Maria Eugenia Martínez Cadenas

Expediente 541/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
541/2016
Año
2016
Actuaciones
5
Última actuación
03/06/2016

Partes del expediente

  • Maria Eugenia Martínez Cadenas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; tres de junio de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 287 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se tiene por hecha la certificación precedente, para conocimiento de las partes. Ahora, en consideración a que la parte quejosa dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, no recurrió la sentencia dictada el dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, por la que se sobreseyó en el presente asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado estado; en el Libro de Gobierno realícense las anotaciones respectivas. En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hacen las indicaciones siguientes: 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó en el presente juicio de amparo (punto vigésimo primero, inciso II). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. En términos del punto décimo primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, dése vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, comparezca a este órgano jurisdiccional a recoger los documentos exhibidos en el presente asunto, apercibida que de no hacerlo éstos podrán ser destruidos junto con el expediente que nos ocupa. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con José Antonio Ruiz Rosales, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    (Citatorio parte quejosa) Toluca, Estado de México; tres de junio de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 287 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se tiene por hecha la certificación precedente, para conocimiento de las partes. Ahora, en consideración a que la parte quejosa dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, no recurrió la sentencia dictada el dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, por la que se sobreseyó en el presente asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado estado; en el Libro de Gobierno realícense las anotaciones respectivas. En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hacen las indicaciones siguientes: 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó en el presente juicio de amparo (punto vigésimo primero, inciso II). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. En términos del punto décimo primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, dése vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, comparezca a este órgano jurisdiccional a recoger los documentos exhibidos en el presente asunto, apercibida que de no hacerlo éstos podrán ser destruidos junto con el expediente que nos ocupa. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con José Antonio Ruiz Rosales, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    VISTOS, para resolver los autos relativos al juicio de amparo 541/2016-IV, promovido por María Eugenia Martínez Cárdenas, por conducto de su representante Iraís Gutiérrez Rojas, contra actos de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca. R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito presentado el veintiuno de abril de dos mil dieciséis en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, remitido a este órgano jurisdiccional el mismo día, María Eugenia Martínez Cárdenas por conducto de su representante Iraís Gutiérrez Rojas, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y acto siguientes: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca. IV. ACTOS RECLAMADOS: La abstención de la autoridad responsable al no emitir el laudo correspondiente en el expediente J5/614/2012 SEGUNDO. La quejosa señaló como derechos humanos transgredidos los contenidos en los numerales 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Por auto de veintidós de abril de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda de amparo; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se solicitó de la responsable su informe justificado, se ordenó el emplazamiento dela tercero interesada y se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional (fojas 6 a 9). C O N S I D E R A N D O PRIMERO. El Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México es competente para conocer del presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Punto Cuarto, fracción II, párrafo primero del Acuerdo General 12/2016 que modifica y adiciona el diverso 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en los que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que la omisión reclamada es atribuida a una autoridad con residencia en donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo; para lo cual se atiende a la lectura integral de la demanda de amparo, incluso se toma en cuenta la intencionalidad del quejoso y la totalidad de la información que obra en el expediente del juicio, a efecto de lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Apoya la anterior la tesis P. VI/2004, consultable en la página 255 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de dos mil cuatro, Tomo XIX, Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". De la lectura integral de la demanda de