María Eugenia Valenzuela Mada
Expediente 160/2023 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito. 9 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 160/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 28/11/2023
Partes del expediente
- María Eugenia Valenzuela Mada
- Francisco Soto García
- Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Queja
Se tiene por interpuesto el recurso de queja de que se trata. Téngase por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones del recurrente el ubicado en ****** de esta ciudad; asimismo, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se reconoce el carácter de autorizadas a *******. Envíese a la referida autoridad una copia del escrito de agravios relativo; además, requiérasele para que dentro del término de tres días rinda su informe con justificación sobre la materia de la queja; remita las constancias necesarias para la resolución del mismo, así como las de notificación del auto recurrido y las que acrediten la personalidad del promovente; apercibida que de no hacerlo en el aludido término, se impondrá a su titular una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización, determinadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, multiplicada por cien, de conformidad con el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación de salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos del artículo 260, fracción II, del citado ordenamiento legal; lo anterior para estar en condiciones de continuar con el trámite del presente recurso. También, en cuanto a las pruebas que ofrece, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad, toda vez que los artículos 97, 99 100 y 101 de la ley de la materia, no disponen cuestión alguna sobre la posibilidad de aportar pruebas en el recurso de queja, por el contrario, limitan su materia al análisis de los motivos de agravios hechos valer, el acuerdo recurrido, y en su caso, con el informe que rinda la autoridad responsable; y las constancias del juicio de origen; sin poder abarcar otros aspectos. Da sustento a lo anterior, por las razones que la informan, la jurisprudencia 2a./J.23/2021 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1727, del Tomo II, Libro 3, julio de 2021, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Undécima época, de rubro y texto siguiente: ". PRUEBAS DOCUMENTALES EN EL RECURSO DE QUEJA. SON ADMISIBLES LAS QUE SE OFRECEN PARA DESESTIMAR LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE INVOCADA EN EL ACUERDO RECURRIDO MEDIANTE EL QUE SE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al analizar si son o no admisibles las pruebas documentales ofrecidas por la parte quejosa en su recurso de queja, cuyo objeto es desestimar la causa de improcedencia manifiesta e indudable que se invocó en el acuerdo por el que se desechó la demanda de amparo, llegaron a conclusiones distintas, ya que uno estimó que sí son admisibles, mientras que el otro consideró que no lo son. Criterio jurídico: Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que sí son admisibles las pruebas documentales ofrecidas en el recurso de queja, cuyo propósito sea desestimar la causa de improcedencia manifiesta e indudable hecha valer en la resolución impugnada por medio de la cual se desechó la demanda de amparo. Justificación: Los artículos 97, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo no disponen cuestión alguna sobre la posibilidad de aportar pruebas en el recurso de queja, por el contrario, limitan su materia al análisis de los motivos de agravio hechos valer, el acuerdo recurrido, el informe elaborado por el órgano jurisdiccional de amparo y las constancias del juicio que las partes hayan señalado para su envío en copia certificada al órgano colegiado, sin poder abarcar otros aspectos, como pudieran ser las pruebas ofrecidas en el propio recurso. Por otro lado, este Alto Tribunal ha sostenido que tratándose del recurso de revisión no es posible la admisión de probanza alguna, por lo que si los interesados las aportan no deben ser tomadas en consideración por el órgano revisor puesto que, de lo contrario, se alterarían los términos de la contienda jurisdiccional, lo que a su vez provocaría inseguridad jurídica respecto de la actuación de los órganos judiciales. Sin embargo, también ha considerado que el criterio de inadmisibilidad de pruebas en la revisión debe aplicarse de manera estricta, considerándosele como una regla general para los casos en que la materia de impugnación se circunscribe a cuestionamientos de legalidad que, para resolverlos, necesariamente debe atenderse al estado de las cosas al momento en que se pronunció la resolución recurrida, sin introducir elemento alguno que pueda alterar la situación juzgada, puesto que resultaría antijurídico declarar ilegal una resolución con base en elementos o circunstancias que el órgano revisado no pudo tener en consideración