncional y documentales ofrecidas por el encargado del despacho de la Subdirección de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones del referido Instituto. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas de referencia. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos la secretaria hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: ténganse por perdido el derecho a las partes para hacerlo. Acto seguido, se cierra este periodo y se procede a dictar la siguiente resolución. V i s t o s, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 54/2021, promovido por María Evelia Lugo Velderrain, contra el acto atribuido a la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad y otras autoridades; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Demanda. Por escrito recibido el veinticinco de enero de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido el veintiséis siguiente, por razón de turno, a este Juzgado de Distrito, María Evelia Lugo Velderrain, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos reclamados de la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora y otras autoridades. Admisión, trámite y sentencia. Por auto de cuatro de febrero de dos mil veintiuno, se radicó y admitió la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables informe justificado; se dio a la representación social de esta adscripción la intervención que legalmente le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo el tres de junio de dos mil veintiuno, data en la cual se dictó sentencia en la que se resolvió sobreseer en el presente juicio de derechos. Recurso de revisión y reposición del procedimiento. La referida sentencia fue impugnada en revisión por el autorizado legal de la parte quejosa, correspondiendo el conocimiento de ese medio de impugnación al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con residencia en esta ciudad, en donde se radicó con el número de amparo en revisión administrativa 516/2021, en el cual, los magistrados integrantes de ese órgano plenario, mediante ejecutoria emitida el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, determinaron revocar la sentencia y reponer el procedimiento en el presente juicio. Los efectos para los que se ordenó esa reposición fueron para que este juzgado realizara lo siguiente: " (.) lo que procede es revocar la sentencia recurrida y ordenar la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, a efecto de que el Juez de Distrito emita un proveído en el cual ordene la notificación personal a la quejosa, debiendo requerir para que manifieste si es su deseo, o no, ampliar la demanda de derechos respecto del acta de sesión 708 de treinta de abril de dos mil veinte; hecho lo cual, prosiga con la substanciación del juicio, y, en su oportunidad, resuelva lo que en derecho corresponda, en relación con los actos reclamados que se tuvieron como tales en la presente ejecutoria, así como los que, en su caso, pudiesen ser materia de ampliación. (.)". Trámite de reposición y audiencia constitucional. El testimonio de esa ejecutoria y los autos originales del sumario, se agregaron al expediente mediante acuerdo de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, en el que se acató lo resuelto por el consabido órgano colegiado y se requirió a la quejosa para que dentro de un plazo de quince días, manifestara si era su deseo ampliar la demanda de amparo respecto de un nuevo acto reclamado y concepto de violación consistente en el contenido del acta sesión número 708, emitida el treinta de abril de dos mil veinte, en el que la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, regularizó y actualizó la diferencia de pensión; asimismo, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. En atención a esa vista otorgada, la parte quejosa presentó escrito de ampliación -actas de sesión (708 y 714)-, el cual se agregó en autos en acuerdo de seis de diciembre de dos mil veintidós, en el que se pidió el informe respectivo a las autoridades responsables y se dio vista a la representación social adscrita. Finalmente, llegada la fecha de la audiencia constitucional, se celebró al tenor del acta que antecede y culmina con la sentencia que se emite al tenor de los siguientes: Considerandos Competencia Este órgano judicial es competente para conocer del presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracción IV, de la Constitución Federal; 1, 6, 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se impugna un acto atribuido a autoridades cuya residencia se encuentra dentro de la circunscripción territorial de este juzgado de Distrito. Precisión de los actos reclamados Del estudio integral de la demanda de amparo y su ampliación, con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: ? De la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora: a) El acuerdo J.D.S.O. 672/08, contenido en el acta 672 de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, donde se autoriza un incremento a las pensiones y jubilaciones de dos mil dieciocho en un 4% cuatro por ciento para los Trabajadores del Estado (SUTSPES), Magisterio y SUEISSSTESON, así como del tres punto nueve por ciento para el resto de las pensiones y jubilaciones, con efectos retroactivos al mes de enero de dos mil dieciocho. b) El acuerdo N°5.I.2020.SE.705, contenido en el acta 705 de sesión extraordinaria de quince de julio de dos mil veinte, donde se autorizó la corrección del incremento para el año de dos mil diecinueve; y, c) El acuerdo No.7.III.BIS.2020-SO-700, adoptado en sesión ordinaria de siete de febrero de dos mil veinte, concerniente al incremento para el año dos mil veinte. d) El acuerdo contenido en el acta 708, de sesión ordinaria celebrada el treinta de septiembre de dos mil veinte, en la que se señaló que con tal acuerdo la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, regularizó y actualizó las diferencias de pensión en términos de la Ley del ISSSTESON, en concordancia con la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. e) El acuerdo No.8.VI.BIS.2021-SO-714, adoptado en sesión de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, en el que se tomó conocimiento del incremento de las pensiones y jubilaciones correspondientes al año dos mil veinte; en el sentido de que en marzo de dos mil veinte se aplicó un incremento del tres punto ocho por ciento y en enero de dos mil veintiuno se aplicó el incremento diferencial para llegar al cinco por ciento, quedando todos los pensionados y jubilados con un incremento de 5% (cinco por ciento) aplicable a dos mil veinte. ? Del subdirector de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones y subdirector de Finanzas, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad: a) La ejecución de dichos acuerdos, consistente en el cálculo y aplicación de los incrementos anuales realizados a la pensión de la quejosa en los años dos mil dieciocho, dos mil diecinueve y dos mil veinte. Determinaciones que, en concepto de la parte quejosa, se efectuaron de conformidad con lo previsto por el artículo 59 segundo párrafo, mas no de acuerdo con lo señalado por el quinto transitorio del Decreto 211, de la ley que rige al citado instituto, concretamente aquella que establece un aumento en igual proporción al del salario mínimo. III. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, pues así se advierte de los informes justificados respectivos en relación con el escrito inicial de demanda y su ampliación, rendidos por conducto del jefe de la Unidad Jurídica de dicho Instituto. Por su parte, las autoridades responsables subdirector de Finanzas y subdirector de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, al rendir sus correspondientes informes justificados, negaron los actos reclamados, también lo es, que del contenido de dichos informes, así como de las constancias aportadas por las partes en el presente sumario, se advierte la certeza de los actos reclamados. Lo anterior se corrobora con la copia auténtica de los documentos relativos a las Actas de los Acuerdos: J.D.S.O. 672/08, adoptado durante la sesión ordinaria celebrada por la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, relativo al incremento para ese año; N°7.III.Bis-2020-SO-700, adoptado durante la sesión ordinaria celebrada por la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, el siete de febrero de dos mil veinte, relativo al incremento para ese año; N°5.1-2020-SE-705, adoptado durante la sesión extraordinaria celebrada por la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, el quince de julio de dos mil veinte, relativo a la corrección del incremento para ese año; Acuerdo N°8.XI-2020-SO-708, de sesión ordinaria celebrada el treinta de septiembre de dos mil veinte, en la que se señaló que se regulariza y actualizan las diferencias de pensión en términos de la Ley del ISSSTESON, en concordancia con la Comisión Nacional de Salarios Mínimos; y, el acuerdo No.8.VI.BIS.2021-SO-714, adoptado en sesión de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, en el que se tomó conocimiento del incremento de las pensiones y jubilaciones correspondientes al año dos mil veinte y dos mil veintiuno. Así se considera respecto de las dos últimas autoridades responsables de referencia, más aún que debe tenerse presente que los artículos 15, fracción X, del Reglamento Interior del instituto mencionado, 13 y 14 del Reglamento de Pensiones, así como los arábigos 63.04 y 63.04.02 del Manual de Organización de la Subdirección de Prestaciones Económicas y Sociales de la misma dependencia, le otorgan la facultad a la subdirección de Pensiones y Jubilaciones y Prestaciones, a través del Departamento correspondiente, de efectuar el cálculo de los montos pensionarios. Además, en lo que concierne al subdirector de Finanzas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, sí tiene intervención en la aplicación de los incrementos de la pensión reclamados, en términos del artículo 82 del Reglamento de Pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, que textualmente establece: "Artículo 82. Terminado el proceso de elaboración de la nómina de pensiones, se entregará mediante oficio y con los anexos necesarios a la Subdirección de Finanzas del Instituto, para efectos de los depósitos bancarios y la impresión de los cheques correspondientes. Además, por lo que se refiere a los acuerdos reclamados obran, en el sumario copias certificadas con las que se acredita su existencia; y, por tanto, dichos documentos, cuentan con valor probatorio pleno conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo autoriza su artículo 2º. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia 226, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." IV. Análisis de causales de improcedencia En este apartado debe examinarse si existe alguna causa que torne improcedente el juicio de derechos humanos, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, según lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo; de lo cual este juzgado debe ocuparse independientemente de que ese examen sea propuesto o no por la parte interesada. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia 1a./J. 3/99, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, con registro digital 194697, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito." La Junta Directiva, por conducto del jefe de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, refiere que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, señalando que hubo un cambio de situación jurídica en virtud de que al emitir el acta de sesión 708 de treinta de septiembre de dos mil veinte se regularizaron y se actualizaron las diferencias de pensión en términos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora y que la quejosa ya está gozando de un incremento del 5% de su pensión debidamente actualizada en términos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. Tal causal deviene infundada por los motivos que a continuación se exponen: En principio cabe señalar que el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que invoca la responsable, textualmente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica." De lo antes trascrito, se advierte que para que opere la improcedencia por cambio de situación jurídica deben concurrir los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Precisado lo anterior, y como se anticipó, se considera infundado lo argumentado por la Junta Directiva del Instituto responsable, en primer orden porque los actos reclamados en el presente juicio de derechos humanos no emanan de un procedimiento judicial y tampoco de uno administrativo seguido en forma de juicio. Además, cabe señalar que el acuerdo contenido en el acta de sesión número 708 de treinta de septiembre de dos mil veinte, que invoca la autoridad responsable mencionada, contiene las mismas consideraciones que la parte quejosa substancialmente impugna en sus conceptos de violación; es decir, su inconformidad estriba en que el incremento en la pensión para dos mil dieciocho, dos mil diecinueve y dos mil veinte, es menor a los que le fueron otorgados en dichos ejercicios (hasta un 5%), cuestión que sigue siendo idéntica en el acuerdo 708; por tanto no constituyen actos que actualicen un cambio de situación jurídica. Aunado a lo anterior, contrario a lo manifestado por el Instituto responsable, al concluir la citada sesión se asentó como único punto de acuerdo lo relativo al ejercicio 2019, en los términos siguientes: ". En el desahogo del punto ocho punto once, se solicita autorización para realizar Ajuste de pago de pensión derivado del incremento aplicable 2019. Con la finalidad de dar cumplimiento al acuerdo de la junta directiva de 30 de Junio del presente año, en el cual se autorizó un incremento del 5% para todos los pensionados y jubilados del Instituto, esta Subdirección procedió en dos pasos para dar cumplimiento a dicho acuerdo en función de la disponibilidad presupuestal realizándolo de la siguiente forma: 1.-En el mes de Agosto del presente año, se pagó el retroactivo correspondiente al periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2019, para todos aquellos pensionados y jubilados que tuvieran derecho a este. 2.