Maria Eugenia Ramirez Solis
Expediente 307/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 17 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 307/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 17/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Maria Eugenia Ramirez Solis
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecisiete de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes impugnaran la sentencia dictada en este juicio, sin que lo hayan hecho; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que aquélla, en la que se sobreseyó en el juicio, ha causado ejecutoria para los efectos legales conducentes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En consecuencia, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo, lo cual causó ejecutoria en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Por último, se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que la constancia de notificación relativa a los oficios que derivan de esta determinación, hace las veces de acuse de recibo, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial. Notifíquese.
- Principal
V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 307/2021-IV. Previamente al estudio de los conceptos de violación, deben analizarse las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya que se trata de una cuestión de orden público, cuyo estudio es preferente, conforme a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de la Materia. Ahora bien, visto el informe y anexos remitidos por la responsable, se estima que en el presente asunto, respecto a la omisión reclamada a la Directora General y Presidenta de la Junta Directiva del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, ambas con sede en esta ciudad, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. De lo anterior, se desprende que el señalado como acto reclamado ha cesado en sus efectos; por tanto, no cabe duda que es imposible pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo, actualizándose de tal manera la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo y, en consecuencia, con apoyo en el ordinal 63, fracción V, de la propia legislación, procede sobreseer en el presente juicio. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO.- Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, catorce de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que la autoridad responsable Oficial Mayor de Gobierno del Estado, a la fecha no ha desahogado el requerimiento que le fue formulado, no obstante encontrarse debidamente notificada. Por tanto, previo a la imposición de la multa a que se hizo alusión en autos, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérasele nuevamente y por última ocasión, para que dentro del término de tres días contado a partir del día siguiente al en que reciba la notificación del presente acuerdo, se sirva atender el requerimiento en los términos en que le fue formulado y hágasele saber que subsiste el apercibimiento decretado en la determinación de catorce de enero del año en curso. En consecuencia, para dar margen a lo anterior se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las TRECE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, catorce de enero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que derivado de la reanudación del procedimiento el acto reclamado en el presente juicio consiste en: la omisión de dar contestación a los escritos de cinco y seis de noviembre de dos mil veinte por parte de la Directora General y Presidenta de la Junta Directiva del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado, y; Oficial Mayor de Gobierno del Estado, respectivamente; asimismo, se desprende que no existe certeza de que se haya dado respuesta al escrito que constituye el acto omisivo atribuido por parte de la última de las mencionadas. En tal virtud, a fin de emitir una resolución conforme a derecho e integrar debidamente el expediente en que se actúa, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase al Oficial Mayor de Gobierno del Estado, a fin de que informe si a la fecha ya se emitió la respuesta a la petición de seis de noviembre de dos mil veinte; y de ser así, remita copia certificada de las constancias que acrediten tal circunstancia; lo anterior bajo el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta días del valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237, fracción I y 260, fracción II, de la legislación en cita. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL CATORCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese.
Quedan 13 actuaciones en este expediente
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