María Eva Nolasco Altamirano y Otros.
Expediente 521/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 521/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 25/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- María Eva Nolasco Altamirano y Otros.
- María Eva Nolasco Altamirano
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales correspondientes el oficio 98/2019, del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, mediante el cual comunica el proveído de ocho de este propio mes de enero, dictado en el recurso de queja 7/2019, de su índice, donde se aprecia que se ordenó agregar las constancias enviadas por oficio 31, de dos del actual, y se admitió dicho medio de impugnación interpuesto por las quejosas MARÍA EVA NOLASCO ALTAMIRANO, ADRIANA GÓMEZ NOLASCO y GISELA GÓMEZ NOLASCO, a través de su Apoderado General para Pleitos y Cobranzas y Actos de Administración Gabriel Santiago Hernández, contra el acuerdo de diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, dictado en el presente juicio.
- Principal
Vista la cuenta Secretarial, se provee: Agréguese a los presentes autos la demanda de amparo promovida por GABRIEL SANTIAGO HERNÁNDEZ, quien se ostenta como Apoderado General para Pleitos y Cobranzas y Actos de Administración de MARÍA EVA NOLASCO ALTAMIRANO, ADRIANA GÓMEZ NOLASCO Y GISELA GÓMEZ NOLASCO, contra actos del Juez Primero de lo Familiar, residente en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, y anexo que acompaña, consistente en: Copia certificada y simple del instrumento público treinta y cinco mil trescientos noventa y uno (35,391), de veintiocho de julio de dos mil dieciséis, del protocolo de la Notaria número cuarenta y uno del Estado de Oaxaca y del Patrimonio Inmueble Federal, con residencia en Juchitán, Oaxaca, licenciada María de la Luz Emelia Martínez Carballido, que contiene el poder general para pleitos y cobranzas y actos de administración, otorgado a su favor por las aludidas quejosas. Consecuentemente, regístrese en el libro de gobierno respectivo y fórmese el expediente de amparo con el número que le corresponda. Ahora, se le tiene reconocida la personalidad con que se ostenta, por acreditarla en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, con la citada documental, probanza a la que se le confiere valor probatorio pleno, en su calidad de documento público, en razón que fue expedido por un funcionario público revestido de fe pública y en el ejercicio de sus funciones en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2. Antes de proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, resulta necesario examinar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo.1 Con esa base, de la lectura integral de la demanda, se desprende que la parte quejosa reclama la resolución de dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, dictada en el expediente 419/2016 del índice del Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, promovido por Cruz Angela Gómez 'Pineda, como apoderada General para Pleitos y Cobranzas y Actos Administrativos de María Eva Nolasco, Gisela, ambas de apellidos Gómez Nolasco, quien denunció el juicio sucesorio intestamentario de Flaviano Gómez Jiménez. Así, para determinar si el juicio de amparo es procedente o no, hay que acudir a lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 107, fracción V, y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, los cuales en su orden disponen: .... Los primeros preceptos transcritos, interpretados en sentido contrario, conducen a sostener que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Aunado a lo anterior, cabe señalar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 37/20142, sostuvo que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte", que con esa aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Asimismo, el mencionado Tribunal Pleno estableció que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del . amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En ese orden se concluye que los actos de imposible reparación son aquellos que afectan derechos sustantivos, como la libertad, la posesión jurídica, la propiedad, etcétera, tutelados por los derechos humanos, imposible de restituir incluso ni en el caso de que el interesado obtenga sentencia favorable en el procedimiento jurisdiccional de que se trate. En ese sentido, teniendo en cuenta esas directrices, no debe perderse de vista que contra las violaciones cometidas en un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo, siempre y cuando aquéllas afecten las defensas de la parte quejosa, trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, se reitera, procede el amparo indirecto, por lo que cuando los actos en el juicio no sean de imposible reparación, no puede sostenerse que afecten de manera irremediable algún derecho sustantivo, sino que tan sólo hacen surgir la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses de la parte afectada. Atendiendo a los argumentos plasmados con antelación, en la especie se actualiza la causa de improcedencia antes referida, dado que el quejoso señala como acto reclamado la resolución de dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, dictado en el expediente 419/2016 del índice del Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, promovido por Cruz Ángela Gómez Pineda, como apoderada General para Pleitos y Cobranzas y Actos Administrativos de María Eva Nolasco, Gisela, ambas de apellidos Gómez Nolasco, quien denunció el juicio sucesorio intestamentario de