María Eva Alejandra Bonola García
Expediente 1552/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 7 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1552/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 07/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- María Eva Alejandra Bonola García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a siete de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de dicho ordenamiento, contra la sentencia de diez de febrero de dos mil veintitrés, en la que en su primer resolutivo sobreseyó y en el segundo negó la protección constitucional en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que dicha sentencia ha CAUSADO EJECUTORIA. Sin que sea el caso realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del citado recurso, en atención a que lo resuelto no les irroga perjuicio alguno. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Conforme a lo anterior y toda vez que en el presente asunto se sobreseyó y se negó la protección constitucional a la parte quejosa, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es DEPURABLE; por lo que transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído, deberá procederse a su depuración, para lo cual sólo deberá conservarse la demanda de amparo, la sentencia que puso fin al juicio y el presente acuerdo. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente carece de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado. En mérito de lo anterior, se ordena el desglose de las constancias que adjuntó la autoridad responsable a su informe justificado, consistente en copia certificada del expediente 275/2017 del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, las cuales obran a fojas 46 a la 185; sin que sea necesario requerir el acuse de recibo, toda vez que el mismo correrá agregado en autos, una vez realizada la devolución correspondiente. No se omite señalar que tal como se precisó en la certificación, existen documentos catalogados como no originales que exhibió la parte quejosa en su escrito de demanda, respecto de los cuales se autoriza su devolución en caso de que así lo solicite. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante la Secretaria de Juzgado Artemisa Venus Fernández Ángel, que autoriza y da fe.
- Principal
En Apizaco, Tlaxcala, siendo las diez horas con cincuenta y dos minutos del diez de febrero de dos mil veintitrés, hora y día señalados en autos para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1552/2022-II, promovido por María Eva Alejandra Bonola García, por conducto de su apoderado legal Manuel Castañeda Hernández, se procede a efectuarla en presencia de la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, asistida de Damayanty Rojas Huerta, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, por lo cual la declara abierta. Acto seguido, la Secretaria certifica: Que en las instalaciones del órgano jurisdiccional no se presentó en la hora indicada ninguna persona solicitando comparecer a la audiencia físicamente ni por escrito, aunado a que las partes no manifestaron su deseo de comparecer a través de videoconferencia, por lo que se desahoga sin asistencia de las partes. A continuación, la Secretaria relaciona las constancias de autos, entre las que se encuentran: 1. la demanda de amparo presentada por María Eva Alejandra Bonola García, por conducto de su apoderado legal Manuel Castañeda Hernández; 2. auto admisorio de veintiocho de diciembre de dos mil veintidós; 3. informes justificados rendidos por las autoridades responsables; y, 4. constancias de emplazamiento de los terceros interesados. Asimismo, se hace constar que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y que los terceros interesados Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, Secretario del Gobierno del Estado, Servicio Nacional del Empleo en Tlaxcala, Instituto de Capacitación para el Empleo del Estado de Tlaxcala (ICATLAX) y Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) se encuentran debidamente emplazados. En relación a lo anterior, la Juez de Distrito acuerda: con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, tómese en consideración al momento de resolver este expediente el informe justificado rendido por la autoridad responsable y ténganse por emplazados al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y a los terceros interesados. Abierto el período de pruebas, la Secretaria hace constar que la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, remitió copia certificada del expediente laboral C.D.T. 275/2017-B, a partir del laudo de cuatro de agosto de dos mil veintidós; asimismo ofreció como pruebas la presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones. Por su parte, la quejosa ofreció como pruebas las documentales públicas electrónicas, consistentes en: 1. acuerdo de dos de octubre de dos mil dieciocho, 2. resolución de dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, 3. escrito de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, presentado ante la responsable, en el que promovió incidente de liquidación de laudo, todos derivados del juicio laboral 275/2017; asimismo, ofreció la instrumental pública de actuaciones y presuncional legal y humana. A lo que la Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas antes referidas, dada su propia y especial naturaleza, con