María Eugenia Hernández Reyes
Expediente 19/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 19/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 19/05/2021
Partes del expediente
- María Eugenia Hernández Reyes
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. TCC. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, remite testimonio de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, dictado en el recurso de queja 19/2021, que en su punto resolutivo establece: "ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja a que este toca se refiere" Se toma conocimiento de la ejecutoria. En tal virtud, acúsese recibo del testimonio del recurso de queja. Hágase saber a la parte quejosa la determinación del tribunal de alzada. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó desechar la demanda, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso d) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó desecharla de plano y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días comparezca a recoger los documentos originales exhibidos, con el apercibimiento que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente. Se hace de su conocimiento que, en atención al Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá atender a los lineamientos referidos en el acuerdo de mérito para poder acudir a las instalaciones del juzgado para la devolución de sus documentos. Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. TCC admite queja. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, informa el contenido del acuerdo de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, dictado en el recurso de queja Q-19/2021, en el que se admitió a trámite el medio de impugnación interpuesto por la parte quejosa; y solicita el archivo de la resolución recurrida. Atento a su contenido, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, tómese nota para los efectos legales conducentes. Envíese al Tribunal de Alzada el archivo requerido. Notifíquese. |
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, dos de febrero de dos mil veintiuno. Recurso de queja Agréguese a los autos el escrito de Guadalupe Salazar Huerta- autorizada en términos amplios de la parte quejosa-; por medio del cual interpone recurso de queja contra el auto de diecinueve de enero del dos mil veintiuno, por el cual se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto dicho medio de impugnación. Hágase las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Se rinde informe sobre la materia de la queja, en el sentido de ser cierto que este Juzgado de Distrito dictó el proveído recurrido. En ese sentido, remítase oficio vía correo electrónico institucional a la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Sexto Circuito beatriz.peralta.carreon@correo.cjf.gob.mx, solicitando que remita la boleta de turno a fin de que este Juzgado se encuentre en aptitud de realizar la remisión del escrito de agravios vía interconexión al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que se asigne. Superado lo anterior, se instruye al analista jurídico SISE para que haga disponible la consulta electrónica del presente expediente al Tribunal asignado. Finalmente, agréguese una copia de los agravios a este expediente. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de enero de dos mil veintiuno. Radicación de la demanda. Vista la demanda de amparo, fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese con el número de juicio de amparo 19/2021-V; asimismo, se advierten los siguientes datos: Parte quejosa. **** Tercero interesado. No existe. Autoridades responsables. Notario Público número veintinueve del Distrito Judicial de Puebla, Puebla. Secretario de Gobernación del Estado de Puebla Actos reclamados. Del notario público se reclama: la omisión de no enviar los avisos notariales respectivos y, por tanto, no entregar la escritura pública del contrato de compra venta celebrado el veintisiete de septiembre de dos mil trece, respecto del bien inmueble departamento número uno, planta baja, del edificio ubicado en la calle cuarenta y siete norte, número oficial seiscientos cinco, fraccionamiento Valle del Rey, Puebla, Puebla debidamente inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del estado. Del Secretario de Gobernación del Estado de Puebla se reclama: la omisión o negativa de vigilar y supervisar los actos y omisiones del Notario Público Número Veintinueve del Distrito Judicial de Puebla, Puebla. Desechamiento Del análisis integral del escrito de demanda, se advierte que es procedente desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones. El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza a las juezas y los jueces de distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Ahora, por cuanto hace al acto reclamado consistente en la omisión de no enviar los avisos notariales respectivos y, por tanto, no entregar la escritura pública del contrato de compra venta celebrado el veintisiete de septiembre de dos mil trece, respecto del bien inmueble departamento número uno, planta baja, del edificio ubicado en la calle cuarenta y siete norte, número oficial seiscientos cinco, fraccionamiento Valle del Rey, Puebla, Puebla debidamente inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del