María Eugenia Loera García y Otros.

Expediente 579/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
579/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
28/07/2017

Partes del expediente

  • María Eugenia Loera García y Otros.
  • María Eugenia Loera García

Actuaciones

  1. Principal

    Visto lo de cuenta, se aprecia que ha fenecido el término que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de cinco de junio de dos mil diecisiete (fojas 11 a 15), mediante el cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al juicio en que se actúa, se declara que dicho auto ha causado estado. Por ello, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo con el punto vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, el expediente principal transcurrido cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, se DESTRUIRÁ en su totalidad. En términos de los punto 11, párrafo segundo, 20 y 21 del citado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental histórica ni jurídica.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, cinco de junio de dos mil diecisiete. Visto el escrito de demanda de amparo promovida por María Eugenia Loera García, por propio derecho, contra actos del Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este órgano jurisdiccional, con el número 579/2017 y fórmese el expediente respectivo. Ahora bien, es importante precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso, respecto del acto reclamado al DIRECTOR GENERAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE GUERRERO, consistente en la negativa de dar contestación al escrito de veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, por el que solicitó la devolución del impuesto sobre la renta, del convenio de liquidación y terminación de la relación laboral, celebrado el diez de noviembre de dos mil quince, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." Lo anterior es así, toda vez que el quejoso previamente a la interposición del juicio de amparo, debió interponer el juicio laboral, en contra del DIRECTOR GENERAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE GUERRERO, ante el tribunal laboral correspondiente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado Del Vigésimo Primer Circuito, publicada en la página 391, Tomo XII, Agosto de 1993, página 391, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Octava Época que dice: "CONVENIO EN MATERIA LABORAL. EL CELEBRADO POR LAS PARTES PARA DAR POR TERMINADO UN CONFLICTO LABORAL, UNA VEZ APROBADO POR LA JUNTA, OBLIGA A LOS SUSCRIBIENTES AL CUMPLIMIENTO DE LO EXPRESAMENTE PACTADO. Conforme a lo dispuesto por el artículo 33, párrafo segundo, de la Ley Federal del Trabajo, si una trabajadora y el representante de la empresa para la cual prestaba sus servicios, en su calidad de parte actora y demandada respectivamente en un conflicto laboral, en el cual aquélla demandó la reinstalación en su empleo aduciendo haber sido despedida injustificadamente del mismo, al celebrarse la etapa conciliatoria de la audiencia a que se refiere el artículo 875 de la Ley Federal de Trabajo, llegan a un acuerdo para dar por terminado el conflicto, conviniendo la demandada en pagar las prestaciones reclamadas y la actora en desistirse de las acciones intentadas, convenio que legalmente es aprobado por la Junta y consecuentemente es elevado a la categoría de laudo ejecutoriado, en términos del artículo 876, fracción III, de la citada ley laboral, por considerar que no contiene renuncia de derechos de la trabajadora, entonces, el multicitado convenio produce todos los efectos jurídicos inherentes a un laudo y, por ende, las partes que suscribieron el convenio quedan vinculadas a su cumplimiento, aun en la forma coactiva establecida por los artículos 939, 945, 946, 950 y demás relativos de la ley obrera, debiendo para ello, sujetarse a lo expresamente pactado." Sin que en el caso pase inadvertido para quien esto juzga, la circunstancia de que existen hoy en día mecanismos procesales especializados que permiten articular de forma eficaz las posiciones de los particulares respecto de los diversos órganos de gobierno que anteriormente se hacían valer mediante una petición. En la rama laboral existe la posibilidad de obligar a la autoridad señalada como responsable resolver una determinada problemática, sin que sea posible equiparar estos ejercicios derivados de un derecho de petición. Es necesario distinguir entre las vías mediante las cuales se pueden presentar solicitudes de actuación a la autoridad, tomando en consideración que la petición tiene como objeto el obtener una respuesta a un planteamiento y no propiamente algún otro tipo de resultado. El anterior razonamiento encuentra sustento en la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, junio de 2005, página 236, que dice: "CONSULTAS FISCALES. EL ARTÍCULO 34, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 5 DE ENERO DE 2004, NO VIOLA EL DERECHO DE PETICIÓN. El citado precepto legal, en cuanto establece que las autoridades fiscales no resolverán las consultas fiscales que versen sobre la interpretación o aplicación directa de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe interpretarse en el sentido de que las autoridades hacendarias no están facultadas para emitir pronunciamientos de fondo que impliquen una interpretación constitucional, lo cual no resulta violatorio del derecho de petición que consagra el artículo 8o. de la Ley Fundamental, porque no quedan relevadas de su obligación de dar respuesta por escrito y en breve término al particular, manifestando, en su caso, la imposibilidad jurídica para resolver el fondo de la consulta planteada." El derecho de petición es distinto del derecho a la acción laboral, ya que se trata de medios autónomos que tienen fines diversos. En efecto, la acción pretende obtener un determinado resultado de conformidad a lo establecido en una norma jurídica, mientras que la petición sólo garantiza una respuesta por parte de la autoridad, sin que exista una obligación de que la misma sea en un determinado sentido siempre y cuando se encuentre debidamente fundada y motivada. De lo anterior concluimos que el derecho de petición no puede sustituir el procedimiento específico establecido a nivel legal para la atención de la materia de que se trata; por lo mismo no constituirse como un medio paralelo para que se le haga la devolución del impuesto sobre la renta, del convenio de liquidación y terminación de la relación laboral, celebrado el diez de noviembre de dos mil quince, con el DIRECTOR GENERAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE GUERRERO. Entonces, más que el ejercicio del derecho de petición lo que se requiere es la promoción de un juicio para demandar la devolución del impuesto sobre la renta, pues esa es la respuesta que se pretende a lo que se pidió en el escrito presentado el veintisiete de marzo de dos mil diecisiete. Así, un derecho de petición no puede generar la posibilidad de "obligar" a la autoridad señalada