María Evangelina de León Rodríguez

Expediente 2159/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Coahuila. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2159/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
12/04/2022

Partes del expediente

  • Juez Segundo Letrado en Materia Civil del Distrito Judicial de Saltillo
  • María Evangelina de León Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio signado por el Juez Segundo Letrado en Materia Civil del Distrito Judicial de Saltillo, con residencia en esta ciudad, mediante el cual solicita se remita los autos originales del Juicio Ejecutivo Mercantil 2470/2021 de su índice, toda vez que solo se remitió diversas actuaciones del mismo, como lo es, demanda original, acuerdo, constancia de notificación, certificado y dos oficios, así como un pagaré base de la acción.

  2. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la promovente del amparo no se inconformó frente al auto de diez de diciembre de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo, se declara que dicha resolución HA CAUSADO ESTADO; para todos los efectos legales. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, e ingrésese esta determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y remítase al archivo. Se hace constar que el presente expediente, resulta susceptible de destrucción,

  3. Principal

    Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a nueve de diciembre de dos mil veintiuno. 1.- Recepción de demanda. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio signado por el Actuario Judicial del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, con el cual transcribe el acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en los autos del juicio de amparo directo número 474/2021, del índice de ese órgano de control constitucional y anexa el expediente original del citado juicio de amparo, promovido por María Evangelina de León Rodríguez, contra actos del Juez Segundo Letrado en Materia Civil del Distrito Judicial de Saltillo residencia en esta ciudad y otras autoridades, al declararse legalmente incompetente para resolver la demanda en cuestión. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga el similar que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza acepta la competencia y se avoca al conocimiento de la demanda de referencia, acúsese el recibo de estilo respectivo; fórmese expediente, regístrese la demanda en el libro de gobierno respectivo con el estadístico 2159/2021, e ingrésese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 2.- Desechamiento. Este órgano considera que en la especie, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, resulta procedente desechar por notoriamente improcedente la misma, por los motivos que a continuación se expresan. Tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de garantías para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". La tesis en cuestión, explica que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que éste motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierta, en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. Tiene aplicación a lo anterior, el siguiente criterio jurisprudencial, sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 648, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA.- El artículo 145 de la Ley de Amparo precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." En ese contexto, este órgano jurisdiccional considera que con relación a los actos reclamados en la demanda de garantías se surte de un modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." En principio, es de importancia señalar que uno de los principios fundamentales que rigen el juicio de garantías, y que se encuentran consignados en el artículo 107 constitucional, lo es el de definitividad, el cual consiste en que para ser procedente aquél, deben agotarse previamente todos los recursos ordinarios que señale la ley que rija el acto que se reclame, salvo las excepciones que la misma ley establezca. Resulta aplicable a lo anterior la jurisprudencia I.6o.C. J/37 sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XV, Mayo de 2002, página 902, con el rubro y texto siguientes: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Del análisis integral de la demanda en estudio se desprende, que la parte quejosa señala como actos reclamados: ( la falta de emplazamiento y todo lo actuado dentro del juicio ejecutivo mercantil 2470/2021, y en forma destacada la actuación de once de agosto de dos mil veintiuno. En el caso concreto, la parte peticionaria de amparo, reclama en esta vía constitucional, un acto sobre el cual procede el recurso de revocación previsto en el artículo 1334 del Código de Comercio, el cual dispone que: "Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el Juez que los dictó o por el que lo sustituya en el conocimiento del negocio" Como se puede apreciar, este arábigo establece el medio de impugnación ordinario contra aquellos autos que no fueren apelables, esto, atendiendo al criterio del monto del negocio; circunstancia esta última que si bien no se encuentra plenamente demostrada, lo cierto es que atendiendo a que las autoridades señaladas por la parte quejosa como responsables, lo son juzgados menores, se infiere