- Se realizarán las adecuaciones en los montos de las pensiones y jubilaciones en el próximo mes de Octubre, con la finalidad de incrementarlas en los términos que marca el acuerdo. El profesor José Castillo, manifiesta que en esta sesión se autoriza el pago para el mes de octubre para ajustar la nómina a cómo debe ser, asimismo solicita se realicen los cálculos para determinar el impacto financiero del incremento de pensiones y jubilaciones en 2020. Specto (sic) del último punto el Director General del Instituto señala que se realizará el análisis financiero y presupuestal para programar el pago correspondiente. ACUERDO N8°.XI-2020-SO-708. La Junta Directiva, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104, fracciones III y XIV de la Ley 38, toma conocimiento y autoriza por unanimidad de sus integrantes, se realice el pago del punto cincuenta y cinco por ciento de los pensionados y jubilados del magisterio, así como del uno por ciento de los demás pensionados y jubilados del Instituto por concepto de ajuste de la nómina del ejercicio 2019, por el periodo de enero a septiembre de 2020." De lo anterior, se advierte que en el acuerdo invocado por la autoridad responsable no se solucionó lo abordado en el acuerdo N°7.III.Bis-2020-S0-700, adoptado durante la sesión ordinaria de siete de febrero de dos mil veinte, concerniente al incremento para el año dos mil veinte, que también constituye uno de los actos reclamados en el presente juicio de derechos humanos; de ahí que es indudable que no puede actualizarse la causa de improcedencia que invoca la responsable con apoyo en la existencia del referido acuerdo de treinta de septiembre de dos mil veinte. En apoyo a lo anterior se invoca la tesis 2a. CXI/96 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 219, Tomo IV, correspondiente al mes de Diciembre de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Por otra parte, la diversa autoridad subdirector de Finanzas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, refiere que se actualiza la causa de improcedencia prevista en las fracciones XXII y XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo; señalando que no existe el acto reclamado. En atención a lo anterior, este juzgador no abordará el estudio de la improcedencia propuesta por la citada autoridad, en atención a que no señala en forma concreta los motivos por los cuales considera que se actualiza dicha causa; por tanto, sus aseveraciones son insuficientes para que este órgano jurisdiccional verifique si se actualiza la referida hipótesis de inejercitabilidad debido a que no es de obvia y objetiva constatación; además, dicha fracción no se refiere a la inexistencia del acto reclamado, si no a la hipótesis de cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio con registro digital 174086, jurisprudencia 2a./J. 137/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando sólo la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente de manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante la variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se apeló para fundar la declaración de improcedencia del juicio. En esa virtud, al no existir diversas causales que analizar propuestas por las partes, ni advertirse oficiosamente la actualización de alguna, este órgano jurisdiccional procede a continuación al estudio de constitucionalidad de los actos reclamados. V. Conceptos de violación y cuestión previa. Los conceptos de violación que hace valer la quejosa en la demanda de garantías no se trascriben con apoyo en la tesis jurisprudencial número 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". No obstante lo anterior, es menester acotar que el reclamo de la parte quejosa se ciñe a controvertir la cantidad de porcentaje anual que fue autorizado como incremento de su pensión en dos mil dieciocho, dos mil diecinueve y dos mil veinte. En vía de conceptos de violación la solicitante del amparo aduce sustancialmente que el Instituto responsable tomó determinaciones incorrectas de los incrementos pensionarios para los años dos mil dieciocho, dos mil diecinueve y dos mil veinte. Al respecto, es preponderante realizar la delimitación del marco económico legal para la actualización de los montos de las pensiones y análisis del procedimiento llevado a cabo por las autoridades responsables para tales efectos. De conformidad con lo previsto en el quinto transitorio del Decreto 211 de la Ley 38 que rige al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, así como el artículo 26 del Reglamento de pensiones del referido Instituto, el incremento anual al monto de pensión debe otorgarse considerando el salario mínimo general en la zona de Hermosillo, Sonora. Así, los numerales cuya inobservancia delata la quejosa, disponen: Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, "Transitorios del decreto 211: "ARTÍCULO QUINTO. Los montos de las pensiones y jubilaciones que actualmente cubre el Instituto y las que se autoricen en el futuro a los trabajadores que conforman a las generaciones actuales, se incrementarán en el mismo porcentaje en que aumente el salario mínimo general en la zona de Hermosillo, Sonora o, en su caso, conforme al aumento derivado de la negociación de los trabajadores del Estado con éste, el que sea mayor, con posterioridad a la fecha de su otorgamiento." Reglamento de Pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora: "Artículo 26. Los incrementos en los montos de las pensiones otorgadas por el Instituto, serán en el mismo porcentaje en que aumente el salario mínimo general en la zona de Hermosillo, Sonora, para las generaciones futuras; para las generaciones actuales o con derechos adquiridos será en los mismos términos o conforme al aumento derivado de la negociación de los trabajadores con el Estado u los Organismos afiliados, el que sea mayor. El incremento en el salario mínimo se aplicará al monto de las pensiones a partir del día primero de enero del año correspondiente, debiéndose actualizar en los casos en que se acredite ante el Instituto un incremento mayor, en los precisos términos del acuerdo correspondiente." Como se observa, de acuerdo con los dispositivos legales recién transcritos, en relación con el artículo 59 de la Ley 38 de ISSSTESON, el derecho a la obtención de una pensión por jubilación, vejez, cesantía por edad avanzada, invalidez o muerte se genera a favor del trabajador o sus familiares derechohabientes, cuando se colman determinadas exigencias legalmente previstas para tal efecto. Además, conforme al transitorio transcrito, existen dos clases de generaciones de pensionados, las actuales y las futuras, las primeras incluyen a las personas que iniciaron su prestación laboral al servicio del Estado previo a la emisión del decreto 211, en tanto que las segundas son las que ingresaron a trabajar con posterioridad al inicio de vigencia del referido decreto (veintinueve de junio de dos mil cinco); siendo que las señaladas en primer término se incrementarán conforme al salario mínimo general vigente en esta Entidad Federativa o a la negociación de trabajadores con el Estado; el que sea mayor. Luego, a efecto de poner en contexto con la mecánica disyuntiva que prevén los numerales en cita y principalmente para poder atender con suficiente información el problema jurídico planteado en el presente juicio, debemos definir la figura denominada "salario mínimo". En ese sentido, la figura económica del salario mínimo, se puede definir como la cuantía mínima de remuneración que un empleador está obligado a pagar a sus asalariados por los trabajos que estos realizan durante un periodo determinado, misma que no puede verse disminuida ni en virtud de un convenio colectivo ni de un acuerdo individual. La finalidad de que se establezca un salario mínimo es proteger a los trabajadores contra el pago de remuneraciones escasas y que con ello se garantice el mínimo vital de la clase trabajadora. En el sistema jurídico mexicano, la figura del salario mínimo encuentra su fundamento en el artículo 123, segundo párrafo, apartado A, fracciones VI y VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los diversos 90 y 94 de la Ley Federal del Trabajo. En consonancia con tales disposiciones fundamentales y, en atención a la satisfacción de necesidades normales de un jefe de familia, cada año el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, previa realización de los estudios correspondientes, efectúa la actualización del valor del salario mínimo general y profesionales, su misión es fijar y revisar los salarios mínimos generales y profesionales, procurando asegurar la congruencia entre lo que establece la Constitución Federal y las condiciones económicas y sociales del país, en un contexto de derecho