María Eugenia Marury Lorenzo

Expediente 515/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
515/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
05/04/2018

Partes del expediente

  • María Eugenia Marury Lorenzo

Actuaciones

  1. Principal

    Advirtiéndose de los presentes autos que a la fecha en que se actúa las partes no se inconformaron en contra de la resolución de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho (fojas 438-440), mediante la cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo; con apoyo en el artículo 196, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se declara que la citada resolución ha causado estado; hágase saber lo anterior a las autoridades responsables, para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se concedió la protección constitucional. Acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto Vigésimo Primero de Acuerdo General relativo, y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, es susceptible de DEPURACIÓN pues se concedió la medida cautelar solicitada, en forma provisional y definitiva. En ese tenor de conformidad con lo dispuesto en la fracción III del punto Vigésimo del citado Acuerdo General Conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto normativo. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, primer y segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales".

  2. Principal

    , téngase por recibido el escrito y anexos de cuenta de la parte quejosa ***********, *********** y *********** en su carácter de Presidente, Secretario y Tesorero del Comisariado Ejidal de Tejaluca, Municipio de Atlixco, Estado de Puebla, a través del cual amplía la demanda de amparo. En atención a su contenido, en términos del artículo 111 de la Ley de Amparo se tiene a la parte quejosa ampliando su demanda de amparo; esto es, señalando como nueva autoridad responsable al Presidente Municipal del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla; y, como acto reclamado el señalado en el escrito de ampliación. Por lo anterior, con fundamento en los artículos 111 y 117 de la Ley de Amparo, con copia simple del escrito inicial de demanda y del escrito de ampliación, requiérase a la autoridad responsable Presidente Municipal del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, para que dentro del plazo de quince días contados a partir de aquél en que reciba el oficio notificatorio de este auto, rinda el informe justificado que le corresponde, en el que expondrá las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad del acto reclamado, al que se acompañarán, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo. En ese contexto, se apercibe a la autoridad responsable que la omisión a rendir su informe justificado presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo de la parte quejosa acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos a que se refiere el artículo 1º de la Ley de Amparo; haciéndole de su conocimiento que se encuentran señaladas las nueve horas con treinta y cinco minutos del catorce de marzo de dos mil dieciocho para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Ahora bien, toda vez que por auto de uno de febrero de dos mil dieciocho (foja 249), se admitieron las pruebas periciales en materias de topografía y agrimensura y, valuación de inmuebles; por tanto, se ordena correr traslado al Presidente Municipal del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla con el cuestionario al tenor del cual deberá desahogarse dicho medio de convicción, mismo que se encuentra inserto en el escrito inicial de demanda. Hágasele saber que tienen un plazo de tres días para el efecto de que pueda ampliar por escrito el cuestionario de que se trata, en términos del último párrafo del citado artículo 119 de la ley de la materia. De igual forma, se le hace de su conocimiento que tiene un término de tres días a efecto de que, si es su deseo, pueda designar un perito o peritos expertos en las materias; lo anterior, en términos de artículo 120 del ordenamiento legal antes citado. Con el apercibimiento de no hacer manifestación alguna dentro del término concedido se le tendrá por conforme con el dictamen que emita la perito oficial designada. En términos de lo dispuesto por el artículo 26 fracción I, inciso k) de la ley de la materia, córrase traslado con copia simple del escrito de ampliación de la demanda a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado en materia de amparos. Asimismo, se comisiona al analista jurídico SISE para realizar las gestiones necesarias a efecto de registrar a la nueva autoridad responsable dentro del presente juicio de amparo. Por otra parte, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase como pruebas de la parte quejosa, la documentales públicas que se menciona en el escrito que se provee, sin perjuicio de hacer relación de ellas al momento de la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, se hace constar que el plano que se anexa al escrito de cuenta no se integra al expediente electrónico ya que existe imposibilidad material para su digitalización, lo que se precisa en términos de los Acuerdos Generales conjuntos 1/2013 y 1/2015, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que ordenan la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración.

  3. Principal

    Advirtiéndose la razón secretarial de cuenta, en la que se hace constar que ninguna de las partes recurrió la sentencia dictada en este juicio, con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara ejecutoriada dicha sentencia y con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere al Director de Desarrollo Urbano de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad del Ayuntamiento de Puebla, para que en el término de tres días cumpla con la ejecutoria de mérito, misma que se concedió para el efecto de que: ". El Director de Desarrollo Urbano a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, una vez que se declare ejecutoriada la presente resolución, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, deje sin efectos le oficio SDUS/DDU/12155/10/17 de dos de octubre de dos mil diecisiete y en cumplimiento a las facultades que les otorga la ley, dé contestación de manera congruente y completa al aquí quejoso respecto del escrito de quince de septiembre de dos mil quince, con base a lo apuntado en el presente fallo; esto es, se pronuncie respecto a la factibilidad o no de ejecutar el oficio SM/DMCAC/729/2013 e informe de forma específica sí ha ordenado la demolición de la obra o, en su caso, qué medidas ha tomado para realizarlo En el entendido que no debe limitarse a señalar que "está buscando participación de diversas autoridades" pues en ese caso, debe señalar de manera pormenorizada cuáles son esas gestiones (oficios girados, peticiones a autoridades u otra medida tomada)." Debiendo remitir a este juzgado copia certificada de las constancias relativas que acrediten el cumplimiento dado a la misma. Apercíbase a la referida autoridad que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238, y 259, de la Ley de la Materia, en relación con los diversos 26 apartado B y Sexto y séptimo párrafo y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los arábigos 3°, 4° y 5° de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor diario será de $80.60 (ochenta pesos con sesenta centavos moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho. Asimismo, conforme a lo previsto por el artículo 192 segundo párrafo de la ley de la materia, se hace del conocimiento a la autoridad responsable que de no dar cumplimiento en la forma y términos señalados, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia de Administrativa del Sexto Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de sus cargos y su consignación; en el entendido que el cumplimiento extemporáneo injustificado no es excluyente de responsabilidad. ... En ese orden de ideas, requiérase al superior jerárquico de la citada autoridad responsable ordenadora, es decir, al Secretario de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad del Ayuntamiento del Municipio de Puebla; para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se hará acreedor a una multa de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238, y 259, de la Ley de la Materia, en relación con los diversos 26 apartado B y Sexto y séptimo párrafo y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los arábigos 3°, 4° y 5° de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor diario será de $************, atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho.

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