María Eugenia Sánchez Alarcón

Expediente 1954/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 37 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1954/2017
Año
2017
Actuaciones
37
Última actuación
22/02/2019

Partes del expediente

  • María Eugenia Sánchez Alarcón
  • Víctor Kuda Bayata

Actuaciones

Las 4 más recientes de 37.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de febrero de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio del Juez Primero de lo Civil de Cholula, Puebla; visto su contenido, no es el caso de realizar mayor proveído al respecto, toda vez que mediante acuerdo de veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, se declaró cumplida la sentencia de amparo, por tanto, agréguese a sus autos el oficio de cuenta, únicamente para que obre como corresponda. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de febrero de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos de este juicio de amparo, de los que se aprecia que mediante proveído de siete de febrero de dos mil diecinueve, se dio vista a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento que dice la autoridad responsable dio al fallo protector, sin que lo hubieran hecho, de acuerdo a la certificación de cuenta, se provee: Se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado auto de siete de febrero de dos mil diecinueve y, por tanto, este juzgado de distrito procede resolver de oficio, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sobre el particular tiene aplicación la jurisprudencia 26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI de marzo de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).". En ese contexto se tiene que por sentencia de diecisiete de enero de dos mil dieciocho, se concedió a la quejosa María Eugenia Sánchez Alarcón por propio derecho y en representación de la menor C.K.S., la protección constitucional solicitada, contra actos del Juez Primero de lo Civil de Cholula, Puebla, para el efecto de que realizara lo siguiente: ".para el efecto de que la Juez responsable deje insubsistente el acuerdo reclamado, y emita otro, en el que con plenitud de jurisdicción, se pronuncie respeto de la solicitud de Víctor Kuda Bayata consistente en la custodia provisional de la menor C.K.S., y en caso que determine entrevistar a la citada menor, deberá fundar y motivar su decisión conforme a los lineamientos precisados en esta sentencia, tanto para decretarla como para su desahogo." En cumplimiento a lo anterior, la Juez Primero de lo Civil de Cholula, Puebla, mediante los oficios recibidos el trece de noviembre de dos mil dieciocho y seis de febrero de dos mil diecinueve, en el primero informó que dejó insubsistente el acuerdo de uno de septiembre de dos mil diecisiete y, en su lugar emitió otro en el que se pronunció respecto de la solicitud de Víctor Kuda Bayata, haciéndole saber que no había lugar a obsequiar su petición de decretar la guarda y custodia que solicitaba respecto de la menor C.K.S., toda vez que no se contaba con los elementos de prueba suficientes para determinar a quién le asistía mejor derecho para detentar la guarda y custodia de dicha menor; asimismo, determinó que fuera escuchada la opinión de la menor C.K.S., para lo cual giró oficio a la Directora del Servicio Médico Forense adscrito al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, a fin de que designara a un perito en psicología y, en el segundo, manifestó entre otras cosas que señaló las nueve horas con treinta minutos del diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, a efecto de que la referida menor fuera escuchada por esa autoridad asociada de la perito en psicología Araceli Ameca Fernández nombrada por el Servicio Médico Legal y Forense del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla. Del examen de las documentales antes citadas, las que de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, tienen pleno valor probatorio, se desprende que la autoridad responsable, DIO CUMPLIMIENTO AL FALLO PROTECTOR. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA, y se ordena el ARCHIVO del presente asunto como totalmente concluido. En esa tesitura, háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes y glósese el original del incidente de suspensión. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV de Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se concedió la protección constitucional. Asimismo, se hace saber a las partes que el original del incidente de suspensión del presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN en términos de la fracción III del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, pues en el caso se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva. En ese tenor, de conformidad con lo dispuesto en la fracción III del punto Vigésimo del citado Acuerdo General Conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto de Acuerdo normativo. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo Primero, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo.) Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales" Finalmente, glósese copia autorizada del presente acuerdo al cuaderno incidental para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de febrero de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos el escrito del tercero interesado Víctor Kuda Bayata; visto su contenido, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, expídase a su costa copia certificada de las constancias que indica, teniendo por autorizadas para recibirlas a las personas que menciona, previa razón de entrega e identificación que obre agregada en autos, en el horario comprendido de nueve a doce horas, de lunes a jueves, por así permitirlo las labores del juzgado. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, siete de febrero de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos el oficio de la Juez Primero de lo Civil de Cholula, Puebla, a través del cual expone que ha dado cumplimiento a la sentencia de amparo. Ahora bien, la Juez Primero de lo Civil de Cholula, Puebla, mediante los oficios recibidos el trece de noviembre de dos mil dieciocho y seis de febrero del presente año, en el primero informó que dejó insubsistente el acuerdo de uno de septiembre de dos mil diecisiete y, en su lugar emitió otro en el que se pronunció respecto de la solicitud de Víctor Kuda Bayata, haciéndole saber que no había lugar a obsequiar su petición de decretar la guarda y custodia que solicita respecto de la menor C.K.S., toda vez que no se contaba con los elementos de prueba suficientes para determinar a quién le asiste mejor derecho para detentar la guarda y custodia de dicha menor; asimismo, determinó que sea escuchada la opinión de la menor C.K.S., para lo cual giró oficio a la Directora del Servicio Médico Forense adscrito al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, a fin de que designe a un perito en psicología; y en el segundo, manifestó entre otras cosas que señaló las nueve horas con treinta minutos del diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, a efecto de que la referida menor sea escuchada por esa autoridad, asociada de la perito en psicología Araceli Ameca Fernández nombrada por el Servicio Médico Legal y Forense del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla. Al respecto, la autoridad responsable de mérito aduce que con el documento antes indicado, acredita fehacientemente que ha dado cumplimiento a la sentencia de amparo. En esa tesitura, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo primero de la Ley de Amparo, con la citadas constancias, se ordena dar vista a las partes por el término de tres días a fin de que manifiesten lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que de no efectuar manifestaciones sobre el particular, este órgano de control constitucional resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES

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