del trabajador a una vida digna. Aquí, es importante hacer hincapié que la CONASAMI es un órgano constituido en la Carta Magna, cuya función, por mandato constitucional, consiste en determinar los incrementos a los salarios mínimos de acuerdo con los estudios y análisis que realice, y puede auxiliarse de comisiones especiales de carácter consultivo que considere indispensables para el mejor desempeño de sus funciones. Por otra parte y para dar lugar a los incrementos del salario mínimo correspondiente a los años 2017, 2018, 2019 y 2020, es trascendente remitirse a la "Resolución del Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos por la que se crea la Comisión Consultiva para la Recuperación Gradual y Sostenida de los Salarios Mínimos Generales y Profesionales", publicada en el Diario Oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil catorce, en la que se creó la Comisión Consultiva para la Recuperación gradual y sostenida de los Salarios Mínimos Generales y Profesionales. Dentro de los objetivos de esa comisión destacan los siguientes: a. Proponer las bases o elementos de una política salarial que haga posible la recuperación gradual y sostenida de los salarios mínimos generales y profesionales, en un contexto de crecimiento de la economía nacional, sustentado en el incremento de la productividad, una vez que el poder legislativo haya resuelto, en lo procedente, la desvinculación de la figura del salario mínimo de las disposiciones legales en que se le utiliza como unidad de cuenta, base o medida de referencia, lo que ha constituido una de las ataduras más importantes para que el salario mínimo avance en el cumplimiento del mandato constitucional; y, b) Promover la desvinculación del salario mínimo como unidad de cuenta, base o medida de referencia en las legislaciones vigentes creadas por los Congresos de las Entidades Federativas, al tener en cuenta que una nueva política para la recuperación gradual y sostenida de los salarios mínimos se establecerá a partir de haberse dado dicha desvinculación en la legislación federal; de no llevarse a cabo podría generar efectos no deseados que afecten a los trabajadores, a las empresas y a las finanzas del Estado en sus tres niveles. En la misma tónica, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas constitucionales que incorporaron la utilización de la Unidad de Medida y Actualización que serviría como parámetro de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del entonces Distrito Federal, así como en cualquier otra disposición en el país. Posteriormente, para determinar los salarios mínimos para 2017, el Consejo de Representantes de la CONASAMI señaló en el considerando sexto de la "Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que fija los salarios mínimos general y profesionales vigentes a partir del 1 de enero de 2017", lo siguiente: "Sexto. Los estudios elaborados en el seno de la Comisión Consultiva que señalan la posibilidad de que se incrementen los salarios mínimos son los siguientes: Salario mínimo e inflación de la autoría del Banco de México, en sus consideraciones finales señala: "...requiere que la interpretación que los agentes económicos den al incremento en el salario mínimo no tenga efectos negativos sobre la formación de expectativas. Para ello, es necesario que dichos incrementos, de adoptarse, sean moderados e interpretados no como un ajuste en el costo de vida, sino como un cambio en el precio relativo de la fuerza laboral con menores percepciones." Resumen Ejecutivo de los estudios sobre Salario Mínimo y Empleo, elaborado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el que se especifica: "No hemos detectado efectos (ni positivos ni negativos) del salario mínimo en la distribución salarial de México. Esto no es de extrañar puesto que el salario mínimo no se ha movido de su valor real en los últimos diez años, manteniéndose a niveles muy por debajo de lo que se consideraría un salario bajo (dos tercios de la mediana). Hay por lo tanto margen para incrementar el nivel del salario mínimo en el país. Y aunque no sabemos (en agregado para la economía) el efecto que esto puede tener en el empleo, las evidencias que arrojan la reforma laboral son alentadoras: un incremento del salario mínimo, junto con políticas que palien posibles efectos negativos, pueden ser positivas para reducir la desigualdad y a la vez incrementar el empleo." Efectos del Salario Mínimo sobre la Sustentabilidad de las Empresas en México. Reporte de Investigación. Este reporte fue realizado por el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), en él se concluye: "Lo anterior permite establecer conclusiones acotadas de acuerdo a la estimación del modelo econométrico. Primero, resulta factible un ajuste controlado del ingreso real de los trabajadores mediante la revisión del salario mínimo pero sujeto a una vigilancia y revisión permanente de la evolución de los otros factores que afectan la rentabilidad económica de las empresas." "El Informe Final, que contiene los Resultados de las Investigaciones y Estudios Efectuados y las sugerencias y estudios de los trabajadores y patrones" y sus Anexos (Estudios Técnicos), así como los Anexos Normativo y Operativo se entregaron a los solicitantes de esta información por instrucciones del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); por su parte, el Consejo de Representantes resolvió que toda la información señalada se hiciera del conocimiento público mediante su instalación en la página web de la Entidad. Desde el mes de noviembre del presente la información se ubicó en el siguiente sitio web de la Entidad: http:www.conasami.gob.mx" También se indicó que en junio de dos mil dieciséis, el secretario del Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal aseguró que ?dadas las condiciones existentes, como estabilidad macroeconómica, aumento en la productividad laboral y una baja sensible en la informalidad- era posible un incremento al salario; sin embargo, no se concretó. Debido a ello, con el fin de recuperar de manera gradual y sostenida el poder adquisitivo de los trabajadores, se otorgaron dos incrementos al salario mínimo: uno denominado "Monto Independiente de Recuperación" de $4.00 pesos y otro consistente en un "incremento de fijación" de 3.9%. En relación con ello, la Comisión enfatizó que el incremento del MIR de $4.00 pesos diarios correspondía al proceso de recuperación gradual y sostenido del salario mínimo general aplicable única y exclusivamente para beneficio de los trabajadores asalariados, inaplicable para los salarios mínimos profesionales, a quienes únicamente les correspondía el 3.9% denominado "incremento de fijación". También acentuó que el propósito del MIR era que los trabajadores asalariados que percibían un salario mínimo general recuperaran el poder adquisitivo; lo que únicamente se cumplía cuando tenían un aumento adicional que no repercutiera en los precios de los bienes y servicios que consumen las familias en las que existe por lo menos un trabajador que percibe el salario mínimo general. A su vez, dentro de la misma resolución, los sectores obrero y empresarial reiteraron que el incremento al salario mínimo general, tanto en lo que corresponde al MIR como al porcentaje de incremento de la fijación salarial, no debía ser referente para definir los aumentos de los demás trabajadores asalariados del país. Por tanto, las negociaciones de los salarios contractuales debían realizarse con la mayor libertad de las partes, dentro de las condiciones específicas de cada empresa, tomando en cuenta su productividad, competitividad y la imperiosa necesidad de generar empleos