María Eusebia Isabel Pavia Luna
Expediente 1084/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1084/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- María Eusebia Isabel Pavia Luna
Actuaciones
- Principal
I... Vista la certificación que antecede se advierte que ha fenecido el término que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de queja; por ende, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicados supletoriamente a la ley invocada, se declara que el auto por el cual se desechó la demanda, ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese el presente asunto. ... este expediente es susceptible de destrucción; por lo tanto, una vez transcurridos más de tres años a partir de esta fecha, procédase a ello, conforme a los lineamientos que establece el acuerdo en cuestión.
- Principal
III... Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el Notario Público Número 4 de Tula Allende, Hidalgo, no ha atendido los requerimientos formulados por el Juez Noveno Civil de Primera Instancia de Tlalnepantla, con residencia en Huixquilucan, Estado de México, ni el efectuado por este órgano jurisdiccional el catorce de julio pasado (auto que le fue notificado el ocho de agosto siguiente), en virtud de que no ha informado si dejó sin efectos la escritura pública 113,872 de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos. ... lo procedente es hacer efectivo el apercibimiento efectuado el catorce de julio pasado e imponer al citado notario una multa consistente en cien Unidades de Medida y Actualización, la cual da como resultado la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/00 moneda nacional). En tal virtud, hágase del conocimiento del Servicio de Administración Tributaria para que por medio de la Administración Local de Recaudación que corresponda, proceda a hacer efectivo el cobro de la sanción impuesta a Cándido Mejía García en su carácter de Notario Público Número 4 de Tula Allende, Hidalgo, debiendo informar las gestiones que realiza para imponer dicha medida de apremio. Por otra parte, solicítese de nueva cuenta al citado fedatario para que dentro del plazo de tres días remita copia certificada de las constancias con las que acredite dar cumplimiento a lo solicitado. Además, requiérase al Colegio de Notarios del Estado de Hidalgo, en su carácter de ente coadyuvante del Notario referido, de conformidad con el artículo 167 de la Ley del Notariado para el Estado de Hidalgo, para que le solicite atienda los requerimientos efectuados por la autoridad responsable y este órgano jurisdiccional. Se apercibe a los antes mencionados, que de no acatar los requerimientos efectuados de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 192 en relación con los numerales 237, fracción I, 238 y 258 de la citada norma, se impondrá a la omisa una multa por el equivalente a ciento cincuenta unidades de medida y actualización. En consecuencia, ... gírese atento exhorto vía electrónica al Juez de Distrito en el Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca, en turno, para que en auxilio de las labores de este órgano de control constitucional ordene a quien corresponda se constituya en los domicilios sito en ... ambos en la citada Entidad Federativa, y notifique la presente determinación al citado fedatario público y Colegio de Notarios referido, respectivamente. Se otorga plenitud de jurisdicción al órgano jurisdiccional que conozca de la comunicación oficial para que realice todas aquellas actuaciones que considere necesarias para lograr las notificaciones encomendadas, las cuales se pueden practicar en horas y días inhábiles, lo anterior con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo. Por otro lado, con apoyo en los numerales 77, fracción I, 192 y 193, 237, fracción I, 258 y 267, fracción I de la ley de la materia, requiérase de nueva cuenta al Juez Noveno Civil de Tlalnepantla, con residencia en Huixquilucan, Estado de México, para que dentro del plazo de tres días dé cabal cumplimiento al fallo constitucional y remita copia certificada de las constancias necesarias con las que acredite tal situación, con el apercibimiento que de no hacerlo, sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito para el trámite de inejecución de sentencia, el cual podrá culminar con la separación del puesto y su consignación a las autoridades competentes. Finalmente, agréguese el escrito signado por la apoderada de la parte quejosa; en atención a su contenido, dígasele que se esté a lo acordado en párrafos que anteceden.
- Principal
I... Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa por medio de lista de acuerdos que se fija en estrados el proveído de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo indirecto 1084/2022-I, el cual es del tenor: Proveído 22/septiembre/2022.- "... Agréguese a los autos el oficio de cuenta derivado del juicio de amparo 1003/2022-IV de este índice, por el cual se ordenó remitir a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en Naucalpan de Juárez, el expediente 1066/2022- VI del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, para que con fines de estadística y control de nuevo ingreso, fuera turnado a este órgano jurisdiccional como nueva demanda de amparo. Por lo anterior, se tiene al juzgador adscrito al citado órgano, remitiendo los autos originales del referido juicio, en razón de que en proveído de doce de septiembre del año en curso, consideró que por conocimiento previo, este órgano jurisdiccional debía resolver lo relativo a la demanda de amparo promovida por Ma Eusebia Isabel Pavia Luna por propio derecho, contra actos de la Primera Sala Colegiada Familiar de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y otra autoridad; por tanto, este juzgado acepta el conocimiento del asunto de que se trata. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1084/2022-I. Acúsese recibo. En principio, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. DESECHAMIENTO Así, de la lectura integral de la demanda se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 3, 5, 6, todos de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo las siguientes consideraciones: De los preceptos legales citados, se advierte que el juicio de amparo es un medio de control constitucional contra los actos de autoridad, y se sigue siempre a instancia de parte agraviada; es decir, únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto que se reclame. Esto es así, dado que el juicio de amparo se rige por principios fundamentales entre los que destaca el consagrado en el artículo 107, fracción I, constitucional y que recoge el diverso numeral 6° de la Ley de Amparo, en el que se contempla el principio de instancia de parte agraviada, esto es, que la vía constitucional de amparo debe promoverse por la parte a quien perjudica el acto o la ley que se reclame. Por su parte, el numeral 5°, fracción I, párrafo primero, dispone que tiene el carácter de quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la ley, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Ahora bien que para que la parte agraviada exteriorice su voluntad, debe estampar su firma en la demanda por sí o mediante representante legal, lo cual es una formalidad indispensable para accionar ante el órgano jurisdiccional, pues con la firma se determina la autenticidad de la propia demanda; en esa tesitura, si la demanda de amparo no está firmada por quien aparece como promovente en su texto, se llega a la conclusión de que no existe parte recurrente y que la demanda resulta improcedente Así, de los preceptos normativos invocados, queda evidenciado que la falta de firma se traduce en la falta de exteriorización de la promoción de la demanda. Por consiguiente, al recibir una promoción el juzgador tiene la obligación de pronunciarse al respecto en el sentido que en derecho proceda; en el entendido de que no cualquier escrito o documento puede considerarse como una promoción, sino sólo aquel que revele la voluntad del interesado de promover o intervenir de cualquier modo en un juicio o procedimiento; voluntad externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa del interesado o, en ciertos casos, con la impresión de una huella digital con la respectiva firma al ruego. Ahora, en el caso en concreto, la demanda de amparo que nos ocupa carece de firma autógrafa, por tanto, el suscrito no advierte la manifestación de la voluntad de la peticionaria de amparo, ya que como se ha precisado la firma autógrafa expresa la voluntad de realizar el acto procesal correspondiente, con lo cual se acredita la autenticidad del documento que se suscribe y se logra la eficacia prevista en la ley. Lo anterior, implica que ante la falta de firma de la promovente, se estima que no existe voluntad de éste para dar inicio a la instancia constitucional1 y ante tal omisión dicho escrito no tiene ningún valor, pues todo escrito debe de ir avalado mediante el nombre y firma del promovente y de esta forma responsabilizarse de su contenido para que sólo en esa hipótesis se pueda acordar lo que en derecho corresponda. También es importante destacar que no se trata de un caso urgente, toda vez que los actos reclamados por la solicitante de la tutela federal; por si mismos no la privan de la vida, ni ataca su libertad personal fuera de procedimiento, ni se encuentra incomunicada, ni se trata de deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni de incorporación forzosa al ejército, armada o fuerza aérea nacionales. En consecuencia, al actualizarse de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia advertida, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo en relación con el numeral 61, fracción XXIII, con los diversos 3, 5, 6, todos de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desecha de plano la demanda de amparo. DOMICILIO QUEJOSA En ese orden de ideas, con fundamento en el artículo 26 fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, comisiónese al actuario judicial de la adscripción a efecto de que se constituya en el domicilio indicado en el escrito de demanda, a fin de hacer del conocimiento el contenido del presente proveído a la parte quejosa y a su vez, le requiera para que en el acto de la diligencia o dentro del plazo de tres días hábiles, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en Naucalpan de Juárez, Estado de México, con el apercibimiento que de no hacerlo, sin ulterior acuerdo, las subsecuentes, incluso las de carácter personal, se le realizarán por medio de lista que se fija en los estrados de este órgano federal, hasta en tanto señale domicilio para tal efecto, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo se habilitan días y horas para llevar a cabo las diligencias que de este juicio deriven. AUTORIZADOS No ha lugar a tener por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que se mencionan, toda vez que la promovente no firmó el escrito de demanda y, por ende, no se les puede reconocer tal calidad a aquéllas para que actúen en su nombre, con las facultades que confiere el numeral señalado. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizada la toma de fotografías de constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, debiéndose asentar la razón de recibo respecto de la actuación que se desea fotografiar, por persona previamente autorizada para ello, quien deberá dejar copia en autos de su identificación; en el entendido de que el uso de dichas fotografías será responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. TRANSPARENCIA En términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la información gubernamental es pública y los particulares tendrán acceso a ella y consecuentemente el Poder Judicial de la Federación como órgano del Estado está obligado a publicar las sentencias que emita una vez que hayan causado ejecutoria por lo que hágase saber el derecho que tiene para oponerse a que se incluyan sus datos personales cuando se realice la publicación de que se habla; asimismo, comuníquese que con apoyo en el numeral 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley citada, en caso de que llegare a oponerse a la inclusión de sus datos personales, tal solicitud será calificada por la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo, quien determinará si es procedente o no, por contener información que se considere reservada, y en el primer supuesto, la versión pública de la sentencia ejecutoria aparecerá sólo con su nombre sin incluir sus datos personales; finalmente, infórmese que en caso de que la sentencia pudiera afectar de algún modo la dignidad personal o causar un daño irreparable a los interesados al publicarse la sentencia ejecutoria únicamente se insertará su nombre sin sus datos personales, y en tal caso, no se requiere de u oposición expresa ..." Lo anterior en atención al citatorio de fecha veintisiete de septiembre de dos mil veintidós.
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