María Eva Rasgado Martínez
Expediente 519/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 519/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 18/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- María Eva Rasgado Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio señalado en la cuenta para que surta sus efectos legales correspondientes, por medio del cual, el magistrado Instructor de la Tercera Ponencia de la Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo y Primera Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en la Ciudad de México, acusa recibo del oficio 15111/2023, con el cual se le comunicó que la sentencia dictada en autos había quedado firme. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de agosto de dos mil veintitrés. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó este juicio ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese este asunto como total y definitivamente concluido. II. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. III. Debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3, fracción XX, del Acuerdo General de mérito y que este sumario constitucional en sentencia se sobreseyó, quien provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el precepto 20, fracción I, del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. IV. Una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción de este asunto. V. En términos de los artículos 34 y 44 del multicitado acuerdo, realícense las anotaciones correspondientes. Notifíquese.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que resuelve el juicio de amparo indirecto 519/2023 promovido por ********************, contra actos que reclama de la Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo y Primera Sala Auxiliar con sede en la Cuidad de México. El problema jurídico en el presente asunto exige analizar, en el caso de que se cumplan los presupuestos procesales correspondientes para el dictado de una sentencia de fondo, si la omisión reclamada vulnera en perjuicio de la inconforme el derecho sustantivo a una tutela judicial efectiva reconocido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ANTECEDENTES A través del escrito presentado el veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, ******************** demandó la nulidad de la negativa ficta recaída a su escrito presentado el veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, ante la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a través del cual, solicitó información sobre los incrementos de su pensión por jubilación, así como el pago de las diferencias que resultaban a su favor con motivo de dichos incrementos. El conocimiento de tal nulidad correspondió, originalmente, a la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en Oaxaca, registrándola con el número de expediente 3749/19-15-01-3. Empero, mediante proveído de quince octubre de dos mil diecinueve, se hizo del conocimiento de las partes la remisión de dicho asunto a la Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo y Primera Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa con sede en la Ciudad de México, para su tramitación y resolución hasta su total conclusión, esto, bajo el número de expediente ********************. Seguido el trámite en sus fases el doce de agosto de dos mil veinte, la Sala responsable dictó sentencia en la que se declaró la nulidad de la negativa ficta controvertida por la aquí quejosa. La referida determinación, fue confirmada por los Magistrados integrantes del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, al resolver el recurso de revisión fiscal 300/2021. El treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, ante la Oficialía de Partes de la Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo y Primera Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa con sede en la Ciudad de México, la parte actora en el juicio de origen -aquí quejosa-, promovió recurso de queja contra el incumplimiento a la sentencia de doce de agosto de dos mil veinte, del Delegado Estatal Oaxaca, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. El dos de febrero siguiente, se admitió a trámite la queja interpuesta, donde se requirió a la responsable para que dentro del plazo de ley rindiera su informe respectivo. Al considerar la autoridad jurisdiccional que el aludido recurso de queja se encontraba debidamente integrado, mediante resolución de dos de marzo de dos mil veintitrés, dictó la interlocutoria respectiva en la cual, el citado tribunal determinó que existía incumplimiento de la sentencia de mérito, circunstancia por la cual, requirió al Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, para que, dentro del plazo de tres días, cumpliera con la sentencia de doce de agosto de dos mil veinte, sin que aquella autoridad lo hiciera. Circunstancia por la cual, mediante acuerdo de trece de abril de dos mil veintitrés, la autoridad responsable colegiada requirió al Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado en Oaxaca, para que dentro de diez días hábiles cumpliera con la aludida sentencia, dado que hasta esa fecha no existía constancia de que la autoridad demandada hubiese atendido el fallo de nulidad, bajo el apercibimiento de la imposición de una multa (sin especificar el monto). Inconforme con el incumplimiento de la sentencia de nulidad dictada en el expediente ********************, el tres de abril de este año, la quejosa ******************** presentó ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca demanda de amparo. Juicio de amparo que quedó registrado bajo el número de expediente 339/2023 de esta estadística, en el cual mediante sentencia de veintitrés de mayo del año en curso se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la disidente para efectos de que la responsable Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo y Primera Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa con sede en la Ciudad de México, continúe con el procedimiento de ejecución de la sentencia dictada en el juicio de nulidad ******************** a fin de llevar a cabo el total cumplimiento del fallo. Resolución que al no ser recurrida por la parte quejosa, adquirió firmeza mediante auto que la declaró ejecutoriada el nueve de junio de dos mil veintitrés, procediéndose al requerimiento del cumplimiento de la sentencia amparadora, expediente que actualmente se encuentra en vía de cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Siendo los datos anteriores los que se advierten del expediente de origen. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO ********************, presentó un escrito el veintidós de mayo de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos reclamados a la Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo y Primera Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa con sede en la Ciudad de México y otra autoridad. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. La demanda de amparo fue turnada a este órgano jurisdiccional el veintitrés de mayo de dos mil veintitrés y por auto de veinticuatro de mayo siguiente, se admitió a trámite registrándose bajo el número de expediente 519/2023, se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables y se dio vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado. Por auto de veintisiete de junio de dos mil veintitrés, se dejó de tener como autoridad responsable al "Delegado Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado", por lo que en la siguiente resolución no se hará mención alguna respecto de ésta. La audiencia constitucional, tuvo verificativo en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en contra de actos en materia administrativa y los actos reclamados tendrán ejecución dentro de la jurisdicción de este órgano. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo, permite sostener que la quejosa ******************** reclama de la autoridad responsable lo siguiente: Autoridad responsable: Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo y Primera Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa con sede en la Ciudad de México. Acto reclamado. la omisión de hacer efectivas las medidas para lograr el cumplimiento de la sentencia dictada en su favor el doce de agosto de dos mil veinte, en el juicio contencioso administrativo federal de nulidad ********************. V. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Por razón de método en toda sentencia de amparo, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar, debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen y, por último, de ser procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia XVII.2o. J/10, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 68, Tomo 76, abril de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 212775, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Es cierto el acto atribuido a la Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo y Primera Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa con sede en la Ciudad de México, consistente en la omisión de adoptar las medidas efectivas a fin de lograr el cumplimiento de la de la sentencia dictada el doce de agosto de dos mil veinte, en el juicio ********************, esto es porque si bien, en su informe justificado negó la existencia de la omisión que se le atribuye, esa negativa se desvirtúa a pesar de las manifestaciones que realizó para justificar su conducta. Lo anterior, toda vez que, de las constancias que obran en autos, las cuales adquieren valor probatorio pleno en su carácter de documentales públicas, de conformidad con lo previsto en los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se advierte la existencia del acto que le reprocha la disidente en este sumario. En ese orden, este juzgado constitucional tiene por ciertos los actos omisivos reclamados, porque a la fecha de presentación de la demanda -veintidós de mayo de dos mil veintitrés-, la Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo y Primera Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa con sede en la Ciudad de México, a pesar de haber requerido el cumplimiento de la sentencia, lo cierto es que no había vencido la contumacia del ente público condenado. La determinación anterior tiene sustento en la tesis aislada emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Es por ello que, queda demostrada la certeza de los actos omisivos combatidos; toda vez que la sala responsable no ha adoptado medidas eficaces para que la autoridad demandada dé cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de origen. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 sustentada por el Pleno del Alto Tribunal de la Nación20, de contenido siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." En consecuencia, se procede a efectuar el análisis respecto de la procedencia del juicio. VI. OPORTUNIDAD La demanda de garantías se presentó oportunamente, toda vez que, al reclamarse actos omisivos no corren los términos a que se refieren los artículos 17 y 20 de la Ley de Amparo, en razón de lo cual, la demanda puede presentarse en cualquier tiempo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 43/2003 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVIII, agosto de 2003, página 1296, novena época, con registro digital 183581, de rubro y texto siguiente: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece plazo específico para la promoción de la controversia constitucional respecto de omisiones, entendiéndose por éstas las que implican un no hacer del órgano demandado y que por su especial naturaleza crean una situación permanente que no se subsana mientras subsista la omisión, de tal suerte que dicha situación se genera y reitera día a día, lo que produce consecuencias jurídicas que se actualizan de igual forma. Esta peculiaridad lleva a considerar que el plazo para su impugnación se actualiza día a día mientras la omisión subsista." VII. ESTUDIO DE LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, en principio, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa; de orden público y estudio preferente. Lo anterior encuentra sustento jurídico en la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, localizable en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte TCC, página 553, materia Común, Octava Época, bajo el rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." El suscrito advierte que, respecto del acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, en relación a la fracción X de dicho numeral, precepto que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior. [.]" -Lo resaltado es propio.