productivos, de manera tal que los incrementos otorgados no sean ni techo ni piso para la determinación de los salarios de los mexicanos. Finalmente, en el resolutivo segundo la CONASAMI concluyó: "SEGUNDO. El salario mínimo general que tendrá vigencia a partir del 1o. de enero de 2017 en el área geográfica a que se refiere el punto resolutorio anterior, se integra por tres componentes: primero, el monto del salario mínimo general vigente en 2016, $73.04 pesos diarios; segundo, el Monto Independiente de Recuperación (MIR), $4.00 pesos diarios y, tercero, el incremento de 3.9% sobre la suma de los dos componentes anteriores, $3.00 pesos diarios, lo que arroja un monto de $80.04 pesos diarios como cantidad mínima que deben recibir en efectivo los trabajadores por jornada diaria de trabajo." Un año después, en la "Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que fija los salarios mínimos general y profesionales vigentes a partir del 1o. de enero de 2018", se reiteraron los factores del MIR y el porcentaje de aumento de la fijación salarial, tal como se expuso en el considerando cuarto: "CUARTO. De acuerdo con la Resolución del H. Consejo de Representantes de esta Comisión Nacional que revisa los salarios mínimos generales y profesionales vigentes desde el 1o. de enero de 2017 y establece los que habrán de regir a partir del 1o. de diciembre de 2017, el Consejo determinó actualizar el monto del salario mínimo general, otorgándole un incremento mediante el mecanismo de Monto Independiente de Recuperación (MIR) de $5.00 pesos diarios, para llevar el salario mínimo general a un monto de $85.04 pesos diarios, sobre el cual se otorgó de manera anticipada el incremento correspondiente a la fijación salarial que entrará en vigor el 1o. de enero de 2018 de 3.9%, con lo cual el salario mínimo general que estará vigente a partir del 1o. de diciembre de 2017 será de $88.36 pesos diarios." En dicha resolución se insistió que el MIR es una cantidad absoluta en pesos, cuyo objetivo es única y exclusivamente contribuir a la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo general; y bajo ninguna circunstancia debía servir, ni en términos absolutos ni de manera proporcional, de referente para determinar los incrementos de los salarios mínimos profesionales, contractuales o de cualquier otro salario vigente en el mercado laboral. Asimismo, los sectores obrero y empresarial resaltaron que el aumento al salario mínimo general, tanto en lo que corresponde al MIR como al porcentaje de incremento de la fijación salarial no debía ser referente para definir los aumentos de los demás trabajadores asalariados del país y que las negociaciones de los salarios contractuales debían realizarse con la mayor libertad, dentro de las condiciones específicas de cada empresa, tomando en cuenta su productividad, competitividad y la imperiosa necesidad de generar empleos remunerados. De igual modo, para el año dos mil diecinueve, en la "Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que fija los salarios mínimos general y profesionales vigentes a partir del 1 de enero de 2019.", en relación con la tabla de salarios mínimos publicados, se conoció que el salario mínimo para la zona general se compondría de un MIR por la cantidad de $9.43, y un porcentaje fijo del 5%. Luego mediante el dictado de la resolución que se difunde a través del Diario Oficial de la Federación, para el año dos mil veinte, se divulgó a través del mencionado medio de difusión oficial, esencialmente lo que a continuación se transcribe: "SE RESUELVE: PRIMERO. Para fines de aplicación de los salarios mínimos en la República Mexicana habrá dos áreas geográficas: ? El área geográfica de la "Zona Libre de la Frontera Norte", integrada por los siguientes municipios: Ensenada, Playas de Rosarito, Mexicali, Tecate y Tijuana, en el Estado de Baja California; San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, General Plutarco Elías Calles, Caborca, Altar, Sáric, Nogales, Santa Cruz, Cananea, Naco y Agua Prieta, en el Estado de Sonora; Janos, Ascensión, Juárez, Práxedis G. Guerrero, Guadalupe, Coyame del Sotol, Ojinaga y Manuel Benavides, en el Estado de Chihuahua; Ocampo, Acuña, Zaragoza, Jiménez, Piedras Negras, Nava, Guerrero e Hidalgo, en el Estado de Coahuila de Zaragoza; Anáhuac, en el Estado de Nuevo León; y Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros, en el Estado de Tamaulipas. ? El área geográfica del "Resto del país", integrada por el resto de los municipios del país y las alcaldías de la Ciudad de México que no fueron listadas en el punto anterior y conforman la República Mexicana. SEGUNDO. En esta ocasión en términos generales para efectos de la fijación del salario mínimo se integran tres componentes: primero, el monto del salario mínimo general vigente a partir del 1° de enero de 2019; segundo, un Monto Independiente de Recuperación que se suma al monto del salario mínimo vigente anterior; y, tercero, un factor de aumento por fijación igual a 5% que se aplica a la suma del salario mínimo vigente anterior y al MIR; en la fijación del salario mínimo de la Zona Libre de la Frontera Norte no se aplicó el identificado como Monto Independiente de Recuperación. TERCERO. Los salarios mínimos generales que tendrán vigencia a partir del 1° de enero de 2020 será de $185.56 pesos diarios por jornada diaria de trabajo en el área geográfica de la Zona Libre de la Frontera Norte, cuyo incremento corresponde únicamente a la fijación del 5%. Para el Resto del país el salario mínimo general será de $123.22 pesos diarios por jornada diaria de trabajo, cuyo incremento corresponde a 14.67 pesos de MIR más 5% de incremento por fijación. Éstos serán los que figuren en la Resolución de esta Comisión que serán publicados en el Diario Oficial de la Federación como cantidad mínima que deberán recibir en efectivo las y los trabajadores." Así, lo resuelto en la resolución en cita, relativo a los incrementos de los años dos mil diecisiete a dos mil veinte, se resume de la manera siguiente: AÑO SALARIO ANTERIOR MIR SALARIO MÍNIMO MIR INCREMENTO DE FIJACIÓN SALARIAL NUEVO SALARIO PUBLICACIÓN EN ELDIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 2017 $73.04 + $4.00 $77.04 (x) 3.9 % $80.04 19/12/2016 2018 $80.04 + $5.00 $85.04 (x) 3.9% $88.36 21/12/2017 2019 $88.36 + $9.43 $97.79 (x) 5% $102.68 26/12/2018 2020 $102.68 + 14.67 $117.35 (X) 5% $123.22 13/12/2019 De la mecánica de los años descritos, se advierte que al salario mínimo del año anterior, se le suma el MIR que la CONASAMI determinó, y la cantidad resultante se multiplica por el porcentaje de incremento salarial, cantidad que se adiciona y resulta en un nuevo salario final. Así, a diferencia de años previos, las resoluciones que fijaron el salario mínimo general vigente para los años 2017, 2018, 2019 y 2020, innovaron en la forma de cuantificarlos, pues incorporaron previo al porcentaje habitual, un monto fijo en pesos que se le denominó MIR, previo al incremento salarial. Ciertamente, la CONASAMI determinó que el MIR: 1) Es una cantidad absoluta en pesos. 2) Su objetivo es única y exclusivamente contribuir a la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo general. 