María Eugenia Vargas Martínez
Expediente 247/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 247/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 24/03/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Eugenia Martínez Vásquez
- María Eugenia Vargas Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
MESA II B Glósese a los autos el oficio 2589, suscrito por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, y anexo que acompaña, por el que remite el diverso 116 signado por la Secretaria de Acuerdos de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, que por error fue dirigido a la presidenta de ese órgano colegiado; acúsese recibo. Por tanto, agréguese el referido oficio 116 signado por la Secretaria de Acuerdos de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por el que acusa recibo del oficio 4523 al que se adjuntaron el expediente civil 24/1997 del registro del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Tehuantepec, Oaxaca, toca civil 119/2007 del índice de la citada Sala Civil, y cuatro cuadernos de pruebas correspondientes al expediente 24/1997; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
M,ESA II B Vistos los autos, y advirtiéndose de la certificación que antecede, que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de revisión contra el acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil quince (fojas 112 a 114), por el que se desechó la demanda de amparo promovida por MARÍA EUGENIA VARGAS MARTÍNEZ y EUGENIA MARTÍNEZ VÁSQUEZ; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se desechó la demanda de amparo en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de la parte quejosa que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción I del punto Vigésimo Primero del Acuerdo Invocado. Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, mediante oficio que se gire a la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, devuélvansele el expediente civil 24/1997 del registro del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Tehuantepec, Oaxaca, toca civil 119/2007 del índice de la citada Sala Civil, y cuatro cuadernos de pruebas correspondientes al expediente 24/1997, con los que en auto de veinte de febrero pasado, se ordenó formar anexos I, II, III, IV, V y VI.
- Principal
MESA II B Vistos los autos, y advirtiéndose de la certificación que antecede, que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de revisión contra el acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil quince (fojas 112 a 114), por el que se desechó la demanda de amparo promovida por MARÍA EUGENIA VARGAS MARTÍNEZ y EUGENIA MARTÍNEZ VÁSQUEZ; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se desechó la demanda de amparo en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de la parte quejosa que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción I del punto Vigésimo Primero del Acuerdo Invocado. Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, mediante oficio que se gire a la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, devuélvansele el expediente civil 24/1997 del registro del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Tehuantepec, Oaxaca, toca civil 119/2007 del índice de la citada Sala Civil, y cuatro cuadernos de pruebas correspondientes al expediente 24/1997, con los que en auto de veinte de febrero pasado, se ordenó formar anexos I, II, III, IV, V y VI.
- Principal
MESA II B Agréguese el oficio 1580 signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, al que anexó el oficio 76 signado por la Magistrada Presidenta de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado; original de la demanda de amparo promovida por MARÍA EUGENIA VARGAS MARTÍNEZ y EUGENIA MARTÍNEZ VÁSQUEZ; expediente civil 24/1997 del registro del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Tehuantepec, Oaxaca; toca civil 119/2007 del índice de la citada Sala Civil, y cuatro cuadernos de pruebas correspondientes al expediente 24/1997, toda vez que ese órgano colegiado declaró carecer de competencia legal para conocer y resolver el asunto. En este orden, con fundamento en el artículo 47, párrafo tercero, de la anterior Ley de Amparo, aplicable de conformidad con el artículo Transitorio Tercero del decreto por el que se expide la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos abril de dos mil trece, en virtud de que la demanda de amparo fue presentada ante la autoridad responsable el quince de octubre de dos mil siete (foja 24), este juzgado acepta la competencia que declina el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, para conocer de la aludida demanda; por tanto, acúsese recibo, fórmese expediente y regístrese en el libro respectivo con el número 247/2015. Hágase del conocimiento de las partes la radicación del juicio de amparo en este juzgado, para los efectos legales a que haya lugar. Con los cuadernos que remite la superioridad y dada la voluminosidad de los misma, aperturense los anexos I, II, III, IV, V y VI respetando el folio, entresello y rúbrica asignados. Ahora bien, antes de proveer sobre la admisión de la demanda de amparo, es necesario verificar que no exista motivo manifiesto e indudable que haga improcedente la instancia constitucional, tal como lo ordena el artículo 145 de la Ley de Amparo, que al efecto se transcribe: Artículo 145. El juez de Distrito examinará, ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. En el caso, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que las quejosas MARÍA EUGENIA VARGAS MARTÍNEZ y EUGENIA MARTÍNEZ VÁSQUEZ, reclaman la resolución pronunciada el veintisiete de septiembre de dos mil siete, por los magistrados de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, en el toca civil 119/2007 de su índice, por la que revocaron la sentencia