como responsable le haga la devolución del impuesto sobre la renta, la cual refiere es contraria al artículo 109 Ley del Impuesto Sobre la Renta, puesto que como ya se dijo, tal cuestión queda fuera del derecho de petición puesto que no se le pregunta la razón, sino se pide directamente la devolución de los recursos retenidos con motivo del impuesto, y la respuesta pretendida se debe limitar a contestar sobre lo que fue solicitado. Entonces, una petición no es el medio adecuado para "obligar" a la autoridad señalada como responsable le haga la devolución del impuesto sobre la renta, pues requiere de la solución de la controversia que subyace por la devolución de recursos que la parte quejosa considera no se debieron retener. En el caso concreto, tenemos que la petición fue presentada por María Eugenia Loera García, a efecto de que se le devolviera el impuesto sobre la renta, del convenio de diez de noviembre de dos mil quince, al referir que dicha deducción fue hecha de manera ilegal; para esto se apoya en el derecho de petición contenido en el artículo 8º constitucional. Este juzgado de distrito considera que la petición realizada en el caso concreto no puede tener como consecuencia que la autoridad señalada como responsable atendiese el problema planteado, al tener a su alcance un medio ordinario de defensa, a fin de que se le haga la devolución del impuesto sobre la renta, del convenio de diez de noviembre de dos mil quince, al indicar que es contraria al artículo 109 Ley del Impuesto Sobre la Renta, y por ende, fue hecha de manera ilegal, ya que esto equivale a utilizar a la petición como un medio para obligar a la autoridad a realizar un pago, al implicar la devolución de recursos. Por lo tanto, el quejoso no puede aprovechar la presentación de una petición para obligar a la autoridad que señala como responsable que le devuelva el impuesto sobre la renta correspondiente al convenio celebrado el diez de noviembre de dos mil quince, puesto que esto es contrario al objeto y alcance del derecho de petición. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, publicada en la página 171, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "RECURSOS QUE DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO, AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS. Carece de consistencia jurídica el argumento hecho valer en el sentido de que ninguno de los recursos establecidos en el Código de Comercio tiene efectos suspensivos, y que por ello no existe obligación de agotarlos previamente, pues la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo categóricamente establece que el juicio de amparo es improcedente cuando dentro del procedimiento exista algún recurso o medio de defensa, por virtud del cual la resolución judicial reclamada pueda ser modificada, revocada o nulificada, es decir, dicha fracción no hace alusión a que tales recursos o medios de defensa deban tener efectos suspensivos." La suscrita también advierte que el juicio de amparo intentado deviene improcedente respecto del acto reclamado expresamente precisado en el capítulo respectivo, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1°, fracción I, y 5°, fracción II, primer párrafo, de la Ley de Amparo, que son del siguiente tenor: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.". Del análisis de las disposiciones legales en consulta, se colige que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridades que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales en el que el Estado Mexicano sea parte; de la misma forma que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Sirve de apoyo, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXV, marzo de 2007, página 275, con número de registro 173100, que señala: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO ES EL SECRETARIO DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS TRATÁNDOSE DE LA OBLIGACIÓN QUE LE IMPONE EL ARTÍCULO 118 DE LA LEY DEL TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ENTIDAD. El Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, tratándose de la obligación que le impone el artículo 118 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos de la entidad, en razón de que su actividad no depende de sus relaciones de supra a subordinación con el particular que obtiene un laudo favorable, pues la obligación de pago de la plantilla de ejecución prevista en ese precepto deviene de la obligación de auxiliar al Gobernador del Estado, quien debe cubrir ese derecho al particular por conducto del Secretario mencionado, con cargo al dinero administrado por éste, sin que pueda modificar o extinguir el derecho del beneficiado con el fallo laboral. Como se ve, el acto que reclama el quejoso, tiene que ver con la omisión atribuida a su DIRECTOR GENERAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE GUERRERO de responder a una solicitud formulada por María Eugenia Loera García, en ejercicio del derecho de petición, derivada de una relación obrero-patronal. Lo anterior es así, ya que el DIRECTOR GENERAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE GUERRERO, no puede tener el carácter de autoridad para los efectos del amparo, de acuerdo a la Tesis aislada XXVII.3o.18 L (10a.), visible en el Libro 16, Marzo de 2015, Tomo III, Pág. 2358, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DIRECTOR GENERAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO, CUANDO SE RECLAMA SU OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN RELACIONADA CON LAS CONDICIONES GENERALES DEL TRABAJO, QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE PATRÓN. El Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyas relaciones laborales con sus trabajadores se rigen por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ley y sus condiciones generales de trabajo; por tanto, contra la omisión atribuida a su director general de responder a una solicitud formulada por uno de sus trabajadores en ejercicio del derecho de petición, relacionada con cuestiones de las condiciones generales de trabajo, es improcedente el juicio de amparo, pues no se está en presencia de un acto de autoridad, en virtud de que la relación existente entre el colegio y sus trabajadores es de coordinación, entablada entre particulares, en las que actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad." Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda de amparo propuesta. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda, como su autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Alejandro Castillo Galarza, toda vez que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para oír recibir notificaciones e imponerse de los autos a las demás personas que señala en su escrito de demanda, por así haberlo manifestado expresamente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Estela Platero Salado, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Jaime González García, que autoriza y da fe.

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