María Eugenia Higareda Ayala
Expediente 98/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 98/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 25/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- María Eugenia Higareda Ayala
- Presidente de la junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticinco de marzo de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el presente juicio. Notifíquese por lista, y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las once horas del tres de marzo de dos mil veintidós, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 98/2022, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, el secretario hace constar que el presente asunto se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia; asimismo, da cuenta con una promoción registrada con el número 3335. Vista la cuenta precedente, con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por formulado el pedimento del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado y con éste dése cuenta en la etapa correspondiente. Asimismo, en virtud de la solicitud para que se le expida copia de la sentencia definitiva, dígase al agente que una vez que sea pronunciada le será expedida la misma. El Juez de Distrito provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, se da cuenta con las documentales exhibidas por la autoridad responsable. Al respecto, el Juez acuerda: Con apoyo en los artículos 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas descritas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, el secretario hace constar que únicamente los formuló el representante social adscrito. El Juez acuerda: Téngase al fiscal formulando sus alegatos y al resto de las partes les precluye su derecho para hacerlo y se declara cerrado dicho periodo. Al no existir diligencia por desahogar se da por concluida la presente audiencia, con lo cual quedan los autos a la vista para dictar sentencia. R E S U L T A N D O: Primera. La parte quejosa señaló como autoridad responsable a la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, y como acto reclamado la omisión de radicar la demanda presentada el veintitrés de abril de dos mil veintiuno. Segundo. Por auto de uno de febrero de dos mil veintidós, se admitió a trámite la presente demanda de amparo, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado Federal, la intervención legal que le compete, se pidió el informe justificado a la autoridad responsable, se fijó fecha para la celebración de audiencia constitucional y ahora se procede resolver de acuerdo a las siguientes: C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I, II y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues la parte quejosa reclama actos omisivos que atribuye a una autoridad que reside en el ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a precisar el acto reclamado, para lo cual es necesario tomar en cuenta la demanda de amparo en su integridad, atento a lo dispuesto en la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En cumplimiento al precepto y jurisprudencia de referencia, los actos reclamados consisten en: La omisión de radicar la demanda presentada el veintitrés de abril de dos mil veintiuno. Tercera. Inexistencia del acto reclamado. La autoridad responsable descrita en el primer resultando al momento de rendir su informe justificado manifestó que no son ciertos los actos que se le reclaman. Lo anterior se corrobora con las documentales que anexó la autoridad responsable mismas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Es conveniente destacar que la parte quejosa, apreciada íntegramente la demanda de amparo, se queja, como quedó precisado en la segunda consideración, que la autoridad responsable era omisa en radicar la demanda presentada por la quejosa María Eugenia Higareda Ayala, esto es, que desde que presentó su escrito el veintitrés de abril de dos mil veintiuno, la junta responsable no había pronunciado un acuerdo sobre la radicación. Sin embargo, de las constancias que remitió la responsable como complemento a su informe justificado, se aprecia que mediante acuerdo de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, dictado dentro del juicio laboral 298/2021, promovido por María Eugenia Higareda Ayala, frente a Banco Nacional de México S.A., pronunció auto de radicación y admitió a trámite la demanda presentada por la aquí quejosa. Luego, también se observa que por auto de veintiocho de enero del año en curso, la responsable tuvo al apoderado jurídico de la parte demandada por compareciendo y apersonándose al juicio laboral, ante esa situación señaló las doce horas del diecinueve de mayo de esta anualidad para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Lo anterior nos permite observar que las aseveraciones realizadas por la autoridad responsable en cuanto a que no es cierto el acto reclamado, resultaron fundadas, lo que quedó demostrado con las constancias que adjuntó. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados a la autoridad responsable se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, por tanto, con apoyo en dicho precepto, procede sobreseer en el juicio. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/20, visible en la página seiscientos veintisiete del tomo IV, segunda parte-2 del Semanario Judicial de la Federación de julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, materia común, octava época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74 de la Ley de Amparo.". Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Por las razones expresadas en la consideración tercera de la presente resolución, se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por María Eugenia Higareda Ayala, contra los actos reclamados a la autoridad responsable en las referidas consideraciones. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el oficio por el cual rinde informe justificado la Auxiliar en Funciones de Presidenta de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las documentales ofertadas por las autoridades mencionadas. Con lo anterior, hágase nueva relación de dicho informe justificado en la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, primero de febrero de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, acúsese recibo del oficio que remite la actuaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que declaró firme el auto por el cual desechó por improcedente el recurso de revisión promovido por la parte quejosa contra el auto dictado el diecinueve de noviembre del año en curso dictado en el presente juicio, por el cual se tuvieron por ciertas las manifestaciones del tercero interesado Aldo Emilio Tello Carrillo, resultando innecesario llevar a cabo el desahogo de la prueba pericial en materia de grafoscopía y documentoscopía admitida en autos. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, sin que sea necesario glosar el testimonio autorizado del juicio en que se actúa, pues éste se formó con motivo de la remisión al Tribunal Colegiado en cita, de ahí que dicho cuaderno puede ser susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por lo que se ordena glosar al presente juicio únicamente las constancias originales que obren en dicho cuaderno para los efectos legales conducentes. Sin necesidad de fijar hora y fecha para la continuación de celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio ya que en auto de trece enero del año en curso se señaló fecha para dicha celebración, notificando a las partes de la misma. Notifíquese por lista, personalmente a las partes y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,026 expedientes
- Maria Esther Valpuesta Vega1467/2023
- María Eugenia Ayala Franco562/2018
- María Eugenia Campos Cruz61/2022
- María Eugenia Esquivel Sánchez693/2020
- Maria Eugenia Guzman Torres106/2023
- María Eugenia Guzman Torres334/2022
- María Eugenia Josefina Fajardo Peña790/2018
- María Eugenia Lara De Vieyra309/2018
- Maria Eugenia Medina Perez1335/2023
- María Eugenia Ortega León181/2018
- María Eugenia Sánchez Ávila830/2022
- Maria Eva Coria Rangel417/2017