María Eugenia Rojas López Portillo
Expediente 770/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 11 actuaciones registradas, la última del 28 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 770/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 28/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- María Eugenia Rojas López Portillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
MESA II "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver, de oficio, si de acuerdo con las constancias que existen en autos, dicha ejecutoria, se encuentra o no cumplida. En el caso, por sentencia de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa María Eugenia Rojas López Portillo, para que la presidenta Ejecutora de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, realizara lo siguiente: ". a).Vigile el puntual y exacto cumplimiento de los requerimientos realizados al organismo demandado, en los plazos y términos decretados; b) En caso de incumplimiento, imponga las sanciones apercibidas, proveyendo en forma oportuna y eficaz, su ejecución; y c) Requiera al organismo demandado el pago o la formulación de un programa de pago de la condena. ." En ese contexto, del examen de las constancias acompañadas por la autoridad responsable, las cuales tienen valor probatorio pleno en términos de lo previsto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte el acatamiento del fallo protector. Lo anterior, pues mediante oficio 8260, de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, se tuvo a la presidenta Ejecutora de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, remitiendo copia certificada del convenio de veintinueve de octubre del año en curso, celebrado entre Sistema DIF Oaxaca -parte demandada en el juicio laboral 926/2011(4), y la aquí quejosa María Eugenia Rojas López Portillo, -parte actora-, en el citado expediente laboral. De cuyo contenido se advierte, que se aprobó el convenio celebrado entre el Sistema DIF Oaxaca -parte demandada en el juicio laboral 926/2011(4), y la aquí quejosa María Eugenia Rojas López Portillo, -parte actora-, por el cual se realizó una trasferencia bancaria a favor de la parte quejosa, por la cantidad de $1,000,000.00 (un millón de pesos 00/100 M.N.), cantidad con la cual, manifestó estar de acuerdo con dicho pago, y por pagada de todas y cada una de las prestaciones, emanadas en el laudo condenatorio de veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete -acto reclamado en el presente juicio de amparo, asentando su firma de conformidad en el citado convenio. Por tanto, con apoyo en los artículos 196, tercer párrafo y 214, de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria dictada en el presente asunto, al atenderse sus efectos, sin excesos ni defectos. En tales condiciones, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que no se encuentra pendiente a) cumplir determinación judicial ni devolver documentos originales; b) en el incidente de suspensión derivado del presente asunto no se exhibió billete de depósito, c) tampoco falta firma alguna y el expediente está foliado, rubricado y entresellado, archívese el presente asunto como concluido. Por ello, con fundamento en el artículo 18 fracción I, inciso b) del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, y atendiendo a que en el presente asunto se concedió el amparo solicitado en el juicio de garantías, este expediente es depurable, después de tres años. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
MESA II...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial y tomando en cuenta que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia en la que se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2° de la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. Hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. Por otra parte y toda vez que en auto de veintiséis de noviembre pasado, se tuvo a la presidenta Ejecutora de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, remitiendo copia certificada de diversas constancias con las que acredita haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y tercera interesada con el oficio de cuenta y su anexo, para que dentro del plazo de tres días hábiles siguientes al que surta efectos la notificación de este acuerdo, expresen lo que a su derecho convenga; en el entendido que de no hacer manifestación alguna, de oficio, se procederá a analizar el cumplimiento de la citada sentencia. Se ordena al Actuario al que este expediente corresponda, proceder en términos del artículo 27 fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo en vigor, esto es, deberá deducir copia del presente acuerdo, así como copia certificada de la resolución que en pretendido cumplimiento remite la autoridad responsable, las cuales deberá entregar a las partes, expresando en el acta respectiva, de manera indubitable, la entrega de tales documentos; todo lo cual quedará bajo su responsabilidad como notificador. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERA INTERESADA.