amparo, se obtiene que María Eugenia Martínez Cárdenas, reclama la abstención de la autoridad responsable de emitir el laudo correspondiente en el expediente J5/614/2012. TERCERO. Por razón de método, en toda sentencia de amparo debe analizarse y resolverse respecto de la certeza o inexistencia del acto reclamado y solo, en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen y, en caso, de ser procedente el juicio se analizará el fondo del asunto. Lo anterior, pues de no ser ciertos los actos combatidos resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, se torna imposible legalmente, analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos, el juicio de amparo sea procedente. El Presidente de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca (foja 12) aceptó la existencia del acto reclamado, y adjuntó como complemento del mismo copias certificadas del laudo emitido el treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis en el expediente laboral J.5/614/2012, así como de las notificaciones practicadas a las partes, documental a la cual se concede pleno valor probatorio por haberse expedido por funcionario público en ejercicio de sus funciones y en términos de los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Con fundamento en el artículo 217 de la Ley de Amparo, resulta aplicable la jurisprudencia consultable en la página 231 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Por ser preferente su estudio, este órgano jurisdiccional examina de oficio la procedencia del juicio de amparo, en virtud de que dicha cuestión debe estudiarse cualquiera que sea el estado del procedimiento, lo aleguen o no las partes, pues es de orden público y de análisis preferente, por lo que de aparecer o sobrevenir la actualización de alguna de las causales de improcedencia previstas en el primero de los aludidos preceptos, deberá sobreseerse este asunto. Lo expuesto se robustece con el criterio contenido en la jurisprudencia II.1º.J/5 consultable en la página 95, del Semanario Judicial de la Federación, mayo de 1991, Tomo VII, Octava Época, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." El artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo dispone que procede el sobreseimiento cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia contendidas en el artículo 61 del cuerpo legal en cita. En tales condiciones se precisa que la fracción XXI del ordinal 61 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo. 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" Para un mejor entendimiento del asunto, cabe señalar que el acto reclamado en el juicio de amparo debe estimarse ha cesado en sus efectos si se dan los supuestos siguientes: a. Se deja sin efectos por la misma autoridad señalada como responsable y ésta emite uno nuevo que lo substituya procesalmente. b. Si contra el acto de autoridad impugnado, se interpuso recurso ordinario al cual recayó nueva resolución, el cual vino, de igual manera, a sustituirlo. De acuerdo con la causa de improcedencia en estudio, los efectos del acto reclamado cesan en el momento en que la autoridad responsable deroga o revoca el acto, lo que da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, o bien, a que se hubiera concedido la protección federal ya se hubiera restituido a la parte quejosa, en el goce de la garantía estimada violada por la autoridad. Por ello, cesan los efectos del acto reclamado en el momento en que la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. La cesación de efectos del acto reclamado significa, por tanto, que la autoridad responsable deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. El acto que la agraviada tilda de inconstitucional encuadra en el supuesto marcado con el inciso a) transcrito en párrafos precedentes, pues de las constancias de autos se advierte que los efectos del acto combatido (omisión) cesaron, en atención a que la autoridad señalada como responsable emitió el laudo en el expediente laboral de origen. Ello, pues el acto reclamado en esta instancia constitucional lo es la abstención de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, al no emitir el laudo en el plazo respectivo, lo cual se cumplimentó el treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, el cual fue notificado a la parte ahora quejosa el veintiocho de abril del año en curso. En esas condiciones, debe decirse que la abstención reclamada en esta vía de amparo cesó sus efectos, al ser substituida procesalmente por una nueva, al emitir el laudo correspondiente en el expediente de origen J.5/614/2012. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia III.2o.C. J/22, publicada en la página 1579 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII Febrero de 2006, Novena Época, que establece: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." También tiene aplicación, por analogía la tesis III.3o.C.23 K, publicada en la página 410 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Enero de 1997, Novena Época, del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. LA NUEVA DETERMINACIÓN QUE PRONUNCIA LA AUTORIDAD RESPECTIVA CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE UN RECURSO, SUSTITUYE A LA ANTERIOR, SIENDO POR ELLO ESTA Y NO AQUELLA LA QUE DEBE SER MATERIA DE EXAMEN EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. Si en un juicio civil, una vez agotado el recurso correspondiente, no se logra conseguir la reparación del derecho conculcado (los promoventes interpusieron apelación contra el auto de exequendo), es claro que, contrariamente a lo que sostienen, la resolución del ad quem que decidió ese medio de defensa sustituyó procesalmente a la determinación primaria, motivo por el que ésta cesa en sus efectos no obstante que subsista la respectiva violación de garantías, habida cuenta del que como los efectos del embargo se concretan a la situación jurídica del despojo creada mediante la ejecución mientras el ilegalmente embargado continúe desposeído, ciertamente no puede decirse que ha concluido la transgresión a sus derechos fundamentales, mas ésta proviene de la nueva resolución que pronunció el ad quem al decidir la alzada, mediante la que reiteró la posición que se tenía respecto de la cuestión debatida. Así, aunque es verdad que solamente podría estimarse que cesaría en sus efectos el acto reclamado cuando desaparecieran totalmente las transgresiones que éste produce, esa situación es completamente diferente a la que se analiza, ya que se refiere al caso en que la autoridad responsable, mediante el recurso o medio ordinario de defensa, revoca la determinación respectiva, es decir, cesación de los efectos de una resolución procesal, pero no en la hipótesis en que, se insiste, la nueva decisión que se tome al resolver el recurso reitere la situación jurídica que prevalecía en la determinación primaria; de ahí que ésta ya no puede ser materia de examen en un juicio de garantías biinstancial sino el veredicto que vino a sustituirla procesalmente." En efecto, el laudo de treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis emitido por la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, substituyó procesalmente la abstención de la que se quejaba la parte quejosa; por ende, es incuestionable que el acto reclamado cesó sus efectos; de ahí que lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo, con fundamento en el ordinal 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable la tesis 2a. LXXXIII/2012 (10a.), publicada en la página 1588, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 2, Materia Común, Décima Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL AMPARO AGRARIO. PARA QUE OPERE ES INDISPENSABLE VERIFICAR LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Si bien los artículos 76 Bis, fracción III y 227 de la Ley de Amparo, establecen que las autoridades que conozcan del juicio de amparo deberán suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, así como de los agravios formulados en los recursos establecidos por dicha ley en favor de los sujetos de derecho agrario, lo cierto es que para que opere dicha institución procesal es indispensable verificar la procedencia del juicio de amparo para dar cumplimiento exacto a las normas que lo regulan, ya que la suplencia de la queja deficiente no puede llegar al extremo de hacer procedente un medio de impugnación que conforme a la ley no lo es." De igual forma, es aplicable la I.7o.A.115 K, publicada en la página 2438, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Abril de 2008, Materia Común, Novena Época, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que establece: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. NO OPERA RESPECTO A LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS. De la lectura del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo se advierte que al haber establecido el legislador esa figura jurídica pretendió que, sin importar la deficiencia de los argumentos expresados en algún medio de defensa relacionado con los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, o bien, ante su ausencia; debe prevalecer la supremacía de la Carta Magna sobre el ordenamiento jurídico nacional, así como los principios colectivos sobre protección a grupos vulnerables de la sociedad, como son los miembros de las clases obrera y campesina, quienes por razón de las circunstancias culturales y económicas en las que viven, pueden carecer de una defensa efectiva cuando se han transgredido sus derechos, en contravención al artículo 17 constitucional. Otra finalidad de la institución es la protección del marco legal atendiendo a la importancia de las probables violaciones a la esfera jurídica de los gobernados por las actuaciones de las autoridades, como es el caso de la suplencia en materia penal, en la cual además, se pretende proteger el derecho fundamental que toda persona física tiene de vivir y desarrollar sus aptitudes en un marco de libertad. Finalmente, la suplencia de la queja pretende proteger la seguridad jurídica de los gobernados cuando se aprecia de forma evidente una transgresión de la ley en contra del quejoso o del recurrente que lo deje en estado de indefensión. En esa tesitura, puede inferirse que con el objeto de aplicar la figura examinada, es indispensable que el medio de defensa de que se trate resulte procedente, porque la suplencia de la queja está relacionada exclusivamente con el fondo de la controversia sometida a consideración del órgano jurisdiccional, de ahí que sea ajena a cuestiones relativas a los presupuestos procesales, como son los aspectos sobre la procedencia