Maria Eugenia Ruiz Salinas

Expediente 690/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 32 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
690/2019
Año
2019
Actuaciones
32
Última actuación
06/09/2022

Partes del expediente

  • Maria Eugenia Ruiz Salinas
  • Agente del Ministerio Público Adscrito al Juzgado Noveno de Distrito en Tamaulipas.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 32.

  1. Principal

    Tampico, Tamaulipas, a seis de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término que establece el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes procesales hayan presentado promoción alguna a efecto de inconformarse contra el proveído de veinticinco de julio de dos mil veintidós mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo dictada en este asunto; en consecuencia, se declara que dicho acuerdo ha causado estado con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, previas las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. ***susceptible de depuración***

  2. Incidental

    ARCHIVO DE INCIDENTES- susceptible de depuración

  3. Principal

    Tampico, Tamaulipas, a veinticinco de julio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que feneció el término de tres días concedido a la parte quejosa y tercera interesada con la vista otorgada mediante proveído de tres de marzo de dos mil veintidós (notificadas personalmente y por oficio el dieciséis y nueve de junio del año en curso, respectivamente) para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por la autoridad responsable Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio y Oral de la Sexta Región Judicial en el Estado de Tamaulipas, con sede en Altamira. Consecuentemente, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, así como de la Jurisprudencia 26/2000, de la Segunda Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, rubro: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE. (Interrupción parcial de la Jurisprudencia 85/98, de la Segunda Sala)"; que fue aprobada en sesión privada de tres de marzo del año dos mil, este órgano jurisdiccional se pronuncia sobre dicho cumplimiento. Tampico, Tamaulipas, a veinticinco de julio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que feneció el término de tres días concedido a la parte quejosa y tercera interesada con la vista otorgada mediante proveído de tres de marzo de dos mil veintidós (notificadas personalmente y por oficio el dieciséis y nueve de junio del año en curso, respectivamente) para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por la autoridad responsable Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio y Oral de la Sexta Región Judicial en el Estado de Tamaulipas, con sede en Altamira. Consecuentemente, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, así como de la Jurisprudencia 26/2000, de la Segunda Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, rubro: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE. (Interrupción parcial de la Jurisprudencia 85/98, de la Segunda Sala)"; que fue aprobada en sesión privada de tres de marzo del año dos mil, este órgano jurisdiccional se pronuncia sobre dicho cumplimiento. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito por vacaciones del titular está facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento de las sentencias de amparo, en tanto es menester que al concluir el plazo concedido a las autoridades responsables para demostrar su acatamiento o al fenecer el plazo de la vista otorgada a la parte quejosa y a la parte tercero interesada con las constancias relativas, se determine si los deberes impuestos en el fallo protector se encuentran satisfechos para, en su caso, dictar las medidas necesarias para conseguirlo, máxime que la urgencia de la decisión no radica exclusivamente en los posibles daños que se podrían ocasionar al agraviado en caso de que la sentencia no se ejecute de inmediato, sino también en lograr el objetivo del juicio de amparo, el cual estriba en restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental violado a la brevedad posible, a fin de evitar que el retraso en la ejecución de la decisión torne nugatoria la protección de la Justicia Federal. Justificación: En el dictamen a la iniciativa de la Ley de Amparo en vigor, se precisó que la ejecución de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal constituye una parte toral del juicio de amparo, en tanto que su objetivo es restituir al quejoso en el pleno goce del derecho vulnerado con el acto declarado inconstitucional; por tal razón se estimó necesario implementar medidas que permitan lograr su eficaz y oportuno cumplimiento, habida cuenta que las dilaciones o fallas en su ejecución podrían anular sus efectos restitutorios. Lo que se corrobora al tener en cuenta que el derecho de acceso a la justicia que se tutela en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conlleva para los órganos jurisdiccionales el deber de garantizar la efectividad de los recursos y los medios de defensa, lo que de suyo implica asegurar la debida ejecución de sus decisiones sin dilaciones indebidas o innecesarias. En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que de acuerdo con el principio de efectividad de los recursos o medios de defensa previsto en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios, lo que puede ocurrir, por ejemplo, al verificarse cualquier situación que configure un cuadro de denegación de justicia, como sucede cuando se incurre en retardo injustificado en la decisión, o en la ejecución de la misma. Incluso, el artículo 25, numeral 2, inciso c), de la Convención establece la obligación del Estado de garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso, lo