Maria Eugenia Valverde Hernandez

Expediente 1325/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1325/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
06/12/2023

Partes del expediente

  • Maria Eugenia Valverde Hernandez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Ciudad de México; a seis de diciembre de dos mil veintitrés. Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el Subtesorero de Catastro y Padrón Territorial de la Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, aún no desahoga el requerimiento que le fue formulado en auto de diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, a efecto de que este órgano jurisdiccional se allegue de las constancias necesarias para resolver este juicio. De esa manera, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, y el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a aquélla, REQUIÉRASE NUEVAMENTE al Subtesorero de Catastro y Padrón Territorial de la Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, para que en el plazo de TRES DÍAS contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, remita copia certificada de la Propuesta de Declaración de Valor Catastral y de Pago del Impuesto Predial, de donde se advierta de forma detallada, el desglose de los conceptos por los cuales arribó a las cantidades que determinó en dicha propuesta correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veintitrés, relativo a la cuenta predial 056-430-03-031-4, en particular, por lo que hace al concepto de instalaciones especiales, es decir, si se calculó o no dicho incremento (8%) a la parte quejosa, para lo cual, de igual manera deberá remitir constancia de la que se observe con claridad el significado de los conceptos y abreviaturas inherentes a dicho desglose. Al respecto, se inserta una imagen para mayor referencia y a efecto de que esté en posibilidad de remitir lo solicitado: Para el caso de incumplimiento, subsiste el apercibimiento con que se le conminó en auto de diecisiete de noviembre de este año. Se difiere audiencia constitucional. En razón de lo antes expuesto, se difiere la audiencia constitucional señalada para la fecha antes indicada, y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL TRES DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO, para que tenga verificativo. Notifíquese.

  2. Incidental

    AUDIENCIA INCIDENTAL. Ciudad de México; a diez horas con diecisiete minutos del uno de diciembre de dos mil veintitrés; se encuentra en audiencia pública Blanca Alicia Ochoa Hernández, Jueza Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región con residencia en la Ciudad de México, asistida de Selene Guadalupe Ramos Flores, Secretaria que da fe, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, procede a celebrar la relativa al incidente de suspensión emanado del juicio de amparo 1325/2023, promovido por María Eugenia Valverde Hernández, por propio derecho. Inicio de la audiencia. La Jueza declara abierta la audiencia sin la asistencia de las partes, enseguida la secretaria hace una relación de las constancias que obran en autos, entre las que se encuentran: Copia del escrito de demanda y anexos. Copia del escrito aclaratorio de demanda. Proveído en el cual se proveyó sobre la suspensión provisional y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia incidental. Certificaciones de cuenta. Informes previos rendidos por: a) la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, b) la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y b) el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos,; Constancias de notificación a las autoridades responsables. Recurso de queja interpuesto por el Presidente de la República en contra del auto de veintitrés de noviembre del presente año. Auto por el que se dio trámite al referido medio de impugnación. Asimismo, la Secretaria da cuenta a la Jueza, con el oficio registrado con el número 22482, hasta esta fecha por así haberlo permitido las labores del juzgado. La Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias de autos que en su integridad serán tomados en consideración al resolver sobre la suspensión solicitada. Informe previo. Ahora, con fundamento en los artículos 140 y 144 de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio signado por el representante de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, por medio del cual rinde su informe previo. Domicilio y autorizados. Con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, téngase como delegados a las personas que designa y de conformidad con lo establecido en el artículo 28, fracción I, de la citada Ley, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala. Sin que la anterior circunstancia conlleve a decretar el diferimiento de la presente audiencia incidental, en atención al principio de celeridad que lo rige. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia visible en la página veintidós, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, diciembre de dos mil, Novena Época, cuyo rubro es: "SUSPENSIÓN EN AMPARO. NO PROCEDE DIFERIR LA AUDIENCIA INCIDENTAL SI EN ELLA SE DA CUENTA CON EL INFORME PREVIO." Abierto el periodo probatorio. La Secretaria hace constar que la parte quejosa ofreció con su escrito inicial de demanda: - Copia certificada del oficio DFH/SR/GGNP/2675/2023, de catorce de septiembre del año en curso, dirigido a la parte quejosa. - Impresión de un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) a nombre de la parte quejosa, con cadena y sello digital de la institución emisora. Lo anterior, de acuerdo con lo previsto en la jurisprudencia 71/2020 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número de registro 163758. Por otro lado certifica que las demás partes no ofrecieron prueba alguna en el presente incidente. La Jueza acuerda: con fundamento en los artículos 143, segundo párrafo y 146, fracción II, de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas, admitidas y desahogadas, por su propia naturaleza, las pruebas de la parte quejosa, exhibidas en el presente asunto y por precluído el derecho de las demás partes para ofrecerlas, con lo que se da por concluido el presente período. Abierto el periodo de alegatos, la Secretaria hace constar: que ninguna de las partes formuló alegatos. La Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, téngase por precluído el derecho de las partes para formular alegatos, con lo que se da por concluida esta etapa. Cierre de audiencia. Al no haber diligencias pendientes por desahogar, se levanta la presente acta y se procede a dictar la resolución correspondiente; y, Vistos, para resolver sobre la suspensión definitiva en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1325/2023, promovido por María Eugenia Valverde Hernández; y R E S U L T A N D O PRIMERO. La parte quejosa solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que menciona tanto en el escrito inicial de demanda de amparo como en el escrito aclaratorio de la misma, los cuales se transcriben a continuación: Demanda: Por auto de seis de octubre de dos mil veintitrés, se previno a la parte quejosa para que subsanara las irreguridades del escrito inicial de demanda, por lo que desahogó lo siguiente: SEGUNDO. Admitida la demanda de amparo, se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran su informe previo; se negó y se concedió la suspensión provisional de los actos reclamados y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual tuvo verificativo en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, con fundamento en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Federal; y 128, 144 y 146 de la Ley de Amparo; así como en el Acuerdo General 4/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y la Circular SECNO/29/2021, de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Actos reclamados y medida suspensional solicitada en la demanda. Previo al anális de la suspensión definitiva, debe precisarse que el proceso legislativo de las normas reclamadas no forman parte de los efectos para los cuales la parte quejosa solicitó la medida cautelar, por lo que no será objeto de estudio en este incidente. Asentado lo anterior, de la lectura integral de la demanda, así como de los escritos aclaratorios, se advierte que la parte quejosa solicitó la suspensión para los efectos y consecuencias de los actos reclamados consistentes en: a. Para que no se disminuyan las prestaciones consistentes en el pago de utilidades, aguinaldo, incapacidades y prima vacacional, en los ejercicios fiscales dos mil diecinueve a dos mil veintidós con motivo de la aplicación de las siguientes normas: 1. Leyes Federales de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, diecinueve de abril de dos mil diecinueve y diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. 2. Presupuestos de Egresos de la Federación para los ejercicios fiscales dos mil diecinueve y dos mil veinte; y 3. Manual de Remuneraciones, Jubilaciones, Derechos y Obligaciones, aplicables al Personal de Confianza del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito (S.N.C), Institución de Banca de Desarrollo; b. Y con efectos restitutorios, solicita se suspendan las órdenes entre las autoridades responsables -del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito (S.N.C), Institución de Banca de Desarrollo-, a fin de que se le pague las utilidades generadas en los ejercicios fiscales dos mil diecinueve a dos mil veintidós. Por razón de técnica jurídica, este órgano jurisdiccional se avocará inicialmente al análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados en el incidente de suspensión en que se actúa, luego, y sólo en el caso de que se declare su existencia, estudiará de conformidad con la naturaleza de los efectos y consecuencias del mismo, si éstos son susceptibles de suspenderse, y en el supuesto de que así sea, entonces analizará si es procedente o no conceder la suspensión definitiva, atendiendo a si se surten los requisitos previstos en las fracciones I y II del artículo 128 de la Ley de Amparo y, finalmente, en el caso de que proceda, se fijará la garantía correspondiente, en términos de lo establecido en el diverso numeral 144 del ordenamiento de referencia, siguiendo los lineamientos establecidos en los diversos preceptos 146, 147 y 148 de la ley en cita. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente y por analogía, la jurisprudencia I. 1o. A.2, visible en la página 856, del Semanario Judicial de la Federación, del tomo I, segunda parte-2, enero a junio de mil novecientos noventa y ocho, Octava Época, que a la letra dispone: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA, TÉCNICA QUE DEBE SEGUIRSE EN EL ESTUDIO DE LA. Por razón de técnica, en la suspensión definitiva del acto reclamado, deben analizarse, por su orden, las siguientes cuestiones: A).- Si son ciertos o no los actos reclamados (premisa). B).- Si la naturaleza de esos actos permite su paralización (requisitos naturales). C).- Si se satisfacen las condiciones exigidas por el artículo 124 de la Ley de Amparo (requisitos legales), y D).- Si ante la existencia de terceros perjudicados es necesario exigir alguna garantía (requisitos de efectividad). TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Director General, el Subdirector de Remuneraciones, el Gerente de Gestión Nóminas y Prestaciones y el Jefe del Departamento de Nóminas y Obligaciones de Seguridad Social, todos, del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, consistentes en la negativa para autorizar el pago de las utilidades generadas en los años fiscales dos mil diecinueve a dos mil veintidós y en la disminución de las prestaciones de aguinaldo, prima vacacional e incapacidad por enfermedad general durante esos ejercicios fiscales, derivado de la aplicación de la ley de remuneraciones y presupuestos de egresos combatidos. Lo anterior, no obstante de que fueron omisas en rendir su informe previo, toda vez que la propia parte quejosa ofreció como prueba el oficio DFH/SR/GGNP/2675/2023, de catorce de septiembre del año en curso, emitido por el Director de Factor Humano del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito (S.N.C), Institución de Banca de Desarrollo; en el que se le indicó que, de acuerdo con el contenido de los artículos 4, 5, 30, 40, primer párrafo, 42 y 43 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito, en relación con los artículos 1, 4 y 59 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, no se está en posibilidad de autorizar el pago de las prestaciones relativas al pago de utilidades generadas en los años fiscales dos mil diecinueve a dos mil veintidós, dado su deber de ajustarse a los lineamientos establecidos en el oficio 100.-278 emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En ese sentido, con esa prueba, adminiculada con los recibos de pago exhibidos, a los cuales se les otorga valor probatorio al tenor del artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al presentar cadena y sello digital, únicamente se evidencia que el Director de Factor Humano del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito (S.N.C), Institución de Banca de Desarrollo, le informó las causas por las que no se le autorizó el pago de utilidades generadas en los citados ejercicios fiscales; pero de ellas no se advierte que dichas autoridades responsables hayan disminuido las prestaciones relativas al pago de aguinaldo, prima vacacional e incapacidades en general. Por ende, se niega a la parte quejosa la suspensión definitiva sobre esos actos reclamados. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Se tiene por presuntivamente cierto el acto reclamado al Director General del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, consistente en la emisión del Manual de Remuneraciones, Jubilaciones, Derechos y Obligaciones, aplicables al Personal de Confianza del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito (S.N.C), Institución de Banca de Desarrollo (BANJERCITO). Lo anterior, ante la omisión de rendir su informe previo, se presume la certeza de esos actos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 142 de la Ley de Amparo. Igualmente, se tiene por cierto el acto consistente en la emisión del oficio DFH/SR/GGNP/2675/2023, de catorce de septiembre del año en curso, atribuido al Director de Factor Humano del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito (S.N.C), Institución de Banca de Desarrollo; dado que se exhibió el original de esa comunicación y de su contenido se advierte, como ya se hizo mención, que dicha autoridad responsable le informó a la parte quejosa las razones del por qué no se está en posibilidad de autorizar el pago de las prestaciones relativas al pago de utilidades generadas en los años fiscales dos mil diecinueve a dos mil veintidós. Incluso ante la negación de esa autoridad responsable, se tiene por cierto ese acto reclamado, dado que esa negativa está sustentada en cuestiones que atañen al fondo del juicio principal. Véase el contenido de la tesis aislada de registro