que la cuantía reclamada como suerte principal en el de origen es inferior a $705,379.03 (setecientos cinco mil trescientos setenta y nueve pesos 03/100 moneda nacional). Así pues, de la anterior transcripción, se deduce que todos los autos o decretos dictados en un juicio mercantil que no admitan el recurso de apelación, son impugnables mediante el recurso de revocación previsto en el artículo 1334 del Código de Comercio, sin que obste la etapa procedimental en la que se encuentren. De ahí que, en la especie, previo a la instauración del juicio de garantías, la peticionaria de amparo debió interponer dicho medio de impugnación, a virtud de que de la demanda que nos ocupa, se desprende que la aquí quejosa es parte demandada en el juicio natural; por lo que estaba en condiciones de intentar el recurso procedente, esto es, el de revocación, el cual tiene como efecto, modificar o revocar el acto tildado de inconstitucional y, al no hacerlo así, es claro que soslayó agotar el principio de definitividad, presupuesto que es indispensable para la procedencia del juicio de amparo, ya que la promoción del procedimiento constitucional se restringió a los casos en los cuales la determinación reclamada no tuviere remedio jurídico alguno dentro de las disposiciones del orden común. Resulta aplicable a lo anteriormente considerado, la Jurisprudencia 70/2013 (10ª), aprobada por la Primera Sala de nuestro más Alto Tribunal, en sesión de diecinueve de junio de dos mil trece, pendiente de publicación, bajo el rubro y texto siguiente: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012). De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, este último reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que los autos y decretos recaídos en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al previsto en el artículo 1339, reformado por el mismo decreto, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el recurso de apelación. Lo anterior, ya que la intención del legislador al usar la expresión "son irrecurribles", en el párrafo primero del citado artículo 1339, fue definir que no son impugnables específicamente mediante el recurso de apelación aquellas resoluciones, como se advierte de la parte conducente del proceso legislativo de la citada reforma, así como de su párrafo cuarto, el cual establece que las sentencias recurribles conforme al primer párrafo del propio artículo, atendiendo a la cuantía, serán apelables, aunado a que el contenido normativo integral forma parte del libro quinto "De los Juicios Mercantiles", título primero "Disposiciones Generales", capítulo XXV, denominado "De la Apelación", del propio Código de Comercio, que se ocupa de regular la apelación mercantil. Por tanto, constituye regla general que los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil, cuando su monto sea inferior al señalado, son impugnables mediante el recurso de revocación. Además, debe tenerse presente que el juicio ejecutivo mercantil es de tramitación especial en el Código de Comercio, por lo que acorde con el contenido conducente del artículo 1390 bis 1, no es susceptible de tramitarse en la vía oral mercantil (cuyas resoluciones no admiten recurso ordinario alguno). Es aplicable, igualmente a lo anterior la Jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro X, correspondiente al mes de Julio de 2012, Tomo 1, materia común, visible a Fojas 729, bajo el rubro y texto siguiente: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL.- De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." Por otro lado, respecto al acto consistente en la diligencia de emplazamiento y señalamiento de bienes para embargo, de once de agosto de dos mil veintiuno, practicada por la autoridad ejecutora, procede el incidente de nulidad de actuaciones. En efecto, es pertinente destacar que en el juicio natural número 2470/2021, del índice de la autoridad responsable, se desprende que la quejosa y otro figuran como partes demandadas, de lo que se sigue que antes de acudir al juicio extraordinario de amparo, debieron agotar el medio ordinario de defensa procedente, es decir, el incidente de nulidad de actuaciones que prevé el Código de Comercio, que se encuentra regulado en los artículos 1394, 1395, 1414 y 1357, que establecen lo siguiente: "Artículo. 1,394. La diligencia de embargo se iniciará con el requerimiento de pago al demandado, su representante o la persona con la que se entienda, de las indicadas en el artículo anterior; de no hacerse el pago, se requerirá al demandado, su representante o la persona con quien se entiende la diligencia, para que señale bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas, apercibiéndolo que de no hacerlo, el derecho para señalar bienes pasará al actor. A continuación, se emplazará al demandado. .La diligencia de embargo no se suspenderá por ningún motivo, sino que se llevará adelante hasta su conclusión, dejando al demandado sus derechos a salvo para que los haga valer como le convenga durante el juicio." "Artículo 1,395. En el embargo de bienes se seguirá este orden: I. Las mercancías; II. Los créditos de fácil y pronto cobro, a satisfacción del actor; III. Los demás muebles del demandado; IV. Los inmuebles; V. Las demás acciones y derechos que tenga el demandado. Cualquiera