María Eugenia Muñoz Milacatl
Expediente 785/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 15 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 785/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 12/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- María Eugenia Muñoz Milacatl
- Comité Ejecutivo Estatal de Partido de la Revolución Democratica de Tlaxcala
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Causa estado auto en que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra del auto dictado el catorce de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 57 a 64), en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el acuerdo de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Se ordena archivo y destrucción Realícense las anotaciones correspondientes tanto en el libro de gobierno, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral Vigésimo Primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, una vez que transcurra el plazo de cinco años que dispone el referido artículo Vigésimo Primero. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, tanto el expediente principal como el cuaderno incidental original, deberán transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Sin que sean necesarios requerir a las partes para devolución de documentos originales o billetes de depósito al no constar estos en autos. Devolución de constancias. En ese tenor, devuélvase al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, la copia certificada de diversas constancias del expediente laboral 437/2010-4 de su índice, que envió a su informe justificado.
- Principal
Sobreseimiento fuera de audiencia constitucional. Visto los presentes autos de los que se advierte que mediante acuerdo de dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 15 a 17), se tuvieron por recibidas las copias certificadas de las diversas constancias que integran el expediente laboral 437/2010-4, del índice del Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, respecto del cual se ordenó formar un tomo de pruebas. Ahora, del análisis de la documental aportada por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, se desprende que el trece de septiembre de dos mil dieciocho, se dictó el acuerdo por el cual se admitió a trámite el recurso de revisión de actos en contra del Actuario adscrito a dicha autoridad responsable y ordenó correrle traslado al demandado Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática de Tlaxcala; asimismo, procedió actualizar los salarios a que fue condenado el citado demandado, en el laudo de veintitrés de mayo de dos mil doce, dentro del expediente laboral 437/2010-4, de su índice; documental a la que se concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Del escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa hizo consistir como actos reclamados, los siguientes: "A) De la PRESIDENTA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TLAXCALA, por conducto de quien legalmente la representa, no resolver hasta este momento el RECURSO DE REVISIÓN DE ACTOS DE EJECUCIÓN de fecha once de abril de dos mil dieciocho y la solicitud de actualización de laudo" Sin embargo, de las constancias remitidas por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, como justificación de sus actos, se advierte que la quejosa María Eugenia Muñoz Milacatl, promovió recurso de revisión de actos en contra del Actuario adscrito a dicha autoridad, ocurso que fue presentado el once de abril de dos mil dieciocho, y acordado el trece de septiembre del presente año; mientras que la demanda de amparo fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, el veintiocho de agosto de la presente anualidad y remitida en esa misma fecha a este juzgado federal, esto es, con antelación a que la autoridad responsable proveyera el escrito que le fue presentado el once de abril de dos mil dieciocho, a través del cual se promovió recurso de revisión de actos por la quejosa en el juicio de origen. Conforme a lo anterior, debe decirse que tanto del análisis integral de la demanda de amparo, como de las constancias remitidas por la autoridad responsable, deben tenerse como actos reclamados los siguientes: La omisión de acordar el escrito presentado el once de abril de dos mil dieciocho, ante el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, por la quejosa María Eugenia Muñoz Milacatl, a través del cual promovió recurso de revisión de actos en contra del Actuario adscrito a dicha autoridad. La omisión de acordar el escrito presentado el veintidós de agosto de dos mil dieciocho, ante el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, por la quejosa María Eugenia Muñoz Milacatl, por el cual solicitó la actualización del monto de las cantidades que deberá cubrir el demandado en el juicio natural. Sin que pase inadvertido para este juzgador federal, que la parte quejosa en su escrito inicial de demanda hubiere señalado como acto reclamado, que la autoridad responsable no haya resuelto el recurso de revisión de actos de ejecución que promovió mediante escrito de once de abril del presente año, pues que lo realmente pretendió reclamar es la omisión de acordar el citado ocurso, por el cual promovió el referido recurso de revisión de actos de ejecución. Lo expuesto pone de relieve que en el caso se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, respecto de los citados actos reclamados, pues al dictarse el acuerdo de trece de septiembre de dos mil dieciocho, dentro del expediente natural, cesaron las omisiones reclamadas por la parte quejosa; circunstancia que impone