- Principal
MESA II ".... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para los efectos legales consiguientes el oficio de cuenta, mediante el cual presidenta Ejecutora de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, remite diversas constancias con las cuales acredita el cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Mismas que se reservan proveer lo conducente, hasta en tanto la presente sentencia cause ejecutoria. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA II "...VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo número 770/2021; y, (...) C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y decidir el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; así como 55, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que se reclaman actos de autoridad jurisdiccional acontecidos en el ámbito territorial donde ejerce jurisdicción este órgano federal. Segundo. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el ordinal 74, fracción I, de la ley de la materia, debe precisarse que de la lectura integral de la demanda, se advierte que la quejosa reclama de la Presidente ejecutora de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca: La inejecución del laudo emitido el veintiséis de septiembre del año dos mil diecisiete en el expediente laboral número 926/2011 (4), aplicando las medidas de apremio señaladas en la Ley Federal del Trabajo y los autos de veinticinco de junio, seis de septiembre de dos mil diecinueve y veintiuno de junio de dos mil veintiuno, para lograr su ejecución. Tercero. Existencia de los actos reclamados. La autoridad responsable, Presidente ejecutora de la Junta Presidente ejecutora de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, al rendir su informe justificado, negó los actos reclamados, remitiendo copia de las constancias del juicio 926/2011 de su índice, que consideró conducentes; las cuales tienen pleno valor probatorio conforme a los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al juicio de amparo, por tratarse de documentos públicos; de las que se advierte la existencia del laudo y los actos reclamados en el juicio de amparo, desvirtuando la negativa de la autoridad responsable. Cuarto. Análisis de constitucionalidad de los actos reclamados. Son sustancialmente fundados los conceptos de violación, suficientes para conceder la protección constitucional. Es así, porque de las constancias remitidas por la autoridad responsable, las cuales han sido valoradas con pleno valor probatorio, evidencia: En laudo de veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete se condenó al SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA al pago de indemnización constitucional, salarios caídos, prima de antigüedad, salarios retenidos y aportaciones al SAR, a favor de la quejosa. En acuerdo de dos de febrero de dos mil dieciocho, a petición de la autorizada de la actora para despachar ejecución del laudo, la presidente responsable ordenó seguir el procedimiento previsto en los numerales 5 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Oaxaca y 8 de la Ley del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca al no poder seguir dictarse auto de ejecución; comunicar al titular del Ejecutivo del Estado la condena al pago que resultaba por $1'364,391.00 (un millón trescientos sesenta y cuatro mil trescientos noventa y un pesos), a fin de que si no contaba con la partida presupuestal para el pago, solicitara a la legislatura del Estado la expedición de un decreto especial que autorizara la erogación antes de concluir el ejercicio fiscal. En proveído de veinticinco de junio de dos mil diecinueve, la responsable, a petición de la autorizada de la quejosa, actualizó el importe de la condena resultando la cantidad de $1'639,537.20 (un millón seiscientos treinta y nueve mil quinientos treinta y siete pesos veinte centavos; y la no poder despachar ejecución contra el organismo demandado, lo requirió para en el plazo de tres días, exhibiera su importe o efectuara las adecuaciones presupuestarias para su pago a través de un programa de cumplimiento, apercibiéndolo que ante su omisión, se impondría multa equivalente a $591.43 (quinientos noventa y un pesos cuarenta y tres centavos), a razón de siete veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización; y ordenó comunicar a la Secretaría de Finanzas, Secretaría de Administración, Secretaría de la Contraloría y Gobernador del Estado, como máxima autoridad del organismo demandado. Por auto de seis de septiembre de dos mil diecinueve, recibió los comunicados de los apoderados del organismo demandado y de la Directora de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, respecto, el primero con la copia del memorándum interno en el sentido de que dicho organismo presenta un déficit y el siete de agosto de dos mil diecinueve, accederían al sistema de finanzas públicas del gobierno del Estado para generar el folio de adecuación presupuestal; y, el segundo comunicado, en cuanto que el organismo demandado como ejecutor del gasto correspondía el pago o los movimientos presupuestarios para obtener cobertura para ello; por lo que