Maria Eugenia Islas Ortiz
Expediente 1066/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1066/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 10/10/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Maria Eugenia Islas Ortiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales el escrito signado por la quejosa María Eugenia Islas Ortiz; en su atención y al proveído de tres del mes y año en curso, se le tiene proporcionando el domicilio para efectos de emplazamiento de la parte tercero interesada, reservándose a acordar lo conducente hasta en tanto se dé cumplimiento al despacho 327/2017-1 (719). Por otra parte y vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ante este Juzgado Federal se tramita el juicio de amparo 1050/2017-5, promovido por José Valentín Silva Islas, por propio derecho, en contra de la resolución de siete de agosto de dos mil diecisiete, dictada en los autos del toca penal 459/2017 del índice de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Hidalgo; en consecuencia, en atención a lo dispuesto por los artículo 72 y 73, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, así como a los principios de concentración y economía procesal que rigen el juicio de amparo y en aras de una tutela jurisdiccional efectiva, consagrada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede decretar la acumulación del juicio de amparo en que se actúa al diverso 1050/2017-4, dada la conexidad e íntima relación que existe entre ambos juicios de amparo. Para explicar esta determinación, en principio cabe puntualizar que si bien la Ley de Amparo vigente no contempla precisamente la institución de la acumulación en el procedimiento de amparo, ello en modo alguno implica su proscripción de dicho procedimiento y por ende, que no pueda aplicarse supletoriamente la legislación correspondiente. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado la posibilidad de que la aplicación supletoria de un ordenamiento legal proceda no sólo respecto de instituciones contempladas en la ley a suplir, que no estén reglamentadas, o bien, las regule en forma deficiente, sino también en el caso de cuestiones jurídicas no establecidas en tal ley, a condición de que sea indispensable para el juzgador acudir a tal supletoriedad para solucionar el conflicto que se le plantea y de que no esté en contradicción con el conjunto de normas cuyas lagunas debe llenar, sino que sea congruente con los principios contenidos en las mismas. Así, los requisitos establecidos para dicha supletoriedad, los sintetiza en los siguientes: a) Que el ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad (la de supletoriedad), indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente. b) Que la ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que se pretende aplicar supletoriamente, o aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule de manera deficiente. c) Que esa omisión o vacío legislativo, haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir. d) Que las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen de manera específica la institución o cuestión jurídica de que se trate. Por tanto, válidamente puede concluirse que constituye criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el considerar que la supletoriedad es una figura necesaria para integrar una omisión de la ley o para interpretar sus disposiciones conjuntamente con otras normas o principios contenidos en otros ordenamientos y para que opere, no es absolutamente necesario que la institución o cuestión jurídica que pretende aplicarse supletoriamente esté contemplada en la ley a ser suplida, pero sí deben reunirse los demás requisitos sentados por la jurisprudencia de la Segunda Sala para la aplicación supletoria de normas. Las anteriores consideraciones, se encuentran contenidas en la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , cuyo contenido y texto se leen: "SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE. La aplicación supletoria de una ley respecto de otra procede para integrar una omisión en la ley o para interpretar sus disposiciones y que se integren con otras normas o principios generales contenidos en otras leyes. Así, para que opere la supletoriedad es necesario que: a) El ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente, o que un ordenamiento establezca que aplica, total o parcialmente, de manera supletoria a otros ordenamientos; b) La ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente o, aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule deficientemente; c) Esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir; y, d) Las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trate.' Como quedó apuntado, en el presente asunto estamos ante la presencia de demandas de amparo en las que se reclaman actos con íntima conexidad, lo cual implica la necesidad de determinar si dichos juicios, eventualmente pueden resolverse en una misma sentencia, para así otorgar una mayor certeza jurídica al quejoso, en la medida en que en una misma resolución se analizará aquel acto que atribuyen de manera coincidente a la misma autoridad y derivado del mismo procedimiento, las cuestiones jurídicas planteadas y que estiman trasgreden sus derecho fundamentales, además de reducir con ello el margen del pronunciamiento de resoluciones contradictorias en mayor o menor medida, sin soslayar, que además se optimizan el uso de los recursos materiales y humanos que conforman el Poder Judicial de la Federación, particularmente en la administración de la justicia. Esto es así, pues el juicio de amparo se rige por diversos principios, entre ellos, el de concentración y economía procesal, aspectos que conforman el denominado derecho fundamental de tutela jurisdiccional efectiva (particularmente una justicia pronta y expedita), consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya observancia es un imperativo para las autoridades jurisdiccionales del Estado Mexicano, como al efecto lo constituye este órgano de control constitucional; de ahí que se afirme que la aplicación de la institución de la acumulación en el asunto de nuestra atención, se encuentra en armonía con los principios que rigen el juicio de amparo y por supuesto, con los derechos fundamentales que asisten a los justiciables en todo procedimiento de legalidad o constitucionalidad. Establecido lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, debe decirse que de la lectura íntegra de las demandas de amparo que nos ocupan, se desprende que en ellas se reclaman la resolución de siete de agosto de dos mil diecisiete, dictada en los