- Al respecto, se estima oportuno destacar que el legislador estableció la improcedencia del juicio constitucional cuando el acto reclamado haya sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo; por lo que, es indispensable precisar doctrinalmente, qué debe entenderse por el concepto "materia de una ejecutoria", a efectos de demostrar la causa de improcedencia invocada, ya que en la Ley de Amparo no existe precisión en este sentido. Sobre el tema, el Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde lo previsto en su segundo arábigo, prescribe en los diversos numerales 354, 355, 356 y 357, lo siguiente: "Artículo 354. La cosa juzgada es la verdad legal, y contra ella no se admite recurso ni prueba de ninguna clase, salvo los casos expresamente determinados por la ley. Artículo 355. Hay cosa juzgada cuando la sentencia ha causado ejecutoria. Artículo 356. Causan ejecutoria las siguientes sentencias: I. Las que no admitan ningún recurso; II. Las que, admitiendo algún recurso, no fueren recurridas, o, habiéndolo sido, se haya declarado desierto el interpuesto, o haya desistido el recurrente de él, y III. Las consentidas expresamente por las partes, sus representantes legítimos o sus mandatarios con poder bastante. Artículo 357. En los casos de las fracciones I y III del artículo anterior, las sentencias causan ejecutoria por ministerio de la ley; en los casos de la fracción II se requiere declaración judicial, la que será hecha a petición de parte. La declaración se hará por el tribunal de apelación, en la resolución que declare desierto el recurso. Si la sentencia no fuere recurrida, previa certificación de esta circunstancia por la Secretaría, la declaración la hará el tribunal que la haya pronunciado, y, en caso de desistimiento, será hecha por el tribunal ante el que se haya hecho valer. La declaración de que una sentencia ha causado ejecutoria no admite ningún recurso." -Lo resaltado es propio.- En esta tesitura, se advierte que las resoluciones que se emitan en los juicios causan ejecutoria, según lo prescrito en la legislación procesal, cuando no fueren recurridas, o, habiéndolo sido, se haya declarado desierto el recurso interpuesto, o haya desistido el recurrente de él, mientras que la cosa juzgada es la verdad legal, y contra ella no se admite recurso ni prueba de ninguna clase; sin embargo, es importante poner de relieve que aun cuando este ordenamiento legal es de aplicación supletoria a la ley de la materia, su regulación no es específica en los casos concretos que se presentan en los fallos constitucionales. De ahí que sea oportuno destacar que el legislador no hizo distinción respecto a la aplicación del concepto "ejecutoria", cuando las resoluciones quedan firmes en los tipos de sentencia que se emiten en los diversos juicios constitucionales, en el caso concreto, concesiones de amparo, negativas o sobreseimientos; empero, esa deficiencia legislativa se ha visto subsanada por las interpretaciones derivadas de las costumbres jurídicas, por lo que, se declara que las resoluciones causan ejecutoria cuando su obligatoriedad conlleva aparejado un actuar, específicamente, conforme lo establecido en el artículo 77 de la Ley de Amparo, pues éste prescribe que la sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la prerrogativa individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la prerrogativa de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma exija; mientras que, las resoluciones causan estado cuando no existen efectos materiales que restituirle al quejoso con la emisión del fallo constitucional. Ahora bien, en el presente asunto la quejosa ********************, esencialmente reclama a la Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo y Primera Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa con sede en la Ciudad de México, la omisión de realizar las gestiones necesarias a efecto de la sentencia dictada en el expediente ********************, quede cumplida. Disidencia que ya fue materia de un diverso juicio de amparo, a saber el 339/2023 de esta estadística, en el que mediante sentencia de veintitrés de mayo del año en curso se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la disidente para efectos de que la responsable Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo y Primera Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en la Ciudad de México, continúe con el procedimiento de ejecución de la sentencia dictada en el juicio de nulidad ******************** a fin de llevar a cabo el total cumplimiento del fallo. Resolución que al no ser recurrida por la parte quejosa, adquirió firmeza mediante auto que la declaró ejecutoriada el nueve de junio de dos mil veintitrés, procediéndose al requerimiento del cumplimiento de la sentencia. Lo que se invoca, como un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición del numeral 2°. Sirve de apoyo la tesis XXII.J/12 sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo V, Enero de 1997, página 295, novena época, con registro digital 199531, de rubro y texto siguiente: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento." Por lo anterior, quien esto provee determina que en el caso se encuentra plenamente probada la improcedencia invocada; en razón, que como se expuso en párrafos que anteceden, en este órgano jurisdiccional se tramitó el juicio de amparo 339/2023 promovido por ********************, el cual fue promovido en contra de los mismos actos atribuidos a las mismas autoridades que en la demanda de amparo que se atiende en este asunto. Por lo tanto, resulta jurídicamente imposible estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto que se reclama en el presente asunto, pues fue materia de estudio en la sentencia dictada en el diverso 339/2023, de este índice, en el que se concedió el amparo a la parte quejosa y que actualmente se encuentra en vía de cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que ningún fin practico tendría avocarse al estudio de un asunto que ya fue analizado y que fue resuelto en pro de los derechos de la aquí quejosa. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. VIII. DECISIÓN Por consiguiente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio constitucional en que se actúa. Sobreseimiento que se decreta en términos de lo previsto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, conforme a lo expuesto en el apartado VII de este fallo. Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE UNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, por las consideraciones expuestas en el considerando VII de esta resolución. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de julio de dos mil veintitrés. Con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado descrito en la cuenta y téngase como prueba del Presidente de la Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo y Primera Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en la Ciudad de México, la documental que remite para tal efecto. Con el informe y la documental referida con antelación, dése vista a las partes. Dada la voluminosidad de las constancias remitidas, fórmese un tomo de pruebas por cuerda separada, mismo que estará a disposición de las partes para su consulta. NOTIFÍQUESE.
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