al emitirla. Por ello, se estableció que la prohibición de admitir pruebas en el recurso de revisión se refiere exclusivamente a las que tienden a demostrar la existencia o constitucionalidad de los actos reclamados y que, por su propia condición, deben ser apreciados tal como fueron probados ante el órgano de amparo primigenio siendo, en consecuencia, admisibles las que tienen como finalidad, por ejemplo, demostrar la actualización de una causa de improcedencia o que la demanda de amparo se promovió oportunamente. Si bien lo anterior es aplicable al recurso de revisión, válidamente puede regir en el recurso de queja interpuesto contra el acuerdo mediante el que se desechó la demanda de amparo indirecto por considerarse actualizada una causa de improcedencia manifiesta e indudable, en tanto que en este supuesto la finalidad de las pruebas documentales ofrecidas es acreditar que no se suscita la causa de improcedencia invocada por el juzgador, y no alteran el tema de fondo del juicio de amparo al no estar dirigidas a acreditar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado. Además, debe tomarse en cuenta que en términos del artículo 93, fracción VII, de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que resuelva el recurso de revisión podrá tener en consideración las pruebas que tiendan a desestimar el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional, disposición que denota la intención del legislador de no dejar a la parte quejosa en estado de indefensión. Luego, si uno de los supuestos por los que el juzgador puede sobreseer en el juicio fuera de audiencia constitucional es que se actualice una causa de improcedencia manifiesta e indudable, es viable considerar que en el recurso de queja interpuesto contra la resolución que desechó la demanda de amparo por suscitarse una causa de improcedencia con esas características, también existe esa posibilidad de probar con el fin de desvirtuar tal circunstancia, puesto que se trata de situaciones análogas en tanto ponen fin al juicio sin pronunciarse sobre el fondo del asunto. Lo resaltado es propio". Por otra parte, en términos de lo dispuesto por los artículos 252, 253 y 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, y dado que el presente asunto se inició y se tramitó a través de documentos físicos; únicamente se imprimirá lo que resulte indispensable para el impulso del asunto, como puede ser el caso de las constancias de notificación; además, se exhorta a las partes, para que cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Consejo de la Judicatura Federal.
- Amparo en revisión
Con fundamento en los artículos 183 de la Ley de Amparo y 28, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, túrnese el presente expediente a la ponencia "A", a cargo de la magistrada María del Rosario Parada Ruiz, a fin de que formule el correspondiente proyecto de resolución.
- Amparo en revisión
Se admite el recurso de revisión. Entréguese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la copia del escrito de agravios relativo. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 1, 3, 9 y 12 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 12 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la citada ley de transparencia, dígasele a las partes, que la versión pública de la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará publicada en internet a disposición del público para su consulta; así también el derecho que les asiste, de oponerse a la publicación de sus datos personales al hacerse pública la referida sentencia.
- Amparo en revisión
En cumplimiento a lo ordenado en proveído de dos de agosto de dos mil veintitrés y del estado que guarda este expediente se advierte que por ejecutoria de cinco de julio de dos mil veintitrés, el Pleno del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con residencia en esta ciudad, conforme a lo dispuesto por el Acuerdo General 41/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el diecisiete de octubre de dos mil cinco, se declaró legalmente incompetente, por razón de la materia, para conocer del recurso de revisión interpuesto por ********************, a través de su autorizado ******, contra la sentencia de siete de marzo de dos mil veintidós, dictada por la Jueza Octavo de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Ciudad Obregón, en el juicio de amparo indirecto 1306/2021. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 46, de la Ley de Amparo, este tribunal colegiado acepta la competencia declinada y se avoca al conocimiento del asunto, toda vez que los actos reclamados son de naturaleza laboral; por tanto, su conocimiento compete a este tribunal especializado en esa materia. En consecuencia, remítanse los autos originales y demás anexos, a la secretaría de acuerdos para que la presidencia de este tribunal le dé el trámite correspondiente.
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