estado, de oficio, se advierte actualizada la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.). II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De los preceptos legales transcritos, se advierte, por una parte, que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de "autoridad" que violen derechos humanos de los gobernados y, por otra, que debe considerarse autoridad responsable aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o acto reclamado. Lo anterior pone de manifiesto que el acto de la autoridad constituye un requisito indispensable para la procedencia del juicio de garantías, pues así lo dispone el artículo 1º de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del juicio de garantías, contra leyes o actos de autoridad. Al respecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por autoridad responsable, debe considerarse a aquellos entes que con fundamento en una norma legal, emiten actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado, por lo cual, debe analizarse en cada caso, si la autoridad señalada como responsable tiene la facultad para tomar decisiones o emitir resoluciones que afecten la esfera jurídica del quejoso. De conformidad con lo anterior es factible aseverar que el concepto de autoridad debe concebirse, esencialmente, por exclusión de los actos de particulares, puesto que la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo apuntan a sostener que éste sólo procede contra actos de autoridad, no así respecto de los realizados entre gobernados, por lo que resulta necesario establecer las bases para distinguir un acto de otro, para lo cual es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho realiza de las relativas relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Es corolario de todo lo anterior que para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como base que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. De lo expuesto puede advertirse como notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo, las siguientes: La existencia de un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular; Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, y; Que para emitir dichos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. En síntesis, será considerada autoridad para efectos del juicio de amparo, la que teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aún en contra de ella y, los particulares, cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos de los gobernados en los términos mencionados y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En ese contexto, no se soslaya que la Ley de Amparo actualmente prevé la posibilidad de incluir a los particulares con la calidad de autoridades responsables; sin embargo, de modo alguno implicó que todos los actos que realicen aquéllos se consideren actos de autoridad, por mucho que sus facultades deriven de una norma general, pues para que así lo sean deben equipararse o ser equivalentes a los que realizan los órganos del Estado en sus funciones de supra a subordinación frente a los gobernados, es decir, que sean unilaterales y obligatorios, con independencia de que el propio ente que los emita pueda lograr su cumplimiento coactivo. Con base en lo expuesto, procede ahora determinar si el acto reclamado al Notario Público número veintinueve del Distrito Judicial de Puebla, Puebla colma tales requisitos, lo que haría procedente su impugnación a través del juicio de amparo. Para lo anterior, conviene traer a colación las consideraciones vertidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 3/2007-PS, en la que si bien se estudió el supuesto relativo a cuando un tercero extraño reclama el trámite de una sucesión que se tramita ante Notario Público, lo cierto es que también se analizó la naturaleza jurídica y funciones de dicho fedatario y, al respecto, se concluyó que no puede tener la calidad de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, lo que resulta ilustrativa para el presente caso en que se reclama la actuación -omisión- de un Notario Público. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el Notario Público no es un funcionario o servidor público sino que, conforme con el sistema jurídico mexicano, la institución del notariado es sui géneris ya que, por un lado, se encomienda para su desempeño a particulares, licenciados en derecho, mediante la expedición de la patente respectiva, después de haber presentado los exámenes de oposición correspondientes; que por otro lado, se trata de una función de orden público, toda vez que el notario actúa por delegación del Estado, con el objeto de satisfacer necesidades de interés social como lo son la autenticidad, certeza y seguridad jurídica de los actos y hechos jurídicos, por tanto, es un servicio público regulado por el Estado, de ahí la obligación del notario para actuar y prestar sus servicios cuando sea requerido. Determinó que el Notario es un particular que por disposición de ley, por un acto de delegación del Estado, recibe la fe pública, que es originalmente un atributo del propio aparato gubernamental por virtud de su imperio, y es ejercida a través de los órganos estatales y del mismo notario; incluso, que la propia legislación notarial ha establecido la incompatibilidad