María Eugenia Montoya García

Expediente 94/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
94/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
19/05/2021

Partes del expediente

  • María Eugenia Montoya García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión, en contra del auto de veintiséis de abril del actual, en el cual se estimó actualizada la causal de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, y por ende, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por el artículo 63 fracción V, de la citada ley; lo anterior, de conformidad con el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido el referido proveído dictado en el presente juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I inciso d), de la Ley de Amparo, interpretado contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2, se declara que el citado auto HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental; por lo que al haberse sobreseído, es susceptible de destrucción dentro del plazo de cinco años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en correlación con la Circular CAP/DGAD/7/2021 de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, emitida por el Director General de Archivo y Documentación. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá destruir el presente juicio de amparo y el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del mismo. Tal como se estableció en la cuenta, esta resolutora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado; y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    VISTA LA RAZÓN DEL ACTUARIO JUDICIAL SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUEROD DE VEINTISEIS ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO QUE A LA LETRA DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiséis de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio *******, que remite el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, mediante el cual informa que el veinticuatro de marzo del año en curso, se tuvo a la actora por desistida lisa y llanamente en su perjuicio del juicio laboral *******, promovido en contra de ******* y *******; adjuntando para tal efecto copia certificada dela constancia conducente. Atento a lo anterior, esta resolutora advierte de oficio que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que establece: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.] Luego, a fin de establecer los alcances de la cesación de efectos es oportuno citar el contenido del artículo 77 de la Ley de Amparo vigente, que establece: Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho De la interpretación de los preceptos normativos trascritos con antelación, realizada por la Segunda Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación, se arribó a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Corrobora lo antes expuesto, la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: Tomo IX, Junio de 1999, página 38, que establece lo siguiente: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, la parte quejosa acudió a esta instancia reclamado a la Junta Número Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, la omisión de la substanciar el juicio ******* en la forma y términos previstos por la Ley Federal del Trabajo. Bajo esas premisas, en virtud de lo manifestado por la autoridad responsable en el sentido de que el veinticuatro de marzo del año en curso, la actora se desistió lisa y llanamente en su perjuicio del juicio laboral *******, promovido en contra de ******* y *******; es inconcuso que el acto ya no agravia a la parte quejosa. Lo anterior, porque una sentencia en la que se concediera la protección constitucional tendría por efecto en términos de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, obligar a la responsable a substanciar el juicio en términos establecidos por la legislación laboral, el cual quedó sin efectos al haber tenido por desistida a la parte actora de la demanda laboral. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, se SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA, con apoyo en el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado. Finalmente, se deja sin efectos la hora y fecha programada para la celebración de la audiencia constitucional relativa al presente asunto. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; quince de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan el presente asunto, así como la certificación que antecede, se advierte que no obran las constancias solicitadas a la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad; lo anterior, no obstante haber sido debidamente notificada para tal efecto a través del oficio ******* de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, según se desprende la constancia actuarial de esa misma data. Consecuentemente, de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Amparo, se requiere a la junta responsable a fin de que en un término de tres días, computado legalmente, remita a este juzgado copias certificadas de las constancias relativas y que integran el expediente *******, de su índice. Apercibida que de no hacerlo, se hará acreedora a una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, equivalentes a ocho mil novecientos sesenta y dos pesos ($8,962.00 M.N.). Por lo que, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia referida y en su lugar se fijan las diez horas con treinta minutos del trece de mayo de dos mil veintiuno, para tal efecto, en términos del artículo 117 de la legislación de la materia. Notifíquese por lista y por oficio a la autoridad responsable. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciséis de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan el presente asunto, así como la certificación que antecede, se advierte que no obra en autos el informe justificado requerido a la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad; lo anterior, no obstante haber sido debidamente notificada para tal efecto a través del oficio 3202/2021 de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, según se desprende la constancia actuarial de esa misma data. Consecuentemente, de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Amparo, se requiere a la junta responsable a fin de que en un término de tres días, computado legalmente, remita a este juzgado copias certificadas de las constancias relativas y que integran el expediente *******, de su índice. Apercibida que de no hacerlo, se hará acreedora a una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo que, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia referida y en su lugar se fijan las nueve horas con cuarenta minutos del quince de abril de dos mil veintiuno, para tal efecto, en términos del artículo 117 de la legislación de la materia. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a la autoridad responsable. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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