Maria Eulalia Felix Villapudua

Expediente 199/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 33 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
199/2020
Año
2020
Actuaciones
33
Última actuación
24/11/2021

Partes del expediente

  • Maria Eulalia Felix Villapudua

Actuaciones

Las 4 más recientes de 33.

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que ha fenecido el término de veinte días concedido a la quejosa ***, en proveído de en auto de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, para que recogiera los edictos ordenados con el objeto de emplazar a juicio a la tercero interesada ***, por derecho propio y en su carácter de albacea de la sucesión a bienes de ****. Haciendo la aclaración que dicho acuerdo queda legalmente notificado por lista, según sello que aparece en autos de veintisiete de septiembre del año en curso; ello en consideración que en proveído de veinticinco de marzo del citado mes, se ordenó realizar las subsecuentes notificaciones por este medio, hasta en tanto la parte quejosa no señalara nuevo lugar para ese fin (sin que a la fecha hubiese manifestado ningún domicilio para tal efecto). Luego, los artículos 5, fracción III; 26, incisos b) y k); 27, fracción III, incisos a) y b) y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley" "Artículo 26. Las notificaciones en los juicios de amparo se harán: b) La primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable; k) Las resoluciones que a juicio del órgano jurisdiccional lo ameriten; y "Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: a) Las notificaciones personales al quejoso se efectuarán por lista. b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: III. El tercero interesado, pudiendo intervenir con ese carácter " De la interpretación sistemática de dichos preceptos, se advierte que la Ley de Amparo establece la forma en que deben ser emplazados a juicio los terceros interesados; a saber, mediante notificación personal, siempre que se conozca o logre investigar su domicilio o por edictos que se publicarán a costa de la parte quejosa, si se ignora aquél. En el último supuesto, el emplazamiento de los terceros interesados está condicionado a que la parte quejosa realice el pago de los edictos respectivos y el incumplimiento a tal obligación, provoca que no pueda llamarse al juicio de amparo a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica; en consecuencia, tampoco procede ser resuelto el juicio constitucional. Por ello, en atención a la posición jurídica que guarda la tercero interesada ***, en relación con los actos reclamados, debe estimarse que su emplazamiento constituye un auténtico presupuesto procesal. En ese tenor, tomando en cuenta la naturaleza del juicio de amparo, así como las formalidades esenciales que constitucionalmente rigen a todo juicio, en virtud de que las determinaciones que se adopten en el controvertido constitucional pueden llegar a afectar la esfera jurídica del tercero interesado. De ahí que, debe estimarse que su emplazamiento constituye un presupuesto procesal cuyo incumplimiento es atribuible a la quejosa ***, por no haber comparecido al Juzgado personalmente o por medio de sus autorizados, a recoger los edictos, o bien, acreditar que carece de recursos económicos para sufragar el pago de su publicación, lo que impide al juzgador pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado. Por ende, se torna improcedente, pues constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio a los gobernados cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. Por tanto, es claro que al quedar paralizado el juicio constitucional por no recoger los edictos y, por ende, no publicarse éstos a costa del quejoso, contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Carta Magna, ya que se entorpece la administración de justicia por retardarse la solución del conflicto. Sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto, pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, ya que con su omisión impide que se constituya válidamente la relación jurídica procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad. No debe olvidarse que en el presente asunto, la orden de emplazar por edictos a la tercero interesada Eduviges Santos Rodríguez, fue en atención a que pese a la ardua investigación realizada, no fue posible localizarla, en una dirección cierta y actual. De lo que se colige que la quejosa al no haber comparecido a este juzgado a recoger los edictos ordenados y, no manifestar que carezca de recursos económicos para sufragar el costo de aquéllos, ni aportar elementos que permitan conocer por lo menos de manera indiciaria esa situación, se traduce en una falta de interés, tanto en la integración de la relación jurídica procesal, como para la continuación del procedimiento de amparo; por tanto, debe sobreseerse fuera de audiencia el presente asunto. Esto debe ser así, habida cuenta que con independencia de que este órgano jurisdiccional agotó la investigación correspondiente en relación con el domicilio del tercero interesado, era obligación de la quejosa, en principio recoger los edictos y efectuar su publicación, tal como lo ordena el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 16/2000-PL, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Julio de 2002, página 211, que señala: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso. Así como el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, en la jurisprudencia número 108/2010 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXXII, agosto de 2010, página 416, de texto y rubro: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo. A esa conclusión se llega, ya que si bien el Juzgador Federal debe ponderar las particularidades del caso, una vez realizada la investigación a que alude el artículo 27, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, de manera que si la quejosa comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza (publicación edictos) y lo acredita en autos, el Consejo de la Judicatura Federal, debe realizar la publicación de los edictos respectivos. Empero, de las constancias que integran el juicio de amparo que se resuelve, no se advierte que por lo menos hubiera manifestado ante este juzgado que carece de recursos económicos para cubrir la publicación de los edictos, mucho menos que haya acreditado ante este órgano jurisdiccional dicha imposibilidad. De ahí que, este órgano federal no está obligado a realizar la ponderación a que refiere la jurisprudencia 108/2010 antes transcrita. Asimismo, es aplicable la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, Tomo XXXII, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Julio de 2010, página 1868, que dice: "SOBRESEIMIENTO POR OMISIÓN DE RECOGER EDICTOS CON EL FIN DE EMPLAZAR A LA PARTE TERCERA PERJUDICADA. ANTE LA AUSENCIA DE NORMA QUE ESTABLEZCA TAL HIPÓTESIS, ES CORRECTA LA APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA RELATIVA. Si bien es exacto que inexiste precepto que establezca como causal de sobreseimiento el no recoger los edictos para que se emplace a la tercera perjudicada, no obstante, existe una jurisprudencia obligatoria ineludible, cuyo rubro es: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO."; luego, atento al criterio jurisprudencial en cita, establecido por contradicción de tesis, ello autoriza al Juez de Distrito al respecto, por contener la interpretación jurídica y armónica de esa situación fáctica y procesal, según lo estimó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto al alcance de los preceptos 14, párrafo segundo y 17 constitucionales; 73, fracción XVIII, en relación con el 30, fracción II y 5o., fracción III, de la Ley de Amparo, precisamente en razón a la falta de norma que motivó la integración de tal laguna de ley para actualizar la referida causa de sobreseimiento del juicio de garantías, dada la evidente omisión y desinterés del quejoso de recoger los edictos para emplazar al tercero o terceros perjudicados. En ese sentido, es pertinente puntualizar que el juzgador debe ponderar los derechos subjetivos públicos que están en juego, ya que por un lado se tiene el derecho del quejoso de acceso a la justicia y, por el otro, el que tiene el tercero interesado a intervenir en todas las etapas del proceso a fin de que subsista el acto reclamado y defender sus derechos. Por ello, se considera que existe imposibilidad para continuar con el procedimiento en el presente juicio de amparo, esto es, celebrar la audiencia constitucional y dictar sentencia, dado que si se actuara de esta manera, se podría irrogar perjuicio a la tercera interesada. Por lo que se determinó que la quejosa debía hacer llegar su manifestación ante el órgano jurisdiccional y, éste deberá ordenar su publicación a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, para que de esta forma, no se impidiera el acceso a la justicia. Aunado a lo anterior, cabe hacer notar que en acuerdo de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, se informó a la quejosa que se procedería a llamar a la tercero interesada ***, por edictos a su cargo. Además, de apercibirle que de no recogerlos y publicarlos en los términos indicados se sobreseería el juicio, quedando debidamente notificado dicho acuerdo a la quejosa, como se advierte de la constancia de notificación realizada por la Actuaria Judicial adscrita a este órgano jurisdiccional. En mérito de lo anterior, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, 63, fracción V, 26, incisos b) y k), 27, fracción III, incisos a) y b) y 5, fracción III, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia constitucional. Consecuentemente y en razón de que la audiencia constitucional en este juicio de amparo, se encuentra señalada para las nueve horas con cuarenta minutos del dos de diciembre de dos mil veintiuno, se deja sin efecto dicho señalamiento. Notifíquese.

  2. Principal

    Visto el expediente de cuenta, del que se advierte que en proveído de veinticuatro de septiembre del año en curso, se ordenó expedir edictos a fin de emplazar a juicio a la tercero interesada ***, por lo que, se ordenó prevenir a la parte quejosa para que comparezca ante este juzgado dentro del término de tres días, a recoger los edictos a fin de contratar la publicación respectiva, o bien manifieste la imposibilidad que tuviere para ello. Ahora bien, toda vez que el licenciado ****, actuario judicial adscrito, no practicó la notificación relativa; no obstante que en proveído de diecinueve de octubre del presente año, se le ordenó llevará a cabo dicha diligencia de inmediato, sin que a la fecha se hubiese realizado la misma. En tal virtud, requiérase a dicho fedatario judicial por segunda ocasión para que practique tal notificación relativa de manera inmediata. A fin de dar oportunidad a que lo anterior acontezca, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se señala como nueva fecha para su celebración las nueve horas con cuarenta minutos del dos de diciembre de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Vista la certificación que antecede de la que se advierte que el licenciado ***, actuario judicial adscrito, no ha notificado el acuerdo manera personal de veinticuatro de septiembre del año en curso; por tanto, se le ordena realice de manera inmediata dicha diligencia. Notifíquese.

  4. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que este Juzgado ya dictó las medidas pertinentes a fin de investigar el domicilio de la tercero interesada ---------------, sin que se haya logrado su localización; por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se ordena el emplazamiento por edictos de la citada tercero interesada. Lo anterior, de conformidad con la tesis I.6o.C.47 K, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 995, del Tomo XI, Enero de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE HASTA QUE SE HAYA REALIZADO LA INVESTIGACIÓN PARA DAR CON EL DOMICILIO DEL TERCERO PERJUDICADO, SI NO HUBO RESULTADOS FAVORABLES.- La autoridad responsable, como auxiliar de la Justicia Federal, ante el desconocimiento del domicilio del tercero perjudicado en el juicio de garantías, deberá ordenar a las autoridades correspondientes la investigación de dicho domicilio para efectos del emplazamiento y esperar la contestación o en su defecto, requerir a las omisas con el apercibimiento respectivo para que den cumplimiento a lo señalado y sólo será hasta que se tengan los resultados de la referida investigación, si fueren negativos, cuando estará la responsable en aptitud de realizar el emplazamiento por medio de la publicación de edictos y no antes, toda vez que se contravendría lo dispuesto por el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo" En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en términos del numeral 2 de la Ley de Amparo, expídanse los edictos respectivos a fin de emplazar a juicio a la tercero interesada Eduviges Santos Rodríguez, los cuales deberán contener una relación de la demanda por lo que al efecto, se le hace saber que María Eulalia Félix Villapudua, por derecho propio y con el carácter de albacea de la sucesión a bienes de Juan Francisco Carreón García, promovió juicio de amparo contra actos del Juez Tercero De lo Civil en el Estado y otras autoridades, a quienes reclama: "Todo lo actuado en el trámite administrativo realizado para efecto de llevar a cabo el cambio del predial a nombre del señor Felipe Ángel Chávez Favela quien ya falleció. El acuerdo de fecha 06 de febrero de 2020 en el cual determina no ha lugar a girar oficio a Catastro municipal a fin de que se realice el cambio de titular como se encontraba anteriormente a nombre de mi esposo el profesor Juan Francisco Carreón García ello con el fin de que se mantengan las cosas en el estado que guardaban en virtud de que según el juez civil no constituye una prestación en el juicio ordinario civil y que no hay una condena para ordenar el cambio de titular" (Esto en el expediente 127/2014) En tal virtud, publíquense por tres veces, de siete en siete días hábiles en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos de mayor circulación en la República Mexicana, haciéndoles saber que deberán presentarse dentro del término de treinta días contado a partir del siguiente al de la última publicación. Fíjese en la puerta de este Tribunal una copia íntegra de la presente resolución durante el tiempo del emplazamiento y prevéngase a la parte quejosa para que comparezca ante este Juzgado dentro del término de tres días, a recoger los edictos ordenados a fin de contratar la publicación respectiva, o bien manifieste la imposibilidad que tuviere para ello; apercibido que en caso de no acreditar haber entregado para su publicación los mismos dentro del plazo de veinte días siguiente al en que los reciba, se sobreseerá el amparo. Para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se fija como nueva fecha para su celebración las nueve horas con treinta y cuatro minutos del veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente.

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