María Eva Natalia Hernández Escalante
Expediente 1407/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1407/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 22/11/2023
Partes del expediente
- María Eva Natalia Hernández Escalante
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, téngase por recibido el escrito de cuenta de la quejosa ********************, por medio del cual solicita la devolución de los documentos originales que exhibió en su escrito de demanda y solicita copia certificada por duplicado de todo lo actuado dentro del presente juicio de amparo. En atención a su contenido, con fundamento en los artículos 278 y 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele a su costa las copias certificadas por duplicado y devuélvasele los documentos que menciona en el escrito de mérito, teniéndose por autorizadas para que en su nombre y representación la reciban las personas que cita en el mismo, previa identificación a satisfacción de este juzgado y razón que por su entrega y recibo se asiente en autos. Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales, en el Estado de Puebla, ante Ingrid Jordana Arteaga Hughes, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. De la certificación de cuenta se advierte que ninguna de las partes recurrió el proveído de veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, por medio del cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por lo que, con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2º, de la Ley de Amparo, el referido auto ha causado estado. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con los artículos 14, fracción III, y 20, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, el expediente en que se actúa es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de tres años, ya que se sobreseyó en el presente juicio. De igual manera, como lo dispone el artículo 34 del Acuerdo General en comento, indíquese la leyenda de la valoración que corresponda en la carátula del expediente. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso o digital que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra o, en su caso, una firma digital, el cual es insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". Se hace la precisión de que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. En ese tenor, una vez que ocurra lo anterior, comisiónese al Secretario encargado de la mesa, para que revise y certifique se encuentra completamente integrado el expediente electrónico. Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales, en el Estado de Puebla, ante Ingrid Jordana Arteaga Hughes, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que obra la diligencia de veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés en la que la quejosa María Eva Natalia Hernández Escalante ratificó el escrito de desistimiento. Atento a lo anterior, y toda vez que de los presentes autos se advierte que por escrito presentado el once de septiembre de dos mil veintitrés la quejosa María Eva Natalia Hernández Escalante se desistió del presente juicio de amparo y que mediante diligencia de veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés ratificó dicho escrito ante la presencia judicial. En virtud de lo anterior, se tiene a la parte quejosa por desistida del presente juicio de amparo y con fundamento en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el expediente en que se actúa. El citado precepto establece lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento. En caso de desistimiento se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de tres días, apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuará el juicio. ..." En efecto, cuando la parte quejosa se desiste expresamente de la demanda de amparo, debe sobreseerse en el juicio, debido a que el desistimiento constituye una renuncia a que el juzgado federal en que quedó radicado su escrito de demanda, ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado por él planteado; es decir, renuncia a que el órgano jurisdiccional estudie el acto reclamado respecto la o las autoridades que haya señalado en su demanda de amparo, lo que de suyo implica el desistimiento de la demanda. Sirve de apoyo por analogía, la jurisprudencia 417, visible en la página 358, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, 1911-2000, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE DECRETARSE CUANDO EL ACTOR DESISTA, EXISTIENDO, ADEMAS, RATIFICACION DE LA FIRMA DEL ESCRITO DE DESISTIMIENTO. Si el representante legal del quejoso, con facultades para desistirse del juicio de amparo, presenta escrito de desistimiento del juicio de garantías y, además, ratifica la firma que calza dicho escrito de desistimiento, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como, la jurisprudencia 2a./J. 22/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página 147, del Semanario Judicial de la Federación, y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, de rubro y texto siguiente: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia". En tales condiciones, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, puesto que existe un motivo manifiesto e indudable del mismo, como se advierte de la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo 2003, que se aplica por identidad jurídica sustancial y que es del texto y rubro siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla." Lo anterior, a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa se sobreseimiento invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, la causa por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de veintitrés de mayo de dos mil catorce, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, de rubro siguiente: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL." Por lo anterior, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las nueve horas con cuarenta y cuatro minutos del dos de octubre de dos mil veintitrés. Háganse las anotaciones correspondientes, el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (sise). Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla ante Diana Rodríguez Cruz, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que obra la diligencia de veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés en la que la quejosa María Eva Natalia Hernández Escalante ratificó el escrito de desistimiento. Atento a lo anterior, y toda vez que de los presentes autos se advierte que por escrito presentado el once de septiembre de dos mil veintitrés la quejosa María Eva Natalia Hernández Escalante se desistió del presente juicio de amparo y que mediante diligencia de veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés ratificó dicho escrito ante la presencia judicial. En virtud de lo anterior, se tiene a la parte quejosa por desistida del presente juicio de amparo y con fundamento en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el expediente en que se actúa. El citado precepto establece lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento. En caso de desistimiento se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de tres días, apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuará el juicio. ..." En efecto, cuando la parte quejosa se desiste expresamente de la demanda de amparo, debe sobreseerse en el juicio, debido a que el desistimiento constituye una renuncia a que el juzgado federal en que quedó radicado su escrito de demanda, ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado por él planteado; es decir, renuncia a que el órgano jurisdiccional estudie el acto reclamado respecto la o las autoridades que haya señalado en su demanda de amparo, lo que de suyo implica el desistimiento de la demanda. Sirve de apoyo por analogía, la jurisprudencia 417, visible en la página 358, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, 1911-2000, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE DECRETARSE CUANDO EL ACTOR DESISTA, EXISTIENDO, ADEMAS, RATIFICACION DE LA FIRMA DEL ESCRITO DE DESISTIMIENTO. Si el representante legal del quejoso, con facultades para desistirse del juicio de amparo, presenta escrito de desistimiento del juicio de garantías y, además, ratifica la firma que calza dicho escrito de desistimiento, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como, la jurisprudencia 2a./J. 22/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página 147, del Semanario Judicial de la Federación, y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, de rubro y texto siguiente: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia". En tales condiciones, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, puesto que existe un motivo manifiesto e indudable del mismo, como se advierte de la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo 2003, que se aplica por identidad jurídica sustancial y que es del texto y rubro siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla." Lo anterior, a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa se sobreseimiento invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, la causa por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de veintitrés de mayo de dos mil catorce, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, de rubro siguiente: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL." Por lo anterior, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las nueve horas con cuarenta y cuatro minutos del dos de octubre de dos mil veintitrés. Háganse las anotaciones correspondientes, el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (sise). Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla ante Diana Rodríguez Cruz, Secretaria que autoriza. Doy fe.
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