María Eugenia Mondragón Arrambide
Expediente 196/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 15 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 196/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 24/06/2019
Partes del expediente
- María Eugenia Mondragón Arrambide
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTICUATRO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este órgano jurisdiccional el seis de junio del año en curso (fojas 103-105), la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de siete de junio del año en curso (foja 106), se dio vista a la parte agraviada con la referida comunicación y anexo, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a la promovente el trece de junio del actual año (foja 109); por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió del diecisiete al diecinueve de este mes, sin contar los días inhábiles que mediaron en dichas fechas, por corresponder a sábado y domingo, de conformidad con el dispositivo 19 de la legislación de Amparo. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Legislación de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese sentido, mediante resolución de once de abril de dos mil diecinueve (fojas 45 a 76), por una parte, se sobreseyó en el presente juicio y, por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, en los términos siguientes: ".lo procedente es conceder a la parte quejosa el amparo solicitado respecto de los referidos preceptos, a fin de que las autoridades responsables le restituyan en sus derechos humanos violados, en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo; por lo cual, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, deberán: 1.Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el artículo 22, fracción I de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dos mil diecinueve, en relación con los dispositivos 11, 12 y 13, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. 2.Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, devuelva a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $290.00 (doscientos noventa pesos 00/100 M.N.), por el acto jurídico que inscribió, respecto de la cantidad de *********pesos por concepto de "INSCRIP. DOCUMENTO PUBLICO O PRIVADO", así como de "Fomento a la Educación", "Asistencia Social" e "Impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit", todos derivados de la escritura pública número 17,409, tomo décimo sexto, libro uno del Protocolo a cargo de la Notaría Pública número veintiséis, residente en esta ciudad, pues al resultar contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, lo actuado con apoyo en el artículo 22, fracción I de la Ley de Ingresos del Estado, es inválido, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó al solicitante del amparo. Cantidad anterior que es derivada del pago declarado inconstitucional que figura en las impresiones del formato de pago expedido por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit. Por tanto, al incidir la inconstitucionalidad aducida en un elemento esencial de la contribución analizada, la restitución correspondiente sólo implica que el quejoso deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarlo de la obligación de enterar la cuota fija mínima de $290.00 pesos, sin las contribuciones adicionales, que al efecto establece la fracción I, del artículo 22 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago de los derechos por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. (.) En la inteligencia de que la cuota de $290.00 (doscientos noventa pesos 00/100 M.N.), es aplicable, porque está referida a la inscripción como la que originó la impugnación en la vía de amparo; de ahí que al ser una cuota fija y mínima para un caso similar es la que debe aplicarse y no otra. 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la parte quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquélla cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto. (.) Resolución que causó ejecutoria el veintiuno de mayo de dos mil diecinueve (fojas 92-93). De lo transcrito se colige, que los actos que debían realizar las autoridades responsables, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, para cumplir con dicha sentencia, son los siguientes: Desincorporar de la esfera jurídica de la quejosa lo previsto en el precepto 22, fracción I de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecinueve, en relación con los dispositivos 11, 12 y 13 de la citada ley de ingresos y se abstuvieran de aplicarlo contra la disidente, hasta en tanto fueran reformados. Devolviera a la agraviada única y exclusivamente el remanente que excediera de la aplicación de $290.00 (Doscientos noventa pesos 00/100 Moneda Nacional) respecto de la cantidad de ***, por concepto de inscripción de documento público o privado, fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit, en el entendido de que la cantidad remanente a devolver deberá encontrarse debidamente actualizada. En cumplimiento a ello, mediante oficio y anexo presentado en la Oficialía de Partes de este Juzgado el seis de junio del año en curso (fojas 103-105), la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, acompañó copia del acuse de recibo del cheque número ****** emitido en favor de la promovente del amparo, por la cantidad de *******, por concepto de las sumas que en su momento erogó la agraviada con motivo de la aplicación de los normativos tildados de inconstitucionales en el presente juicio de amparo y su actualización correspondiente. Ahora, atendiendo a los efectos de la sentencia protectora del amparo, los cuales han quedado precisados con anterioridad, se advierte que las autoridades responsables acataron los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, pues desincorporaron de la esfera jurídica de la parte quejosa la porción normativa reclamada y le devolvieron la contribución principal erogada por ésta, así como lo relativo a la actualización fiscal correspondiente. Lo anterior es así, dado que la quejosa erogó a favor de la administración pública estatal, por los derechos e impuestos en comento, la citada cantidad de **********, luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que a dicha cantidad se tenía que descontar la diversa suma de $290.00 (Doscientos noventa pesos 00/100 Moneda Nacional), que corresponde a la cuota mínima establecida para la inscripción de instrumento público o privado por lo que al ser el parámetro base para un caso similar, en la que no se aplica el cobro de los impuestos adicionales que prevén los artículos 11, 12 y 13 de la mencionada Ley de Ingresos, es la que debía de cubrir la parte promovente del amparo y no otra. Entonces, realizando la operación aritmética correspondiente, se advierte que el Recaudador responsable tenía que devolver la cantidad de $4,449.96 (cuatro mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 96/100 Moneda Nacional), por lo que se desprende que la obligación tributaria principal ha sido devuelta. Sin embargo, como se expuso, en la ejecutoria en análisis se determinó que la cantidad anterior debía devolverse con la actualización correspondiente, la que se encuentra contemplada en el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue expedido el dieciséis de enero de dos mil diecinueve (foja 9) y el cuatro de junio del año en curso, la autoridad responsable entregó el cheque antes indicado (foja 104); por lo que el periodo de actualización comprende del mes de enero a junio de dos mil diecinueve. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de diciembre de dos mil dieciocho entre el índice para el mes de mayo de dos mil diecinueve (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de diciembre de dos mil dieciocho fue de 103.020; y para el mes de mayo de esta anualidad fue de 103.233 de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0020 En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho e impuesto en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizado a la fecha de su pago, esto es la cantidad de ******; por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $9.20 (nueve pesos 20/100 Moneda Nacional). Así de las constancias que obran en autos se advierte que el citado Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas responsable, acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que devolvió a la quejosa la cantidad de $4,472.03 (cuatro mil cuatrocientos setenta y dos pesos 03/100 Moneda Nacional) por concepto de la devolución de los conceptos materia del presente juicio. No pasa inadvertido que el monto que el Recaudador responsable debía devolver a la quejosa era de****; sin embargo, éste reintegró la diversa de ****, es decir, entregó en favor de la promovente del amparo un excedente de $9.20 (nueve pesos 20/100 Moneda Nacional). Pese a esto, se estima que la concesión otorgada a la quejosa se encuentra cumplida, toda vez que la autoridad responsable entregó la totalidad del monto erogado por ésta por la aplicación de preceptos inconstitucionales, más su actualización y, si bien, a la peticionaria se le hizo entrega de una cantidad excedente, ello ya no es materia de análisis del cumplimiento de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en todo caso, quedan a salvo los derechos de la autoridad recaudadora para hacer las gestiones necesarias a fin de requerirle esa cantidad que entregó de más, en los términos que las leyes determinen. Por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión. En ese tenor, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del artículo 196 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, de ese cuerpo normativo, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido, sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a las
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTICUATRO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este órgano jurisdiccional el seis de junio del año en curso (fojas 103-105), la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de siete de junio del año en curso (foja 106), se dio vista a la parte agraviada con la referida comunicación y anexo, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a la promovente el trece de junio del actual año (foja 109); por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió del diecisiete al diecinueve de este mes, sin contar los días inhábiles que mediaron en dichas fechas, por corresponder a sábado y domingo, de conformidad con el dispositivo 19 de la legislación de Amparo. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Legislación de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese sentido, mediante resolución de once de abril de dos mil diecinueve (fojas 45 a 76), por una parte, se sobreseyó en el presente juicio y, por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, en los términos siguientes: ".lo procedente es conceder a la parte quejosa el amparo solicitado respecto de los referidos preceptos, a fin de que las autoridades responsables le restituyan en sus derechos humanos violados, en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo; por lo cual, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, deberán: 1.Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el artículo 22, fracción I de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dos mil diecinueve, en relación con los dispositivos 11, 12 y 13, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. 2.Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, devuelva a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $290.00 (doscientos noventa pesos 00/100 M.N.), por el acto jurídico que inscribió, respecto de la cantidad de *********pesos por concepto de "INSCRIP. DOCUMENTO PUBLICO O PRIVADO", así como de "Fomento a la Educación", "Asistencia Social" e "Impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit", todos derivados de la escritura pública número 17,409, tomo décimo sexto, libro uno del Protocolo a cargo de la Notaría Pública número veintiséis, residente en esta ciudad, pues al resultar contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, lo actuado con apoyo en el artículo 22, fracción I de la Ley de Ingresos del Estado, es inválido, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó al solicitante del amparo. Cantidad anterior que es derivada del pago declarado inconstitucional que figura en las impresiones del formato de pago expedido por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit. Por tanto, al incidir la inconstitucionalidad aducida en un elemento esencial de la contribución analizada, la restitución correspondiente sólo implica que el quejoso deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarlo de la obligación de enterar la cuota fija mínima de $290.00 pesos, sin las contribuciones adicionales, que al efecto establece la fracción I, del artículo 22 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago de los derechos por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. (.) En la inteligencia de que la cuota de $290.00 (doscientos noventa pesos 00/100 M.N.), es aplicable, porque está referida a la inscripción como la que originó la impugnación en la vía de amparo; de ahí que al ser una cuota fija y mínima para un caso similar es la que debe aplicarse y no otra. 