del juicio constitucional." No pasa desapercibido para este juzgador que en el presente asunto aún no haya sido emplazada la tercero interesada Operadora Walt Mart, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable y/o Operadora Suburbia, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable y/o Nueva Walt Mart, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, pues se estima que dado el sentido de esta sentencia, no le causaría perjuicio alguno, por lo que no se le dejaría en estado de indefensión. Al respecto, es aplicable en lo conducente la tesis V/98, visible en la página 45 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, que dice: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado." Así como, la jurisprudencia visible en la página 83 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 36 Tercera Parte, Materia Común, Séptima Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son los siguientes: "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCION LO BENEFICIARA. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercero perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio debe ordenarse la reposición para que se subsane esa irregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada." Finalmente, no obsta al sentido de este fallo haber admitido a trámite la demanda de amparo motivo del presente asunto, pues con la sola presentación del escrito de demanda no era posible para este órgano jurisdiccional advertir su improcedencia, lo cual derivó como consecuencia del análisis de la totalidad de las constancias existentes en autos, así, la simple admisión de la demanda de amparo, en modo alguno constituía un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia si ésta se advirtiere del análisis de las constancias de autos, puesto que este juzgador está obligado a ello, de acuerdo a la propia ley y la jurisprudencia. Converge con el aserto anterior la jurisprudencia que aparece publicada en la página 544, del Semanario Judicial de la Federación, Julio de 1994, Tomo XIV, Octava Época, con el rubro y texto: "DEMANDA. LA ADMISIÓN DE LA, NO IMPIDE EL ANALISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA. El hecho de que el Juez de Distrito haya admitido la demanda, en forma alguna le impide el analizar en su sentencia si existen o no motivos de improcedencia, toda vez que el artículo 145 de la Ley de Amparo sólo establece que debe desecharse de plano la demanda cuando de ella misma se pudiera advertir de modo manifiesto e indudable motivos de improcedencia, mas dicho numeral de ninguna manera impide que, admitido dicho ocurso, el Juez Federal pueda ocuparse de la causal de improcedencia que quede evidenciada en el transcurso del juicio de garantías." Por lo expuesto, fundado y motivado, con apoyo, además, en los artículos 61, fracción XXI, y 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por María Eugenia Martínez Cárdenas, contra actos de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, por las razones precisadas en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma, Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, ante el Secretario que da fe, José Antonio Ruiz Rosales. Doy fe.

  4. Principal

    I) Toluca, Estado de México; cuatro de mayo de dos mil dieciséis. Visto el telegrama enviado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud de la SIEDO, a través del cual solicita le sea enviada copia de la demanda de amparo para estar en posibilidad de rendir el informe solicitado; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el telegrama de cuenta para los efectos legales conducentes y, como lo solicita la responsable, envíese a la brevedad la copia que solicita para esté en posibilidad de rendir el informe requerido. Por otra parte, visto el contenido del oficio SEADS/760/2016, de veintisiete de abril de dos mil dieciséis, del cual se advierte que el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, comunica que mediante sesión ordinaria de aquella fecha, el Pleno de dicho Órgano, acordó por unanimidad de votos, la adscripción del Juez Breyman Labastida Martínez, a este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, con efectos a partir del uno de mayo de dos mil dieciséis; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 104/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 312, del Tomo XXXII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a julio del año dos mil diez, Novena Época, materia común, con número de registro 164217, cuyo rubro establece: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." Finalmente, este Juzgador ordena se notifique por medio de oficio la presente determinación a las autoridades responsables, así como las determinaciones que tienen trascendencia procesal, lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar; en la inteligencia de que los demás acuerdos se le notificaran por medio de lista. Lo anterior, en atención a lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, de Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, registrada con el ordinal 2002576, cuyo rubro es el siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con el licenciado Mario Jorge Melo Cardoso, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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