requirió al organismo demandado para que en el plazo de tres días, informara y acreditara haber iniciado el trámite para las adecuaciones presupuestarias para el pago del laudo; con el apercibimiento que ante su omisión, se impondría multa equivalente a $591.43 (quinientos noventa y un pesos cuarenta y tres centavos), a razón de siete veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización. En acuerdo de trece de enero de dos mil veinte, la presidente responsable requirió al organismo demandado para que en el plazo de tres días acudiera al IMSS a determinar y enterar el importe de las cuotas obrero patronales a que se condenó y acreditara ese trámite, con el apercibimiento de que ante su omisión, se le impondría una multa equivalente a $591.43 (quinientos noventa y un pesos cuarenta y tres centavos), a razón de siete veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización; asimismo, se le requirió para que en el mismo término, informara y acreditara: a) las gestiones que se encontraba realizando para el pago del importe de la condena; y, b) las acciones para el cumplimiento del laudo; con el apercibimiento de que ante su omisión, se le impondría una multa equivalente a $591.43 (quinientos noventa y un pesos cuarenta y tres centavos), a razón de siete veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización. En proveído de cuatro de agosto de dos mil veinte, al planteamiento del organismo condenado de haber solicitado al IMSS las cotizaciones faltantes respecto de la actora, se le requirió para que en el plazo de tres días, acreditara haber realizado tal solicitud, apercibimiento que ante su omisión, se impondría multa equivalente a $608.16 (seiscientos ocho pesos dieciséis centavos), a razón de siete veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización. Por auto de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, a petición de la actora, se actualizó la condena, resultando el total de $2'029,236.30 (dos millones, veintinueve mil doscientos treinta y seis pesos, treinta centavos); requiriéndose al organismo demandado para su pago a la actora en el plazo de tres días o que acreditara los trámites para obtener la suficiencia presupuestaria para ello; apercibido que ante su omisión, se impondría multa equivalente a $627.30 (seiscientos veintisiete pesos treinta centavos), a razón de siete veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, sin perjuicio de ante su incumplimiento, en los subsecuentes requerimientos, se le aperciba en términos de lo previsto en las fracciones II y III del artículo 731, de la Ley Federal del Trabajo; y se ordenó girar oficio a la Secretaría de Finanzas del gobierno del Estado para que informara si el demandado realizó la gestión administrativa para la obtención de recursos para el pago del laudo. En ese mismo proveído, y atendiendo a lo acreditado por el organismo demandado respecto al pago de la cuotas obrero patronales de la actora, se le tuvo por cumplida la condena del resolutivo tercero del laudo. En ese contexto, son sustancialmente fundados los conceptos de violación, por las consideraciones jurídicas siguientes. El artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional a favor de cualquier persona y, que consiste en el derecho de acceder de forma expedita a los tribunales y plantearles una pretensión o defenderse de ésta, mediante un proceso, el cual se seguirá dentro de los plazos y los términos que prevean las leyes. El objetivo del derecho a la tutela jurisdiccional es asegurar la impartición de una justicia pronta, completa, gratuita e imparcial y, cualquier órgano -no solo los tribunales como literalmente expresa el artículo 17 constitucional, sino también aquellos que no pertenecen al poder judicial federal y local-, encargado de impartirla están constreñidos a observar este derecho fundamental. El derecho a la tutela jurisdiccional se desenvuelve en varios sectores, que constituyen sus principios, entre ellos, el derecho a la plena ejecución de las resoluciones que dicten los órganos que impartan justicia, que consiste en que la persona a quien se obligue cumplir una sentencia no puede eximirse de tal situación. Este principio consagra la efectividad externa de la tutela jurisdiccional y que es de gran trascendencia para la impartición de justicia, porque no sería eficaz si la sentencia no se cumple; de ahí que, por un lado, el órgano que resuelva ordene a las partes que la acaten y de ser necesario, las obligue en ese sentido y, por otro, aquellas personas que se vinculen a su cumplimiento no puedan evadirlo, para lo que la ley debe prever los mecanismos que permitan ejecutar lo resuelto por el juzgador. Cabe señalar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 1a. CCXXXIX/2018 (10a.)6, de rubro "DERECHO A LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS, COMO PARTE DE LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA." definió al derecho de ejecución plena de las sentencias como parte de la última etapa de la tutela jurisdiccional efectiva, aquella identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas con motivo de aquél; señalando a éste como