del ejercicio notarial con cargos públicos o de elección popular, lo que corrobora que no se trata de un empleado o funcionario público; de ahí que, si se considera que el notario público no puede reputarse como un servidor público, sino que es un particular que actúa mediante la patente que el Estado le otorga para dar fe pública de los actos e instrumentos que ante él se realicen, no puede decirse, por tanto, que sus actos son por mandato de ley. Además, debido a que la función notarial no es compatible con el desempeño de cargos públicos, y su actuar está condicionado a que los particulares soliciten sus servicios, entonces no existe una relación de supra a subordinación en su actuación, aunado a que a través de sus actos no se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular, por lo que sus actos no pueden considerarse como actos de autoridad. De las consideraciones anteriores, entre otras, derivó la jurisprudencia 1ª./J. 99/2008, localizable a página 199, tomo XXIX, febrero de 2009, novena época, materia civil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NOTARIOS PÚBLICOS. CUANDO UN TERCERO EXTRAÑO RECLAMA EL TRÁMITE DE UNA SUCESIÓN LLEVADA ANTE ELLOS, NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE JALISCO Y NUEVO LEÓN). Conforme a los artículos 934, 935, 936, 937 y 938 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco y 800, 881, 882, 883, 884 y 885 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León, una vez radicada la sucesión ante el juez natural y hecha la declaratoria de herederos, cuando éstos sean mayores de edad, los menores estén debidamente representados y haya designación del albacea, podrá continuarse extrajudicialmente el trámite sucesorio ante notario público, siempre y cuando no se suscite controversia, pues en caso de haberla, el mencionado fedatario debe suspender su intervención y a costa de los interesados remitir testimonio de lo que haya practicado al juzgado que previno, para que judicialmente continúe el procedimiento, sin que los interesados puedan volver a separarse de éste. Así, el notario público actúa en dicho trámite como simple fedatario de los actos o hechos que para su protocolización le someten los particulares, de manera que si entre éstos y aquél no existe una relación de supra a subordinación, en tanto que la actividad del fedatario no es un acto unilateral que pueda prescindir del consentimiento de los gobernados, pues son ellos quienes la solicitan, es evidente que su intervención no puede considerarse acto de autoridad; máxime que no actúa unilateralmente para crear, modificar o extinguir por sí o ante sí situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los particulares, sino que sólo las hace constar. En ese sentido, se concluye que cuando un tercero que se dice extraño al trámite de una sucesión llevada ante notario público, lo reclama alegando que se le desconocieron sus derechos hereditarios, en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo el aludido fedatario no tiene el carácter de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, además de que la falta de llamamiento al trámite indicado no constituye un acto definitivo sino una controversia que debe resolver el juez natural que previno en el conocimiento del juicio sucesorio." La conclusión alcanzada en ese criterio fue reiterada por la propia Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 364/2016, en sesión del veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, en la que nuevamente analizó si el notario público puede o no tener la calidad de autoridad responsable, a la luz de la Ley de Amparo vigente, en la que se introdujo la posibilidad de combatir actos de particulares. En la ejecutoria relativa, sostuvo esencialmente que el criterio actual para determinar si un particular tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, se basa no sólo en el atributo de la fuerza pública o del imperio, pues también se toma en cuenta que con fundamento en una norma legal se puedan emitir actos unilaterales a través de los cuales se creen, modifiquen o extingan por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir ante los órganos judiciales ni del consentimiento del afectado, así como del tipo de relación jurídica que existen entre los sujetos en conflicto. Asimismo, sostuvo que para otorgarle a algún particular el carácter de autoridad responsable, tiene que darse necesariamente la relación de supra a subordinación, pues tratándose de relaciones de coordinación o de supraordinación, los sujetos se ubican en un plano de igualdad, lo cual constituye la nota distintiva para determinar que en esos casos se está ante una autoridad para efectos del juicio de amparo. Por ello, las características que deben revestir los actos realizados por los particulares con calidad de autoridad son los siguientes: Que realice actos equivalentes a los de autoridad, esto es, que dicte, ordene, ejecute, o trate de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omita actuar en determinado sentido. Que afecte derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas. Que sus funciones estén determinadas en una norma general que le confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad. Bajo tales premisas, sostuvo que a pesar