Maria Eugenia Salas Mondragon

Expediente 831/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 1 actuación registrada, la última del 3 de septiembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
831/2020
Año
2020
Actuaciones
1
Última actuación
03/09/2020

Partes del expediente

  • Maria Eugenia Salas Mondragon

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, tres de septiembre de dos mil veinte. Por recibidas las demandas promovidas por ********************y ********************por propio derecho, de las que se advierte que existe identidad de actos reclamados y autoridades responsables. ACUMULACIÓN DE JUICIOS Ahora bien, del contenido íntegro de las demandas, se advierte que los quejosos reclaman los siguientes actos: En esas condiciones, se determina que existe conexidad entre juicios; por tanto, con fundamento en los artículos 66 de la Ley de Amparo, así como en el diverso numeral 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación citada, se decreta de plano la acumulación de los juicios de amparo 830/2020 y 831/2020 Lo anterior es así, en razón de que dichos juicios se tratan de los mismos actos reclamados y las mismas autoridades responsables. Son aplicables, por analogía, las tesis de rubro y texto siguientes: ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDIMIENTO CUANDO SE ENCUENTRAN RADICADOS ANTE EL MISMO JUZGADOR FEDERAL. En el derecho procesal constitucional la acumulación obedece a la conexidad de dos o más litigios distintos, sometidos a procesos separados, pero vinculados por referirse al mismo acto reclamado, cuando el mismo quejoso promueva diversos juicios de amparo indirecto, reclamando un mismo acto, atribuible a distintas autoridades o cuando diversos quejosos impugnen, de las mismas autoridades, el mismo acto reclamado, con lo que se permite al juzgador resolverlos en una sola sentencia, evitando posibles contradicciones. Ante ello, si bien la Ley de Amparo vigente no prevé expresamente la acumulación de los juicios de amparo indirecto, debe tomarse en cuenta, por una parte, que de la exposición de motivos del proceso legislativo que precedió la emisión de ese ordenamiento se advierte que el legislador no pretendió suprimir la tramitación de los incidentes de acumulación sino, por el contrario, incorporarlos al régimen general de sustanciación, en la vía incidental, de las cuestiones que surjan dentro del procedimiento que ameriten ese tratamiento y, por otra parte, que el Código Federal de Procedimientos Civiles es de aplicación supletoria a la Ley de Amparo cuando ésta no desarrolla o regula de manera insuficiente alguna institución jurídica. En ese orden, cuando se pretenda acumular dos o más juicios de amparo indirecto, a petición de parte o de oficio, el juzgador que conozca de ellos, atendiendo a lo previsto en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, podrá resolver de plano o mediante el procedimiento incidental respectivo; en la inteligencia de que, en este último supuesto, dará vista a las partes por el plazo de 3 días para que manifiesten lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas pertinentes sobre la conexidad de los litigios constitucionales o la ausencia de ésta; transcurrido el plazo, dentro de los 3 días siguientes celebrará audiencia en la cual, en su caso, se desahogarán las pruebas y se escucharán los alegatos de las partes; enseguida, en la misma audiencia, dictará la resolución correspondiente, ordenando la acumulación de los autos cuando lo estime pertinente atendiendo a lo previsto en el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. En cambio, si los juicios que se pretende acumular se tramitan ante Juzgados de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito distintos, lo pertinente es acudir, además, a lo previsto al respecto en el referido código adjetivo federal. (Registro: 25940, Época: Décima Época, Instancia: Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Libro 23, Octubre de 2015, Tomo I, página 217). "ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDIMIENTO CUANDO SE ENCUENTREN RADICADOS ANTE DIFERENTES JUZGADORES FEDERALES. Para acumular juicios de amparo indirecto radicados ante Tribunales Unitarios de Circuito o Juzgados de Distrito distintos, es necesario atender a lo dispuesto en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, así como en los numerales del 34 al 39, 74 y demás conducentes del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, al tenor de los cuales la acumulación de autos puede promoverse a petición de parte o de oficio, debiendo formularse la solicitud respectiva ante el juzgador que previno en la causa -es decir, el que conoció cronológicamente antes de uno de los juicios de amparo indirecto que pretende ser acumulado-, el cual, con base en las constancias de autos y al tenor del referido artículo 66, determinará si resuelve de plano o en el procedimiento incidental respectivo sobre la existencia de los requisitos que para la acumulación establece el artículo 72 del Código Federal de Procedimiento Civiles. Por tanto, de ser necesario desarrollar dicho incidente, el referido juzgador deberá dar vista a las partes por el plazo de 3 días para que manifiesten lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas pertinentes sobre la conexidad de los litigios constitucionales o la ausencia de ésta; transcurrido el plazo, dentro de los 3 días siguientes el propio juzgador