relevante por su instrumentalidad para que la justicia administrada se convierta en una realidad, evitando que las sentencias se tornen ilusorias o terminen por negar al derecho que se había reconocido. Lo anterior requiere que el Estado disponga normativamente recursos para ejecutar esas decisiones definitivas y garantice su efectividad, ya que de otra manera no podría entenderse la completitud en el fallo pronunciado, si no se hace realidad en los hechos. Al respecto, el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, en la tesis (IV Región) 2o.16 K(10a.), Décima Época, con registro 2021281, reconoció que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se ha pronunciado en el sentido de que "la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o sentencia" y que "la efectividad de las sentencias depende de su ejecución", tesis localizable bajo el título: "DERECHO A LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS O LAUDOS. DEBE PREVALECER AUN CUANDO SE ALEGUE COSA JUZGADA, DERIVADA DE UN ERROR JUDICIAL INSOSTENIBLE POR CONTRAVENIR LOS HECHOS DEL CASO." En relación con el cumplimiento de los laudos, los numerales 940 y 945, de la Ley Federal del Trabajo, vigente en la época de su dictado (veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete), establecieron: "Artículo 940. La ejecución de los laudos a que se refiere el artículo anterior corresponde a los Presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y a los de las Juntas Especiales, a cuyo fin dictarán las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita." "Artículo 945. Los laudos deben cumplirse dentro de los quince días siguientes al día en que surta efectos la notificación. Las partes pueden convenir en las modalidades de su cumplimiento.". Por su parte, el artículo 5º de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Oaxaca, dispone: "ARTICULO 5o.- Las entidades quedan sujetas al control y vigilancia del Ejecutivo del Estado, en los términos de esta Ley y de las demás disposiciones aplicables, por conducto de las Secretarías de Finanzas y de Administración, así como la Secretaría de la Contraloría, en el respectivo ámbito de sus atribuciones y por las dependencias de la Administración Pública Centralizada, que al efecto se determinen como Coordinadoras de Sector o aquellas a que les estén sectorizadas. Los bienes muebles e inmuebles de las Entidades Paraestatales, incluyendo los de las Entidades Auxiliares de colaboración son patrimonio del Estado, y por lo tanto, son inembargables; en consecuencia, no podrá emplearse la vía de apremio, ni dictarse auto de ejecución para hacer efectivas las sentencias dictadas a favor de particulares, en contra del Gobierno del Estado o de su hacienda. En los mismos términos son inembargables las cuentas bancarias, depósitos en efectivo; todo tipo de valores, fondos y recursos presupuestales y todo derecho de crédito pertenecientes a las Entidades Paraestatales, incluyendo los pertenecientes a las Entidades Auxiliares de Colaboración. Las obligaciones de cualquier índole, de las entidades paraestatales, que se deriven de resoluciones definitivas emitidas por autoridades judiciales, laborales y administrativas sean federales o estatales, según sea el caso, deberán cubrirse con cargo a sus respectivos presupuestos y de conformidad con las disposiciones generales que establece la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás normatividad que resulte aplicable.". De esas disposiciones destaca en lo de interés, que la ejecución de los laudos corresponde a los Presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y a los de las Juntas Especiales, a cuyo fin dictarán las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita, los cuales deben cumplirse dentro de los quince días siguientes al en que surta efectos la notificación. Tratándose de entidades paraestatales, están sujetas al control y vigilancia del Ejecutivo del Estado, por conducto de las Secretarías de Finanzas y de Administración, así como la Secretaría de la Contraloría. Los bienes muebles e inmuebles de las Entidades Paraestatales son patrimonio del Estado, e inembargables; en consecuencia, no podrá emplearse la vía de apremio, ni dictarse auto de ejecución para hacer efectivas las sentencias dictadas a favor de particulares, en contra del Gobierno del Estado o de su hacienda. Las obligaciones de cualquier índole, de las entidades paraestatales, que se deriven de resoluciones definitivas emitidas por autoridades judiciales, laborales y administrativas sean federales o estatales, según sea el caso, deberán cubrirse con cargo a sus respectivos presupuestos y de conformidad con las disposiciones generales que establece la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. En todo ese contexto, debe concluirse la transgresión al derecho a la plena ejecución del laudo obtenido a favor del quejoso, porque en principio, el actor en la controversia laboral obtuvo resolución favorable a sus pretensiones desde el veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, respecto del cual se inició su ejecución requiriendo al organismo demandado el pago de cantidad