María Eugenia Vera Sandoval

Expediente 1176/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1176/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
17/11/2023

Partes del expediente

  • María Eugenia Vera Sandoval

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpongan recurso de revisión contra la sentencia del trece de octubre de este año, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que concedió el amparo y protección de la justicia de la unión a la parte quejosa, ha causado ejecutoria. Infórmese a las partes la presente determinación, háganse las anotaciones respectivas, y glósese a este expediente el cuaderno relativo al incidente de suspensión. Por tanto, se requiere a la autoridad responsable, en términos del artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, para que dentro del término de tres días informen el cumplimiento a la ejecutoria de amparo y acompañen las constancias necesarias en su apoyo. Notifíquese vía electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, trece de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente y a efecto de no dejar pendiente de acuerdo la promoción de cuenta, se provee: Agréguese a los presentes autos el oficio remitido por la autoridad responsable Jefe del Departamento Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, mediante el cual rinde su informe justificado; sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento al respecto, atento a que el diez de octubre último, fue celebrada la audiencia constitucional en este asunto; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    III. V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1176/2023-III; y, R E S U L T A N D O: Mediante escrito presentado el siete de septiembre de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia de los Juzgados de Distrito con residencia en Naucalpan de Juárez, turnado a este órgano jurisdiccional el ocho del mismo mes y año, *************, por propio derecho, demandó el amparo y protección contra actos del Jefe del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. Por auto del doce de septiembre de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional la registró con el número 1176/2023-III, se admitió a trámite la demanda de amparo, solicitó informe con justificación a la autoridad responsable; dio la intervención legal al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37 de la Ley de Amparo; 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en virtud de que el acto reclamado tiene ejecución dentro de la demarcación territorial en que ejercer jurisdicción este Juzgado. SEGUNDO. A fin de fijar la litis constitucional y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa de una revisión integral de la demanda, que el quejoso reclama: ( La falta de respuesta a la solicitud de aceptación de pago de pensión por retiro de edad y tiempo de servicios, ingresada el nueve de mayo de dos mil veintidós. TERCERO. La autoridad responsable Jefe del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México, fue omisa en rendir su correspondiente informe justificado, no obstante de encontrarse debidamente notificado; por tanto en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene presumen como cierto el acto que se le reclama; circunstancia anterior que resulta procedente asumir atento a lo establecido -en lo que interesa-, en el contenido del Manual General de Organización del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, en el que conforme al número de estructura orgánica "207C0401520101L", corresponde al Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, entre otras funciones el calcular y determinar las cantidades a pagar para los pagos por primera vez por concepto de pensiones. Asimismo, la omisión atribuida se corrobora con la documental que exhibió la quejosa en su demanda de amparo, consistente en copia de la solicitud de pensión con sello de recibo del nueve de mayo de dos mil veintidós, ante la Unidad de Atención al Derechohabiente Naucalpan, misma que no fue objetada por la autoridad en cita y a la se le otorga valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Cobra aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 226, publicada en Tomo VI, página 153, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Es importante precisar que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de lo dispuesto por el artículo 2o. de la Ley de Amparo, el valor de las pruebas fotográficas, taquigráficas y de otras cualesquiera aportadas por los descubrimientos de la ciencia, carácter que tienen las copias fotostáticas, por ser reproducciones fotográficas de documentos, quedan al prudente arbitrio del juzgador; por lo tanto, en ejercicio de dicho arbitrio se otorga valor probatorio a la documental exhibida por la parte quejosa en el presente juicio de amparo. En ese orden, al haberse exhibido en el presente juicio de amparo copia simple del acuse de la solicitud de cuya omisión en su atención se atribuye a la autoridad responsable y dado que dentro de las facultades con que cuenta la autoridad responsable, corresponde emitir la resolución que se le reclama su falta de emisión, lo cual, es suficiente para tener por acreditado el mismo. Conclusión que además guarda congruencia con las reformas constitucionales en materia de derechos humanos, acaecidas el diez de junio de dos mil once, en específico lo dispuesto en el texto del artículo 1o. constitucional, en relación con el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por virtud de las cuales constituye una obligación de los juzgadores asegurarse de que los gobernados puedan tener un real y efectivo acceso a la justicia, en específico al juicio de amparo, por ser éste el medio de impugnación extraordinario que existe en nuestro país para amparar a las personas contra actos que violen sus derechos humanos reconocidos por la Constitución, la ley o cualquier tratado internacional del que México sea parte. CUARTO. Procede analizar las causales de improcedencia que propongan las partes o que este juzgador advierta de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese orden este órgano jurisdiccional no advierte causa de improcedencia que hayan hecho valer y tampoco se considera que se actualice alguna; por lo que no es necesario analizar cada una de las hipótesis del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que no existe precepto que obligue a hacerlo. Sustenta lo anterior la tesis II.2oP.A.20K, publicada en la página 297, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Enero de 196, número de registro 203408, del rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. NO EXISTE OBLIGACION DE ANALIZAR TODAS LAS QUE HIPOTETICAMENTE PREVE EL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, PARA EXPLICAR EN TODA SENTENCIA LA RAZON POR LA CUAL NO SE ACTUALIZAN." Al no existir más causas de improcedencia invocadas por las partes o que se advierta la actualización de alguna, se procede al estudio del fondo del asunto. QUINTO. Se dan por reproducidos los conceptos de violación vertidos en la especie los cuales, al no existir artículo expreso en la Ley de Amparo en vigor, que señale que deba hacerse en la sentencia transcripción de ellos, de conformidad con lo que dispone la tesis jurisprudencial 477 publicada en las páginas 414 y 415, Segunda Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917- 2000, que es del tenor literal siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma." Ahora bien, del estudio integral de la demanda, se advierte que la quejosa aduce en esencia que la autoridad responsable ha omitido dar respuesta a su solicitud de aceptación de pensión para el pago de pensión que le fue decretada previamente, presentada el nueve de mayo de dos mil veintidós, no obstante que tiene la obligación de regular el régimen de seguridad social a su favor, así como de haber cumplido el solicitante con los requisitos necesarios para obtener el pago de la pensión, lo que considera transgrede en su perjuicio lo previsto entre otros numerales, lo establecido en los artículos 17 y 123, apartado B, fracción XI, inciso a), ambos de la Constitución Federal. El sintetizado concepto de violación es fundado y suficiente para conceder el amparo solicitado, atento a las consideraciones que a continuación se exponen. En principio resulta pertinente destacar que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone lo siguiente: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil." Del análisis del precepto de referencia se advierte que en él se establece: a) Un derecho a la jurisdicción que tiene todo gobernado de acudir ante los órganos jurisdiccionales previamente establecidos para el efecto de obtener una resolución sobre una pretensión, y en su caso, la ejecución forzosa de lo juzgado. b) La obligación por parte de las autoridades jurisdiccionales de conocer, substanciar y resolver los juicios que se diriman ante ellas. c) Que dicha impartición de justicia deberá efectuarse dentro de los plazos previamente establecidos en las leyes adjetivas aplicables al caso, es decir, que tanto los actos procesales que practiquen los órganos jurisdiccionales, como las resoluciones que éstos emitan, ya sean acuerdos o sentencias, se deben realizar dentro de los términos establecidos en las legislaciones procesales y de manera completa e imparcial. De lo anterior se deduce que los tribunales deben realizar los actos procesales y emitir las resoluciones correspondientes en las contiendas sometidas a su jurisdicción, dentro de los términos y plazos que establezca la ley que los rija. Así, del texto constitucional se advierte que la expeditez debe estar presente en todo el desarrollo del procedimiento a fin de que permita resolverse el conflicto en la forma más pronta. Estos principios generales, aplicados a la materia específica, deben entenderse referidos al juicio laboral a fin de que se facilite la solución del conflicto. Asimismo, cabe señalar que respecto del cumplimiento del derecho fundamental contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no sólo se encuentran obligados a observarlo los tribunales judiciales formalmente instituidos, sino también las autoridades administrativas, que en el ejercicio de sus funciones materialmente jurisdiccionales, tienen la obligación de emitir las resoluciones correspondientes en los procedimientos planteados ante tales autoridades, así como las autoridades en el ámbito de su competencia deben dar vigencia y efectividad a dichas resoluciones. Asimismo, debe precisarse que el derecho a la pensión, se encuentra consagrado en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Federal; este precepto constitucional, no sólo contiene las bases mínimas de seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado, sino que del mismo también deriva el principio constitucional de la previsión social, que se sustenta en la obligación de establecer un sistema íntegro que otorgue tranquilidad y bienestar personal a los trabajadores y a su familia, ante los riesgos a los que se encuentran expuestos, orientados necesariamente a procurar el mejoramiento del nivel de vida. Ahora bien, del contenido del Manual General de Organización del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, publicado en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" del Estado de México, el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, se tiene que conforme al número de estructura orgánica "207C0401520101L", publicado en la gaceta antes referida y transcrito en párrafos precedentes, corresponde al Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, entre otras funciones el calcular y determinar las cantidades a pagar para los pagos por primera vez por concepto de pensiones. Por lo que, atento a la litis planteada en esta instancia constitucional, es de considerarse que, como se aprecia de autos, la autoridad responsable ha omitido dar respuesta sobre el trámite derivado de la aceptación de pago de pensión presentada el nueve de mayo de dos mil veintidós, no obstante que, conforme a las funciones previstas en la legislación aplicable al caso y constancias que obran en autos, se advierte que obra el copia de la solicitud de aceptación de pensión para el pago de pensión por retiro de edad y tiempo de servicios, enderezada por la parte quejosa, aunado que de la documental exhibida por la quejosa en el presente juicio de amparo, se advierte el sello de recibo ante la Unidad de Atención al Derechohabiente Naucalpan, del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, sin que se encuentre acreditado que la autoridad responsable atendiera la mencionada solicitud que presentara la quejosa para su atención y respuesta correspondiente. Documental que no fue objetada en el presente juicio, a la que se le concede valor probatorio suficiente de acuerdo con el artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, y a la que se otorgó valor probatorio, conforme lo expuesto en el considerando tercero; y, por tanto, que resulte idónea para tener por acreditado plenamente la solicitud de aceptación de pensión por retiro de edad y tiempo de servicios, formulada por la parte quejosa. Por lo que, si la autoridad cuenta con diversas funciones, como lo es, el cálculo y determinación de pensiones, así como altas y bajas en la nómina de personas pensionadas, sin que al caso se advierta la determinación correspondiente al trámite otorgado a la solicitud enderezada por la parte quejosa, conforme a las constancias que obran en el presente sumario constitucional; resulta evidente que a la fecha en que este juzgado federal emite la presente sentencia, la autoridad responsable ha sido omisa en sus funciones, ya que conforme a la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, vigente, el pago para la pensión respectiva, atiende al día siguiente en que cause baja el trabajador . Por ello, si la responsable no demostró de manera fehaciente haber realizado el pago de pensión a la parte quejosa previamente reconocido, no se dio cumplimiento a los derechos fundamentales establecidos en los artículos 17 y 123 apartado "B" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se estima que se vulneró en perjuicio de la aquí parte quejosa tales preceptos. Por tanto, si la parte quejosa no ha recibido respuesta alguna, ni la autoridad responsable ofreció algún medio de prueba para acreditar que realizó el trámite respectivo para la emisión de la resolución referente a la aceptación del pago de pensión, es evidente que la omisión reclamada lesiona el derecho a la seguridad social del promovente del amparo, por no hacer accesible este derecho a su favor, conforme al principio de eficacia material que le es propio. Es aplicable la tesis VI.1o.230 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 189, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV-II, Febrero de 1995, Octava Época, del rubro y texto siguiente: "ACTOS NEGATIVOS, CORRESPONDE A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES LA CARGA DE LA PRUEBA DE LOS. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos imputados a las autoridades responsables, la carga de la prueba de que no existen esas omisiones o hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino a las responsables." En ese contexto, al estar en presencia de una abstención total de parte de la autoridad responsable, pues como se advirtió, ha omitido resolver lo conducente, retardando así el procedimiento tendente a obtener el pago de pensión en perjuicio de la parte quejosa, violando lo dispuesto por el artículo 17 y 123 apartado "B" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese contexto, como se adelantó, es esencialmente fundado el concepto de violación de la parte quejosa. En las relatadas condiciones, a fin de restituir a la agraviada en el goce de su derecho fundamental violado, conforme a lo que establece el artículo 77, fracción II, de la ley de la materia, procede conceder el amparo y protección de la justicia federal solicitada, para el efecto de que una vez que cause ejecutoria la presente determinación: - Se emita de forma inmediata la determinación con relación a la solicitud enderezada por la parte quejosa correspondiente a la aceptación de pensión por jubilación que previamente se haya decretado en favor de la quejosa y, proceda al pago de la pensión previamente decreta a su favor. -Así como, se haga del conocimiento dentro del término de tres días la resolución que al efecto se emita con relación a la solicitud de aceptación de pensión por retiro de edad y tiempo de servicios, que previamente se haya decretado en favor de la quejosa, por conducto de la Unidad de Atención al Derechohabiente en la que presentó tal solicitud. -Debiendo remitir a este Juzgado de Distrito las constancias que así acrediten lo ordenado en la presente sentencia. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ************, por propio derecho, contra el acto reclamado al Jefe del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, por los motivos y para los efectos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese, vía electrónica a la parte quejosa y por lista electrónica al representante social adscrito; así como, por oficio a la autoridad responsable. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, hasta hoy trece de octubre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, secretario quien certifica que la presente resolución, se encuentra debidamente incorporada al expediente electrónico. Doy fe

  4. Incidental

    III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese únicamente para que obre como corresponda el oficio del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, mediante el cual rinde su informe previo, sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento, en virtud de que el veintiuno de septiembre pasado, se resolvió en definitiva la incidencia en que se actúa. Ahora, conforme a los numerales 9o. y 28 de la misma legislación, se tienen como delegadas a las personas que designa y como domicilio el señalado. Téngase por autorizados a los usuarios que indica para la consulta del expediente electrónico de este juicio de amparo, en virtud de que cuentan con el registro correspondiente; por lo que se instruye al Oficial Judicial "A", a efecto de que realice las habilitaciones convenientes. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

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