de que la actuación de los Notarios Públicos se encuentra regulada por una ley y que auxilian al poder judicial en la tramitación de procedimientos sucesorios, no puede decirse que afectan la esfera jurídica de los gobernados pues dichas actuaciones se limitan al ámbito declarativo, es decir, no tiene por efecto constituir derechos y obligaciones a cargo de los particulares en atención a que su función se limita a las siguientes premisas: Dar fe pública de la situación jurídica generada a partir de la muerte del causante de la sucesión; y los actos jurídicos que celebran los herederos, legatarios y el albacea, respecto de los bienes materia de la sucesión, ya sea entre ellos o con terceras personas. No emiten unilateralmente resoluciones que creen, modifiquen, transmitan o extingan derechos y obligaciones. No establece nuevas situaciones jurídicas. Dichas consideraciones quedaron plasmadas en la jurisprudencia 41/2019, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual se encuentra pendiente de publicación en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NOTARIOS PÚBLICOS. NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDADES RESPONSABLES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE LES RECLAMEN ACTOS DERIVADOS DE LA TRAMITACIÓN DE SUCESIONES EXTRAJUDICIALES. De los artículos 1o y 5o, fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgados para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, además protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados por esa ley. Ahora bien, los notarios públicos al tramitar sucesiones extrajudiciales, sean testamentarias o legítimas, no pueden ser considerados como autoridades responsables equiparadas para efectos del juicio de amparo. Lo anterior es así, porque sus actuaciones: i) no establecen una relación de supra subordinación respecto de los particulares, pues únicamente dan fe de la situación jurídica generada a partir de la muerte del de cujus y de los actos jurídicos que celebran los herederos, legatarios y albacea, ya sea entre ellos o con terceros, ii) no emiten actuaciones unilaterales que creen, modifiquen, transmitan o extingan derechos y obligaciones, puesto que son de carácter declarativo, y iii) no generan nuevas situaciones jurídicas, dada la función de fe pública que les fue delegada por el Estado." Las premisas señaladas sirven para determinar si el presente juicio de amparo es procedente o no contra el Notario Público número veintinueve del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, a quien se le atribuye la omisión de no enviar los avisos notariales respectivos y, por tanto, no entregar la escritura pública del contrato de compra venta celebrado el veintisiete de septiembre de dos mil trece, respecto del bien inmueble departamento número uno, planta baja, del edificio ubicado en la calle cuarenta y siete norte, número oficial seiscientos cinco, fraccionamiento Valle del Rey, Puebla, Puebla debidamente inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del estado. Se afirma lo anterior, ya que el citado Notario no es un funcionario, a pesar de que su función es de orden público, lo cierto es que el acto que se le atribuye -omisión de autorizar y entregar la escritura pública-, deriva de la función primordial que desempeña dicho fedatario consistente en otorgar autenticidad, certeza y seguridad jurídica de actos y hechos jurídicos; por tanto, no puede considerarse que le revista la calidad de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo. Por otra parte, tampoco puede considerarse que se trate de un particular que actúa como autoridad, ya que si bien la función que realiza se encuentra delegada por el Estado y, por ende, regulada en la Ley del Notariado, lo cierto es, que por sí misma, la actuación de la Notario Público no tiene por finalidad dictar, ordenar, ejecutar, o tratar de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, en contra o en perjuicio del quejoso, pues la falta de autorización y entrega de la escritura pública de donación, incluso su falta de inscripción en el Registro Público, son actos que se encuentran estrechamente vinculados al ámbito de los servicios notariales que presta y que le fueron contratados -protocolización del acto traslativo de dominio-. En efecto, el hecho de que sus funciones se encuentren determinadas en una norma general que le confiera las atribuciones de fe pública, no implica que pueda equiparase a una autoridad para el juicio de amparo, pues se insiste, su actuación como fedatario se encuentra condicionada precisamente a la petición de la parte interesada, quien contrató sus servicios notariales para la protocolización de un contrato traslativo de dominio, en tanto que la norma no prevé disposiciones que obliguen al quejoso a contratar los servicios de fe pública con un determinado Notario, lo que evidencia la neutralidad de la norma relativa, y como consecuencia, que la función notarial no pueda equipararse a la de una autoridad. Consideraciones similares fueron expuestas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 327/2017, en la sesión del veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, en la que analizó actos vinculados con la prestación del servicio público de educación, pues sostuvo que a pesar