digital: 175199, Novena Época, identificada con este rubro -el cual contiene el criterio de interpretación-: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. LA NEGATIVA DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO EN EL INFORME PREVIO CON APOYO EN CUESTIONES RELACIONADAS CON EL FONDO DEL JUICIO, NO ORIGINA LA DENEGACIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR." QUINTO. Análisis de la solicitud de Suspensión. Analizada la certeza del acto reclamado en la presente instancia incidental, este juzgador procederá a verificar si resulta o no procedente la suspensión definitiva solicitada, por lo que por cuestión de técnica jurídica, se debe analizar en el orden en el que se asientan los aspectos siguientes: A) Si su naturaleza permite su paralización. B) Si se reúnen los requisitos establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo; y, en su caso, C) Si resulta necesario exigir alguna garantía para que surta efectos la suspensión porque existe un tercero interesado o se trata de contribuciones. Al respecto, resulta aplicable la tesis 2a. XXIII/2016, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1376, del Tomo II, correspondiente al mes de mayo de dos mil dieciséis, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, con número de registro 2011614, de rubro: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA CONCEDERLA." En ese sentido, cabe destacar que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, debido a su naturaleza declarativa tiene el carácter negativo, por lo que no llevan implícito un principio de ejecución material, y no produce un hacer positivo por parte de la autoridad responsable, pues como se apuntó, consiste en el oficio DFH/SR/GGNP/2675/2023, de catorce de septiembre del año en curso, donde se le informo al quejoso las razones del por qué no se está en posibilidad de autorizar el pago de las prestaciones relativas al pago de utilidades generadas en los años fiscales dos mil diecinueve a dos mil veintidós. No obstante lo anterior, resulta de capital importancia destacar que a partir de la reforma constitucional del seis de junio de dos mil once, la figura de la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo indirecto tuvo un cambio significativo al reformarse el artículo 107, fracción X, pues a partir de esa data se establece la obligación de rango constitucional del juzgador de amparo, para que al analizar si los actos reclamados pueden ser objeto de suspensión, realice un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, cuando la naturaleza del acto lo permita. En observancia a ese mandato constitucional, la Ley de Amparo al regular lo relativo a la suspensión del acto reclamado, establece que promovida ésta, el órgano jurisdiccional deberá realizar el análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación al interés social para resolver si concede o niega la suspensión provisional y, en el primer caso, fijar los requisitos y efectos de la medida (artículo 138, fracción I). Por su parte, en el artículo 147 de la Ley de Amparo se establece que atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, el juez ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado, mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. De lo anterior, se pone de manifiesto que la nueva regulación de la suspensión del acto reclamado la dotan de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: La apariencia del buen derecho; Las posibles afectaciones al interés social; y, La posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. Significativo resulta destacar que los presupuestos de las medidas cautelares como la suspensión, son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, es decir, se deben sustentar en un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho alegado por el interesado, mediante el examen preliminar que se hace al fondo del asunto (fumus boni iuris), así como en la amenaza de que por el tiempo de duración del proceso ese derecho aparente no sea satisfecho (periculum in mora). Y las notas distintivas de tales medidas son la instrumentalidad y la provisoriedad, entendidas la primera, en el sentido de que la medida sirve a un proceso principal, del cual depende su existencia; y la segunda, no simplemente como algo temporal, sino sobre todo como lo que está destinado a durar hasta en tanto sobrevenga un evento sucesivo: la resolución definitiva, en que se determine con certeza sobre el derecho alegado. Ahora bien, tratándose de actos omisivos, existe la posibilidad de conceder la medida cautelar de los mismos, siempre que de la demanda y sus anexos se advierta, prima facie, elementos que puedan llegar a formar convicción suficiente en el Juez, sobre un aparente buen derecho, así como sobre la actualización del peligro en la demora, de tal forma que se justifique una tutela anticipada, situación que en la especie no se advierte actualizada. En efecto, en el presente asunto se desprende que la parte quejosa solicita la medida cautelar para el