celebrará audiencia en la cual, en su caso, se desahogarán las pruebas y se escucharán los alegatos de las partes; enseguida, dictará la resolución correspondiente y, de estimar que es procedente la acumulación, requerirá por medio de oficio a los demás juzgadores federales en cuyos juzgados o tribunales se encuentren radicados los demás juicios de amparo indirecto que pretendan acumularse; los juzgadores requeridos, dentro del plazo de 5 días después de recibida la solicitud de acumulación, enviarán los autos al juzgador requirente. Sin embargo, el juzgador requerido podrá oponerse a la acumulación, en cuyo caso deberá remitir los autos del juicio de amparo de su índice a su superior, comunicándolo al requirente para que haga lo propio. En este caso, acorde con el artículo 37, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Tribunales Colegiados de Circuito son competentes para conocer de los conflictos de competencia suscitados entre Tribunales Unitarios de Circuito o Jueces de Distrito de su jurisdicción y, seguido el procedimiento correspondiente, deberán resolver sobre la acumulación, ordenando la devolución de los autos al juzgador competente, en caso de que se niegue u ordenando la acumulación y el envío de todos los autos al que previno, si lo estima procedente." (Registro: 25940, Época: Décima Época, Instancia: Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Libro 23, Octubre de 2015, Tomo I, página 217). REGISTRO De conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena su registro en el Libro de Gobierno con el número 830/2020 y su acumulado, así como la formación del expediente físico y electrónico. Antecedentes: De la lectura integral de la demanda de amparo se advierten los siguientes hechos: Que ******************** ********************desempeña como Médico General "A" y ********************como Médico Especialista "A", en la Clínica de Medicina Familiar "División del Norte" del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Asimismo, se advierte que se reclaman diversos actos relacionados con la omisión de dar cumplimiento a la implementación de medidas para el personal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para enfrentar la situación sanitaria generada por el virus SARS- CoV2 (COVID-19), por lo que, atendiendo al criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 127/20201, resulta pertinente realizar el siguiente pronunciamiento. INCOMPETENCIA El análisis de la competencia es un presupuesto procesal cuyo estudio es de orden público y se puede realizar en cualquier momento. Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia P./J. 21/2009, cuyo contenido es el siguiente: "COMPETENCIA POR RAZÓN DE MATERIA. SI EL JUEZ DE DISTRITO QUE CARECE DE ELLA RESUELVE UN JUICIO DE AMPARO, TAL SITUACIÓN CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS REGLAS FUNDAMENTALES QUE NORMAN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO. La competencia de la autoridad es una garantía de legalidad y de seguridad jurídica derivada del primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, es una cuestión de orden público, lo que aplicado al derecho procesal se traduce en la suma de facultades que la ley otorga al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios, cuya inobservancia conduce a declarar inválido lo resuelto por el Juez incompetente. Por otra parte, de la interpretación sistemática de los artículos 107, fracción V y 94, párrafo sexto, constitucionales, se infiere que la competencia especializada por razón de materia de los Juzgados de Distrito está elevada a rango constitucional. En congruencia con lo anterior, se concluye que aquella competencia es un presupuesto de validez del proceso cuya infracción por los citados órganos jurisdiccionales al resolver un juicio de amparo sin tener competencia por razón de materia, se traduce en el desconocimiento de la voluntad del Constituyente y, por ende, de la del legislador que la desarrolla, lo que ocasiona que se violen las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo en perjuicio de las partes, porque se les sujeta a la determinación proveniente de una autoridad que prorroga indebidamente su competencia y resuelve un juicio específico sin tener facultades para ello, afectando directamente los derechos sustantivos de aquéllas". En ese orden, este Juzgado Federal procede a verificar si tiene competencia para conocer el presente asunto. En primer término, conviene señalar que, para definir la competencia de los órganos jurisdiccionales, debe atenderse a los criterios siguientes: a) La materia, que se establece en atención a las cuestiones jurídicas que constituyen el fondo del litigio, y que se clasifica de acuerdo con las diferentes ramas del derecho sustantivo; b) El territorio, es el ámbito espacial dentro del cual un juzgador puede ejercer válidamente su función jurisdiccional. c) El grado, que se refiere a la posibilidad de que un juzgador de mayor jerarquía revise la decisión sobre una controversia, con el fin de que determine fue dictada con apego o no a derecho. Los criterios mencionados constituyen factores determinantes de la competencia de los órganos jurisdiccionales para conocer de las controversias relacionadas con una rama específica del derecho, dentro de un espacio territorial concreto, en una instancia determinada. De acuerdo con el artículo 94, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para determinar la distribución de competencias de los órganos jurisdiccionales de amparo, debe atenderse a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que regula la especialización por materia de los Juzgados de Distrito y los Tribunales Colegiados de Circuito. Los artículos 52 y 55 de la ley mencionada detallan la competencia de los Juzgados de Distrito respecto a las materias administrativa y de trabajo. Los artículos mencionados son del tenor siguiente: "Artículo 52. Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo anterior en lo conducente; V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio; y VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." "Artículo 55. Los jueces de distrito en materia de trabajo conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial, en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad laboral o de un procedimiento seguido por autoridad del mismo orden; II. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia de trabajo, en términos de la Ley de Amparo; III. De los juicios de amparo que se promuevan en materia de trabajo, contra actos de autoridad distinta de la judicial; IV. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales de trabajo ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio; y V. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia de trabajo, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. VI. De las diferencias o conflictos de la materia laboral, en los términos de la fracción XX del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Como se aprecia, la competencia para conocer de un juicio de amparo se surte a favor de un Juez de Distrito en Materia del Trabajo, entre otros supuestos, cuando se promueva en materia de trabajo, contra actos de autoridad distinta de la judicial. Cabe señalar que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia P./J. 83/98, determinó que para fijar la competencia por materia se debe atender a la naturaleza de la acción ejercida, sin analizar la relación jurídica existente entre las partes en litigio, en tanto que dicho tema pertenece al estudio de fondo del asunto. En el mismo sentido, la Segunda Sala emitió la jurisprudencia 2ª/J. 24/2009, de rubro: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS", en la que concluyó que, para determinar la competencia por materia de los asuntos sometidos a los Jueces de Distrito, debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado, ya que éste es el elemento que define la acción constitucional, sin que ello implique analizar los argumentos alegados. Definido el marco jurídico, corresponde analizar la naturaleza del acto reclamado en el presente sumario constitucional, en el que se advierte que ******************** reclaman esencialmente lo siguiente: 1. La omisión de dar cumplimiento a la implementación de medidas para el personal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para enfrentar la situación sanitaria derivada del COVID-19, que se traduce en incumplimiento a las obligaciones establecidas en el artículo 28, fracciones IV, VII y XII del Estatuto Orgánico del citado Instituto de Seguridad, al no considerar la continuación de resguardo domiciliario mediante el trabajo en casa, en razón de la imposibilidad médica que acreditan como personas vulnerables, así como el derecho al otorgamiento de una licencia médica con el objeto de proteger su salud. 2. Lo anterior ya que manifiestan que el tres de agosto del año en curso, la Directora de la Clínica de Medicina Familiar "División del Norte" del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, optó por apegarse a los Criterios de Vulnerabilidad permitiendo a ********************el resguardo domiciliario por razón de vulnerabilidad al contar con sesenta y un años de edad, además de padecer secuela EVC isquémicos, hipertensión arterial sistémica de difícil control; así como a ********************por contar con setenta años de edad, padecer Hipertensión arterial sistémica con diez años de evolución. No obstante lo anterior, precisan que el treinta y uno de agosto pasado, recibieron mensaje electrónico del grupo de médicos de clínica "División del Norte" por parte de la coordinadora de enseñanza, indicando que tenían que presentarse al día siguiente en las instalaciones de su centro de trabajo para reiniciar labores. Asimismo, el uno del mes y año que transcurre, les fue indicado por la Directora de la clínica de Medicina Familiar "División del Norte", que para continuar con el confinamiento de acuerdo a los criterios del consejo de salubridad general, debían tramitar una licencia médica. Ahora, del contexto fáctico del asunto, deriva que el treinta de enero de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el brote de la nueva enfermedad por coronavirus COVID-19 constituía una emergencia de salud pública de importancia internacional. Posteriormente, el once de marzo siguiente, declaró la existencia de una pandemia. En esas circunstancias, el diecinueve de marzo de dos mil veinte, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México emitió el "Acuerdo por el que se dan a conocer a las personas servidoras públicas de las alcaldías, dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México las medidas preventivas en materia de salud a implementarse con motivo del virus SARS-CoV2", en el que estableció lo siguiente: ( Diversos mecanismos para que las trabajadores y los trabajadores que presentaran