María Eugenia Silvia De Uriarte García de Acevedo
Expediente 1220/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1220/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/07/2023
Partes del expediente
- María Eugenia Silvia De Uriarte García de Acevedo
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de julio de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2, se tiene por recibido el oficio y anexo de cuenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado a través de su presidenta, y del Actuario adscrito a la referida Junta, por medio del cual rinden informe justificado. Atento a lo anterior, se tiene a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado a través de su presidenta rindiendo el informe justificado respectivo, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. De igual manera, con fundamento en el artículo 9º del ordenamiento legal antes invocado, se le tiene designando como delegada a la persona que menciona en el oficio de cuenta. De conformidad con el artículo 119, de la Ley de Amparo, se tiene como prueba la documental que exhibe la autoridad oficiante en la comunicación de cuenta, para los efectos legales procedentes. Ahora bien, de las constancias exhibidas por la autoridad oficiante -mismas que adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2°-, se advierte que el dieciocho de julio de dos mil veintitrés la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado proveyó respecto a la prueba testimonial para hechos propios, dentro del expediente ********************, de su índice. Ahora, del escrito de demanda se advierte que la promovente del amparo ********************, señaló como acto reclamado la omisión de dictar el acuerdo relativo a la prueba testimonial para hechos propios, dentro del expediente laboral ********************, del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. De lo antes narrado, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, conforme a los razonamientos que a continuación se exponen: Primeramente, conviene destacar que el precepto legal invocado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado Del citado ordenamiento se infiere que para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo a la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya a la parte quejosa en el goce del derecho violado. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de amparo se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular. Del análisis integral de la demanda se advierte que la quejosa ********************, hizo consistir el acto reclamado en la omisión de dictar el acuerdo relativo a la prueba testimonial para hechos propios, ofrecida dentro del expediente laboral ********************, del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado; y, dicha autoridad el dieciocho de julio de dos mil veintitrés proveyó respecto a la referida prueba testimonial dentro del citado juicio laboral; lo que se acredita con las constancias recibidas, mismas que se adjuntaron al informe justificado respectivo. Como puede verse, a juicio de este órgano jurisdiccional, se estima que cesaron los efectos de los actos reclamados. Esto es así, porque el cinco de julio de dos mil veintitrés la quejosa promovió el presente juicio de amparo para reclamar la omisión de dictar el acuerdo relativo a la prueba testimonial para hechos propios, dentro del expediente laboral ********************, del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. Sin embargo, el dieciocho de julio de dos mil veintitrés, la referida Junta acordó lo conducente respecto a la probanza de mérito, dentro del mencionado juicio laboral. Por tanto, si las circunstancias aquí apuntadas sobrevinieron después de la presentación de la demanda de amparo (cinco de julio de dos mil veintitrés), es inconcuso que en el presente caso han cesado los efectos del acto reclamado, pues las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la presunta violación constitucional; es decir, como si la omisión no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Norma el criterio, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 2a/J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". En tales condiciones, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 del citado ordenamiento legal. Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa de improcedencia invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, la causa por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de veintitrés de mayo de dos mil catorce, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, de rubro siguiente: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL." Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las nueve horas con treinta minutos del nueve de agosto de dos mil veintitrés. Háganse las anotaciones correspondientes, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Sin que haya lugar a tener por rendido el informe justificado del Actuario adscrito a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en virtud de que no fue señalado como autoridad responsable. Notifíquese personalmente Así lo acordó y firma Cynthia Bello López, Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, encargada del Despacho durante el periodo vacacional de la Titular de este Juzgado de Distrito, de conformidad con el artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión celebrada el cinco de junio de dos mil veintitrés y comunicada mediante oficio CCJ/ST/3088/2023, ante Diana Rodríguez Cruz, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, trece de julio de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, agréguese a los presentes autos la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este juzgado de doce de julio de dos mil veintitrés, en la que devuelve el aviso de notificación correspondiente al acuerdo de nueve de junio de dos mil veintitrés, dictado dentro del presente juicio de amparo. Atento a lo anterior, se tiene al actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional manifestando que al estar realizando diversa notificación en el domicilio ubicado en la calle trece sur, quinientos cinco, planta baja, letra "D", Colonia Centro, de la ciudad de Puebla, fue atendido por una persona del sexo femenino, el cual le refirió que los guardias de seguridad lo están mal informando y que ahí no es la letra "D" y que no le puede indicar cuál es el interior o letra "D", pues carecen de numeración y, así dicha persona le devolvió el aviso de notificación de la quejosa ********************, correspondiente al acuerdo de nueve de junio de dos mil veintitrés, dictado dentro del presente juicio de amparo. En tales circunstancias, con apoyo en el artículo 27, fracción III, inciso a, de la Ley de Amparo, se ordena notificar por medio de lista a la quejosa ********************, el acuerdo de nueve de junio de dos mil veintitrés, así como las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, hasta en tanto señale nuevo domicilio para tal efecto, en virtud de las razones expuestas por el actuario judicial en el párrafo que antecede. Notifíquese; por lista a la quejosa ********************, el proveído de nueve de junio de dos mil veintitrés. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla ante Bertha Patricia Ramírez Calderón, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, siete de julio de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido vía electrónica el oficio de cuenta del Subdirector de Área adscrito a la Oficina de la Abogada General en representación de la Secretaría de Salud, a través del cual, informa que su representada no es superior jerárquico de la autoridad responsable Directiva Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). Por lo anterior, precisa que conforme a los artículos 4 y 11 de su reglamento, la autoridad responsable depende directamente del Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. No obstante lo anterior, la Secretaría de Salud en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, informa que mediante el similar OAG-DCT-7476-2023 conminó al Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, a efecto de que proceda al cumplimiento del fallo protector. Atento a lo anterior, este juzgado toma conocimiento de lo informado por la autoridad oficiante sin emitir mayor pronunciamiento toda vez que por auto de seis de julio de dos mil veintitrés, se dio vista a las partes con el cumplimiento otorgado por la responsable. Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Iván Pantoja Salazar, Secretario que autoriza. Doy fe.
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