María Evelia Castellón Méndez
Expediente 2687/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 7 actuaciones registradas, la última del 4 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 2687/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 04/12/2018
Partes del expediente
- María Evelia Castellón Méndez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, del cual se advierte que mediante proveído de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, se dio vista a la parte quejosa, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obraran en autos y los datos aportados por la autoridad; acuerdo que le fue notificado el veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho Este Juzgado de Distrito con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede, de oficio, a resolver si conforme a las constancias que obran en autos se encuentra cumplida o no la ejecutoria de autos. Cabe reiterar que en la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, el veintidós de octubre de dos mil dieciocho, por una parte, se sobreseyó en el juicio; y, por la otra, se concedió el amparo y la protección constitucional, para el efecto de que: "[.] De no haberlo hecho, acredite que emplazó a la parte demandada o, en su caso, la imposibilidad que tenga para ello. [.]." En ese contexto, a las constancias remitidas por la responsable, se les concede valor probatorio pleno de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por una autoridad en ejercicio de sus funciones; tras de lo cual, se pone de manifiesto que la autoridad responsable el nueve de noviembre de dos mil dieciocho, la Actuaria Adscrita a la Junta responsable indicó su imposibilidad para emplazar a juicio a las partes demandadas, ello en virtud de que se constituyó en el domicilio sin que hubiese encontrado a alguna persona, posteriormente, una persona le indicó que desconocía el paradero de los demandados. En esas condiciones, resulta claro que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, en su totalidad sin excesos ni defectos.Por otra parte, visto el estado de autos de los cuales se advierte que el tres de diciembre del presente año, se reservó acordar lo conducente en relación al escrito suscrito por la parte quejosa, mediante el cual, realiza diversas manifestaciones en relación al cumplimiento que dice dar la responsable a la sentencia de amparo. Ahora bien de dicho escrito se advierte la inconformidad de la parte quejosa al cumplimiento de la sentencia de amparo; argumentando toralmente que este Juzgado de Distrito debe habilitar días y horas inhábiles al Actuario adscrito a la Junta responsable a fin de que realice el emplazamiento correspondiente. Indíquesele a la accionante constitucional que no ha lugar a no tener por cumplida la sentencia de amparo, pues las manifestaciones no forman parte dela concesión del amparo; pues como se estableció el efecto protector es: "[.] De no haberlo hecho, acredite que emplazó a la parte demandada o, en su caso, la imposibilidad que tenga para ello. [.]." Además, este Juzgado de Distrito no puede realizar actos propios de la Junta responsable, de ahí que deberá estarse a lo acordado en el presente auto, donde se tuvo por cumplida la sentencia de amparo; pues este Juzgado no puede contradecir el artículo 196 de la Ley de Amparo, que establece que las sentencia de amparo quedaran cumplidas sin exceso o defecto.Consecuentemente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar totalmente concluido.En cumplimiento a lo ordenado por el ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente:a) El presente expediente, a consideración de este órgano jurisdiccional, no es de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico. Esta decisión encuentra sustento en los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al último párrafo del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita.b) En el expediente en que se actúa se emitió sentencia en la que por una parte se sobreseyó en el juicio, y por otra, se concedió el amparo y protección de la justicia federal; consecuentemente, es susceptible de depuración, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, conservando la demanda y la sentencia respectiva, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I y vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo general invocado.c) En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la carátula realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de depuración, con fundamento en el párrafo segundo del artículo décimo primero, del multicitado acuerdo general. d) Que en el presente asunto, no obran documentos a los que se refiere el propio acuerdo en el punto segundo fracción XVIII, por lo que no resulta necesario el cumplimiento al punto Décimo Primero en su último párrafo del mismo.
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de quince días, para interponer el recurso de inconformidad que establece la Ley de Amparo, sin que las partes hayan presentado promoción encaminada a impugnar la resolución de veintiséis de octubre de dos mil dieciocho; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha quedado firme la referida resolución, en la cual se determinó que la sentencia de amparo quedó cumplida. Anotaciones y archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar totalmente concluido. Acuerdo general. En cumplimiento a lo ordenado por el ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración de este órgano jurisdiccional, no es de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico. Esta decisión encuentra sustento en los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al último párrafo del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) En el expediente en que se actúa se emitió sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal; consecuentemente, es susceptible de depuración, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, conservando la demanda y la sentencia respectiva, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I y vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo general invocado. c) En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la carátula realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de depuración, con fundamento en el párrafo segundo del artículo décimo primero, del multicitado acuerdo general. Cuenta en el incidente de suspensión. Con el contenido de este acuerdo se ordena dar cuenta en los cuadernos. Devolución de documentos. En acatamiento al punto Décimo Primero del citado acuerdo Plenario, se previene a la parte quejosa para que acuda a este Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, dentro del plazo de noventa días a solicitar la devolución de los documentos originales que hubiera exhibido en este expediente, apercibida que de no cumplir con lo anterior, dicha documentación podrá ser destruida.
- Principal
Visto el estado de autos, se advierte que a la fecha en que se actúa no se encuentra debidamente integrado el presente juicio de amparo, toda vez que con data dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, se solicitó a la Directora General de Asuntos Jurídicos del Consejo de la Judicatura, para que informara la determinación que haya realizado respecto a la cotización de honorarios de la diestra en materia de evaluó Elsa Patricia Cortés Chávez, sin que a la fecha lo haya hecho. Difiérase audiencia. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional programada para hoy, SE DIFIERE para que tenga verificativo a las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CUATRO MINUTOS DEL DIECISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.
- Principal
Por este medio se notifica al perito oficial, el auto de siete de noviembre de dos mil dieciocho, que en lo conducente dice: Se autorizó el pago del monto de honorarios al perito oficial. Visto el contenido del oficio de cuenta, signado por la Directora General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría Técnica de Asuntos Periciales y de Bienes Asegurados, Abandonados y Decomisados del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual, informa que se autorizó el pago del monto de honorarios al perito oficial ..., para que esté en aptitud de rendir su dictamen con relación a la prueba pericial en materia de contabilidad; agréguese a los autos. Requerimiento. En razón de lo anterior, además de ser necesario el desahogo de la prueba pericial ofrecida por la parte quejosa, para la debida integración del presente juicio, con fundamento en el artículo 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a la perito de referencia, para que dentro del plazo de diez días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, emita su dictamen pericial, el que deberá estar ratificado ante la presencia judicial. Apercibimiento. De no acatar lo anterior, sin causa justificada, en el lapso indicado, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, en términos los artículo 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformado y adicionados diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, que entró en vigor el día siguiente de su publicación, esto es, veintiocho de enero siguiente. Es aplicable la jurisprudencia trescientos cincuenta y seis, de la Segunda Sala, por reiteración de tesis, consultable en la página doscientos treinta y nueve, Séptima Época, Tomo VI, parte SCJN, Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, del rubro: "PERITOS QUE NO RATIFICAN SU DICTAMEN." Notifíquese, y personalmente a la perito oficial
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