3) No debe ser utilizado como referente para fijar incrementos de los demás salarios vigentes en el mercado laboral (salarios contractuales, federales y de la jurisdicción local; salarios diferentes a los mínimos y a los contractuales; salarios para servidores públicos federales, estatales y municipales; y demás salarios del sector informal); y, 4) El MIR podrá ser aplicado en los procedimientos de revisión salarial o fijación salarial, en términos del artículo 570 de la Ley Federal del Trabajo. Ahora, una vez delineado el marco económico legal del valor referente que de acuerdo con el quinto transitorio del Decreto 211 de la Ley 38 que rige al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, debe tomarse en cuenta para la actualización de los montos de las pensiones, procede atender los conceptos de violación expresados por la parte quejosa en relación con la constitucionalidad de los incrementos en la pensión. VI. Estudio de fondo En primer orden, se consideran inoperantes los conceptos de violación expresados por la parte quejosa en relación con el acuerdo J.D.S.O 672/08, adoptado durante la sesión ordinaria celebrada por la Junta Directiva responsable con fecha veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, sin que se advierta queja deficiente que suplir en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo. Se considera así, pues de concederse el amparo a la impetrante por lo que se refiere al señalado acuerdo J.D.S.O 672/08, en el cual se determinó incrementar su pensión para el año dos mil dieciocho, a ningún fin práctico llevaría, pues se causaría mayor perjuicio a la promovente del juicio. En efecto, la parte quejosa sustancialmente reclama la autorización y cuantificación del incremento de la pensión en un 3.9%, contenido en el acuerdo J.D.S.O 672/08. Lo anterior, lo reclama argumentando que está en uno de los supuestos que contempla el citado transitorio, por lo que su pensión debe ser incrementada anualmente en los términos del artículo quinto transitorio del Decreto 211 y no así, del segundo párrafo del artículo 59, de la Ley 38, que rige al ISSSTESON, ya que forma parte de las llamadas "generaciones actuales", habida cuenta que empezó a laborar para el Estado antes de que entrara en vigor el citado decreto 211, por ello su haber de retiro tiene que incrementarse aplicando el parámetro que haya tenido un mayor aumento durante el periodo respectivo de entre el salario mínimo general en la zona de Hermosillo, Sonora y el aumento salarial derivado de la negociación del Gobierno del Estado de Sonora con sus trabajadores, como lo dispone el transitorio invocado, conforme al cálculo que propone en su demanda. En párrafos que anteceden se concluyó que los porcentajes de incremento que en todo caso habrá de considerar la autoridad responsable para los efectos de aumentos de pensión a que se contraen los citados numerales, son los estipulados en las resoluciones emitidas por el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que para el año dos mil dieciocho, fue del tres punto nueve por ciento (3.9%). Por otra parte, si bien la autoridad responsable al momento de determinar el aumento en la pensión de la parte quejosa para el año dos mil dieciocho, no atendió al ejercicio disyuntivo entre un incremento con base en el índice inflacionario que anualmente publica el Banco de México y el porcentaje de aumento correspondiente al salario mínimo; lo cierto es que se otorgó a la quejosa el porcentaje que le correspondía. Es decir, la parte quejosa recibió un aumento del tres punto nueve (3.9%) en su pensión por jubilación, en el mes de abril de ese año; en efecto, según lo analizado en esta resolución le correspondía un tres punto nueve (3.9%); por tanto, resulta inconcuso que conceder la protección constitucional para efectos de que la autoridad realice el ejercicio disyuntivo de mérito le irrogaría un perjuicio, más que aportarle un beneficio, al quedar como se encuentra actualmente, de ahí lo inoperante de sus motivos de disenso. Sin que sobre acotar que, ese porcentaje de aumento estipulado para el año dos mil dieciocho, es resultante independientemente del MIR, que la quejosa pretende sea tomada en cuenta para el incremento salarial, el cual se fijó por la CONASAMI, solo en relación con los salarios mínimos, a fin de recuperar la capacidad adquisitiva de los trabajadores que perciban ese tipo de salarios, por lo que el MIR, no debía ser referente para definir los aumentos de los demás trabajadores asalariados del país. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la sustentan la tesis número 2a. CCII/2002 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVII, correspondiente al mes de Enero de 2003, consultable en la página 726, Novena Época, de la voz: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. DEBEN DECLARARSE ASÍ Y NEGAR EL AMPARO, CUANDO DE CONCEDERSE ÉSTE, SE CAUSEN PERJUICIOS AL QUEJOSO. Acorde con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley de Amparo, el efecto de la concesión de la protección de la Justicia de la Unión al solicitante del amparo respecto a las argumentaciones relativas a que la reforma a los artículos 119-M y 119-Ñ de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en 2001, era violatoria de los principios de proporcionalidad, equidad y legalidad tributarias consagrados en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano y que en ellos, además, se imponía una sanción excesiva e inusitada prohibida por el artículo 22 de la propia Ley Fundamental, sería que el quejoso dejara de tributar conforme a ese régimen, por ser ilegal, desproporcional e inequitativo o por contener un tratamiento perjudicial, por lo que quedaría obligado a tributar conforme al régimen general, ya que de esa manera se le estaría restituyendo en el pleno goce de sus garantías individuales violadas, lo que le irrogaría un perjuicio más que aportarle un beneficio. En consecuencia, si con la concesión del amparo se va a causar un perjuicio al promovente del juicio, deben declararse inoperantes los argumentos a que se ha hecho referencia." Por tanto, al haber resultado ineficaces por inoperantes los conceptos de violación que hace valer la quejosa en contra del acuerdo J.D.S.O. 672/08, contenido en el acta 672 de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, lo que procede es negar el amparo solicitado por lo que hace a tal acto reclamado. Por tanto, al haber resultado inoperantes los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa contra el acuerdo J.D.S.O. 672/08, contenido en el acta 672 de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, donde se autorizó un incremento del tres punto nueve por ciento en su la pensión, lo que procede es negar el amparo solicitado por lo que hace a tal acto reclamado. En igual medida, son inoperantes los conceptos de violación que plantea la parte quejosa en relación con el acuerdo N°7.III.Bis.2020-SO-705, N°8.XI- 2020-SO-708 y No.8.VI.BIS.2021-SO-714, adoptados en sesiones de quince de julio y treinta de septiembre de dos mil veinte, así como veintinueve de abril de dos mil veintiuno, respectivamente, también reclamadas. En efecto, en vía de concepto de violación la quejosa aduce sustancialmente en relación con los acuerdos señalados en el párrafo que antecede que el Instituto responsable omitió incrementar el monto pensionario aplicando los parámetros establecidos en el artículo quinto transitorio del Decreto 211, lo que se evidencia al tener a la vista los acuerdos reclamados. Tales motivos de disenso resultan acertados en la parte en la que la parte quejosa aduce que la autoridad responsable no atendió al ejercicio disyuntivo entre un incremento con base en el índice inflacionario que anualmente publica el Banco de México y el porcentaje de aumento correspondiente al salario mínimo, para emitir el acuerdo de quince de julio de dos mil veinte; sin embargo, el incremento autorizado en el citado acuerdo es el correcto, de ahí lo importante de los mismos, como a continuación se verá. En efecto, la autoridad responsable tomó como fundamento principal para determinar el