autos del toca penal 459/2017 del índice de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Hidalgo. En tales condiciones, al surtirse las hipótesis legales de que se trata, lo procedente es decretar la acumulación del presente expediente 1066/2017-1 al diverso 1050/2017-5. Es aplicable a lo anterior, por las consideraciones jurídicas que la informan, la tesis de Jurisprudencia P./J. 51/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que a la letra dice: "ACUMULACIÓN EN AMPARO. SE PODRÁ DECRETAR DE OFICIO CUANDO SE TRATE DE JUICIOS EN TRÁMITE ANTE UN MISMO JUZGADO DE DISTRITO, PUES EN EL CASO DE LOS TRAMITADOS ANTE JUZGADOS DISTINTOS, SÓLO PROCEDERÁ A INSTANCIA DE PARTE. De la interpretación de los artículos 57 a 60 de la Ley de Amparo se advierte que en los juicios de garantías que se encuentren en trámite ante los Jueces de Distrito podrá decretarse su acumulación, a instancia de parte o de oficio, en los casos que señala la ley; que será competente para conocer de la acumulación, así como de los juicios acumulados, el Juez que hubiere prevenido, y que el más reciente se acumulará al más antiguo; que la acumulación podrá decretarse tanto respecto de los juicios de amparo que se sigan ante un mismo juzgado, como de los que se sigan ante juzgados diferentes; y que es potestativo para los Jueces decretarla o no. Ahora bien, como la facultad de decretar la acumulación de oficio se ejerce unilateralmente, con potestad plena y sin tramitación alguna, no es factible que un Juez de Distrito pueda hacerlo respecto de juicios que se sigan ante otro Juez, porque en esta hipótesis la acumulación ya no sería de oficio, sino mediante la necesaria concurrencia de dos voluntades, una que inicia el trámite sin poder vinculante y otra que accede a la acumulación y que no obraría por impulso propio ni a instancia de parte; luego, no es posible que, de oficio, un Juez de Distrito le ordene a otro que esté conociendo de otros juicios de amparo, que le envíe los autos, porque este último está en libertad de negarse a hacerlo por virtud de la facultad discrecional de que goza. En consecuencia, la acumulación de oficio sólo puede ejercerse respecto de los juicios de amparo que se tramitan ante un mismo juzgado, mientras que la acumulación a instancia de parte podrá promoverse ante cualquiera de los Jueces que estén conociendo de los juicios relacionados; sin embargo, en caso de que el que reciba la solicitud advierta de las constancias de autos que otro previno, conforme al sello fechador impreso en las demandas por la oficialía respectiva, deberá declararse legalmente incompetente para conocer del incidente de acumulación y remitir las constancias necesarias a aquél, a fin de que lo resuelva." En el mismo sentido, sirve de apoyo la tesis sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , del rubro y contenido siguiente: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO. El artículo 57, fracción II, de la Ley de Amparo establece: 'En los juicios de amparo que se encuentren en tramitación ante los Jueces de Distrito podrá decretarse la acumulación a instancia de parte o de oficio en los casos siguientes: ... II. Cuando se trate de juicios promovidos contra las mismas autoridades, por el mismo acto reclamado, siendo diversos los quejosos, ya sea que éstos hayan intervenido en el negocio o controversia que motivó el amparo, o que sean extraños a los mismos." Ahora bien, aunque no se trate de iguales actos reclamados, como literalmente los dispone la disposición legal transcrita, si se trata de actos cuyas materia son consecuencia una de otra, lo que determina su íntima conexión, procede decretar la acumulación de los juicios de amparo relativos, pues tal es el espíritu que anima a la mencionada disposición legal." Asimismo, es aplicable por analogía la tesis sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito , del rubro y texto siguiente: "ACUMULACIÓN EN AMPARO. PROCEDE NO SÓLO CUANDO SE DEN LOS SUPUESTOS QUE LITERALMENTE ESTABLECE EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY RELATIVA, SINO TAMBIÉN CUANDO EXISTA UNA ÍNTIMA CONEXIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. El artículo 57 de la Ley de Amparo, en sus dos fracciones, establece como supuestos indispensables para que proceda la acumulación, que se trate del mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales, los quejosos y las autoridades responsables sean distintos; sin embargo, no puede entenderse el requisito de identidad entre los actos reclamados de manera literal y estricta, sino cuando sea posible la existencia de una íntima conexión entre los actos reclamados. Es decir, que aun cuando los actos que se reclamen no sean iguales, como literalmente lo dispone el precepto en comento, si se trata de actos cuyas materias son consecuencia una de la otra, lo que pudiera determinar su íntima conexión, entonces será procedente decretar la acumulación de los juicios de garantías relativos, pues tal es el espíritu que anima a la mencionada disposición legal, al tener por objeto tanto la economía del procedimiento, como evitar la contradicción de resoluciones que se dicten por diversos juzgadores en negocios que impliquen el mismo problema jurídico." Por lo anterior, se dejan sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. Notifíquese personalmente.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales las razón actuarial que antecede de veinte del mes y año en curso, de la que se advierte la imposibilidad de emplazar y notificar a la parte tercero interesado José Valentín Silva Islas; en tal virtud, requiérase a la parte quejosa para que en el término de tres días contados a partir de la notificación del presente, proporcione el domicilio cierto y actual en donde pueda ser llamado a juicio dicho tercero, apercibiéndolo que en caso de no hacerlo así, se procederá a su investigación, y en su caso, a su llamamiento por edictos, que deberán ser publicados a costa de la parte quejosa, de conformidad con lo establecido por el artículo 27 fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo vigente. Finalmente, visto el estado que guardan los autos de los que se advierte que se encuentran señaladas las diez horas con cuarenta minutos de este día para llevar a cabo la audiencia constitucional en el presente juicio y toda vez que se advierte que no obra notificación del tercero interesado, resulta procedente diferir la audiencia constitucional señalada para esta fecha y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL TRECE DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. Notifíquese personalmente.
- Principal
Pachuca, Hidalgo, diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales conducentes el oficio signado por la Magistrada Presidenta de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Hidalgo, al que adjunta copias certificadas de la causa penal 84/2016 en dos tomos, en alcance a su informe justificado. Con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Dado el volumen de las constancias adjuntas, se ordena formar un anexo que contenga las mismas, respetando sello y folio. En otro orden de ideas, en términos del artículo 5 fracción III inciso c), de la Ley de Amparo, se reconoce a JOSÉ VALENTÍN SILVA ISLAS el carácter de tercero interesado; en consecuencia emplácesele formalmente al presente juicio de garantías. Dado que de los anexos remitidos por la responsable se advierten diversos domicilios en que pudiera ser emplazado el citado tercero; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de La ley de Amparo Vigente y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, gírese atento despacho al Juez del Ramo Penal en turno de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, para que en auxilio de las labores de este juzgado federal, ordene a quien corresponda notifique el presente proveído y emplace al tercero interesado JOSÉ VALENTÍN SILVA ISLAS, en los domicilios ubicados en a). Calle Andrés Quintana Roo, número 118, Ampliación la Cruz, en el Circuito de Chapultepec, entre las Avenidas de San Luis Potosí y Martín Urrutia, Tulancingo de Bravo, Hidalgo, b) Calle Adolfo López Mateos, número 502, Colonia Insurgentes entre las calles Tamaulipas y Chihuahua, Tulancingo de Bravo, Hidalgo, c) Calle San Martín, Colonia la Argentina, Tulancingo de Bravo, Hidalgo y/o d) Calle Aquiles Serdán, número 200, Colonia Vicente Guerrero, Tulancingo de Bravo, Hidalgo (por conducto de su defensor particular licenciado Celso Islas Miranda); asimismo le notifique el contenido del diverso auto admisorio de cinco de septiembre de dos mil diecisiete, entregándole al efecto copia simple de la demanda, requiriéndole para que en el mismo acto de la notificación o dentro del término de tres días contados a partir de la legal notificación señale domicilio en esta Ciudad de Pachuca, Estado de Hidalgo, para oír y recibir notificaciones. Apercibida que de no hacerlo así, sin necesidad de ulterior acuerdo, las subsecuentes notificaciones se le practicarán por lista que se fije en los estrados de este juzgado federal, sin perjuicio de que pueda hacer solicitud a que se refiere la fracción IV del artículo 26 de la Ley de Amparo; y, finalmente, haga de su conocimiento la fecha y hora que se fijaron para la celebración de la audiencia constitucional, a saber las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE. Hágase del conocimiento del tercero interesado que el domicilio de este Juzgado Federal es el ubicado en Boulevard Luís Donaldo Colosio, 1209, edificio "B", planta baja, fraccionamiento Colosio I, Reserva Villa Aquiles Serdán, Pachuca, Hidalgo, Código Postal 42084. Para el caso de que el fedatario judicial no ubique el domicilio en cita, deberá indagar con vecinos, autoridades comunales o alguna otra, respecto al domicilio de la tercero, hasta lograr la localización y notificación de la misma, asentando razón de lo anterior o informando respecto a la imposibilidad que tiene para ello. Con independencia de lo anterior, se instruye al actuario adscrito para que se constituya en el domicilio ubicado en Calle Cosecha número 100, Colonia Javier Rojo Gómez, en esta ciudad de Pachuca, y en los términos de los párrafos que anteceden, emplace al presente juicio al citado tercero, haciéndole los requerimientos y apercibimientos decretados. Notifíquese y personalmente al tercero interesado.
- Principal
CON EL INFORME RENDIDO DESE VISTA A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE MANIFIESTE LO QUE A SU INTERES CONVENGA...SE TIENE COMO PRUEBA LAS DOCUMENTALES EXHIBIDAS MISMAS QUE SE DESAHOGAN POR SU PROPIA Y ESPECIAL NATURALEZA...
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