síntomas de contagio, así como los que tuvieran a su cargo el cuidado de sus hijos, pudieran justificar sus inasistencias; igualmente, que aquéllos ubicados en grupos vulnerables y que laboraran en las instituciones de seguridad ciudadana, sistema penitenciario, de salud, gestión integral de riesgos y protección civil, así como bomberos, debían solicitar la autorización de la instancia administrativa correspondiente. ( Se solicitó a los titulares de las alcaldías, dependencias, órganos desconcentrados y entidades, no ejercer amonestación o represalia en materia laboral, incluido cualquier descuento por ausencia, en contra de los servidores públicos, sin importar su esquema de contratación. El veinticuatro de marzo de dos mil veinte, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARSCoV2 (COVID-19), de dicho instrumento normativo se advierte: ( La instrucción a los sectores público, privado y social, a evitar la asistencia a centros de trabajo de los adultos mayores de sesenta y cinco años, así como de las personas ubicadas en los grupos de riesgo, quienes conservarían derecho a recibir salario y demás prestaciones. ( Las medidas adoptadas se llevarían a cabo con respeto a los derechos laborales, además de que los contratos individuales, colectivos, contratos ley o Condiciones Generales de Trabajo correspondientes, continuarían normando las relaciones laborales, conforme a la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional. Finalmente, el treinta de marzo de dos mil vente, el Consejo General de Salubridad, declaró a la epidemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, lo que llevó a la suspensión inmediata de las actividades no esenciales, continuando únicamente en funcionamiento las actividades necesarias para atender la emergencia sanitarias, las involucradas en la seguridad pública, la procuración e impartición de justicia, la actividad legislativa, así como los sectores fundamentales de la economía, entre otras. En ese orden, si bien los acuerdos mencionados fueron emitidos por autoridades de carácter administrativo, en ejercicio de sus facultades en materia de salud pública, lo cierto es que tienen un impacto en la materia de trabajo, ya que el Estado implementó medidas para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, instruyendo a los empleadores para evitar la asistencia a los centros de trabajo y, ordenando la suspensión total de actividades no esenciales para hacer frente a la emergencia sanitaria, todo ello con respeto a los derechos laborales. De ahí que, las medidas adoptadas para contener los contagios en los lugares de trabajo se ubican en el marco de protección del derecho a la seguridad y salud en el trabajo. Conviene señalar que el artículo 3 del Convenio 155 sobre la seguridad y salud de los trabajadores, emitido por la Organización Internacional del Trabajo, establece que la salud en el trabajo abarca la ausencia de afecciones o enfermedades, así como la protección contra elementos físicos y mentales que afecten la salud y estén directamente relacionados con la seguridad e higiene en el trabajo. De esa forma, las medidas implementadas para reducir los riesgos de contagio derivan de una política de salud pública, y su aplicación se ubica, de manera importante, en el ámbito laboral, al tener como consecuencia la adaptación de las condiciones de las y los trabajadores, a efecto de reducir su exposición a dicha enfermedad. Ahora, es pertinente destacar que los actos reclamados en este asunto, provocan un perjuicio en la salud de la parte quejosa y pueden atentar contra su vida, dado que refiere que las autoridades fueron omisas en dar cumplimiento a la implementación de medidas para el personal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para enfrentar la situación sanitaria derivada del COVID19. En ese contexto, los actos reclamados están relacionados con las medidas implementadas para mitigar y controlar los riesgos de salud originados por el virus SARS- CoV2, por lo que tienen una naturaleza laboral, ya que su aplicación está dirigida a garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en sus centros de trabajo Por ello, se estima que los actos impugnados son de naturaleza laboral y los tribunales de amparo en esa materia son los competentes para conocer del asunto, bajo los principios rectores del artículo 123 constitucional y sus leyes reglamentarias, sin importar el origen del acto reclamado; es decir, si deriva del cumplimiento a un acuerdo emitido por autoridades administrativas. El criterio competencial que sostiene este Juzgado federal encuentra sustento además de lo expuesto, en lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 127/2020, que se invoca como hecho notorio en términos de lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; así como en la jurisprudencia VI.1o.P. J/25, de rubro y texto siguientes: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO. Por hechos notorios para un tribunal, deben entenderse aquellos que conozcan por razón de su actividad jurisdiccional. En ese sentido, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, los Magistrados de Tribunal de Circuito y los Jueces de Distrito pueden válidamente invocar de oficio, como un hecho notorio, las ejecutorias que se hayan emitido anteriormente, a fin de poder resolver un asunto en específico, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes, ya que esa es una facultad que