líquida desde el dos de febrero de dos mil dieciocho (notificado al perdidosa el veintitrés de mayo de esa anualidad, dos mil dieciocho). Luego, a pesar que la autoridad responsable ha emitido los requerimientos de (1) veinticinco de junio, (2) seis de septiembre, de dos mil diecinueve; (3) trece de enero, (4) veintinueve de octubre, de dos mil veinte; y (5) veintiuno de junio de dos mil veintiuno, requiriendo al organismo demandado el pago de la condena o presentar un programa de pago, incluso con el encauzamiento a que el ente demandado realice las adecuaciones presupuestarias para poder cubrir dichas obligaciones, que en una primera cuantificación fue de $1'364,391.00 (un millón trescientos sesenta y cuatro mil trescientos noventa y un pesos) y ya en la última actualización asciende a $2'029,236.30 (dos millones, veintinueve mil doscientos treinta y seis pesos, treinta centavos), como consecuencia del incumplimiento injustificado del organismo demandado en el transcurso del tiempo, y todos ellos con el apercibimiento de multa del importe equivalente a siete unidades de medida de actualización en términos del numeral 731, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo; no se ha cumplido con el pago de las prestaciones liquidadas a favor del quejoso. En efecto, desde el inicio de la ejecución del laudo (dos de febrero de dos mil dieciocho) a la presentación de la demanda de amparo (dieciséis de julio de dos mil veintiuno) han transcurrido más de tres años y cinco meses, por diversa dilaciones de trámite, desde la oportunidad de las notificaciones, acuerdos y tan solo cinco requerimientos, cuyas multas no se han hecho efectivas por la autoridad responsable, en detrimento de una eficaz y objetiva ejecución del laudo; y considerando además que atendiendo a la naturaleza del ente condenado cuyo presupuesto ordinario es anual, tampoco existe evidencia cierta de haber hechos los trámites, presupuestaciones o previsión de adecuaciones para lograr dicho pago, de manera que justificara que efectivamente se está en vías de cumplir la condena. Por lo que resulta incuestionable la violación de derechos fundamentales cometida en perjuicio de la parte quejosa, pues no obstante que obtuvo una resolución favorable a sus intereses (la cual, a la fecha, se encuentra firme), el organismo condenado ha sido omiso en acatarla debidamente, aun cuando posee la fuerza de cosa juzgada, sin que el presidente ejecutor sea eficaz, oportuno y objetivo en su tramitación, por tanto, crea una obligación constitucional a su cargo, correlativa al derecho del particular a que se cumpla el fallo respectivo. En las relatadas condiciones, lo que procede es conceder el amparo y protección de la justicia federal, solicitado por la quejosa, contra los actos reclamados de la presidente de la junta responsable. Quinto. Efectos del amparo. Por las consideraciones expuestas, en términos de los artículos 74, fracción V y 77, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, la concesión del amparo es para efectos que la presidente ejecutora de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, realice lo siguiente: a).Vigile el puntual y exacto cumplimiento de los requerimientos realizados al organismo demandado, en los plazos y términos decretados; b) En caso de incumplimiento, imponga las sanciones apercibidas, proveyendo en forma oportuna y eficaz, su ejecución; y c) Requiera al organismo demandado el pago o la formulación de un programa de pago de la condena. Sexto. Publicación de datos personales. En virtud de que, conforme a la certificación secretarial realizada en la audiencia constitucional que antecede, las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis; y en observancia de lo dispuesto en el Acuerdo General 11/2017, del cinco de septiembre de dos mli diecisiete, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regulan los alcances de la protección del nombre de personas físicas o morales contenido en los distintos instrumentos jurisdiccionales. Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 1°, 103, 107 de la constitución federal; 73, 74, 75 y 77, fracción II, de la Ley de Amparo; y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ...por propio derecho, contra los actos que reclamó de la Presidente ejecutora de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, en el juicio 926/2011 (4) de su índice y para los efectos precisados en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. (LA PRESENTE SENTENCIA SE PUBLICA EL DIA DE HOY DEBIDO A QUE FUE AUTORIZADA EL CUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO)
Quedan 7 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · 7,460 expedientes
- Maria Esther Santiago Gonzalez1306/2021
- Maria Eugenia Arellanes147/2021
- Maria Eugenia Arellano Morales734/2021
- Maria Eugenia Damas Ramirez1158/2023
- Maria Eugenia Ojeda Garcia1236/2021
- Maria Eugenia Rojas Lopez Portillo1098/2019
- Maria Garcia Luna443/2018
- Maria Garcia Luna1036/2017
- Maria Goretty Carmona Martínez819/2022
- Maria Goretty Carmona Martínez333/2022
- MARÍA GORETTY CARMONA MARTiNEZ8/2023
- Maria Graciela Enriqueta Aguilar Moro125/2021