María Eugenia Palma Gamboa
Expediente 1103/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 10 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1103/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 20/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- María Eugenia Palma Gamboa
- María Eugenia Palma Gamboa y Otros.
- Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinte de diciembre de dos mil dieciocho. Atento a lo informado en la cuenta que antecede y toda vez que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso alguno en contra del auto de veintisiete de noviembre del año actual, en el que se sobreseyó en el presente juicio de amparo fuera de audiencia; con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado, se declara que aquél auto ha causado estado para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que en el aludido auto se sobreseyó en el presente juicio de amparo, no obran agregados documentos originales y carece de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en la fracción II del artículo vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Francisco Javier Cetina Cetina, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el secretario licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, que autoriza y da fe.
- Principal
V. ART. 27 FRACC I INCISO C DE LA NUEVA LEY DE AMPARO. Mérida, Yucatán, veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio 1252/2018 suscrito por la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, autoridad señalada como responsable en el presente asunto, al que acompaña en apoyo al citado oficio copias certificadas de las resoluciones de veinticuatro y veintinueve de octubre del año en curso, dictadas en el juicio laboral 593/2014. Ahora bien, se estima pertinente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, aun fuera de la audiencia constitucional, conforme a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo aplicable, de acuerdo con las consideraciones que a continuación se exponen. Cabe señalar que diversas tesis emitidas por Órganos del Poder Judicial de la Federación, y que resultan aplicables por similitud de razón, sostienen que el sobreseimiento fuera de audiencia puede darse en casos notoriamente evidentes, tales como aquéllos en que hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esto al tener en cuenta que la actualización de la hipótesis anterior, debe ser tan evidente que ni aun en la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con algún medio probatorio que pudieran allegar las partes, porque el sentido del fallo siempre sería el mismo. Robustece el criterio anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, Marzo 2003, visible en la página 386, que es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". De lo anterior, se infiere que cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Aunado a que ésta por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, puede analizarse de oficio y en cualquier etapa del juicio, como lo señala el artículo 62 de la Ley de Amparo aplicable, motivo por el cual se procederá a su estudio. De conformidad con lo anterior, en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de Amparo aplicable, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;..". La causal de improcedencia prevista en el precepto legal trascrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo. En efecto, en el presente caso se actualiza la mencionada causa de improcedencia, toda vez que de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa en esencia hizo consistir los actos reclamados en: 1) La omisión de las autoridades responsables de realizar las diligencias o trámites necesarios a fin de que pueda cobrar el cheque depositado ante la junta responsable con motivo de la subsistencia decretada a su favor; ello, derivado de la dilación en resolver los recursos de revisión interpuestos por la parte demandada en contra de los actos de ejecución del Presidente y Actuario, ambos adscritos a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. 2) La omisión de las autoridades responsables de dar contestación al memorial presentado por el quejoso el veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, en el que solicitó al Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, la emisión de las resoluciones correspondientes a los recursos de revisión antes mencionados, a fin de que pueda cobrar el cheque mencionado con antelación. Sin embargo, de las copias certificadas que la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, remitió en apoyo a su informe justificado y a los diversos oficios 1163/2018 y 1252/2018, a las que este órgano de control constitucional les confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que mediante resoluciones de veinticuatro y veintinueve de octubre del año en curso, dictadas en el juicio laboral 593/2014, se resolvieron los recursos de revisión interpuestos por la parte demanda en contra de los actos de ejecución del Presidente y Actuario, ambos adscritos a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. Esto, con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda que lo fue el veintiséis de septiembre del año que transcurre, por lo que es evidente que cesaron los efectos de los actos reclamados; lo que impide a este órgano de control analizar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo, toda vez que a virtud de la cesación de efectos en cuestión, no se puede decidir sobre el acto reclamado. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Lo anterior, sin que pase inadvertido para este juzgador, el hecho de que las autoridades responsables no remitieron constancia alguna en la que se acredite que se dio contestación al escrito del quejoso presentado el veintiuno de septiembre del presente año; sin embargo, ello no constituye un impedimento para considerar actualizada la causal de improcedencia antes analizada, en virtud que lo que se solicitó en esencia en dicho memorial, es que se resuelvan los recursos de revisión interpuestos por la parte demandada en contra de los actos de ejecución del Presidente y Actuario de la Junta responsable, lo cual como quedó demostrado, ya aconteció en el juicio de origen, pues el veinticuatro y veintinueve de octubre del presente año, se emitieron las resoluciones relativas a los recursos de revisión antes aludidos; esto, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo que dio origen a este juicio, lo que permite la actualización de la causal analizada. Por lo tanto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo aplicable, se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento reglamentario. En virtud de lo anterior, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las once horas con diez minutos del veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, que autoriza y da fe.