Flaviano Gómez Jiménez, auto donde la autoridad señalada como responsable resolvió el recurso de revocación que interpuso el quejoso, el cual resolvió de plano y declaró improcedente revocar la parte recurrida del auto de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho; lo cual, no depara un perjuicio de imposible reparación a la parte quejosa para los efectos del juicio de amparo, sino que, en su caso, sólo constituye una violación intraprocesal que afecta sus derechos adjetivos que, por ahora, no es posible determinar si trascenderá al resultado del fallo definitivo que se llegare a dictar en el expediente de reconocimiento de paternidad citado, pues ello dependerá del resultado del recurso de apelación interpuesto por Mario Gutiérrez Pérez, aunado a que no se advierte que la responsable le haya negado derecho alguno al resolver el recurso de revocación de que se duele, sólo reservó acordar lo procedente en relación a la remisión de los autos originales al fedatario público, atendiendo a lo que resuelva la segunda instancia; por ello, con independencia del resultado del recurso de apelación, el aquí quejoso tendrá la oportunidad de defender sus derechos dentro del juicio intestamentario del que deriva el acto reclamado. En efecto, es evidente que el acto que se pretende combatir en esta instancia constitucional sólo produce efectos meramente intraprocesales, más no causan un perjuicio ni afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos de la parte inconforme (propiedades o posesiones); aunado a que se advierte que la responsable de continuar con el trámite solicitado por el promovente, estaría violentado los derechos de un tercero, luego, atendiendo a tal circunstancia, no se considera que el auto de dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, lo deje en estado de indefensión puesto que no se trastocó en su contra algún derecho como los ya citado, puesto que, se reitera, lo único que hizo la responsable fue precisar que el recurso era improcedente, atendiendo a que no sabe cuál será la decisión del Tribunal de segunda instancia, más no lo privó de derecho alguno, sólo señaló la necesidad de esperar a efecto de continuar, en su caso, con lo que ya había acordado con anterioridad. Se invoca en apoyo para ilustrar lo antes afirmado la tesis de datos, texto y rubro siguiente: ... Por tanto, no se encuentra en alguna de las hipótesis a que se contrae el artículo 107, fracción III, inciso b), Constitucional en relación con el diverso numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al no causar un daño de imposible reparación a la parte quejosa en atención al concepto de irreparabilidad que ha quedado expuesto, pues la sentencia que se emita en los autos del juicio natural, incluso le puede resultar favorable en ese sentido y aun en el caso de serle adversa, puede inconformarse contra dicha resolución a través de los medios de impugnación que la ley le otorga. Los criterios invocados, resultan aplicables al caso en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, dado que no se opone a ésta3. Consecuentemente, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, por lo que en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Como lo solicita, «con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de Amparo, previo cotejo de la copia certificada que exhibe el promovente del presente juicio de amparo, para acreditar su personalidad, devuélvase, previa identificación y toma de razón que de su recibo se haga. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala en su escrito de cuenta; asimismo, autorizando con todas las facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, en relación a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, a los licenciados PEDRO CARLOS ZAMORA Y MARTÍNEZ, LUZ MARÍA MARTÍNEZ GARCÍA, NICANDRO CUEVAS OROZCO y ANA KAREN MARTÍNEZ MERCADO, toda vez que a excepción del tercero se encuentran registrada su cédula profesional en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de distrito. En el entendido que por lo que resepecta a Nicando Cuevas Orozco, toda vez que como fue proporcionada el número de la cédula profesional 6468529, se realizó la búsqueda respectiva en el Registro Nacional de Profesiones, encontrándose debidamente registrada; asimismo, ténganse únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos a ARTURO GÓMEZ DOMÍNGUEZ, LAURA LUISA RUIZ CHIÑAS, JORGE DE JESÚS VARELA LÓPEZ, KARELY MARTÍNEZ NICOLÁS y ALMA DELIA LÓPEZ MATUS, en virtud que no están registrados en el sistema computarizado para el registro mencionado. Por otra parte, se autoriza a la parte quejosa para que al momento de la consulta del presente expediente pueda hacer uso de medios electrónicos a fin de capturar o reproducir el contenido de las constancias que obren en el mismo. En el entendido que tales herramientas deberán ser utilizadas con lealtad procesal y que no se deberán reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción, debiendo mediar solicitud verbal en cada acto ante el actuario encargado de este expediente, y por seguridad jurídica se deberá dejar constancia en autos de tal circunstancia. Se invoca en apoyo de lo anterior por resultar exactamente aplicable al caso concreto la tesis cuyo contenido y datos de localización son los siguientes: ... Los criterios jurisprudenciales son aplicables al caso, conforme a lo estipulado en el-artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo vigente, en lo que no se oponga a la misma.
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