que significa que la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o sentencia porque se requiere, además, que el Estado garantice los medios para ejecutar dichas decisiones definitivas. Luego, es claro que en tratándose del juicio de amparo, es indispensable que la ejecución de la reparación al derecho violado, esto es, el cumplimiento del fallo protector, se realice sin dilaciones indebidas o injustificadas, pues de lo contrario se tornaría ilusorio y lo dotaría de ineficacia, en detrimento del acceso a la tutela jurisdiccional efectiva." En principio, conviene mencionar que existe exceso en la ejecución de la sentencia cuando la autoridad responsable sobrepasa lo que manda la resolución de amparo, es decir, extralimita su ejecución. Hay defecto en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, cuando se ejecuta de manera parcial o incompleta, esto es, sin realizar todas aquellas prestaciones que se determinaron en el fallo. Dicho de otro modo, cuando las autoridades responsables realicen menos deberes jurídicos que los ordenados o impuestos en el fallo protector. Sirve de apoyo a lo descrito el criterio sustentado por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo II, primera parte de julio-diciembre de 1988, página 241 (Registro IUS: 207508), del rubro y texto siguientes: "QUEJA POR EXCESO O DEFECTO DE EJECUCIÓN, RESPECTO DE UNA SENTENCIA QUE OTORGÓ EL AMPARO PARA EFECTOS. El exceso en el cumplimiento de una ejecutoria que concede el amparo para efectos, de conformidad con los artículos 77, fracción III, 80 y 190 de la Ley Reglamentaria del juicio de garantías, en relación con lo dispuesto en el artículo 95, fracción IX, del ordenamiento legal citado, implica que la autoridad responsable al pronunciar nueva sentencia, rebase o decida puntos diversos de los que determinan el alcance de la protección otorgada en el fallo constitucional; el defecto en la ejecución, entraña que la responsable omita el estudio y resolución de alguna de las cuestiones que le ordenó resolver la ejecutoria que concedió el amparo, conforme a los términos y fundamentos legales de la propia ejecutoria con la que está vinculada". En ese orden de ideas, para el cumplimiento de una ejecutoria de amparo en el que se señalan determinados efectos, en la nueva resolución que se pronuncie por la autoridad responsable deben distinguirse dos aspectos, uno en el que queda vinculada con lo estrictamente ordenado en dicha ejecutoria y, otro, en que queda en plena libertad al habérsele devuelto jurisdicción para obrar o decidir. El primer aspecto puede ser materia de análisis en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando se decida si se tiene o no cumplida la ejecutoria en su totalidad, sin excesos ni defectos. En cambio, el segundo aspecto, aquél en que la responsable queda en libertad de actuar o decidir por habérsele devuelto jurisdicción, sólo puede ser materia de análisis en un nuevo juicio constitucional. De tal suerte, se anticipa la conclusión de que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, sin que con tal proceder haya incurrido en exceso o defecto alguno. Esto se afirma porque las constancias remitidas por aquélla en acatamiento al fallo protector, las cuales merecen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del último párrafo del arábigo 2 de ésta, ponen de relieve que dio cumplimiento a la sentencia concesoria por las razones que a continuación se puntualizan. Primeramente, se precisa que el veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, se dictó sentencia en la cual se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión para los efectos precisados en ésta. (...) De lo anterior, se llega a la conclusión que los efectos de la sentencia protectora se cumplieron, pues constitucionalmente se restituyó a la parte quejosa en el pleno goce de las garantías violadas en su perjuicio y que fueron materia de estudio dentro del presente juicio de amparo; además, dicha circunstancia se hizo del conocimiento personal de las partes procesales sin que realizaran manifestaciones al respecto. Por consiguiente, es evidente que la autoridad responsable acató la sentencia de amparo al restituir a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales violados en términos del numeral 77 de la Ley de Amparo vigente, sin que con tal proceder hubiera incurrido en exceso1 o defecto2 en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo3 , pues no se advierte que la autoridad responsable se extralimitara o sobrepasara, ni que ejecutara de manera parcial o incompleta lo que se ordenó en la resolución concesoria. En consecuencia, de acuerdo con lo previsto por el artículo 214 del citado ordenamiento, sin perjuicio de que se haga valer el medio de impugnación correspondiente, se declara cumplida la ejecutoria respectiva; razón por la cual hágase del conocimiento de este acuerdo a las partes, y una vez transcurrido el término que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, por oficio a la autoridad responsable, a las terceras interesadas y al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, cúmplase.

  4. Principal

    de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, notifico al quejoso *********, el acuerdo de 25 de julio de 2022, por lista de acuerdos que se fija en los tableros del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Tampico, así como en el portal de internet del Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación (www.cjf.gob.mx), toda vez que la parte interesada no se presentó al Juzgado de mérito, dentro de los dos días hábiles siguientes al en que se dejó el aviso relativo a notificarse del acuerdo aludido

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