monto en el que se incrementaría la pensión a los jubilados del magisterio para el ejercicio de dos mil diecinueve, las diversas sentencias que han sido emitidas por los Juzgados de Amparo y por los Tribunales Colegiados de este Quinto Circuito al resolver los juicios y recursos de revisión interpuestos en relación al tema, en las que se estableció que posterior a realizar el análisis conducente, el incremento para el ejercicio mencionado sería de 5%. No obstante lo anterior, se arriba a la conclusión que su motivo de inconformidad, si bien es fundado, resulta inoperante, pues en nada favorecería conceder el amparo para que la autoridad responsable realice el análisis disyuntivo en los términos que disponen los artículos 59 y quinto transitorio de Ley del ISSSTESON, en virtud de que como se analizó en el considerando que antecede, el incremento que corresponde al ejercicio de dos mil diecinueve, se determinó en un 5% y no el pretendido por la parte quejosa. Lo anterior, pues sustancialmente reclama que la autoridad responsable no estuvo en lo correcto al emitir el acuerdo reclamado, al considerar que el aumento del salario mínimo -para el año dos mil diecinueve y dos mil veinte- sólo fue del cinco por ciento (5%), puesto que no refleja el concepto real en que aumentó el concepto para ese año, con relación al anterior, pues el incremento al salario mínimo era del dieciséis punto veinte por ciento (16.20%) -en relación con el año dos mil diecinueve-. En esencia, en sus conceptos de violación indica que el problema en los acuerdos adoptados por la autoridad responsable radica en que fueron emitido dotando de un alcance restringido al parámetro del salario mínimo vigente en Hermosillo, pues el considerar que el porcentaje en que éste había aumentado era el equivalente sólo a uno de sus tres componentes que integran el concepto de salario mínimo general, excluyendo de esa manera lo relativo al monto del salario mínimo general vigente en el año inmediato anterior y al Monto Independiente de Recuperación (MIR). De ahí que a ninguna aplicación práctica llevaría conceder un amparo, como se explicó previamente, ya que contrario a lo que la parte quejosa plantea, el elemento -porcentaje-, se obtiene de las propias Resoluciones del Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, donde se fijan los salarios mínimos general y profesionales para el año que corresponda o en las tablas de dicha comisión, en las que se publican tales aumentos, y en los cuales se señala el porcentaje específico de incremento al salario mínimo. En la resolución que fijó el salario mínimo general para el año 2019, la CONASAMI únicamente autorizó -en proporción a la inflación- un aumento al salario mínimo general para todo el país -incluyendo Hermosillo- del 5%. De esta manera, el porcentaje en que aumentó el salario mínimo general en la zona de Hermosillo para el ejercicio dos mil diecinueve, fue del 5%, y no del 16.20% como refiere la parte quejosa en la demanda, por tal razón, acorde a los artículos 59 y quinto transitorio de la Ley del ISSSTESON, el porcentaje que debe considerarse en que incrementó el salario mínimo general para la zona de Hermosillo es del 5%. Porcentaje el anterior, que como se observa, en relación con los propios acuerdos reclamados aquí tratados, fue por los que se ordenó aplicar de forma general como incremento a los pensionados para los ejercicios de dos mil diecinueve y dos mil veinte, lo que se termina de evidenciar dado que en los diversos acuerdos reclamados en vía de ampliación N°8.XI-2020-SO-708 y N°8.VI BIS.2021-SO-714 la que constituye un hecho notorio en términos de lo dispuesto en el artículo 88 del Código de Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia (éste, para incremento del año dos mil veinte), respecto de los cuales la quejosa refiere que la Junta Directiva del ISSSTESON, actuó del mismo modo que en lo relativo al cálculo del incremento para dos mil diecinueve), por los que se actualizaron las pensiones y jubilaciones por parte del ISSSTESON, en las diversas sesiones ordinarias relativas a las actas número 708 y 714, en las que se acordó la forma de pago retroactivo en relación con los ejercicios 2019 y 2020, tomando como base el 5%. La Junta responsable regularizó lo relativo al porcentaje que corresponde del incremento a la pensión de la parte quejosa, aplicándole el 5% que corresponde para los años dos mil diecinueve y dos mil veinte, aún y cuando no hubiere atendido formalmente los parámetros establecidos por el legislador estatal en los artículos 59 y quinto transitorio de la Ley del ISSSTESON. Máxime que indirectamente lo realizó al especificar en el acta de quince de julio de dos mil veinte y de siete de febrero de ese mismo año, que emitía la adecuación del incremento atendiendo al sentido de las múltiples ejecutorias de amparo, en las que se realizó el análisis conducente y donde se especificó el incremento que correspondía para el año dos mil veinte. Considerar lo contario implicaría aceptar de facto que la cuota pensionaria diaria se eleve en función del MIR, y una vez actualizada, podría aplicarse el porcentaje de aumento del salario mínimo, lo que es jurídicamente inaceptable. Bajo ese contexto resulta inexacto el planteamiento en el que la parte quejosa afirma que el salario mínimo aumentó el 16.20%, pues como se vio, el incremento relativo sólo fue del 5%, en la inteligencia que lo demás corresponde al concepto denominado MIR, cuya naturaleza y reglas de operatividad son incompatibles con el sistema pensionario elegido por el legislador sonorense. Por ello, los acuerdos de siete febrero y quince de julio de dos mil veinte, donde se regularizó el incremento para el ejercicio dos mil diecinueve y se estableció que para el año dos mil veinte, podría ser un incremento al porcentaje ya indicado (5%), el cual se confirmó con el acuerdo del acta 714 de sesión de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, está ajustado a las cantidades que se encuentran plenamente establecidas para el tema en particular. En virtud de lo expuesto, resulta fundado pero inoperante el concepto de violación en la parte en la que se establece que en el los acuerdos impugnados no se atendieron las previsiones establecidas en los artículos 59 y quinto transitorio de la Ley del ISSSTESON, para arribar a la cantidad que corresponde al incremento en la pensión para el año dos mil diecinueve y dos mil veinte, pues con independencia de los motivos que tomó la autoridad responsable para concluir que el porcentaje que debe considerarse para el incremento de la pensión es el 5%, a nada práctico llevaría una concesión de amparo, en virtud de que está previamente determinado que es ese el porcentaje correcto que se debe considerar para el año dos mil diecinueve y dos mil veinte y no los pretendidos por la parte quejosa. Resulta aplicable al caso la tesis jurisprudencial sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 108 en el Apéndice 2000, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Materia Común, página 85, Séptima Época, registro electrónico 917642, del tenor siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS PERO INOPERANTES. Si del estudio que en el juicio de amparo se hace de un concepto de violación se llega a la conclusión de que es fundado, de acuerdo con las razones de incongruencia por omisión esgrimidas al respecto por el quejoso; pero de ese mismo estudio claramente se desprende que por diversas razones que ven al fondo de la cuestión omitida, ese mismo concepto resulta inepto para resolver el asunto favorablemente a los intereses del dicho concepto, aunque fundado, debe declararse inoperante