sobreseer el juicio fuera de la audiencia de ley. Con el propósito de comprobar tal aserto, es conveniente señalar, ante todo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones el criterio de que tratándose de una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable y que, por ende, no deja lugar a dudas, no hay razón que justifique esperarse hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente la parte quejosa, de modo alguno podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se sobresea el amparo. Como puede verse, el sobreseimiento en el juicio de amparo debe decretarse desde que aparezca actualizada, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia respectiva, pues a ningún fin práctico conduce tramitarlo si, atendiendo a la naturaleza propia del impedimento relativo, no es posible formarse una convicción diversa al dictarse la sentencia constitucional. En ese sentido, tal como se precisó, de oficio se advierte que en el presente juicio constitucional se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De conformidad con el precepto legal en comento, el juicio de amparo resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie a la parte quejosa; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo, caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la que quepa hacer un pronunciamiento de fondo. Ahora, para mejor comprensión del presente asunto, debe analizarse la naturaleza de los actos reclamados consistentes en la omisión de acordar los escritos presentados el once de abril y veintidós de agosto, ambos de dos mil dieciocho, ante el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, por la quejosa María Eugenia Muñoz Milacatl, a través de los cuales, en el primero, promovió recurso de revisión de actos en contra del Actuario adscrito a dicha autoridad; y en el segundo, solicitó la actualización del monto de las cantidades que deberá cubrir el demandado en el juicio natural, lo que puede vulnerar el derecho fundamental establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Lo anterior pone de manifiesto que la garantía o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia establecido en el artículo constitucional en cita, estipula en favor de los gobernados los siguientes principios: Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho sino fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. El contenido del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, entre otros derechos fundamentales relacionados con la administración de justicia en favor de las personas, tener un acceso efectivo a la administración de justicia; así, para su debido acatamiento no basta el que se permita a los gobernados instar una acción, sino que es necesario que el acceso sea cierto en la medida en que el justiciable, de cumplir con los requisitos justificados constitucionalmente, pueda obtener una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no razón sobre los derechos cuya tutela ha solicitado. Entonces, la impartición de la administración de justicia solicitada por los gobernados y, por ende, el efectivo acceso a la justicia, se debe sujetar a los plazos y términos que fijen las leyes; es decir, la regulación de los respectivos procedimientos debe garantizar a los particulares un efectivo acceso a la justicia, por lo que los requisitos y presupuestos que condicionan la obtención de una resolución sobre el fondo de lo pedido deben encontrarse justificados constitucionalmente, lo que sucede, entre otros casos, cuando tienden a generar seguridad jurídica a los gobernados que acudan como partes a la contienda, o cuando permiten la emisión de resoluciones prontas y expeditas, siempre y cuando no lleguen al extremo de hacer nugatorio el derecho cuya tutela se pretende. En ese tenor, es pertinente reiterar que la parte quejosa se inconforma respecto de la omisión consistente en acordar los escritos presentados el once de abril y veintidós de agosto, ambos de dos mil dieciocho, ante el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, a través de los cuales, en el primero, promovió recurso de revisión de actos en contra del Actuario adscrito a dicha autoridad; y en el segundo, solicitó la actualización del monto de las cantidades que deberá cubrir el demandado en el juicio natural. Ahora, en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, en virtud de que la autoridad responsable el trece de septiembre de dos mil dieciocho, dictó el acuerdo correspondiente, en el que proveyó el escrito de once de abril de dos mil dieciocho, por el cual la quejosa María Eugenia Muñoz Milacatl, promovió recurso de revisión de actos en contra del Actuario adscrito a dicha autoridad, y admitió a trámite el citado recurso de revisión de actos; asimismo, acordó la solicitud de actualización del monto de las cantidades que deberá cubrir el demandado en el juicio laboral 437/2010-4, de su índice, realizada por ocurso de veintidós de agosto del presente año, lo que revela que las omisiones primigenias que motivaron la promoción de esta instancia constitucional cesaron completamente, pues la responsable ya dictó el acuerdo correspondiente, tal como se advierte del informe rendido por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala. Por ende, los efectos de los actos reclamados desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia referida, procede decretar el sobreseimiento en el juicio constitucional respecto del acto reclamado, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las NUEVE HORAS CON TREINTA Y SEIS MINUTOS DEL VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO; por