- Principal
CITATORIO. Mérida, Yucatán, veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio 1252/2018 suscrito por la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, autoridad señalada como responsable en el presente asunto, al que acompaña en apoyo al citado oficio copias certificadas de las resoluciones de veinticuatro y veintinueve de octubre del año en curso, dictadas en el juicio laboral 593/2014. Ahora bien, se estima pertinente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, aun fuera de la audiencia constitucional, conforme a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo aplicable, de acuerdo con las consideraciones que a continuación se exponen. Cabe señalar que diversas tesis emitidas por Órganos del Poder Judicial de la Federación, y que resultan aplicables por similitud de razón, sostienen que el sobreseimiento fuera de audiencia puede darse en casos notoriamente evidentes, tales como aquéllos en que hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esto al tener en cuenta que la actualización de la hipótesis anterior, debe ser tan evidente que ni aun en la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con algún medio probatorio que pudieran allegar las partes, porque el sentido del fallo siempre sería el mismo. Robustece el criterio anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, Marzo 2003, visible en la página 386, que es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". De lo anterior, se infiere que cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Aunado a que ésta por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, puede analizarse de oficio y en cualquier etapa del juicio, como lo señala el artículo 62 de la Ley de Amparo aplicable, motivo por el cual se procederá a su estudio. De conformidad con lo anterior, en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de Amparo aplicable, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;..". La causal de improcedencia prevista en el precepto legal trascrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo. En efecto, en el presente caso se actualiza la mencionada causa de improcedencia, toda vez que de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa en esencia hizo consistir los actos reclamados en: 1) La omisión de las autoridades responsables de realizar las diligencias o trámites necesarios a fin de que pueda cobrar el cheque depositado ante la junta responsable con motivo de la subsistencia decretada a su favor; ello, derivado de la dilación en resolver los recursos de revisión interpuestos por la parte demandada en contra de los actos de ejecución del Presidente y Actuario, ambos adscritos a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. 2) La omisión de las autoridades responsables de dar contestación al memorial presentado por el quejoso el veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, en el que solicitó al Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, la emisión de las resoluciones correspondientes a los recursos de revisión antes mencionados, a fin de que pueda cobrar el cheque mencionado con antelación. Sin embargo, de las copias certificadas que la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, remitió en apoyo a su informe justificado y a los diversos oficios 1163/2018 y 1252/2018, a las que este órgano de control constitucional les confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que mediante resoluciones de veinticuatro y veintinueve de octubre del año en curso, dictadas en el juicio laboral 593/2014, se resolvieron los recursos de revisión interpuestos por la parte demanda en contra de los actos de ejecución del Presidente y Actuario, ambos adscritos a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. Esto, con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda que lo fue el veintiséis de septiembre del año que transcurre, por lo que es evidente que cesaron los efectos de los actos reclamados; lo que impide a este órgano de control analizar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo, toda vez que a virtud de la cesación de efectos en cuestión, no se puede decidir sobre el acto reclamado. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Lo anterior, sin que pase inadvertido para este juzgador, el hecho de que las autoridades responsables no remitieron constancia alguna en la que se acredite que se dio contestación al escrito del quejoso presentado el veintiuno de septiembre del presente año; sin embargo, ello no constituye un impedimento para considerar actualizada la causal de improcedencia antes analizada, en virtud que lo que se solicitó en esencia en dicho memorial, es que se resuelvan los recursos de revisión interpuestos por la parte demandada en contra de los actos de ejecución del Presidente y Actuario de la Junta responsable, lo cual como quedó demostrado, ya aconteció en el juicio de origen, pues el veinticuatro y veintinueve de octubre del presente año, se emitieron las resoluciones relativas a los recursos de revisión antes aludidos; esto, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo que dio origen a este juicio, lo que permite la actualización de la causal analizada. Por lo tanto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo aplicable, se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento reglamentario. En virtud de lo anterior, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las once horas con diez minutos del veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio 1252/2018 suscrito por la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, autoridad señalada como responsable en el presente asunto, al que acompaña en apoyo al citado oficio copias certificadas de las resoluciones de veinticuatro y veintinueve de octubre del año en curso, dictadas en el juicio laboral 593/2014. Ahora bien, se estima pertinente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, aun fuera de la audiencia constitucional, conforme a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo aplicable, de acuerdo con las consideraciones que a continuación se exponen. Cabe señalar que diversas tesis emitidas por Órganos del Poder Judicial de la Federación, y que resultan aplicables por similitud de razón, sostienen que el sobreseimiento fuera de audiencia puede darse en casos notoriamente evidentes, tales como aquéllos en que hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esto al tener en cuenta que la actualización de la hipótesis anterior, debe ser tan evidente que ni aun en la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con algún medio probatorio que pudieran allegar las partes, porque el sentido del fallo siempre sería el mismo. Robustece el criterio anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, Marzo 2003, visible en la página 386, que es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". De lo anterior, se infiere que cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Aunado a que ésta por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, puede analizarse de oficio y en cualquier etapa del juicio, como lo señala el artículo 62 de la Ley de Amparo aplicable, motivo por el cual se procederá a su estudio. De conformidad con lo anterior, en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de Amparo aplicable, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;..". La causal de improcedencia prevista en el precepto legal trascrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo. En efecto, en el presente caso se actualiza la mencionada causa de improcedencia, toda vez que de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa en esencia hizo consistir los actos reclamados en: 1) La omisión de las autoridades responsables de realizar las diligencias o trámites necesarios a fin de que pueda cobrar el cheque depositado ante la junta responsable con motivo de la subsistencia decretada a su favor; ello, derivado de la dilación en resolver los recursos de revisión interpuestos por la parte demandada en contra de los actos de ejecución del Presidente y Actuario, ambos adscritos a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. 2) La omisión de las autoridades responsables de dar contestación al memorial presentado por el quejoso el veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, en el que solicitó al Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, la emisión de las resoluciones correspondientes a los recursos de revisión antes mencionados, a fin de que pueda cobrar el cheque mencionado con antelación. Sin embargo, de las copias certificadas que la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, remitió en apoyo a su informe justificado y a los diversos oficios 1163/2018 y 1252/2018, a las que este órgano de control constitucional les confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que mediante resoluciones de veinticuatro y veintinueve de octubre del año en curso, dictadas en el juicio laboral 593/2014, se resolvieron los recursos de revisión interpuestos por la parte demanda en contra de los actos de ejecución del Presidente y Actuario, ambos adscritos a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. Esto, con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda que lo fue el veintiséis de septiembre del año que transcurre, por lo que es evidente que cesaron los efectos de los actos reclamados; lo que impide a este órgano de control analizar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo, toda vez que a virtud de la cesación de efectos en cuestión, no se puede decidir sobre el acto reclamado. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Lo anterior, sin que pase inadvertido para este juzgador, el hecho de que las autoridades responsables no remitieron constancia alguna en la que se acredite que se dio contestación al escrito del quejoso presentado el veintiuno de septiembre del presente año; sin embargo, ello no constituye un impedimento para considerar actualizada la causal de improcedencia antes analizada, en virtud que lo que se solicitó en esencia en dicho memorial, es que se resuelvan los recursos de revisión interpuestos por la parte demandada en contra de los actos de ejecución del Presidente y Actuario de la Junta responsable, lo cual como quedó demostrado, ya aconteció en el juicio de origen, pues el veinticuatro y veintinueve de octubre del presente año, se emitieron las resoluciones relativas a los recursos de revisión antes aludidos; esto, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo que dio origen a este juicio, lo que permite la actualización de la causal analizada. Por lo tanto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo aplicable, se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento reglamentario. En virtud de lo anterior, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las once horas con diez minutos del veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, que autoriza y da fe.
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