la propia ley les confiere y que desde luego es de su conocimiento" Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 48, de la Ley de Amparo y 55, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este juzgado declara carecer de competencia legal por razón de materia para conocer del presente asunto, por lo que ordena remitir este expediente, al JUZGADO TERCERO DISTRITO EN MATERIA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, al que se le solicita atentamente informe si acepta la competencia declinada en su favor. Lo anterior, en cumplimiento a lo determinado por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veintitrés de julio del año en curso. Fórmese cuaderno de antecedentes, con la certificación secretarial respectiva relativa a que las constancias que integran el presente sumario constitucional se encuentran debidamente integradas en el expediente electrónico. SUSPENSIÓN DE PLANO De la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa solicita la suspensión para mantener las cosas en el estado que se encuentran, esto es, continuar con el resguardo domiciliario por encontrarse en situación de vulnerabilidad, permitiéndoles no presentarse a laborar sin que ello implique un descuento por ausencia. Al respecto, el artículo 4°, cuarto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Por su parte, en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Estado Mexicano se obligó a reconocer el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, creando condiciones que aseguren a todos la asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad. A la luz de esas normas, tenemos que las personas tienen el derecho a la protección y disfrute del más alto nivel posible de salud, tanto física como mental. Al respecto la Organización Mundial de la Salud define el vocablo salud como "un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades"1. En ese orden de ideas, resulta relevante mencionar que el pasado once de marzo del año en curso, la Organización Mundial de la Salud, declaró que la enfermedad por virus COVID-19 es oficialmente una pandemia; por lo que ante dicho panorama, el diecinueve de marzo de dos mil veinte, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México emitió el Acuerdo por el que se dan a conocer a las personas servidoras públicas de las Alcaldías, Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, las medidas preventivas en materia de salud a implementarse en la Ciudad de México, con motivo del virus SARS-CoV2 (COVID-19), en cuyo artículo primero estableció la obligación de todos los sectores de evitar la asistencia a los centros de trabajo, entre otros grupos, a personas que padezcan hipertensión, diabetes y enfermedades crónicas que reduzcan la capacidad comunitaria, entre otros, tal como se advierte de la siguiente transcripción: "PRIMERO.- Por razones de salud pública, se instruye a las personas servidoras públicas adscritas a las Alcaldías, Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México a no asistir a su centro de trabajo en los siguientes supuestos: a) En caso de presentar síntomas compatibles con el coronavirus (COVID-19). Dichas personas deberán aislarse en su domicilio y atender las recomendaciones médicas; b) En caso de madres o padres trabajadores, que tengan a su cargo el cuidado de sus hijos, cuyos centros educativos de nivel básico suspendan actividades, podrán optativamente, no asistir a trabajar presencialmente y hacerlo a distancia. Las personas que se encuentren en este supuesto que laboren en instituciones de seguridad ciudadana, sistema penitenciario, salud, gestión integral de riesgos y protección civil y bomberos tendrán que solicitar la correspondiente autorización de la instancia administrativa que corresponda. c) En caso de contar con 68 años o más. Las personas deberán comunicarlo a su superior jerárquico. d) Pertenecer a alguno de los siguientes grupos vulnerables: mujeres embarazadas, personas con discapacidad y personas que padezcan hipertensión, diabetes y enfermedades crónicas que reduzcan la capacidad comunitaria. Las personas que se encuentren en este supuesto que laboren en instituciones de seguridad ciudadana, sistema penitenciario, salud, gestión integral de riesgos y protección civil y bomberos tendrán que solicitar la correspondiente autorización de la instancia administrativa que corresponda." Por tanto, este juzgado concluye que la omisión de las autoridades señaladas como responsables de no permitir a ******************** ********************y ********************ausentarse de sus actividades laborales podría implicar una contravención al derecho al más alto nivel posible de salud física de los justiciables ante la situación actual de la pandemia, con lo que se le podrían causar daños de difícil o, incluso, imposible reparación. Al tenor de lo señalado, y con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, por tratarse de un acto que pone en peligro la salud e, incluso, en riesgo la vida del quejos, se concede la suspensión de plano respecto de la omisión por parte de las autoridades responsables, en el sentido de que permitan a ******************** realizar resguardo domiciliario, es decir, no asistir a su centro de trabajo sin responsabilidad jurídica alguna y se les sigan pagando todas las prestaciones ordinarias y extraordinarias que se les cubren con motivo de sus nombramientos, hasta en tanto el Consejo de Salubridad General