María Eugenia Muñoz Camacho
Expediente 849/2018 tramitado ante el Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 849/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 06/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- María Eugenia Muñoz Camacho
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
se desprende que transcurrió el plazo para que la quejosa, interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada el pasado diciseis de octubre, por la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo; en consecuencia, se declara que la misma ha causado ejecutoria.
- Principal
La agente del Ministerio Público de la Federación, realiza manifestaciones en el sentido de que renuncia a la interposición del recurso de revisión.
- Principal
León, Guanajuato, dieciséis de octubre de dos mil dieciocho. LA JUEZ ACUERDA: AUTORIDAD CUMPLE REQUERIMIENTO. Agréguese a los autos el oficio 2797/2018, por el cual el Presidente de la Junta Especial Número Veintiocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en la ciudad de Guanajuato, cumple con el requerimiento formulado el pasado uno de octubre, y hace del conocimiento de la suscrita que no hay actuación posterior al auto de dieciséis de agosto del año en curso. RELACIÓN DE CONSTANCIAS. Acto continuo, la Secretaria procede a realizar la relación de las constancias de autos: a) Demanda promovida por María Eugenia Muñoz Camacho; b) Informe justificado rendido por la autoridad señalada como responsable: Junta Especial Número Veintiocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en la ciudad de Guanajuato, por conducto de su presidente (fojas 20-22) La Jueza acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias y por rendido el informe justificado. PERIODO DE RUEBAS. En términos de lo que establece el primer párrafo del numeral 124 de la Ley de Amparo, se declara abierta la primera etapa de la audiencia constitucional, en la cual la secretaria hace relación de autos y da cuenta con las siguientes: De la autoridad responsable: La documental que adjuntó a su informe justificado, (foja 22). A lo que se acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada la prueba descrita, por así permitirlo su propia y especial naturaleza; por tanto, en razón de que no existe prueba pendiente que desahogar, se cierra el periodo relativo al de relación de constancias y de recepción de pruebas. ETAPA DE ALEGATOS. En términos de lo que establece el primer párrafo del numeral 124 de la Ley de Amparo, se declara abierta la etapa de alegatos, en la cual la secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló. En consecuencia, la Jueza acuerda: se tiene por perdido el derecho de las partes a formular alegatos toda vez que no lo hicieron en el momento procesal oportuno; por tanto, se declara cerrado el periodo correspondiente. Relacionadas las constancias, recibidas las pruebas y sin alegatos formulados por las partes, se procede a dictar la siguiente: SENTENCIA Mediante la cual se resuelve el juicio de amparo indirecto 849/2018-II, promovido por María Eugenia Muñoz Camacho, contra los actos que reclamó de la Junta Especial Número Veintiocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en la ciudad de Guanajuato. ANTECEDENTES PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. El escrito de demanda se presentó por María Eugenia Muñoz Camacho el tres de septiembre de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO. Se turnó a este Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en León, el mismo día; se formó el expediente al cual se asignó el número 849/2018-II; se admitió a trámite al día siguiente; se requirió a la autoridad responsable para que rindiera su informe justificado; se dio la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se desahogó al tenor del acta que antecede. CONSIDERACIONES JURÍDICAS PRIMERO. COMPETENCIA. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; así como en el diverso Acuerdo General 39/2017, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de funciones del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, así como las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito de esta ciudad. Lo anterior, en virtud de que el acto reclamado no tiene ejecución material (al tratarse de una omisión); no obstante que la demanda se presentó ante este juzgado de Distrito. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado: La omisión de acordar la demanda laboral que la quejosa presentó el uno de agosto de dos mil dieciocho, ante la Junta Especial Número 28 de la Federal de Conciliación y Arbitraje. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Junta Especial Número Veintiocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en la ciudad de Guanajuato (fojas 20-22), pues la misma al rendir su informe justificado confesó el mismo, no obstante las precisiones que realiza. Lo anterior, porque si bien del contenido de las copias certificadas que la autoridad responsable adjuntó al informe justificado, a las cuales se concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se advierte que la demanda laboral que presentó la quejosa ante la responsable el uno de agosto de dos mil dieciocho, con independencia del sentido, se acordó el dieciséis de agosto posterior, esto es, antes de la presentación de la demanda; también lo es que dicho acuerdo se notificó a la quejosa por estrados posterior a ello. CUARTO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. Se omitirá el estudio de la constitucionalidad del acto combatido, toda vez que esta Juzgadora Federal estima se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, la cual constituye una cuestión de orden público y de estudio preferente, conforme a lo preceptuado por el diverso ordinal 62 de la propia Ley y conforme a lo señalado en la jurisprudencia 940, visible en la página 1538, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, bajo el título y texto siguientes: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. El artículo 61 de la Ley de la materia, en su fracción XXI, prevé lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]. Sobre esta causal de improcedencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostiene la jurisprudencia de la Novena Época, localizable a página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, con número de registro 193758, con número de tesis 2a./J. 59/99, del rubro y texto siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De ahí que se afirme que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al promovente en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del impetrante, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no solo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto que puede verse acompañada, o no, de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que actúe en el sentido de respetar el derecho humano de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ese derecho fundamental exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI, del numeral 61 de la Ley de Amparo Reglamentaria de los preceptos 103 y 107 Constitucionales, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los ordinales 61, fracción XXI y 77 de la Ley de la materia, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. En la especie, la quejosa reclama de la responsable que no acordó su escrito de demanda laboral; sin embargo, la misma se acordó el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, esto es, antes de la presentación del escrito de garantías; en tanto que la notificación de ese acuerdo se hizo por estrados el diecisiete de septiembre posterior, como se advierte de las documentales que, como sustento a su informe justificado remitió, a las cuales se concede valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su artículo 2. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, página 153, que refiere: DOCUMENTOS PÚBLICOS. CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena. Entonces, si la notificación del auto de dieciséis de agosto de dos mil dieciocho por el cual la autoridad responsable acordó la demanda laboral de la quejosa, se hizo por estrados después de presentada la demanda de amparo, es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia en estudio, porque no puede analizarse la omisión reclamada, debido a que la Junta responsable constituyó una nueva situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo, restableciendo a la impetrante en el goce del derecho fundamental violado. En mérito de lo anterior, es que se concluye que se actualiza de forma indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por ello, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, del propio Cuerpo Normativo, se sobresee en el presente juicio de derechos fundamentales. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por María Eugenia Muñoz Camacho, contra el acto y autoridad precisados en el presente fallo constitucional, y por los motivos expuestos en la última consideración. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Rafaela Madrid Padilla, Jueza Decimosegundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, ante la secretaria Dora Alexix Arce Jaramillo, quien autoriza y da fe. DAAJ. Razón. La presente hoja corresponde a la última de la sentencia dictada en el juicio de amparo 849/2018-II. Asimismo, en esta propia fecha se libraron los oficios correspondientes y se procedió a la captura de la presente determinación en el expediente electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Amparo. Conste.
- Principal
La autoridad responsable no remitió la totalidad de las constancias derivadas del acto reclamado. En esas condiciones requiérase a la autoridad responsable, para que en el término de tres días, remita copia certificada, legible y completa de las mismas, o bien, manifieste la imposibilidad material que tuviere para ello. Se apercibe a la autoridad responsable, que en caso de no cumplir con el requerimiento efectuado se le impondrá una multa.
Quedan 2 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Guanajuato · 5,782 expedientes
- María Elizabeth Jasso Aguilera87/2018
- María Elizabeth Padilla Álvarez377/2023
- María Estefani Guevara González495/2020
- María Esther Segura Ramírez1116/2023
- María Eugenia Castañeda Cervantes716/2020
- María Eugenia Flores Fletes83/2018
- María Eugenia Muñoz Camacho821/2018
- María Eugenia Olivera863/2023
- María Eva Nolasco Altamirano385/2021
- María Eva Nolasco Altamirano y Otros.476/2019
- María Eva Nolasco Altamirano557/2018
- María Eva Nolasco Altamirano1127/2018