lo anterior se cierra el período probatorio. Abierta la fase de alegatos, la Secretaria hace constar que las partes no hicieron valer tal derecho; a lo que la Juez acuerda: en virtud de que no se formularon alegatos se cierra esta etapa y se procede a dictar la siguiente: S E N T E N C I A Se tiene a la vista, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto número 1552/2022, promovido por María Eva Alejandra Bonola García, por conducto de su apoderado Manuel Castañeda Hernández, contra actos del Pleno del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O S: PRIMERO. Recepción de demanda. Por escrito presentado el veintiséis de diciembre de dos mil veintidós, vía electrónica ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala y recibido el día siguiente hábil en este órgano jurisdiccional, por razón de turno, por María Eva Alejandra Bonola García, por conducto de su apoderado Manuel Castañeda Hernández, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES: Pleno del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala. Actuario adscrito al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala. ACTO RECLAMADO: "a) Del PLENO DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE ESTADO DE TLAXCALA: la omisión de resolver el INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE LAUDO, promovido por la aquí quejosa mediante escrito de fecha diecinueve de septiembre de dos mi veintidós, con relación al laudo dictado por dicho Tribunal el cuatro de agosto de dos mil veintidós, en el expediente radicado ante el mismo con el número 275/2017-B. Resolución a la que no se le ha dado trámite, y por lo tanto, se ha omitido señalar fecha para la audiencia incidental correspondiente. Causando a la aquí quejosa la violación a sus derechos humanos al impedírsele el acceso efectivo a la impartición de justicia. b) Del ACTUARIO adscrito al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, la omisión de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 742 de la Ley Federal del Trabajo; al dejar de notificar personalmente a la aquí quejosa, el acuerdo dictado por el Pleno del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, en el que se señale fecha para el desahogo de la audiencia incidental de LIQUIDACIÓN DE LAUDO, dictado en el expediente 275/2017-B; causándose con tal omisión la violación a sus derechos humanos al impedírsele el acceso efectivo a la impartición de justicia." Acto que considera violan los derechos contenidos en los artículos 1° y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión. Mediante proveído de veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables, se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento, se ordenó emplazar a los terceros interesados y se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, misma que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala con sede en Apizaco es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo establecido por los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 49 y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que los actos reclamados por grado son del conocimiento de un Juez de Distrito; por materia es de naturaleza laboral y porque tiene ejecución dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previamente al estudio de su certeza o inexistencia y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, deben fijarse en forma clara y precisa los actos reclamados. Analizada la demanda de amparo, así como las constancias que integran este juicio, se advierte que el quejoso reclama: La omisión de señalar fecha y hora para la audiencia incidental de liquidación de laudo dictado dentro del expediente laboral C.D.T. 275/2017-B; así como la omisión de notificar el acuerdo que le haya recaído a su petición. Como consecuencia, la omisión de resolver el incidente de liquidación de laudo de mérito. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Las autoridades responsables Presidente y representante legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala y Actuario adscrito a dicho Tribunal, manifestaron no ser cierto el acto que se le reclama (foja ); sin embargo, dichas negativas se desvirtúan, toda vez que del contenido de las constancias que adjuntó el Presidente responsable a su informe de mérito, se advierte que al momento de la presentación de la demanda de amparo, existía la omisión de la notificación del acuerdo materia de la presente litis; documental a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2º; en consecuencia, se tiene por cierto el acto reclamado. Tocante al diverso acto reclamado, consistente en la omisión de resolver el incidente de liquidación de laudo, el Presidente responsable, manifestó ser cierto dicho acto. CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. Al respecto, de las constancias que remitió el Presidente del Tribunal responsable, obra el acuerdo recaído a la petición del quejoso, emitido el veintidós de noviembre de dos mil veintidós, dentro del expediente laboral C.D.T.275/2017-B, en el que se señalaron las ocho horas con treinta minutos del diez de marzo de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo el desahogo de la audiencia incidental de liquidación, mismo que fue notificado a la actora, aquí quejosa María Eva Alejandra Bonola García, el veinte de enero de dos mil