de diez de julio de dos mil seis, dictada por la Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Tehuantepec, Oaxaca, en el expediente 24/1997 (en la cual no entró al fondo del asunto por las consideraciones señaladas en el considerando único de esa resolución -que se actualizaba litisconsorcio pasivo necesario- y se dejaron a salvo los derechos de las partes para que los ejercitaran en la vía y forma que correspondiera); determinando que dicho juzgador debía dictar sentencia de fondo, al no poder la Sala de Apelación pronunciarse en cuanto a ello por no haber agotado el a quo su jurisdicción. Precisado el acto reclamado el suscrito estima que, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el diverso 114, fracción IV, ambos de la anterior Ley de Amparo, el último aplicado en sentido contrario, que disponen lo siguiente: Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Ley. (.) Artículo 114. El amparo se pedirá ante el juez de distrito: (...) IV. Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. (.) La interpretación de los preceptos legales transcritos, permite concluir que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridad dictados dentro de un juicio, que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en múltiples jurisprudencias ha sostenido que por ejecución de imposible reparación debe entenderse aquellos actos que afectan de manera directa e inmediata los derechos sustantivos de las partes, los cuales están protegidos por las garantías individuales, y que no podrían repararse aun cuando el afectado obtuviera una sentencia favorable; a diferencia de los actos que solo afectan derechos adjetivos procesales o formales. Ahora bien, el acto reclamado en esta instancia lo constituye la resolución pronunciada el veintisiete de septiembre de dos mil siete, por los magistrados de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, en el toca civil 119/2007 de su índice, por la que revocaron la sentencia de diez de julio de dos mil seis, dictada por la Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Tehuantepec, Oaxaca, en el expediente 24/1997 (en la cual no entró al fondo del asunto por las consideraciones señaladas en el considerando único de esa resolución -por considerar que se actualizaba el litisconsorcio pasivo necesario- y se dejaron a salvo los derechos de las partes para que los ejercitaran en la vía y forma que correspondiera); determinando que dicho juzgador debía dictar sentencia de fondo, al no poder la Sala de Apelación pronunciarse en cuanto a ello por no haber agotado el a quo su jurisdicción. En este tesitura, bajo los lineamientos precisados y toda vez que el acto reclamado en esta instancia constitucional únicamente tiene el efecto de que el juez de primer grado pronuncie la sentencia que en derecho corresponda en el juicio natural, se estima que dicho acto no puede ser considerado como un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación para las inconformes, ya que no afecta de modo directo e inmediato sus derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal, sino que se trata de una violación intraprocesal que afecta sólo sus derechos adjetivos, que por ahora no es posible determinar si trascenderá al resultado del fallo definitivo que en su caso se llegare a dictar, pues ello dependerá del sentido favorable o desfavorable en que se dicte la sentencia definitiva; en el primer caso, lógicamente que quedará remediada tal violación, y en el segundo, estará en aptitud de promover en su contra amparo directo, en el que le será factible también impugnar el acto que aquí reclama en caso de trascender al resultado del fallo. Por ello, la infracción intraprocesal de que se duelen las impetrantes del amparo no puede catalogarse como de carácter irreparable, en términos del artículo 114, fracción IV de la Ley de Amparo, puesto que aun cuando se diera el caso de que la transgresión existiera, no se presentaría un menoscabo directo en los derechos sustantivos de la parte quejosa; de ahí que no sea impugnable a través del juicio de garantías biinstancial. Sirve de apoyo la jurisprudencia por contradicción de tesis número 24/92, sustentada por el pleno de nuestro máximo tribunal, consultable en la página 11, del Tomo 56, Agosto de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto siguientes: EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. En ese orden de ideas y al actualizarse, en el caso, notoria e indudablemente la causal de improcedencia aquí analizada, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO DE QUE SE TRATA, en términos de lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, aplicable. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales el que indica en la demanda de amparo, y por autorizadas para tales efectos a las personas que indica, por así solicitarlo. En términos del normativo 282 del código procesal en cita, para el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, se habilitan horas y días inhábiles para que el actuario practique ésta; ello, tomando en cuenta que de conformidad con el diverso numeral 27 de la ley de la materia, las resoluciones deben ser notificadas a más tardar el día siguiente al en que se hubiesen pronunciado. Para concluir, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con apoyo en el precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, mismo que entró en vigor el cinco de abril de dos mil cuatro, hágaseles saber el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo; en el entendido de que la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la ley antes citada; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el respectivo órgano jurisdiccional. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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