de que la educación se trata de un derecho social con jerarquía constitucional, el cual se delega a particulares, cuando una norma es neutra en cuanto a determinada actividad -desarrollada por el particular-, no puede equipararse a una autoridad, tal como se desprende de la transcripción de las consideraciones conducentes: "Pues bien, como se observa, la educación es un derecho social de jerarquía constitucional, el cual se garantiza a través del servicio público de educación, siendo obligatorio en el nivel básico. Para satisfacer este derecho, se dispone que el Estado -a través de sus distintos niveles de gobierno- debe prestar directamente este servicio respetando determinados principios y condiciones previstas en el artículo 3° de la Constitución Federal. Por tanto se trata de un servicio público reglado. Sin embargo, lo relevante para el análisis de este primer acto señalado como reclamado es que los particulares tienen una prerrogativa constitucional para participar en la prestación de dicho servicio público, mediante la obtención de una autorización estatal, que los habilita para ello y los integra al sistema educativo nacional, pero siendo silencioso respecto a la etapa en las que ofrecen ese servicio al mercado y las condiciones de contratación de sus servicios con los particulares, lo que evidencia la neutralidad de la Constitución respecto de este punto. Por tanto, aunque la oferta de sus servicios y la posible demanda del mismo por parte de las personas requiera necesariamente de la obtención de una autorización oficial, ésta se determine contractualmente de acuerdo a las reglas del mercado, por lo que, por regla general, no cabe reconocer a los particulares como equivalentes a las autoridades." Por ello, no puede considerarse que los actos que se le atribuyen al Notario Público número veintinueve del estado de Puebla, puedan equipararse a los de una autoridad para el juicio de amparo. No resultan obstáculo a la conclusión alcanzada en el presente asunto, los criterios aislados contenidos en las tesis IV.2o.A.40K (10a.) y II.2o.C.9 K (10a.), las cuales establecen: "DEMANDA DE AMPARO. NO PROCEDE DESECHARLA DE PLANO, POR LA ACTUALIZACIÓN DE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, CON MOTIVO DE QUE EL JUICIO SE PROMUEVA CONTRA ACTOS DE UN NOTARIO PÚBLICO Y DE SU SUPLENTE. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el desechamiento de plano de la demanda procede cuando la causa de improcedencia del juicio sea manifiesta e indudable, es decir, que se advierta de forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito relativo. De ello se sigue que si el juicio de amparo se promueve contra actos de un notario público y de su suplente, como particulares en funciones de autoridad y como autoridades en funciones, alegando violación al derecho humano a la propiedad privada, no es posible desechar de plano la demanda con motivo de que es manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 1o., fracción I, de la ley citada, pues en términos de este último precepto, el tema relativo a si el acto reclamado fue emitido o no por una autoridad para efectos del juicio, requiere de un análisis más detallado, relacionado con el fondo del asunto, concretamente en cuanto a la naturaleza de los actos imputados al notario público y a su suplente. No obsta a lo anterior, la existencia de diversas tesis aisladas y jurisprudenciales emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las que se sostuvo que los notarios públicos no tienen el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, pues la determinación de los supuestos que se encuentran comprendidos dentro de dichos criterios requiere por lo menos un juicio previo de aplicabilidad, el cual sólo puede efectuarse al emitir la sentencia de fondo, en el contexto del caso concreto. Además, al ser dictadas con anterioridad a la Ley de Amparo vigente, la que en su artículo 5o., fracción II, establece: "... los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.", podrían resultar contradictorias con su texto y, por ende, inaplicables, en términos del artículo sexto transitorio de ese ordenamiento; circunstancia que no puede examinarse al decidir sobre la admisión de la demanda de amparo." "NOTARIO PÚBLICO. ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO OMITE ENTREGAR LA ESCRITURA CORRESPONDIENTE A LA PARTE INTERESADA DEBIDAMENTE INSCRITA EN EL INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL. El artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo establece que son partes en el juicio de amparo, entre otras: "La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de la propia ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción y cuyas funciones están determinadas por una norma general.". En cuanto a la naturaleza de la autoridad se ha reconocido con ese carácter a los organismos descentralizados; una de sus categorías son la descentralización por colaboración en donde el Estado autoriza o delega a un particular el ejercicio de una actividad que originariamente le corresponde, lo que acontece con la fe pública, por lo que, desde una perspectiva organicista, el notario público es un organismo descentralizado por colaboración. Por otra parte, de la regulación integral de la Ley del