tanto, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a las partes terceras interesadas, el contenido del proveido de catorce de noviembre de dos mil dieciocho: Sobreseimiento fuera de audiencia constitucional. Visto los presentes autos de los que se advierte que mediante acuerdo de dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 15 a 17), se tuvieron por recibidas las copias certificadas de las diversas constancias que integran el expediente laboral 437/2010-4, del índice del Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, respecto del cual se ordenó formar un tomo de pruebas. Ahora, del análisis de la documental aportada por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, se desprende que el trece de septiembre de dos mil dieciocho, se dictó el acuerdo por el cual se admitió a trámite el recurso de revisión de actos en contra del Actuario adscrito a dicha autoridad responsable y ordenó correrle traslado al demandado Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática de Tlaxcala; asimismo, procedió actualizar los salarios a que fue condenado el citado demandado, en el laudo de veintitrés de mayo de dos mil doce, dentro del expediente laboral 437/2010-4, de su índice; documental a la que se concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Del escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa hizo consistir como actos reclamados, los siguientes: "A) De la PRESIDENTA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TLAXCALA, por conducto de quien legalmente la representa, no resolver hasta este momento el RECURSO DE REVISIÓN DE ACTOS DE EJECUCIÓN de fecha once de abril de dos mil dieciocho y la solicitud de actualización de laudo" Sin embargo, de las constancias remitidas por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, como justificación de sus actos, se advierte que la quejosa María Eugenia Muñoz Milacatl, promovió recurso de revisión de actos en contra del Actuario adscrito a dicha autoridad, ocurso que fue presentado el once de abril de dos mil dieciocho, y acordado el trece de septiembre del presente año; mientras que la demanda de amparo fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, el veintiocho de agosto de la presente anualidad y remitida en esa misma fecha a este juzgado federal, esto es, con antelación a que la autoridad responsable proveyera el escrito que le fue presentado el once de abril de dos mil dieciocho, a través del cual se promovió recurso de revisión de actos por la quejosa en el juicio de origen. Conforme a lo anterior, debe decirse que tanto del análisis integral de la demanda de amparo, como de las constancias remitidas por la autoridad responsable, deben tenerse como actos reclamados los siguientes: La omisión de acordar el escrito presentado el once de abril de dos mil dieciocho, ante el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, por la quejosa María Eugenia Muñoz Milacatl, a través del cual promovió recurso de revisión de actos en contra del Actuario adscrito a dicha autoridad. La omisión de acordar el escrito presentado el veintidós de agosto de dos mil dieciocho, ante el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, por la quejosa María Eugenia Muñoz Milacatl, por el cual solicitó la actualización del monto de las cantidades que deberá cubrir el demandado en el juicio natural. Sin que pase inadvertido para este juzgador federal, que la parte quejosa en su escrito inicial de demanda hubiere señalado como acto reclamado, que la autoridad responsable no haya resuelto el recurso de revisión de actos de ejecución que promovió mediante escrito de once de abril del presente año, pues que lo realmente pretendió reclamar es la omisión de acordar el citado ocurso, por el cual promovió el referido recurso de revisión de actos de ejecución. Lo expuesto pone de relieve que en el caso se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, respecto de los citados actos reclamados, pues al dictarse el acuerdo de trece de septiembre de dos mil dieciocho, dentro del expediente natural, cesaron las omisiones reclamadas por la parte quejosa; circunstancia que impone sobreseer el juicio fuera de la audiencia de ley. Con el propósito de comprobar tal aserto, es conveniente señalar, ante todo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones el criterio de que tratándose de una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable y que, por ende, no deja lugar a dudas, no hay razón que justifique esperarse hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente la parte quejosa, de modo alguno podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se sobresea el amparo. Como puede verse, el sobreseimiento en el juicio de amparo debe decretarse desde que aparezca actualizada, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia respectiva, pues a ningún fin práctico conduce tramitarlo si, atendiendo a la naturaleza propia del impedimento relativo, no es posible formarse una convicción diversa al dictarse la sentencia constitucional. En ese sentido, tal como se precisó, de oficio se advierte que en el presente juicio constitucional se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De conformidad con el precepto legal en comento, el juicio de amparo resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie a la parte quejosa; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo, caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la que quepa hacer un pronunciamiento de fondo. Ahora, para mejor comprensión del presente asunto, debe analizarse la naturaleza de los