veintidós; documentales públicas a la que se les confiere pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por así disponerlo el último párrafo, del artículo 2°, de este último ordenamiento legal. Con lo anterior, se creó una situación jurídica tal como si nunca hubiese existido el acto reclamado, de tal manera que el acto que pretende combatir en su demanda de amparo, ya no le agravia, toda vez que sus efectos quedaron insubsistentes y se restituyó a la parte quejosa en el derecho que estimó violado, razón por la que se actualiza la hipótesis normativa a que se refiere la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la omisión del acto considerado violatorio de los derechos humanos. Con lo anterior, en virtud de que habiendo reclamado la parte quejosa en su libelo de amparo la omisión de señalar fecha y hora para la audiencia incidental de liquidación de laudo dentro del expediente laboral C.D.T.275/2017-B, la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, mediante acuerdo de veintidós de noviembre pasado, dictó auto en el que señaló las ocho horas con treinta minutos del diez de marzo de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia incidental de liquidación, y se notificó a la parte actora actual quejosa, el veinte de enero del presente año. Ante estas circunstancias, es evidente que en la especie se actualiza la causal de improcedencia antes señalada, al haber cesado en sus efectos el acto reclamado, lo que impone SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO respecto del acto reclamado consistente en emitir acuerdo en el que se señale día y hora para la celebración de la audiencia de liquidación de laudo y su correspondiente notificación; lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, Apoya lo anterior, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada CL/1997, siguiente: "Época: Novena Época Registro: 197367 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VI, Noviembre de 1997 Materia(s): Común Tesis: P. CL/97 Página: 71 ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En consecuencia, es inconcuso que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, respecto del acto que reclama el inconforme; por tanto, es procedente SOBRESEER en el presente juicio de amparo. Ahora bien, al no advertirse diversa causal se improcedencia a la antes referida, se procede al análisis de los conceptos de violación que formula la parte quejosa, mismos que no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, ya que dicha circunstancia no la deja en estado de indefensión, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. QUINTO. Análisis del acto reclamado, consistente en la omisión de resolver el incidente de liquidación de laudo. Es fundado pero inoperante el único concepto de violación que hacen valer la quejosa, por las siguientes consideraciones. En esencia, la impetrante argumentan que se transgrede en su perjuicio el derecho contenido en el artículo 17 constitucional, al no respetarse los plazos y términos que fijan las leyes para dictar resolución de liquidación de laudo, de dentro del expediente laboral 275/2017-B, del índice de la autoridad responsable. Resulta pertinente citar el artículo 17 constitucional, el cual establece: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.". Del precepto constitucional en comento se advierte que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia, de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. De ahí que se sostenga que las autoridades deben satisfacer las exigencias de que la justicia que impartan debe ser rápida, porque deben sustanciar y resolver los juicios o procedimientos de que conocen dentro de los plazos y términos legales. Por tanto, con el objeto de cumplir íntegramente con el imperativo constitucional en comento, toda autoridad debe: a) Dictar el acuerdo o resolución correspondiente dentro de los términos señalados; b) Que se notifique en breve término dicho proveído o resolución al interesado conforme a las disposiciones legales que rigen el acto. Ahora, de las constancias que obran en autos relativas al juicio laboral 275/2017, de la estadística del Tribunal del conocimiento, se advierte que mediante proveído de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, ordenó dar trámite al incidente liquidación de laudo, en el que se fijaron las ocho horas con treinta minutos del diez de marzo de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia incidental, en la que las partes ofrecerán pruebas. Ante ello, es inconcuso que la autoridad responsable se encuentra impedida para dictar la resolución del incidente de liquidación de laudo, dentro del expediente laboral 275/2017, de su índice; pues si bien es cierto, la inconforme alega que el Tribunal viola su derecho de impartición de justicia, también lo es, que como se aprecia de autos, la responsable se encuentra impedida para emitir la resolución de mérito, dado que la incidencia de liquidación de laudo, no se encuentra en estado para resolver, por las razones antes apuntadas. Consecuentemente, al ser inoperante el concepto de violación hecho valer por la parte quejosa y al no haber motivo legal para suplir la queja, lo que procede es negar el amparo y protección constitucional solicitada, como se señaló con antelación. SEXTO. Publicación de sentencia. De conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, genérese la versión pública, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y agréguese al expediente el acuse de recibo. SÉPTIMO. Expedición de copias. Por otra parte, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, sin necesidad de acuerdo posterior, expídase copia certificada de esta sentencia a la parte que acredite estar legitimada para su recepción, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos, para debida constancia. Además, se le informa que de resultarle de suma importancia las copias en mención, puede obtenerlas del expediente electrónico, si cuenta con usuario, y tiene ya, acceso al mismo; pues las actuaciones cargadas en dicho expediente al incluir la evidencia criptográfica, se consideran copias certificadas electrónicamente. Finalmente, al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición para la publicación de sus datos personales, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de dicha ley; y el Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 1º, 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los numerales 73 y 74 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por María Eva Alejandra Bonola García, por conducto de su apoderado Manuel Castañeda Hernández, atento a lo expuesto en el considerando cuarto de esta determinación. SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a María Eva Alejandra Bonola García, en contra del acto reclamado de la autoridad responsable, precisada en el resultando primero de esta resolución, por las razones expuestas en el considerando quinto de la presente resolución. TERCERO. Captúrese la presente sentencia, genérese la versión pública y agréguese el acuse de recibo. CUARTO. Entréguese copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite, previo pago y razón que por su recibo se deje en autos. QUINTO. Al hacerse pública esta sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales. Notifíquese. Así lo resolvió y firma, Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, Tlaxcala, ante Damayanty Rojas Huerta, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a veintiséis de enero de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio signado por María Luisa Marina Aguilar López, en su carácter de Síndico Municipal y Representante Legal del Ayuntamiento de Apizaco, Tlaxcala, por el que en cumplimento al requerimiento que se le hizo mediante proveído de doce de enero del presente año, remite: RFC y CURP del C. Santa Martínez Hernández, en su carácter de Sexto Regidor. Por tanto, una vez que proporcione la totalidad de la información solicitada mediante proveído de veinte de enero del año en curso, respecto a las personas físicas que ocupan el cargo de Séptima Regidora; C. Gisela Nava Palacios, y los Presidentes de Comunidad: C. Jesús Servando Cervantes Huerta, de la Comunidad de Santa María Texcalac; C. Marco Antonio Águila Piedras, de la Comunidad de San Isidro; C. José Daniel Hernández López, de la Comunidad de San Luis Apizaquito; C. Leonel Sosa Concha, de la Comunidad de José María Morelos; C. Virginia Muñoz Hernández, de la Comunidad de Guadalupe Texcalac; C. Ernesto Ordoñez Papalotzi de la Comunidad de Cerrito de Guadalupe y el C. Oscar López de la Comunidad de Santa Anita Huiloac, así como el Arq. Manuel Pedro González Báez, Secretario General del Ayuntamiento, remítase dicha información al Administrador Desconcentrado adscrito a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Tlaxcala "1", a fin de que esté en aptitud de realizar el cobro de la sanción impuesta. Notifíquese.
- Principal
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 144, 154, en relación con los numerales 128, 140, 144 y 146 de la Ley de Amparo; se: R E S U E L V E: PRIMERO. En FUNDADO el incidente de modificación a la suspensión definitiva, en los términos y para los efectos indicados en el considerando segundo de la presente interlocutoria. SEGUNDO. Se actualiza la garantía fijada para que surta efectos la suspensión definitiva de los actos reclamados, misma que deberá exhibir dentro el término de cinco días contados a partir de la notificación de la presente resolución, con el apercibimiento que de no hacerlo, dejará de surtir efectos la misma. TERCERO. Al hacerse pública la presente resolución, deberá tomarse en cuenta que la parte quejosa, no manifestó oposición expresa para la publicación de sus datos personales. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y tercera interesada; vía electrónica al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, por oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma, Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, Tlaxcala, ante Damayanty Rojas Huerta, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
Quedan 3 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · 8,910 expedientes
- Maria Eugenia Hernandez Martinez625/2019
- María Eugenia Ramírez Rodríguez613/2017
- María Eugenia Vázquez Sánchez353/2018
- María Eva Alejandra Bonola García682/2023
- Maria Eva Alejandra Bonola García249/2019
- María Eva Alejandra Bonola García1/2019
- María Eva Alejandra Bonola García347/2022
- María Eva López Irigoyen721/2023
- María Evelia Lourdes Tepal Huerta1269/2023
- María Evelia Ramírez Vargaz1390/2023
- María Fabiola González Sánchez1443/2022
- María Felipa Rebeca Sosa Nieto1126/2017