dificultad suscitada en el orden que deba seguirse, no impedirá el embargo. El ejecutor la allanará, prefiriendo lo que prudentemente crea más realizable, a reserva de lo que determine el juez. Tratándose de embargo de inmuebles, a petición de la parte actora, el juez requerirá que la demandada exhiba el o los contratos celebrados con anterioridad que impliquen la transmisión del uso o de la posesión de los mismos a terceros. Sólo se aceptarán contratos que cumplan con todos los requisitos legales y administrativos aplicables. Tratándose de embargo de bienes muebles, el mismo deberá realizarse en la Sección Única del Registro Único de Garantías Mobiliarias del Registro Público de Comercio. Una vez trabado el embargo, el ejecutado no puede alterar en forma alguna el bien embargado, ni celebrar contratos que impliquen el uso del mismo, sin previa autorización del juez, quien al decidir deberá recabar la opinión del ejecutante. Registrado que sea el embargo, toda transmisión de derechos CÓDIGO DE COMERCIO CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Secretaría General Secretaría de Servicios Parlamentarios Última Reforma DOF 28-03-2018 162 de 233 respecto de los bienes sobre los que se haya trabado no altera de manera alguna la situación jurídica de los mismos en relación con el derecho que, en su caso, corresponda al embargante de obtener el pago de su crédito con el producto del remate de esos bienes, derecho que se surtirá en contra de tercero con la misma amplitud y en los mismos términos que se surtiría en contra del embargado, si no hubiese operado la transmisión. Cometerá el delito de desobediencia el ejecutado que transmita el uso del bien embargado sin previa autorización judicial.". "Artículo 1,357.- Las disposiciones de este capítulo serán aplicables a los incidentes que surjan en los juicios ejecutivos y demás procedimientos especiales mercantiles que no tengan trámite específicamente señalado para los juicios de su clase.". "Artículo. 1,414. Cualquier incidente o cuestión que se suscite en los Juicios Ejecutivos Mercantiles será resuelto por el juez con apoyo en las disposiciones respectivas de este Título; y en su defecto, en lo relativo a los incidentes en los Juicios Ordinarios Mercantiles; y a falta de uno u otro, a lo que disponga el Código Federal de Procedimientos Civiles, o en su defecto la ley procesal de la Entidad Federativa correspondiente, procurando la mayor equidad entre las partes sin perjuicio para ninguna de ellas." De lo anterior, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones que la ley ordinaria contemple algún recurso o medio de defensa, por virtud del cual puede modificarse, revocarse o nulificarse la determinación impugnada. De igual forma, se advierte que dentro de un juicio ejecutivo mercantil la parte demandada tiene la oportunidad de defenderse del embargo en caso de que considere se le afectó en el desahogo de esa diligencia, a través del incidente respectivo, el cual debe promover previo a la presentación de la demanda de amparo indirecto. Ahora, atendiendo a que el juicio de amparo, como juicio extraordinario únicamente procede en contra de actos definitivos, entendiéndose por estos, aquéllos en contra de los cuales no exista recurso alguno o medio de defensa cuya substanciación pueda dar lugar a la modificación, revocación o anulación de los mismos, y como en la especie, era procedente tramitar el incidente de nulidad correspondiente contra el acto reclamado consistente en la diligencia de señalamiento de bienes para embargo de trece de septiembre del presente año, por lo que al no haberlo hecho así, la quejosa no cumplió con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Apoya lo anterior, el criterio sostenido en la tesis VI.2o.C.566 C del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito visible en la página 1628, Tomo XXVI, Agosto de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Civil de rubro y texto: "EMBARGO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. EL DEUDOR QUE ESTIME ILEGAL EL TRABADO EN SU CONTRA DEBE IMPUGNARLO EN VÍA INCIDENTAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De los artículos 1394, tercer párrafo y 1414 del Código de Comercio, este último anterior a las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 13 de junio de 2003, se advierte que el legislador otorgó al deudor la oportunidad de defenderse, en caso de que resulte afectado en la ejecución de la diligencia de embargo, a través de la acción incidental prevista en el segundo de los numerales mencionados. Por tanto, a fin de cumplir con el principio de definitividad, el demandado en un juicio ejecutivo mercantil que estime ilegal el embargo trabado en su contra, debe impugnar dicha diligencia en la referida vía incidental, previo a la promoción del juicio de amparo indirecto, pues a través de aquélla puede nulificarse la actuación procesal impugnada por el agraviado. De lo contrario, el juicio de garantías resulta improcedente, en términos de lo dispuesto por la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo." De igual manera, resulta aplicable a las consideraciones expuestas, la tesis visible en la página 201, del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Tomo V, Segunda parte, Enero-Junio 