María Eugenia Nolasco Herrera
Expediente 398/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 398/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 15/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- María Eugenia Nolasco Herrera
Actuaciones
- Principal
MESA 10.- VILLAHERMOSA, TABASCO, QUINCE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista, la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el proveído de veinticinco de abril del presente año, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales, con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por remisión expresa de su numeral 2°; en consecuencia, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en el presente expediente; por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos.
- Principal
MESA 10.-VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto; la certificación que antecede, de la que se advierte que en auto admisorio de veinticinco de marzo del año actual, la parte quejosa MARÍA EUGENIA NOLASCO HERRERA, promovió demanda de amparo, contra el acto del TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO, consistente en la omisión de conceder término común para interponer alegatos dentro del expediente laboral 176/2005. Ahora, agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, el informe justificado rendido por el MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO, con el que remite copia certificada del acuerdo de veintidós de abril del año actual, en el que se le concede a las partes el término de dos días hábiles para que formulen sus respectivos alegatos. En tal virtud, como de la certificación secretarial de cuenta se advierte que la parte quejosa MARÍA EUGENIA NOLASCO HERRERA, beneficiaria del trabajador extinto RICARDO ESTEBAN SÁNCHEZ promovió demanda de amparo, contra el acto del TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO, consistente en la omisión de conceder término común para interponer alegatos en el expediente laboral 176/2005; en atención a lo dispuesto por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, es evidente que en la especie el acto reclamado cesó en sus efectos porque la autoridad señalada como responsable en auto de veintidós de abril del año actual, concedió a las partes el término de dos días hábiles para que formulen sus respectivos alegatos, dentro del expediente laboral antes mencionado. Aunado a lo anterior, la actualización de la causa de inejercitabilidad del juicio de amparo promovido se erige en el caso de manera manifiesta e indudable, ya que a nada práctico conduciría la tramitación del presente medio de control constitucional, debido a su propia naturaleza excepcional y práctica, si los efectos que podrían lograrse con el mismo han sucedido al haber quedado restablecidas las cosas al estado que guardaban antes de la violación alegada, de ahí que de continuar el trámite del mismo, se afectaría la naturaleza jurídica de éste, sin poder concretarse los efectos de la concesión que, en su caso, se llegara a otorgar. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis número P.CL/97 sustentada por el Pleno del más alto Tribunal del País, visible en la página 71, Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación cuyo epígrafe es del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL.- La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Consecuentemente al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS, FUERA DE AUDIENCIA, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63 Fracción V del citado ordenamiento legal. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 10/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro es: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En las condiciones anotadas, es dable dejar sin efecto el señalamiento de la audiencia constitucional fijada para las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL TRECE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. No es obstáculo a lo antes decretado, la circunstancia de que el Tribunal responsable no haya enviado la constancia de notificación efectuada a la parte quejosa respecto del acuerdo de veintidós de abril del año en curso, en el expediente laboral 176/2005, ya que conjuntamente con el presente auto se ordena a la fedataria de la adscripción notifique en forma personal dicha resolución al promovente de amparo. Es aplicable al respecto la jurisprudencia 36/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 469, del Tomo IX, Mayo de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. QUEDA SIN MATERIA AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA NOTIFICADO LA CONTESTACIÓN, YA QUE EL QUEJOSO TENDRÁ CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO A TRAVÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE LA EJECUTORIA. Cuando se concede la protección federal por violación al derecho de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional, determinándose que la autoridad responsable debe dictar el acuerdo que proceda y comunicarlo al interesado, ha de considerarse cumplida la ejecutoria si la autoridad contestó por escrito la petición que le formuló el quejoso e intentó notificarle sin éxito, o aun cuando éste haya tenido conocimiento del oficio en la etapa de ejecución del juicio de amparo por medio del Juez de Distrito, o bien, si la autoridad responsable acredita en forma directa ante la Suprema Corte de Justicia el acatamiento dado a la ejecutoria con la documentación oficial que así lo demuestre; consecuentemente debe declararse sin materia el incidente de inejecución sin prejuzgar sobre el debido cumplimiento dado a la sentencia protectora de garantías, encontrándose a salvo los derechos del quejoso para, en su caso, hacer valer los medios de defensa que tenga a su alcance. Sin que para ello sea obstáculo la circunstancia de que no obre en autos la constancia de notificación a la parte quejosa, de los oficios de las autoridades ni el acuerdo del Juez de Distrito en relación al cumplimento del amparo, toda vez que el quejoso tendrá conocimiento de su contenido al notificársele el fallo de la Suprema Corte, lo que le permite estar en aptitud de hacer valer los medios de defensa correspondientes."
- Principal
MESA 10.-Villahermosa, Tabasco, veintidós de abril de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, se desprende que el término otorgado en proveído de veinticinco de marzo del presente año al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, para que rinda su informe justificado transcurre del veintisiete de marzo al veintitrés de abril de dos mil diecinueve, computo de los que se excluyen los días inhábiles en términos del artículo 19 del citado ordenamiento legal; asimismo los días quince, dieciséis y diecisiete de abril del año actual, por haber suspendido sus labores la prenombrada autoridad, con motivo de la celebración de la Quincuagésima Novena Asamblea Nacional de la Academia Mexicana del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, que se realizó en Tampico, Tamaulipas y los días dieciocho y diecinueve del aludido abril, con motivo de la circular SG/UAF/0032/2019, signada por Tomás Fernández Torrano en su carácter de Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Gobierno, lo que comunicó mediante oficio. Por lo anterior, a efecto de no violar las formalidades esenciales del procedimiento, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy y se señala como nueva fecha para su celebración las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL TRECE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE.
- Principal
MESA 5.-Villahermosa, Tabasco, veinticinco de marzo de dos mil diecinueve. Vista; la certificación de cuenta, de la que se desprende que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria de dieciséis de enero del año actual, designó al suscrito Carlos Calderón Espíndola, como nuevo titular de este órgano jurisdiccional, con efectos a partir del dieciséis de marzo de dos mil diecinueve. Asimismo, agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria General de Acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, a través del cual remite copia certificada del acuerdo de catorce del presente mes y año, dentro del cuadernillo de cumplimiento de sentencia CES-544/2011-S-2, de su índice, del que se desprende se requirió al Ayuntamiento Constitucional de Macuspana, Tabasco y al Director de Seguridad Pública del citado Ayuntamiento, para que acudan a las oficinas de la Secretaria General de Acuerdos del citado Tribunal, a las doce horas del doce de abril del presente año, a realizar el pago a los actores y las cantidades que ahí se señalan. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase al Pleno y al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, para que una vez que se lleve a cabo la diligencia antes señalada, remitan copia certificada de la misma, lo anterior en virtud de que dichas documentales resultan necesarias para que este órgano jurisdiccional se pronuncie al respecto. Apercibidos que de no hacerlo así dentro del plazo señalado, se le impondrá a Beatriz Margarita Vera Aguayo, multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de diez de enero de dos mil diecinueve publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, vigente a partir del uno de febrero del presente año; al tenor de la parte conducente de los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo y se procederá de oficio a iniciar el incidente de inejecución de sentencia, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, para los efectos previstos en la fracción XVI, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pudiendo concluir con su inmediata separación del cargo y consignación ante el Juez de Procesos Federales por el delito previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 54/2014, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, noviembre de 2014, Tomo I, página 19, Décima Época, registro 2007918, de rubro: <<PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. >>.
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