o las autoridades correspondientes de la Ciudad de México, suspendan o den por concluida la emergencia sanitaria en el país por el virus COVID-19; dejando al prudente arbitrio de las autoridades se le asignen actividades inherentes a sus cargos y que puedan llevar a cabo en su hogar, poniendo especial cuidado y consideración en los padecimientos que ponen en peligro la vida de ********************. Lo anterior es así, dado que ******************** exhibieron constancias de enfermedad de treinta de julio del año en curso, expedida por la Doctora ********************, con cédula profesional ********************, adscrito a la Delegación Regional Sur de la Ciudad de México, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en que hace constar que ********************, padece hipertensión arterial sistémica descontrolada 150/95, secuelas de evc, adulto mayor. Asimismo, la constancia expedida por ********************, con cédula profesional ********************, adscrito a la Delegación Regional Sur de la Ciudad de México, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en que hace constar que ********************padece hipertensión arterial sistémica controlada y sobrepeso. Por tanto, con independencia del lugar o las actividades que desarrollen ********************, corres el riesgo de contagio con el simple hecho de asistir a su centro de trabajo, en el que, según aduces, se desarrollas como médico especialista "A" y médico general "A", respectivamente, adscritas a la Clínica de Medicina Familiar "División del Norte" del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; pues es un hecho notorio que el nivel de contagio es muy alto en la institución de salud en la que laboran, situación que se agrava con la condición médica que indiciariamente acreditan sufrir. En ese sentido, las autoridades responsables deberán abstenerse de obligar a ******************** a desempeñar actividades de atención sanitaria al público, ni habrán de aplicar sanciones administrativas o de índole laboral por la falta de tales servicios. Ello implica que las autoridades responsables deben instrumentar todas las medidas necesarias para cumplir con dicha finalidad despojándose de todas las formalidades administrativas que impidan la consecución del fin referido, como principio de relevancia a salvaguardar, en el entendido de que cualquier conducta contraria se traduciría en una contravención al artículo 4° Constitucional. Dicha medida suspensiva surtirá sus efectos desde luego y sin que se exija requisito de efectividad alguno, ya que no se actualiza alguna de las hipótesis previstas en el artículo 135 de la Ley de Amparo. Al respecto, resulta aplicable por no oponerse al contenido de la legislación citada en vigor, en términos del artículo sexto transitorio del decreto mediante el cual se emitió esta última, la jurisprudencia 1a./J. 33/2014, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. SURTE SUS EFECTOS AL DECRETARSE Y NO AL NOTIFICARSE".3. Importa destacar que no solo las autoridades responsables están obligadas a cumplir esta medida cautelar, sino también aquellas que en virtud de sus funciones puedan materializar los efectos y consecuencias de los actos reclamados cuya suspensión se ha decretado. Al respecto, se hace de su conocimiento que en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, se prevé: "262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: (.) III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra". Asimismo, se requiere a las autoridades responsables para que dentro del plazo de veinticuatro horas siguientes a aquél en que queden debidamente notificadas de esta determinación, informen a este órgano jurisdiccional sobre la forma en la que han dado cumplimiento a la suspensión de plano otorgada. Apercibidas que en caso de ser omisas en desahogar el requerimiento que se les formula o no manifestar el impedimento legal que para ello tenga, se procederá en términos del artículo 262, fracción III, de la legislación citada respecto del delito ahí previsto. NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO Con apoyo en lo ordenado en los artículos 15 y 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, y de conformidad con el artículo 45 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se comisiona a uno de los actuarios adscritos a este Juzgado Federal, a efecto que notifique de manera personal al quejoso la presente determinación. APERCIBIMIENTO Se hace saber a las autoridades responsables que deberán coordinarse con las autoridades que deban intervenir en el cumplimiento de la medida que se concede, y que la violación a la suspensión decretada entraña la comisión de un delito equiparable al abuso de autoridad, en términos de lo preceptuado en el artículo 262, fracciones III y V, de la legislación de la materia, por lo que si se consuma el acto reclamado, se dará vista al agente del Ministerio Público Federal para los efectos legales conducentes. DOMICILIO. Se tiene como domicilio de ******************** el que indican en su escrito de demanda. Ténganse por autorizados en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, a las personas que señala, toda vez que no proporcionan los números de cédula correspondientes. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales que se ordenen en este asunto. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

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