actos reclamados consistentes en la omisión de acordar los escritos presentados el once de abril y veintidós de agosto, ambos de dos mil dieciocho, ante el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, por la quejosa María Eugenia Muñoz Milacatl, a través de los cuales, en el primero, promovió recurso de revisión de actos en contra del Actuario adscrito a dicha autoridad; y en el segundo, solicitó la actualización del monto de las cantidades que deberá cubrir el demandado en el juicio natural, lo que puede vulnerar el derecho fundamental establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Lo anterior pone de manifiesto que la garantía o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia establecido en el artículo constitucional en cita, estipula en favor de los gobernados los siguientes principios: Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho sino fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. El contenido del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, entre otros derechos fundamentales relacionados con la administración de justicia en favor de las personas, tener un acceso efectivo a la administración de justicia; así, para su debido acatamiento no basta el que se permita a los gobernados instar una acción, sino que es necesario que el acceso sea cierto en la medida en que el justiciable, de cumplir con los requisitos justificados constitucionalmente, pueda obtener una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no razón sobre los derechos cuya tutela ha solicitado. Entonces, la impartición de la administración de justicia solicitada por los gobernados y, por ende, el efectivo acceso a la justicia, se debe sujetar a los plazos y términos que fijen las leyes; es decir, la regulación de los respectivos procedimientos debe garantizar a los particulares un efectivo acceso a la justicia, por lo que los requisitos y presupuestos que condicionan la obtención de una resolución sobre el fondo de lo pedido deben encontrarse justificados constitucionalmente, lo que sucede, entre otros casos, cuando tienden a generar seguridad jurídica a los gobernados que acudan como partes a la contienda, o cuando permiten la emisión de resoluciones prontas y expeditas, siempre y cuando no lleguen al extremo de hacer nugatorio el derecho cuya tutela se pretende. En ese tenor, es pertinente reiterar que la parte quejosa se inconforma respecto de la omisión consistente en acordar los escritos presentados el once de abril y veintidós de agosto, ambos de dos mil dieciocho, ante el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, a través de los cuales, en el primero, promovió recurso de revisión de actos en contra del Actuario adscrito a dicha autoridad; y en el segundo, solicitó la actualización del monto de las cantidades que deberá cubrir el demandado en el juicio natural. Ahora, en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, en virtud de que la autoridad responsable el trece de septiembre de dos mil dieciocho, dictó el acuerdo correspondiente, en el que proveyó el escrito de once de abril de dos mil dieciocho, por el cual la quejosa María Eugenia Muñoz Milacatl, promovió recurso de revisión de actos en contra del Actuario adscrito a dicha autoridad, y admitió a trámite el citado recurso de revisión de actos; asimismo, acordó la solicitud de actualización del monto de las cantidades que deberá cubrir el demandado en el juicio laboral 437/2010-4, de su índice, realizada por ocurso de veintidós de agosto del presente año, lo que revela que las omisiones primigenias que motivaron la promoción de esta instancia constitucional cesaron completamente, pues la responsable ya dictó el acuerdo correspondiente, tal como se advierte del informe rendido por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala. Por ende, los efectos de los actos reclamados desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia referida, procede decretar el sobreseimiento en el juicio constitucional respecto del acto reclamado, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las NUEVE HORAS CON TREINTA Y SEIS MINUTOS DEL VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO; por tanto, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido.
- Principal
Agréguese el oficio signado por la Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala; a través del cual da cumplimiento al requerimiento formulado en auto de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho (fojas 46 y 47) y al efecto informa la responsable que aún no ha emitido la resolución relativa al recurso de revisión de actos de actuario, manifestando que por oficio 1738/2018 de tres de octubre de dos mil dieciocho dirigido al Instituto Tlaxcalteca de Elección, recibido el tres del mes y año en cita, por dicho Instituto, por lo este le está transcurriendo el término otorgado para que pueda dar cumplimiento, por tanto una vez que se desahogue la Documental Pública consistente en el informe que rinda el Instituto, la autoridad oficiante remitirá la resolución correspondiente. Circunstancia que acredita con copia certificada de la constancia correspondiente, documental que será relacionada en la audiencia constitucional, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. Con el oficio y constancia de mérito, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido, y manifiesten lo que a su derecho convenga dentro del plazo de ocho días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de hacer relación de los mismos al celebrarse la audiencia constitucional.
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