efecto de que la autoridad señalada como responsable autorice el pago de utilidades generadas en los años fiscales dos mil diecinueve a dos mil veintidós, por lo que pretende que se den efectos constitutivos a la suspensión y que de esta manera anticipadamente se le reconozca un derecho que en su caso sería materia de análisis en el expediente principal del que deriva la presente incidencia. Al respecto, cabe significar el criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 22/2023 (11a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CON EFECTOS RESTITUTORIOS. PARÁMETROS QUE DEBE TOMAR EN CUENTA EL JUZGADOR AL ANALIZAR LA POSIBILIDAD DE CONCEDERLA ANTE LA EVENTUALIDAD DE QUE, CON ELLO, SE DEJE SIN MATERIA EL JUICIO DE AMPARO EN LO PRINCIPAL.", en el que se determinó que para verificar si procede conceder la suspensión con efectos restitutorios, el órgano jurisdiccional deberá considerar que la materia del juicio de amparo subsiste cuando en la eventualidad de que resuelva de forma adversa a la quejosa, puedan retrotraerse los efectos de la suspensión. Es decir, la Sala del Máximo Tribunal Constitucional del país determinó que resulta procedente conceder la medida cautelar con efectos restitutorios cuando ante una eventual negativa de amparo, puedan retrotraerse los efectos de la medida cautelar. Situación que en el caso concreto no se actualiza, ya que como se evidenció, en el supuesto sin conceder que se otorgue la medida cautelar para los efectos solicitados se dejaría sin efectos la materia del presente juicio, pues ya se le habría pagado las utilidades a refiere en su demanda. De ahí que, ante una posible sentencia de sobreseimiento o de negativa del amparo dictada en el expediente principal, sería material y jurídicamente imposible retrotraer los efectos de la concesión de la suspensión definitiva, con lo que no se respetarían los lineamientos establecidos por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 22/2023 (11a.); de ahí que no sea factible su aplicación a favor del quejoso. En este punto, cabe destacar que si bien es obligación del Juez de Distrito de conformidad con lo dispuesto en la fracción X del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, y de esa manera tomar las medidas pertinentes para conservar la materia de amparo, lo cierto es que, la adopción de dichas medidas parte del supuesto de que es procedente la suspensión de los actos reclamados, lo que como ya se apuntó, no ocurre en el caso que nos ocupa, dado que de concederse la medida cautelar de referencia, se estaría resolviendo el fondo del juicio de amparo y en consecuencia, se le estaría constituyendo un derecho a la parte quejosa que actualmente no posee, lo que sólo podrá obtener en el fondo del asunto. Es aplicable a lo anterior, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de la Octava Época, visible en el tomo III, Segunda Parte, enero a junio de 1989, visible en la página 1059, que a la letra dice: "SUSPENSIÓN. CARECE DE EFECTOS CONSTITUTIVOS DE DERECHOS. La suspensión del acto reclamado únicamente tiene efectos suspensivos y no constitutivos de derechos; de manera tal que, si se solicita la suspensión para el efecto de que no se paralice el servicio público de transporte que se viene prestando y los promoventes del amparo no acreditan, en el incidente de suspensión, que cuentan con autorizaciones para prestar el servicio de que se trata o con permisos provisionales para ello, la suspensión debe negarse; pues lo contrario, o sea, conceder el beneficio suspensional, sin la exhibición de dichos documentos, equivaldría a constituir el derecho a prestar el servicio en favor de los agraviados, lo que implicaría, a su vez, sustitución del juez de amparo en facultades exclusivas de las autoridades administrativas." De modo que, como se expuso, si bien la nueva regulación de la suspensión del acto reclamado prevé el establecimiento de medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), lo cierto es que para los efectos del presente incidente, no se advierte que la parte quejosa ostente un derecho aparente para conceder la medida cautelar, respecto del pago de utilidades reclamado a que hace referencia en el oficios DFH/SR/GGNP/2675/2023, de catorce de septiembre del año en curso. En esas condiciones, la medida suspensional resulta improcedente en los términos en que fue solicitada. En ese sentido, si bien es obligación del Juez de Distrito tomar las medidas pertinentes para conservar la materia de amparo, lo cierto es que la adopción de dichas medidas parte del supuesto de que sea procedente la suspensión de los actos reclamados, es decir, que primeramente tiene que observarse que la medida cautelar solicitada reúna los requisitos que contempla el artículo 128 de la ley de la materia; lo que como ya se apuntó, no ocurre en el caso que nos ocupa. En consecuencia, con fundamento en el ordinal 138, fracción I, de la Ley de Amparo, se NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada por María Eugenia Valverde Hernández, en relación con los efectos y consecuencias de los actos reclamados. Finalmente, una vez que se tenga conocimiento de que Tribunal Colegiado de Circuito conoce del recurso de queja interpuesto en autos, infórmese la presente determinación. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 128, 132, 136, 138, 144, 146, 147 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se NIEGA a María Eugenia Valverde Hernández, la suspensión definitiva, por lo motivos expuestos en los considerandos TERCERO y QUINTO de esta resolución interlocutoria. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad de México; a diez de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que mediante oficio SEADS/474/2022, de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se comunicó la determinación tomada en sesión ordinaria celebrada en esa misma fecha, por el Pleno del propio Consejo, en la que acordó la adscripción de Blanca Alicia Ochoa Hernández, como titular de este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, con efectos a partir del uno de octubre de dos mil veintidós. En tal virtud, con el fin de atender lo dispuesto en los artículos 51, 52 y 60 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes la circunstancia señalada, para que puedan alegar lo que a su derecho e interés convenga. Estado procesal Visto el estado procesal de autos se advierte que en auto de cuatro de abril de dos mil dieciocho, se ordenó el archivo del expediente, precisándose que era susceptible de destrucción. Sin embargo, en este juicio se determinó negar el amparo solicitado; por tanto, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se regulariza el procedimiento, para el único efecto de precisar que este cuaderno principal es susceptible de depuración, conforme al punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de 28 de septiembre de 2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Notifíquese.

  4. Principal

    Ciudad de México; a seis de octubre de dos mil veintitrés. Acuerdo de promoción. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, mediante el cual devuelve el expediente original 485/2014 y remite testimonio de la resolución dictada en su amparo en revisión 402/2018; en la que el Tribunal revisor en su considerando QUINTO dejó firme el sobreseimiento y la negativa de amparo decretada por este Juzgado y en sus puntos resolutivos por una parte dejó firme el sobreseimiento, y por otra en la materia de la revisión confirmó la sentencia recurrida, no amparó ni protegió a la quejosa y declaró sin materia la revisión adhesiva correspondiente. Acúsese recibo. Háganse las anotaciones en el libro electrónico que para registro lleva este juzgado de Distrito y se toma conocimiento de la resolución en comento. En atención a las políticas de utilización de recursos humanos y materiales que ha adoptado los poderes de la unión, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que no se adjunta a los oficios respectivos copia de la referida resolución, toda vez que, se encuentra disponible para su consulta, a través de la herramienta electrónica portal de servicios en línea, en la liga https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. De conformidad con el artículo 3°, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, agréguense las constancias antes relacionadas, asimismo, glósese el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso en mención. Archivo del expediente. Tomando en consideración el estado procesal de autos, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo en sentido contrario, archívese el presente asunto como concluido. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que el presente expediente es CONSERVABLE, por lo que permanecerá en este órgano jurisdiccional un período de tres años, contado a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación de este auto y posteriormente será transferido al centro archivístico que corresponda. Archívense por separado los cuadernos incidentales. De conformidad con el artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo antes mencionado el cuaderno original en que se concedió la suspensión definitiva es CONSERVABLE. Y conforme al ordinal 19, fracción II, inciso a) del mismo Acuerdo el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que transcurra el plazo de seis meses. Atento a lo anterior, colóquese el sello de fecha de archivo y destino final en la carátula de cada uno de ellos. Devolución de documentos. Ahora bien, en virtud de que la parte quejosa exhibió documentos originales, pónganse a su disposición para que dentro del plazo de noventa días naturales, se presente a recogerlos, en el entendido que la persona que lo haga, deberá exhibir su identificación oficial vigente y copia simple de la misma, para debida constancia legal; apercibida que en caso de no hacerlo, dichos documentos seguirán la suerte del presente expediente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

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