María Eugenia Vásquez Guerra

Expediente 429/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
429/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
28/06/2018

Partes del expediente

  • María Eugenia Vásquez Guerra

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, en la que se hace constar que la parte quejosa no interpuso recurso de queja, dentro del término legal, contra el auto de trece de junio de dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó la demanda de garantías; en consecuencia, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicho proveído, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Finalmente, el suscrito secretario en funciones de juez ordena que notificado que sea el presente acuerdo, se archive este asunto como concluido.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Se notifica por medio de lista de acuerdos al quejoso el auto de trece de junio de dos mil dieciocho, que en su parte conducente dice:Colima, Colima, trece de junio de dos mil dieciocho. Vista el acta de comparecencia que antecede, de la que se desprende que en este día, la quejosa ratificó en todas y cada una de sus parte el contenido del escrito con número de ingreso 10329, presentado ante la Oficialía de Partes de éste órgano jurisdiccional el siete de junio de la presente anualidad; por ende, se provee en torno a su contenido: Téngase por recibido el escrito signado por la quejosa María Eugenia Vásquez Guerra, con el que cumple con el requerimiento formulado en auto de veintinueve de mayo de dos mil dieciocho. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 113, de la Ley de Amparo, se procede analizar la demanda de amparo y escritos aclaratorios a fin de determinar si existe o no algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, dispositivo que señala: "ARTÍCULO 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Se desprende del precepto reproducido que el Juez de Distrito podrá desechar la demanda de amparo por improcedente, siempre y cuando exista un motivo manifiesto e indudable. Ahora bien, debe precisarse, que en relación con la interpretación que debe darse a los conceptos manifiesto e indudable a que se contrae el citado artículo 113, debe decirse que lo primero se actualiza, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo segundo resulta, de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En relación con lo expresado, cobra aplicación, la jurisprudencia que sustenta el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo epígrafe y contenido dicen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA .- De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos manifiesto, significa claro, evidente y el indudable, a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". Del análisis integral del libelo actio de amparo, en especial el acto que se reclama, pues el mismo permite al suscrito juzgador esclarecer su contenido y desentrañar la verdadera voluntad impetrante de amparo, lo que encuentra su apoyo en los principios que para la administración de justicia prevé el artículo 17 de la Constitución General de la República así como en la Jurisprudencia 183/2005, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , es dable concluir que la parte quejosa reclama en esencia la resolución de veintisiete de abril de dos mil dieciocho dictada por la Sala Mixta Civil, Familiar y Mercantil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima en el toca de apelación 244/2018, mediante la cual ordenó el remate de un bien inmueble propiedad de Salvador Reyes Rodríguez -parte demandada en el juicio de origen- en el que la quejosa es actora. Actuación contra la cual, a criterio del suscrito, opera la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, debido a que se trata de actos dictados después de concluido el juicio de controversias del orden familiar, que no constituye la última resolución en el procedimiento de remate. A fin de evidenciar la causa de inejercibilidad del juicio de amparo, que el suscrito estima actualizada, se considera pertinente tener a la vista los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, mismos que estatuyen: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "ARTÍCULO 107.- El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;". Como puede apreciarse del arábigo trascrito en primer término (61, fracción XXIII), señala que el juicio de garantías es improcedente en los demás casos en que la causa de inejercibilidad resulte de alguna otra disposición de la ley, ya sea de la propia Ley de Amparo o, incluso, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Argumento que se robustece con el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO .- Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de garantías que en forma enunciativa prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna, lo que de suyo implica que las diecisiete primeras fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, no es exacto que exista imprecisión en torno de las causas de improcedencia que se prevén en esa fracción". Por su parte, el segundo de los numerales (artículo 107, fracción IV), prevé que para la procedencia del juicio de amparo es necesario que los actos de autoridad que se combaten, sean de aquellos realizados fuera de juicio o después de concluido, y tratándose de la etapa de remate, sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo. En tales condiciones, si de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado consiste en la resolución de veintisiete de abril de dos mil dieciocho dictada por la Sala Mixta Civil, Familiar y Mercantil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima en el toca de apelación 244/2018, mediante la cual ordenó el remate de un bien inmueble propiedad de Salvador Reyes Rodríguez -parte demandada en el juicio de origen- en la que la quejosa es actora; se tiene que tales actuaciones se encuentran inmersas en la etapa de remate y que evidentemente no revisten la última resolución en el referido procedimiento, que ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, ni se trata de aquellos actos que afecten de manera directa derechos sustantivos del quejoso, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Resulta de oportuna aplicación la jurisprudencia 108/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 6, tomo XXXIII, enero de 2011, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de texto y rubro siguientes: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto". Asimismo, sirve de apoyo la tesis del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, localizable en la página 427, tomo VII, enero de 1991, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, de texto y rubro siguientes: "REMATE, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LA ORDEN PARA SACAR LOS BIENES EMBARGADOS A.- Si bien es cierto que es procedente el juicio de amparo cuando se trata de actos ejecutados fuera del juicio o después de concluido, también lo es que cuando el acto reclamado se hace consistir en la orden de sacar a remate los bienes embargados en el juicio la acción constitucional resulta improcedente de conformidad con el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el párrafo tercero del artículo 114 de la misma Ley, en razón de que no se trata de una resolución definitiva en que se apruebe o desapruebe el remate". En ese contexto, tomando las ideas plasmadas en líneas precedentes, es evidente que, respecto del acto reclamado a la sala responsable, existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que se surten los supuestos previstos en el artículo 113 de la Ley de Amparo y, por tanto, debe considerarse como notoriamente improcedente la demanda de garantías; en consecuencia, se desecha de plano la demanda de que se trata. Lo manifiesto e indudable de la causal de improcedencia reseñada estriba en que aun cuando se admitiera a trámite la demanda, a nada práctico conduciría, ya que los motivos de improcedencia seguirían subsistiendo.

  4. Principal

    Notifíquese personalmente.

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