1990, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época que a la letra dice: "EMBARGO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. ES IMPUGNABLE EN LA VIA INCIDENTAL. En términos de lo establecido por los artículos 1394 y 1395, éstos en relación con los diversos preceptos 1357 y 1414, todos del Código de Comercio, el acta de embargo practicado en el juicio ejecutivo mercantil, puede ser impugnada mediante el incidente correspondiente, cuando el afectado estime que la actuación del funcionario que ejecutó esa diligencia, no se ajustó a lo previsto por la ley; luego, si el quejoso no atacó oportunamente tal acta en la vía señalada, es evidente que se conformó con la misma y por tanto, deben desestimarse sus argumentos que sobre ese aspecto haga valer con posterioridad respecto de resoluciones mediante las cuales sea requerido para la entrega de los bienes sobre los cuales se efectuó la traba." En esta tesitura, es inconcuso que si en contra de la actuación de once de agosto reclamada, procede el incidente de nulidad a que se refieren el precepto legal antes señalado, debió ser agotado por la parte quejosa, -al ser parte en el procedimiento de origen- previo a ejercer la acción de amparo, de conformidad con el principio de definitividad que se exige en el juicio de garantías. De igual forma, es aplicable la tesis jurisprudencial I.6o.C. J/37, del Sexto Tribunal colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 902, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." En ese sentido, en virtud de que la solicitante de amparo se encontraba en aptitud de accionar sus defensas ordinarias en cuanto a la nulidad de la actuación que estima ilegal, sin que al efecto lo haya hecho, es claro que se actualiza la causa de improcedencia en comento. Ante tales circunstancias, al surtirse en el caso la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la demanda de amparo por notoriamente improcedente, pues no existe duda en que se pueda formar un criterio distinto. Asimismo, resulta aplicable al caso, la jurisprudencia 986, sostenida por el entonces único Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, materia común, página 678, que dice: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, e ingrésese esta determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 3.- Domicilio y autorizados de la parte quejosa. Por otro lado, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda de garantías como autorizados en términos del artículo 12 de la ley de amparo a Antonio Leal Solis, Rodrigo Covarrubias Saucedo y Fabiola Onil Tapia Pinales por encontrarse legalmente autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, al contar con su cédula profesional debidamente registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para el efecto de oir y recibir notificaciones a Adriana Aracely Rivera Pérez, por no contar con su cédula inscrita en dicho sistema. 4.- Dispositivos ópticos. Se autoriza el uso de dispositivos ópticos en términos de la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal en dieciocho de marzo de dos mil nueve. 5.- Habilitación actuarial. En términos del artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. 6.- Exhortación a juicio en línea. Se exhorta a las partes para que hagan uso de las herramientas tecnológicas y continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; debiendo en su caso proporcionar el usuario respectivo, así como solicitar la notificación vía electrónica. 7.- Expediente electrónico. De acuerdo con el artículo 3 de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley. 8.- Protección de datos personales. En términos de los artículos 23, 70, fracción XXXVI y 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa; y los numerales 25, 26, 27, 31 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace el conocimiento de las partes que el asunto clasifica como información NO RESERVADA, por tanto, se les previene para que expresen si están de a cuerdo en que se publiquen sus nombres y datos personales, en el entendido de que la falta de oposición implica su consentimiento para que el trámite de este juicio se publique sin supresión de datos. 9.- Digitalización de expediente. Se instruye a la Oficial Judicial y al Secretario encargados de este expediente, para efectos de que se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el presente asunto, asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica, se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Notifíquese y personalmente. Así lo acordó y firma Claudia Luz Hernández Sánchez, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo, asistida del Secretario Miguel Arturo Peña Díaz, quien certifica que la promoción de cuenta y este acuerdo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Certifico y doy fe.

  4. Principal

    Se notifica a la parte quejosa el auto de 10 de diciembre 2021 por medio de lista de conformidad con los artículos 26 fracción III y 29 de la Ley de Amparo, toda vez que no compareció en el recinto oficial de este Juzgado, no obstante el aviso que se le dejó para tal efecto según lo establecido por el artículo 27, fracción I, c.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Coahuila · 12,161 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano