María Eugenia Vitela Becerra

Expediente 56/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
56/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
19/03/2021

Partes del expediente

  • María Eugenia Vitela Becerra

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la certificación precedente, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días concedido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión contra la sentencia de treinta de noviembre de la anualidad pasada, donde se negó la protección constitucional, sin que se haya hecho valer; consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que esa resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. Tomando en consideración que la responsable remitió quince legajos de constancias en justificación de sus actos; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, POR LO QUE RESULTA INNECESARIO EL ACUSE DE RECIBO. ARCHÍVESE EL EXPEDIENTE COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Atendiendo a las particularidades del juicio, ...; se concluye que no es de relevancia documental. ...; se hace la observación de que el expediente es susceptible de depuración, en razón de que se negó el amparo y protección de la justicia federal. Por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión, de conformidad con lo establecido en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo Plenario aludido, se estima que es susceptible de destrucción, toda vez que se negó la suspensión provisional y definitiva. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez que transcurra más de seis meses a que se refiere el artículo 20 del Acuerdo en cita. No obra en autos documento original, en los términos que establece el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    SENTENCIA DEFINITIVA NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. (Sentencia definitiva hasta hoy treinta de noviembre de dos mil veinte, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.)

  3. Principal

    (CITATORIO)EN VIRTUD DE QUE LA PARTE TERCERA INTERESADA NO ACUDIÓ AL LOCAL DE ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE O POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL, EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL CITATORIO QUE SE DEJÓ, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA SENTENCIA ENGROSADA EL 30 DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, QUE EN SÍNTESIS DICE: VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 56/2020, promovido por ., contra actos del Juez Vigésimo Civil de Proceso Oral del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. El veintiuno de enero de dos mil veinte, la moral quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, por estimar que se violaron en su perjuicio los artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucionales. SEGUNDO. Admisión de la demanda de amparo y substanciación del proceso. La demanda se admitió por auto de veintitrés de enero siguiente. En ese acuerdo el suscrito dio intervención a la representante social de la Federación adscrita, requirió informe justificado a la autoridad responsable, ordenó emplazar a la parte tercera interesada y señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. De autos se desprende que la responsable rindió su informe justificado, la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito no formuló intervención, y finalmente, la audiencia constitucional tuvo lugar en los términos del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 37 y 107 fracción V de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos derivados de un procedimiento de naturaleza civil, seguido ante un Juzgado de Proceso Oral con sede en la ciudad en que el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Acto reclamado. Conforme lo dispone el artículo 74, párrafo primero, fracción I, de la Ley de Amparo. De la lectura integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama del Juez Vigésimo Civil de Proceso Oral del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el auto de diez de enero de dos mil veinte, dictado en el juicio oral civil 0596/2017, donde no se acordó favorablemente su petición de dar cumplimiento sustituto a la sentencia definitiva a través de una novación de obligaciones. TERCERO. Existencia. Al rendir su informe justificado la autoridad responsable aceptó la existencia del acto que se le reclama, lo que se corrobora con las constancias certificadas que remitió en apoyo a su informe, documentales a las que se otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º. CUARTO. Antecedentes. A fin de contar con información suficiente sobre el problema jurídico planteado, se enlistan las actuaciones que precedieron el acto reclamado: (.)QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. En esencia, la parte quejosa hace valer los siguientes: 1. El acto reclamado transgrede los artículos 1,14 y 16 Constitucionales, en virtud de que la autoridad responsable omitió aplicar el contenido de los diversos 531, 977 y 1018 del Código de Procedimientos Civiles para el entonces Distrito Federal, ya que al haber transcurrido mas de un año para que se solicitara la ejecución de la sentencia definitiva, procedía como excepción la novación de obligaciones derivadas de ella. Sin embargo, el Juez negó arbitrariamente dicha novación en violación a su derecho de legalidad, seguridad, certeza jurídica y formalidades esenciales del procedimiento, además de que no se aplica el principio pro-persona. 2. La autoridad responsable omitió realizar un análisis exhaustivo y aplicar el principio pro-persona, respecto a la petición de que a través de la novación se diera cumplimiento a la sentencia definitiva, ello tomando en consideración las ventajas que ofrece el artículo 531 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que es la norma más preferible al ofrecer mejores alternativas para el cumplimiento de la sentencia definitiva. Para lo cual se debió considerar que había transcurrido en exceso el plazo de un año para solicitar la ejecución de la sentencia, así como que la quejosa no contaba con la cantidad que se le condenó a pagar y es por lo que prefiere que la demandada pague la diferencia del automóvil materia del juicio, no obstante que esta última tiene la posesión del vehículo desde el año dos mil catorce. 3. El Juez responsable viola el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles para el entones Distrito Federal en relación con el 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, ya que no obstante que sus resoluciones deben ser claras, precisas y congruentes, al emitir el acto reclamado analizó el contrato de novación regulado en el artículo 2213 del Código Civil para el Distrito Federal más no la novación como cumplimiento sustituto de sentencias conforme al numeral 531 de dicha legislación procesal, omisión que condujo al error. Máxime, que se cumplen con los cuatro elementos de la novación, es decir, la obligación preexistente para las partes, la nueva obligación, una diferencia sustancial entre éstas y la intención de su parte de novar. Decisión. Los conceptos de violación son infundados como a continuación se expondrá. La Constitución Federal, entre las garantías que tutela en favor del gobernado, incluye la de legalidad, que debe entenderse como la condición de que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica; esta garantía forma parte de la genérica de seguridad jurídica, que tiene como finalidad que al gobernado se le proporcionen los elementos necesarios para que esté en aptitud de defender sus derechos, bien ante la propia autoridad administrativa a través de los recursos, o ante la autoridad judicial por medio de las acciones que las leyes respectivas establezcan. El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el articulo invocado, relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial que el gobernado conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el merito de la decisión, permitiéndole una real y autentica defensa. Por fundamentación se entiende el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer con el acto de autoridad; en tanto que la motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Tiene aplicación, la jurisprudencia1 que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el articulo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". A su vez conviene precisar que el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva, como lo ha establecido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Asimismo, la propia Primera Sala estableció que una de las etapas de la tutela jurisdiccional que corresponde a un derecho bien definido es la identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas o el derecho a ejecutar la sentencia, donde el juzgador debe ser enérgico, celoso de su fallo y adoptar de oficio (dado que la ejecución de sentencia es un tema de orden público), todas las medidas necesarias para promover el curso normal de la ejecución, pues en caso contrario las decisiones judiciales y los derechos que en las mismas se reconozcan o declaren no serían otra cosa que meras declaraciones de intenciones sin alcance práctico ni efectividad alguna. Así, el juzgador debe entender que el debido proceso no aplica a la ejecución con la misma intensidad que en el juicio; que el derecho ya fue declarado; que la ejecución de la sentencia en sus términos es la regla y no la excepción; que la cosa juzgada no debe ser desconocida o ignorada bajo ninguna circunstancia y, en esa medida, que todas las actuaciones del condenado que no abonen a materializar su contenido, deben considerarse sospechosas y elaboradas con mala fe y, por ende, ser analizadas con suma cautela y desestimadas de plano cuando sea evidente que su único propósito es incumplir el fallo y, por último, que la normativa le provee de recursos jurídicos suficientes para hacer cumplir sus determinaciones, así sea coactivamente. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis que dice: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Y DEBIDO PROCESO. CUALIDADES DE LOS JUECES CONFORME A ESOS DERECHOS FUNDAMENTALES. ..." Ahora bien, de la interpretación jurídica de los artículos 2213, 2215 y 2217 del Código Civil para el entonces Distrito Federal3 , se advierte que hay novación de una obligación cuando las partes interesadas en ella la alteran sustancialmente, sustituyéndola por otra nueva y, considerando que la novación es una forma de extinción de obligaciones, se entiende que a través de esa alteración se extingue una obligación, al tiempo que se crea otra nueva en su lugar, por lo que supone la existencia de dos obligaciones: la primitiva y la que la reemplaza; así como la interdependencia entre la eliminación de la obligación preexistente y la creación del nuevo vínculo. Ahora, no cualquier cambio da lugar a la novación, sino que debe recaer en alguno de los elementos esenciales de la relación jurídica, como el objeto (la cosa que se obligó a dar o la prestación que se obligó a hacer), la causa o fuente de la obligación (como cuando se convierte en mutuo una suma recibida en depósito o una renta vitalicia se cambia por un usufructo) o alguna modalidad que afecte la existencia misma del vínculo, lo cual sucede cuando una obligación condicional se cambia a pura y simple, y viceversa, en que la naturaleza de la obligación se modifica porque no es lo mismo ser titular de un derecho cierto, que ser titular de un derecho eventual. Otro requisito esencial es que las partes tengan la intención de novar, y como ésta no se presume, es necesario que dicha intención aparezca claramente manifestada en el contrato y, en caso de duda, debe dejarse coexistir la obligación antigua al lado de la nueva. Por tanto, los elementos necesarios para determinar la existencia de la novación son: a) La preexistencia de una obligación; b) La creación de una nueva obligación que la reemplaza, sea por su objeto, por su causa o fuente, o por una modalidad que afecte la existencia de la obligación anterior, y c) El animus novandi. Lo anterior con apoyo en la tesis4 de contenido siguiente: "NOVACIÓN DE CONTRATOS. ELEMENTOS PARA DETERMINARLA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). (.) Por su parte el artículo 531 del Código de Procedimientos Civiles para entonces Distrito Federal señala que contra la ejecución de las sentencias no se admitirá más excepción que la de pago, si la ejecución se pide dentro de ciento ochenta días, sin embargo si ha transcurrido más de un año será admisible entre otras la de novación. . Tal novación, deberá hacerse valer posterior a la sentencia, y constar en instrumento público o documento privado judicialmente reconocido o por confesión judicial, y se substanciará en la vía incidental, con suspensión de la ejecución. En el caso, conforme al cuarto resolutivo de la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen la demandada . debe devolver el automóvil ., a favor de la actora., mientras que esta última debe restituir a dicha enjuiciada la cantidad de ., por concepto del monto de los pagos parciales realizados en el juicio de origen a cuenta de dicho vehículo. Tal determinación causó estado por ministerio de ley al haberse dictado en cumplimiento a una ejecutoria de amparo directo, elevándose así a categoría de cosa juzgada. Sin embargo, la quejosa ., por conducto de su mandatario, solicitó al Juez responsable el cumplimiento sustituto de la sentencia definitiva a través de una novación, mediante la cual los demandados debían pagar la diferencia del vehículo mencionado más el Impuesto al Valor Agregado, en cumplimiento al contrato de apertura de crédito simple con garantía prendaria sin transmisión de posesión . Ello, en virtud de que -señaló la quejosa- tales enjuiciados se encontraba en posesión del vehículo desde hace cinco años, utilizándolo por todo ese tiempo, sin que se pueda recuperar materialmente el automóvil en las condiciones de uso que fue entregado, máxime que había transcurrido en exceso el plazo de un año para solicitar la ejecución de sentencia. De lo anterior se advierte que la quejosa solicitó se sustituyeran las obligaciones cuyo cumplimiento se condenó en el cuarto resolutivo de la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen que constituye cosa juzgada, para lo cual estableció por muto proprio unas nuevas, sin que para ello mencionara estar de acuerdo con su contraria, mucho menos exhibió documento alguno en el cual constara el animus novandi de ambas partes. Por lo que resulta imposible la actualización del supuesto que regula el artículo 531 del Código de Procedimientos Civiles para el entonces Distrito Federal. Así, resultan infundados el primer y tercer concepto de violación hechos valer por la quejosa en el sentido de que el Juez negó arbitrariamente la novación que le plateó, sin el correcto estudio y violando diversos preceptos legales y constitucionales. Ello en virtud de que acertadamente la autoridad responsable negó dicha excepción con apoyo en el artículo 2213 del Código Civil para el entonces Distrito Federal, pues contrario a lo que sostiene la quejosa, sí debía considerarse para analizar dicha petición dado que en él se establece el fundamento legal de la novación como sustitución de obligaciones mientras que el diverso 531 del Código de Procedimientos Civiles para el entonces Distrito Federal regula el instrumento para hacer efectiva dicha figura tratándose de aquellas que derivan de la ejecución de sentencia, sin que este ultimo se actualice como sostiene la quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior en lo conducente y por igualdad de razón la tesis y jurisprudencia que dicen: "NORMAS JURÍDICAS. SU UBICACIÓN LEGISLATIVA NO DETERMINA SU NATURALEZA SUSTANTIVA O PROCESAL..." "PRUEBA INDICIARIA, LA FORMA DE OPERAR LA, EN EL DERECHO PROCESAL PENAL Y CIVIL, ES DIFERENTE AL DEPENDER DEL DERECHO SUSTANTIVO .". Asimismo, contrario a lo que sostiene la quejosa, no resultan aplicables los artículos 531, 977 y 1018 del Código de Procedimientos local, ni existe una violación a preceptos constitucionales que menciona, en virtud de que a través de la novación que formula, pretende por muto proprio sustituir obligaciones materia de una condena que constituye cosa juzgada, es decir que con ello intenta desconocer la ejecución de la sentencia definitiva cuyo tema es de orden público. Además, no se advierte que la novación planteada fuera pactara por ambas partes del juicio, por lo tanto no se satisface un elemento esencial de dicha excepción como lo es el animus novandi. Sirve de apoyo a lo anterior en lo conducente la tesis que dice: "NOVACION DE CONVENIOS JUDICIALES. . Por lo tanto, también resulta infundado el segundo concepto de violación, ya que el principio pro persona no implica necesariamente que las cuestiones alegadas por la quejosa deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ya que ese principio no puede ser constitutivo de derechos alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes. Resulta aplicable la jurisprudencia del siguiente contenido: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES..." No pasa inadvertido para el suscrito que la novación como excepción contra la ejecución de sentencia, debe resolverse en la vía incidental, sin embargo, conforme a lo ya expuesto, los términos en que es planteada por la actora resultarían inútiles puesto que el análisis de ellos no daría lugar de forma alguna a una decisión diferente, por lo que sería notoriamente improcedente. Apoya lo anterior la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "INCIDENTES, RECURSOS O PROMOCIONES NOTORIAMENTE MALICIOSOS O IMPROCEDENTES. SU CONNOTACIÓN. ." En las relatadas condiciones, al resultar infundados los conceptos de violación, procede negar el amparo en contra del acto judicial reclamado. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE ÚNICO. La justicia de la unión no ampara ni protege a ., contra actos del Juez Vigésimo Civil de Proceso Oral del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, precisados en el segundo considerando, conforme al diverso último de esta sentencia. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CELEBRADA en el juicio de amparo 56/2020; ..., procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.

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