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la parte quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquélla cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto. (.) Resolución que causó ejecutoria el veintiuno de mayo de dos mil diecinueve (fojas 92-93). De lo transcrito se colige, que los actos que debían realizar las autoridades responsables, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, para cumplir con dicha sentencia, son los siguientes: Desincorporar de la esfera jurídica de la quejosa lo previsto en el precepto 22, fracción I de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecinueve, en relación con los dispositivos 11, 12 y 13 de la citada ley de ingresos y se abstuvieran de aplicarlo contra la disidente, hasta en tanto fueran reformados. Devolviera a la agraviada única y exclusivamente el remanente que excediera de la aplicación de $290.00 (Doscientos noventa pesos 00/100 Moneda Nacional) respecto de la cantidad de ***, por concepto de inscripción de documento público o privado, fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit, en el entendido de que la cantidad remanente a devolver deberá encontrarse debidamente actualizada. En cumplimiento a ello, mediante oficio y anexo presentado en la Oficialía de Partes de este Juzgado el seis de junio del año en curso (fojas 103-105), la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, acompañó copia del acuse de recibo del cheque número ****** emitido en favor de la promovente del amparo, por la cantidad de *******, por concepto de las sumas que en su momento erogó la agraviada con motivo de la aplicación de los normativos tildados de inconstitucionales en el presente juicio de amparo y su actualización correspondiente. Ahora, atendiendo a los efectos de la sentencia protectora del amparo, los cuales han quedado precisados con anterioridad, se advierte que las autoridades responsables acataron los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, pues desincorporaron de la esfera jurídica de la parte quejosa la porción normativa reclamada y le devolvieron la contribución principal erogada por ésta, así como lo relativo a la actualización fiscal correspondiente. Lo anterior es así, dado que la quejosa erogó a favor de la administración pública estatal, por los derechos e impuestos en comento, la citada cantidad de **********, luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que a dicha cantidad se tenía que descontar la diversa suma de $290.00 (Doscientos noventa pesos 00/100 Moneda Nacional), que corresponde a la cuota mínima establecida para la inscripción de instrumento público o privado por lo que al ser el parámetro base para un caso similar, en la que no se aplica el cobro de los impuestos adicionales que prevén los artículos 11, 12 y 13 de la mencionada Ley de Ingresos, es la que debía de cubrir la parte promovente del amparo y no otra. Entonces, realizando la operación aritmética correspondiente, se advierte que el Recaudador responsable tenía que devolver la cantidad de $4,449.96 (cuatro mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 96/100 Moneda Nacional), por lo que se desprende que la obligación tributaria principal ha sido devuelta. Sin embargo, como se expuso, en la ejecutoria en análisis se determinó que la cantidad anterior debía devolverse con la actualización correspondiente, la que se encuentra contemplada en el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue expedido el dieciséis de enero de dos mil diecinueve (foja 9) y el cuatro de junio del año en curso, la autoridad responsable entregó el cheque antes indicado (foja 104); por lo que el periodo de actualización comprende del mes de enero a junio de dos mil diecinueve. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de diciembre de dos mil dieciocho entre el índice para el mes de mayo de dos mil diecinueve (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de diciembre de dos mil dieciocho fue de 103.020; y para el mes de mayo de esta anualidad fue de 103.233 de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0020 En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho e impuesto en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizado a la fecha de su pago, esto es la cantidad de ******; por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $9.20 (nueve pesos 20/100 Moneda Nacional). Así de las constancias que obran en autos se advierte que el citado Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas responsable, acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que devolvió a la quejosa la cantidad de $4,472.03 (cuatro mil cuatrocientos setenta y dos pesos 03/100 Moneda Nacional) por concepto de la devolución de los conceptos materia del presente juicio. No pasa inadvertido que el monto que el Recaudador responsable debía devolver a la quejosa era de****; sin embargo, éste reintegró la diversa de ****, es decir, entregó en favor de la promovente del amparo un excedente de $9.20 (nueve pesos 20/100 Moneda Nacional). Pese a esto, se estima que la concesión otorgada a la quejosa se encuentra cumplida, toda vez que la autoridad responsable entregó la totalidad del monto erogado por ésta por la aplicación de preceptos inconstitucionales, más su actualización y, si bien, a la peticionaria se le hizo entrega de una cantidad excedente, ello ya no es materia de análisis del cumplimiento de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en todo caso, quedan a salvo los derechos de la autoridad recaudadora para hacer las gestiones necesarias a fin de requerirle esa cantidad que entregó de más, en los términos que las leyes determinen. Por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión. En ese tenor, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del artículo 196 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, de ese cuerpo normativo, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido, sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a las
- Principal
** TEPIC, NAYARIT, SIETE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, suscrito por delegada de la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, mediante el cual, informa las gestiones que realizó a fin de dar cumplimiento al fallo protector; luego, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, con el oficio de cuenta y anexos de cuenta, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea. **
- Principal
** TEPIC, NAYARIT, SIETE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, suscrito por delegada de la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, mediante el cual, informa las gestiones que realizó a fin de dar cumplimiento al fallo protector; luego, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, con el oficio de cuenta y anexos de cuenta, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea. **
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