y, por tanto, en aras de la economía procesal, debe desde luego negarse el amparo en vez de concederse para efectos, o sea, para que la responsable, reparando la violación, entre al estudio omitido, toda vez que este proceder a nada práctico conduciría, puesto que reparada aquélla, la propia responsable, y en su caso la Corte por la vía de un nuevo amparo que en su caso y oportunidad se promoviera, tendría que resolver el negocio desfavorablemente a tales intereses del quejoso; y de ahí que no hay para qué esperar dicha nueva ocasión para negar un amparo que desde luego puede y debe ser negado." Bajo ese orden de ideas, ante la naturaleza del Monto Independiente de Recuperación (MIR) y sobre todo considerando la exclusión en torno a su aplicación, como ya se dijo, resulta incuestionable que este no puede hacerse extensivo al caso de las pensiones. En concreto, este juzgador concluye que los porcentajes de incremento que, en todo caso, habrá de considerar la autoridad responsable para los efectos de aumentos de pensión a que se contraen los citados numerales quinto transitorio del Decreto 211 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, así como al artículo 26 del Reglamento de pensiones del referido Instituto, son los estipulados en las resoluciones emitidas por el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, a que se hizo alusión en esta determinación, esto es, del 5% para el año dos mil veinte. Lo que se ve robustecido con los artículos 59, 68 y 73 de la Ley 38 del ISSSTESON donde se establece que para determinar la cuota pensionaria únicamente se debe considerar el sueldo o sueldos percibidos por los que se cotizó al instituto, sin que exista elemento alguno que permita inferir ni siquiera indirectamente que se permitió la inclusión del Monto Independiente de Recuperación (MIR) que, además, no forma parte del sueldo que percibió la persona trabajadora ahora pensionada. Bajo el anterior marco jurídico y consideraciones efectuadas, en atención a los acuerdos N°7.III.BIS-2020-SO-700, N°7.III.BIS.2020-SO-705, adoptados durante las sesiones ordinarias de siete de febrero y quince de julio de dos mil veinte y sus complementos N°8.X.2020-SO-708, de sesión de treinta de septiembre de dos mil veinte y N°8.VI.BIS.2021- SO-714 de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, en los que se autorizó el pago diferencial aplicable a las pensiones y jubilaciones de dos mil veinte, para obtener un incremento total del 5% (cinco por ciento) respecto a dicha anualidad; resultan inoperantes los conceptos de violación hechos valer por la quejosa, sin que en el caso se advierta queja deficiente que suplir en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo. Ahora, con base en el estudio realizado en párrafos precedentes de este considerando, se concluyó que los porcentajes de incremento que, en todo caso, habrá de considerar la autoridad responsable para los efectos de aumentos de pensión a que se contraen los citados numerales, son los estipulados en las resoluciones emitidas por el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que para los años de dos mil diecinueve y dos mil veinte fue de un 5%. Por otra parte, si bien, quedó evidenciado que la autoridad responsable al momento de determinar los aumentos de los pensionados para los años dos mil diecinueve y dos mil veinte, no atendió en literalidad al ejercicio disyuntivo entre un incremento con base en el porcentaje de aumento correspondiente al salario mínimo, no estaba constreñida a observar estrictamente el procedimiento que para el incremento de salarios debe efectuarse en relación con aquellas personas pensionadas que perciben el salario mínimo; sin embargo, lo cierto es que se otorgó a la impetrante el porcentaje que le correspondía. Es decir, la parte quejosa recibió un aumento total del cinco por ciento (5%) en su pensión por jubilación, y según lo analizado en esta resolución le correspondía un cinco por ciento (5%); de ahí, resulta inconcuso que conceder la protección constitucional para efectos de que la autoridad realice el ejercicio disyuntivo de mérito, no le aportaría ningún beneficio, por ello, lo inoperante de su motivo de disenso. En otro aspecto, cabe destacar que, contrario a lo que pretende la quejosa, la interpretación de las normas que derivan del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no tiene por efecto soslayar las reglas que imperan en el juicio de amparo o lo previsto en la legislación aplicable en cuanto al fondo del asunto. En efecto, si bien la reforma a los artículos 1 y 103, fracción I, de la Constitución Federal, en relación a los derechos humanos y a la interpretación más favorable a la persona, implicó un cambio en el sistema jurídico mexicano; también lo es, que dicha circunstancia no tiene el alcance de que los juzgadores soslayen las reglas que rigen el juicio de amparo o la inobservancia de las normas jurídicas en cuanto al fondo del asunto, es decir, que dejen de cumplir con sus atribuciones y facultades. Por tanto, al no encontrar sustento jurídico lo argumentado por la quejosa, pues como se analizó, no hay en el ordenamiento jurídico estatal precepto normativo alguno que permita la variación de la pensión en los términos que pretende la peticionaria de amparo, ello no significa que se transgredan en su perjuicio los derechos de legalidad y previsión social. En atención a la jurisprudencia 1a./J. 104/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, página 906, Décima Época, materias Constitucional, Común, con registro digital 2004748, de rubro y texto siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHOFUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes." Consecuentemente, ante lo fundado pero inoperante de los conceptos de violación expresado por la quejosa en relación con los acuerdos N°7.III.BIS-2020-SO-700, N°7.III.BIS.2020- SO-705, adoptados durante las sesiones ordinarias de siete de febrero y quince de julio de dos mil veinte y sus complementos N°8.X.2020-SO-708, de sesión de treinta de septiembre de dos mil veinte y N°8.VI.BIS.2021-SO-714 de veintinueve de abril de dos mil veintiuno; en lo concerniente al incremento de la pensión para los años dos mil diecinueve y dos mil veinte, lo que procede es negar a la quejosa el amparo solicitado. VII. Decisión: En las relatadas condiciones, lo que procede es negar a la quejosa el amparo solicitado. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se VIII. R e s u e l v e Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a María Evelia Lugo Velderrain, respecto de los actos reclamados y autoridades responsables, indicados éstas y aquéllos, en los considerandos II y III, por los fundamentos, motivos y razones expuestas en los diversos apartados V y VI de esta sentencia. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria de Juzgado con quien legalmente actúa, autoriza y da fe. Doy fe. Noriega

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, dos de mayo de dos mil veintitrés. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se agrega a los autos el informe justificado rendido por el subdirector de finanzas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad; dese vista a las partes con su contenido. Se designa delegados y señala domicilio. En términos de los artículos 9 y 28, de la ley de la materia, se tiene como delegados a las personas que señala y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Notifíquese. Así lo acordó y firmó Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

Quedan 19 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · 9,432 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano