Maria Eugenia Vargas Velez

Expediente 2149/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 9 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2149/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
02/05/2023

Partes del expediente

  • Maria Eugenia Vargas Velez
  • Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Tamaulipas
  • Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación Y Arbitraje En el Estado, Ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 2149/2022; promovido por María Eugenia Vargas Vélez, contra un acto que reclama de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, Ciudad; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado vía buzón judicial el veintinueve de noviembre de dos mil veintidós y turnado por la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, al día siguiente a este Juzgado, se recibió la demanda de amparo promovida por María Eugenia Vargas Vélez, contra la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, de quien reclamó lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO.- La resolución incidental de recurso de revisión de fecha 08 de noviembre de 2022. SEGUNDO. Trámite. Por auto de uno de diciembre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda y se registró con el número de juicio de amparo 2149/2022; se pidió a la autoridad responsable su informe justificado; se dio vista al Fiscal de la Federación adscrito al Juzgado y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Previa secuela y emplazamiento del tercero interesado, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas es competente para resolver el juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo previsto en el artículo cuarto, fracción XIX, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que el acto reclamado en el juicio, se atribuye su ejecución a una autoridad que reside dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se realiza la fijación clara y precisa del acto reclamado. Así, considerada la demanda de amparo como un todo, se obtiene que en el presente juicio de amparo de las autoridades responsables, se reclama: La resolución emitida el ocho de noviembre de dos mil veintidós, relativa al de recurso de revisión, interpuesto en contra del auto de once de febrero de dos mil veinte, dentro del juicio laboral 00213/E03/2014, la cual declaró improcedente el recurso. TERCERO. Certeza de acto reclamado a autoridad. La autoridad Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, al rendir informe justificado, en representación del órgano de su adscripción, manifestó que es cierto el acto reclamado. Lo que se corrobora con las constancias que remitió en copia certificada, relativas al expediente laboral 00213/E03/2014, a las cuales se les reconoce pleno valor probatorio en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, al ser expedida por autoridad legalmente competente en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. Por lo anterior, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por cierto y plenamente probado el acto reclamado a la autoridad responsable. CUARTO. Causales de improcedencia. Las partes no hicieron valer contra el acto reclamado alguna causa de improcedencia, ni de manera oficiosa se aprecia alguna que, por ser de orden público, deba ser analizada preferentemente a las cuestiones de fondo, en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Por ende, se procede al estudio de los conceptos de violación hechos valer por la promovente del amparo, mismos que se tienen por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.". Quinto. Estudio. Resultan infundados los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa y sin que en el caso, este juzgado pueda aplicar la suplencia de la deficiencia de la queja, al no advertir alguna transgresión en contra de sus derechos. En efecto, dentro de sus agravios la parte impetrante refiere que la autoridad responsable al determinar declarar improcedente el recurso de revisión planteado en contra del auto de once de febrero de dos mil veinte y solicitarle que presente una nueva solicitud de diligencia de amparo, paso por alto lo establecido en los artículos 940, 945 y 731 de la Ley Federal del Trabajo y con esto transgredió sus garantías contenidas en los artículos 14 y 16 Constitucional. Refiere que la Junta responsable dejo de tomar en cuenta lo establecido en el artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo, respecto a que el demandado tiene setenta y dos horas para cumplimentar el laudo; así mismo refiere, que tampoco observo el artículo 940 de la Legislación invocada, en cuanto a que la ejecución de los laudos corresponde a los Presidentes de las Juntas, quienes dictarán las medidas necesarias y aplicaran las medidas de apremio necesarias en términos del artículo 731 de la Ley Federal del Trabajo, para cumplir los laudos y que de conformidad con el primero de los preceptos referidos, el demandado tiene quince días para cumplir. En ese orden, contrario a lo aducido por la impetrante en su demanda, la responsable si abordo en su determinación el contenido de los preceptos 940 y 945 de la Ley de donde deriva el acto reclamado, pues le expone que efectivamente la junta por conducto de su Presidente, tiene la obligación de ejecutar los laudos que se pronuncien, sin embargo también le establece que la ejecución conlleva una obligación co-rrelativa, con los particulares, pues refiere que estos están obligados a manifestar su voluntad de continuar con la acción ejercida, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, lo cual deben hacer los particulares dentro de un periodo de dos años, ya que transcurridos y ante la falta de interés de la partes de llevar a cabo la ejecución, se actualizaría la figura de la prescripción de la acción para ejecutar el laudo. Al respecto, se transcriben el contenido de los artículos 945 y 950 de la Ley Federal del Trabajo "Artículo 945. Las sentencias deben cumplirse dentro de los quince días siguientes al día en que surta efectos la notificación. Vencido el plazo, la parte que obtuvo sentencia favorable podrá solicitar la ejecución de ésta en términos de lo dispuesto en el artículo 950 de esta Ley. Si el juez advierte que existe riesgo de no ejecutar la sentencia, o si el patrón realiza actos tendientes al incumplimiento de la misma, el juez tomará las medidas necesarias a efecto de lograr el cumplimiento eficaz de la sentencia. Para ello podrá decretar el embargo de cuentas bancarias y/o bienes inmuebles, debiendo girar los oficios respectivos a las instituciones competentes. Asimismo, deberá dar vista a las instituciones de seguridad social a efecto de que se cumplimenten las resoluciones en lo que respecta al pago de las cotizaciones y aportaciones que se contengan en la sentencia. La acción para solicitar la ejecución de las sentencias definitivas del Tribunal prescribe en dos años en términos del artículo 519 de esta Ley. La prescripción correrá a partir del día siguiente al que hubiese notificado la sentencia del Tribunal a las partes y solo se interrumpe en los siguientes casos: a) Por la presentación de la solicitud de ejecución debidamente requisitada, mediante la cual la parte que obtuvo sentencia favorable, solicite al juez dicte el auto de requerimiento y embargo correspondiente, o bien que abra el Incidente de Liquidación, y b) Cuando alguna de las partes interponga el medio de impugnación correspondiente. Independientemente de lo anterior, las partes pueden convenir en las modalidades de su cumplimiento. (.) Artículo 950.- Transcurrido el término señalado en el artículo 945, el juez, a petición de la parte que obtuvo, dictará auto de requerimiento y embargo." En ese orden, en cuanto a la falta de aplicación o inobservancia del artículo 940 de la Legislación invocada, en cuanto a que la ejecución de los laudos corresponde a los Presidentes de las Juntas, la responsable le refiere que dicho precepto no establece algún término para realizar la ejecución de los laudos; refiriéndole además, que el artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, le refiere que al emisión del auto de requerimiento de pago y embargo, condiciona a la previa existencia de petición de parte, por lo que en la resolución reclamada y que se combate en esta vía, le estableción que le quedaban a salvo sus derechos para que los haga valer y en su caso se proceda de nueva cuenta a llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago y embargo sobre bienes de la demanda. De lo anterior, narrado se puede concluir que la autoridad responsable en su resolución de ocho de noviembre de dos mil veintidós, si atendió las pretensiones de la parte actora y le expuso las razones y fundamentos por los cuales se estima necesario su intervención para la ejecución del laudo emitido en el expediente laboral 00213/E03/2014; esto es, debe existir previamente una obligación correlativa o una facultad constitucional que ineludiblemente constriña a la autoridad responsable de que se hace mérito a realizarla, ya sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición. Así, lo expuesto por la responsable no se advierte una transgresión a sus derechos contenidos en los artículos 14 y 16 Constitucional; por ello, resulta lógico y juridicametne razonable que la autoridad responsable no está legalmente constreñida a acatar el laudo, de oficio como lo pretende hacer ver la parte quejosa. A lo anterior, resulta de exacta aplicación la jurisprudencia 2a./J. 16/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable con el registro 2000025, y en la página 2772 del Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, Materia Laboral, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo." De igual forma, suma a lo anterior, por su idea jurídica, la tesis aislada 1a. XXIV/98, registro 196080, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, Materia Común, Pagina 53, que reza: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos." Asimismo, sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia 2ª./J. 15/2011 (10ª.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registrada con el número 2000011, consultable en la página 2771, del libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, Materia Común, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse." Por lo anterior, al demostrarse que no existe transgresión a garantía alguna de la parte quejosa, esto al atender en la resolución combatida sus pretensiones, lo que procede en el juicio es negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 77 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara, ni protege a María Eugenia Vargas Velez, contra el acto reclamado en el presente juicio a la autoridad responsable, el cual fuera precisado en el considerando segundo, por los motivos y razonamientos que se exponen en el último considerando del presente fallo. Notifíquese y personalmente a las partes,

  2. Principal

    PARA QUE LE SURTA EFECTOS DE NOTIFICACION PERSONAL AL TERCERO INTERESADO DE LA SENTENCIA DE LA FECHA EN CITA POR LA CUAL: "Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 2149/2022; promovido por María Eugenia Vargas Vélez, contra un acto que reclama de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, Ciudad; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado vía buzón judicial el veintinueve de noviembre de dos mil veintidós y turnado por la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, al día siguiente a este Juzgado, se recibió la demanda de amparo promovida por María Eugenia Vargas Vélez, contra la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, de quien reclamó lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO.- La resolución incidental de recurso de revisión de fecha 08 de noviembre de 2022. SEGUNDO. Trámite. Por auto de uno de diciembre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda y se registró con el número de juicio de amparo 2149/2022; se pidió a la autoridad responsable su informe justificado; se dio vista al Fiscal de la Federación adscrito al Juzgado y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Previa secuela y emplazamiento del tercero interesado, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas es competente para resolver el juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo previsto en el artículo cuarto, fracción XIX, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que el acto reclamado en el juicio, se atribuye su ejecución a una autoridad que reside dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se realiza la fijación clara y precisa del acto reclamado. Así, considerada la demanda de amparo como un todo, se obtiene que en el presente juicio de amparo de las autoridades responsables, se reclama: La resolución emitida el ocho de noviembre de dos mil veintidós, relativa al de recurso de revisión, interpuesto en contra del auto de once de febrero de dos mil veinte, dentro del juicio laboral 00213/E03/2014, la cual declaró improcedente el recurso. TERCERO. Certeza de acto reclamado a autoridad. La autoridad Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, al rendir informe justificado, en representación del órgano de su adscripción, manifestó que es cierto el acto reclamado. Lo que se corrobora con las constancias que remitió en copia certificada, relativas al expediente laboral 00213/E03/2014, a las cuales se les reconoce pleno valor probatorio en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, al ser expedida por autoridad legalmente competente en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. Por lo anterior, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por cierto y plenamente probado el acto reclamado a la autoridad responsable. CUARTO. Causales de improcedencia. Las partes no hicieron valer contra el acto reclamado alguna causa de improcedencia, ni de manera oficiosa se aprecia alguna que, por ser de orden público, deba ser analizada preferentemente a las cuestiones de fondo, en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Por ende, se procede al estudio de los conceptos de violación hechos valer por la promovente del amparo, mismos que se tienen por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.". Quinto. Estudio. Resultan infundados los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa y sin que en el caso, este juzgado pueda aplicar la suplencia de la deficiencia de la queja, al no advertir alguna transgresión en contra de sus derechos. En efecto, dentro de sus agravios la parte impetrante refiere que la autoridad responsable al determinar declarar improcedente el recurso de revisión planteado en contra del auto de once de febrero de dos mil veinte y solicitarle que presente una nueva solicitud de diligencia de amparo, paso por alto lo establecido en los artículos 940, 945 y 731 de la Ley Federal del Trabajo y con esto transgredió sus garantías contenidas en los artículos 14 y 16 Constitucional. Refiere que la Junta responsable dejo de tomar en cuenta lo establecido en el artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo, respecto a que el demandado tiene setenta y dos horas para cumplimentar el laudo; así mismo refiere, que tampoco observo el artículo 940 de la Legislación invocada, en cuanto a que la ejecución de los laudos corresponde a los Presidentes de las Juntas, quienes dictarán las medidas necesarias y aplicaran las medidas de apremio necesarias en términos del artículo 731 de la Ley Federal del Trabajo, para cumplir los laudos y que de conformidad con el primero de los preceptos referidos, el demandado tiene quince días para cumplir. En ese orden, contrario a lo aducido por la impetrante en su demanda, la responsable si abordo en su determinación el contenido de los preceptos 940 y 945 de la Ley de donde deriva el acto reclamado, pues le expone que efectivamente la junta por conducto de su Presidente, tiene la obligación de ejecutar los laudos que se pronuncien, sin embargo también le establece que la ejecución conlleva una obligación co-rrelativa, con los particulares, pues refiere que estos están obligados a manifestar su voluntad de continuar con la acción ejercida, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, lo cual deben hacer los particulares dentro de un periodo de dos años, ya que transcurridos y ante la falta de interés de la partes de llevar a cabo la ejecución, se actualizaría la figura de la prescripción de la acción para ejecutar el laudo. Al respecto, se transcriben el contenido de los artículos 945 y 950 de la Ley Federal del Trabajo "Artículo 945. Las sentencias deben cumplirse dentro de los quince días siguientes al día en que surta efectos la notificación. Vencido el plazo, la parte que obtuvo sentencia favorable podrá solicitar la ejecución de ésta en términos de lo dispuesto en el artículo 950 de esta Ley. Si el juez advierte que existe riesgo de no ejecutar la sentencia, o si el patrón realiza actos tendientes al incumplimiento de la misma, el juez tomará las medidas necesarias a efecto de lograr el cumplimiento eficaz de la sentencia. Para ello podrá decretar el embargo de cuentas bancarias y/o bienes inmuebles, debiendo girar los oficios respectivos a las instituciones competentes. Asimismo, deberá dar vista a las instituciones de seguridad social a efecto de que se cumplimenten las resoluciones en lo que respecta al pago de las cotizaciones y aportaciones que se contengan en la sentencia. La acción para solicitar la ejecución de las sentencias definitivas del Tribunal prescribe en dos años en términos del artículo 519 de esta Ley. La prescripción correrá a partir del día siguiente al que hubiese notificado la sentencia del Tribunal a las partes y solo se interrumpe en los siguientes casos: a) Por la presentación de la solicitud de ejecución debidamente requisitada, mediante la cual la parte que obtuvo sentencia favorable, solicite al juez dicte el auto de requerimiento y embargo correspondiente, o bien que abra el Incidente de Liquidación, y b) Cuando alguna de las partes interponga el medio de impugnación correspondiente. Independientemente de lo anterior, las partes pueden convenir en las modalidades de su cumplimiento. (.) Artículo 950.- Transcurrido el término señalado en el artículo 945, el juez, a petición de la parte que obtuvo, dictará auto de requerimiento y embargo." En ese orden, en cuanto a la falta de aplicación o inobservancia del artículo 940 de la Legislación invocada, en cuanto a que la ejecución de los laudos corresponde a los Presidentes de las Juntas, la responsable le refiere que dicho precepto no establece algún término para realizar la ejecución de los laudos; refiriéndole además, que el artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, le refiere que al emisión del auto de requerimiento de pago y embargo, condiciona a la previa existencia de petición de parte, por lo que en la resolución reclamada y que se combate en esta vía, le estableción que le quedaban a salvo sus derechos para que los haga valer y en su caso se proceda de nueva cuenta a llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago y embargo sobre bienes de la demanda. De lo anterior, narrado se puede concluir que la autoridad responsable en su resolución de ocho de noviembre de dos mil veintidós, si atendió las pretensiones de la parte actora y le expuso las razones y fundamentos por los cuales se estima necesario su intervención para la ejecución del laudo emitido en el expediente laboral 00213/E03/2014; esto es, debe existir previamente una obligación correlativa o una facultad constitucional que ineludiblemente constriña a la autoridad responsable de que se hace mérito a realizarla, ya sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición. Así, lo expuesto por la responsable no se advierte una transgresión a sus derechos contenidos en los artículos 14 y 16 Constitucional; por ello, resulta lógico y juridicametne razonable que la autoridad responsable no está legalmente constreñida a acatar el laudo, de oficio como lo pretende hacer ver la parte quejosa. A lo anterior, resulta de exacta aplicación la jurisprudencia 2a./J. 16/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable con el registro 2000025, y en la página 2772 del Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, Materia Laboral, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo." De igual forma, suma a lo anterior, por su idea jurídica, la tesis aislada 1a. XXIV/98, registro 196080, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, Materia Común, Pagina 53, que reza: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos." Asimismo, sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia 2ª./J. 15/2011 (10ª.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registrada con el número 2000011, consultable en la página 2771, del libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, Materia Común, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse." Por lo anterior, al demostrarse que no existe transgresión a garantía alguna de la parte quejosa, esto al atender en la resolución combatida sus pretensiones, lo que procede en el juicio es negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 77 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara, ni protege a María Eugenia Vargas Velez, contra el acto reclamado en el presente juicio a la autoridad responsable, el cual fuera precisado en el considerando segundo, por los motivos y razonamientos que se exponen en el último considerando del presente fallo. Notifíquese y personalmente a las partes"

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CELEBRADA

  4. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que por auto de uno de diciembre de dos mil veintidós, se reservó emplazar al tercero interesado Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, hasta en tanto obrara en autos el informe solicitado a la autoridad responsable, el cual ya se encuentra agregado y vistas las constancias anexas a éste, se advierte el domicilio del citado tercero, por lo que se ordena su emplazamiento. En consecuencia, con fundamento en los arábigos 26, fracción I, inciso b, y 116, párrafo segundo, ambos de la ley de la materia, se comisiona al Actuario judicial adscrito para que se constituya en el domicilio del nombrado tercero interesado en esta ciudad, lo emplace al presente juicio y le corra traslado con copia cotejada de la demanda de amparo, asimismo, le notifique el auto de radicación y el presente proveído, a fin de que comparezca a juicio si lo estima conveniente a sus intereses; además, deberá hacerle de su conocimiento que la fecha y hora programada para la celebración de la audiencia constitucional. Por lo anterior, no se está en condiciones de celebrar la audiencia constitucional programada, por lo que se difiere la misma y se señalan las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS; para el efecto de que las partes se impongan del mismo y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes. En la inteligencia de que la misma, en términos de la última parte de la fracción II del artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, reformado mediante el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, se llevará a cabo mediante el medio denominado ''videoconferencia'' a través de Cisco Webex Meetings. Por tanto, siguiendo los lineamientos establecidos en el diverso Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, en su artículo 28, SE REQUIERE A LAS PARTES para que en el plazo de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación, proporcionen un correo electrónico o un dispositivo móvil al cual se les hará llegar la invitación del número de reunión en donde se llevará cabo la audiencia de ley; asimismo, indiquen en la promoción mediante la que desahoguen dicho requerimiento, la o las personas que acudirán vía electrónica en su representación (si es el caso). La audiencia constitucional se llevará a cabo sin la presencia física de las partes en las instalaciones del órgano jurisdiccional; no obstante, podrán comparecer vía ''videoconferencia'' a través de Cisco Webex Meetings, o bien, a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes. En el entendido de que la audiencia constitucional se llevará a cabo sin la presencia física de las partes en las instalaciones del órgano jurisdiccional; no obstante, podrán comparecer vía ''videoconferencia'' a través de Cisco Webex Meetings, o bien, a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes. Lo anterior, en términos de la fracción II del artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, reformado mediante el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, que dispone: "Artículo 257. Los órganos jurisdiccionales procurarán utilizar el Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal para la atención a personas justiciables, conforme a lo siguiente: II.- (.) Tratándose de audiencias constitucionales o incidentales, se podrán realizar a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes." Finalmente, de conformidad con los artículos 28, fracciones I y II, y 29 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de la autoridad que, con la finalidad de optimizar los recursos materiales, únicamente se le notificará de manera personal, es decir, por medio de oficio, aquellas determinaciones que por la trascendencia del contenido del auto o resolución que deban notificársele lo ameriten; en tanto que los acuerdos de trámite de menor importancia se le notificará de la misma manera que a las demás partes, esto es, por medio de lista. De la misma manera, tomando en consideración que el segundo de los numerales en cita prevé que, en los juicios de amparo, las notificaciones por lista se harán en una que se fijará y publicará en el local del órgano jurisdiccional, en un lugar visible y de fácil acceso, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, se informa a las partes que, en la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (www.cjf.gob.mx), o bien, mediante el ingreso al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx), pueden realizar la consulta de dicha lista, así como de la información que de este expediente se encuentra capturada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, página 1253, registro 2002576, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS". Notifíquese.

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