Notariado, se advierte que el particular primero debe tener el carácter de aspirante a la función notarial, luego obtener el nombramiento de notario y colegiarse obligatoriamente para realizar sus funciones, además, entre otros requisitos, debe rendir protesta de ley, otorgar depósito en efectivo ante el colegio, proveerse a su costa del protocolo y sello de autorizar y su firma. Esto último es muy importante, porque la unilateralidad del acto del notario se manifiesta, precisamente, cuando coloca su sello y firma autorizando o no, con la razón de "no pasó", en las actas y escrituras correspondientes de su protocolo, y que significa la aprobación por el notario del acto o hecho jurídico pasado ante su fe, lo que es independiente de la relación de coordinación por la que los particulares solicitan su actuación, en virtud de que el autorizar o no un instrumento notarial, es un acto de supra a subordinación, de carácter obligatorio y sustentado en una norma general, como la Ley del Notariado y que puede crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en beneficio o perjuicio de los gobernados. Además, el acto impugnado es equivalente a un acto de autoridad, porque si bien el notario, en un principio es contratado por el particular para dar fe de un acto o hecho jurídico, lo cierto es que su actuación central es autorizar o no, con su sello y firma, el instrumento notarial respectivo, para lo cual no incide en la voluntad del particular, pues no obstante que el notario fue contratado, puede no autorizar la escritura o el acta correspondiente y, desde esa óptica, está actuando frente al particular en un plano de supra a subordinación, dado que este último tiene que acatar la decisión unilateral del notario, de autorizar o no el instrumento, lo que lleva a cabo con apoyo en una normativa general (Ley del Notariado y legislación aplicable al caso concreto), por sí y ante sí, sin necesidad de que alguna autoridad homologue su determinación, con un efecto de imperium, porque su decisión está investida de fe pública (que originariamente corresponde al Estado, quien se la delega) y con la consecuencia de que esa autorización de la escritura o del acta, crea, modifica o extingue situaciones jurídicas a favor o en detrimento de un particular. Estas notas distintivas se actualizan, en la especie, porque el notario autorizó la escritura y, la consecuencia jurídica era inscribirla en el Instituto de la Función Registral y entregar al comprador el testimonio correspondiente, pero, si no lo hace, es una omisión equivalente a un acto de autoridad y, por ende, impugnable en el juicio de amparo." Se afirma lo anterior, pues más allá de tratarse de criterios aislados que no resultan vinculantes para este Juzgado, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, lo cierto es que tales criterios se emitieron antes de que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolviera las contradicciones de tesis 364/2016 y 327/2017, en la cuales, en la primera, reiteró que los Notarios Públicos no tienen la calidad de autoridad para los efectos del juicio de amparo, a la luz de la Ley de Amparo vigente, y en la segunda, estableció los pasos a seguir para determinar cuándo puede equipararse la actividad de un particular, a la de una autoridad. En efecto, en la tesis IV.2o.A.40 K (10a.), expresamente se sostuvo que no debe desecharse de plano la demanda de amparo promovida contra actos de un Notario, pues aun cuando existen diversas tesis aisladas y jurisprudenciales emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las que se sostuvo que los notarios públicos no tienen el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, éstas fueron emitidas con anterioridad a la Ley de Amparo vigente, que en su artículo 5, fracción II, establece la procedencia de juicio contra particulares que realicen actos equivalentes a los de autoridad, por lo que consideró que podrían resultar contradictorias con su texto y, por ende, inaplicables. No obstante, como se adelantó, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 364/2016, analizó la institución jurídica del Notario Público a la luz de la Ley de Amparo vigente, y expresamente señaló que comparte el criterio adoptado anteriormente en el sentido de que dichos fedatarios no son autoridades responsables, tal como se evidencia con la transcripción conducente: "33. Ahora bien, esta Primera Sala, al resolver la contradicción de tesis 3/2007-PS, concluyó que los notarios públicos no eran autoridad para los efectos del juicio de amparo, en términos del artículo 11 de la abrogada Ley de Amparo,(13) al estimar que, únicamente, actuaban como simples fedatarios de los actos o hechos que para su protocolización le someten los particulares, de manera que entre éstos y el particular no existe una relación de supra a subordinación, en tanto que la actividad del fedatario no es un acto unilateral que pueda prescindir del consentimiento de los gobernados, pues son ellos quienes la solicitan. 34. Dicho criterio quedó plasmado en la tesis de jurisprudencia de rubro: "NOTARIOS PÚBLICOS. CUANDO UN TERCERO EXTRAÑO RECLAMA EL TRÁMITE DE UNA SUCESIÓN LLEVADA ANTE ELLOS, NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE JALISCO Y NUEVO LEÓN).". A pesar de que se comparte el criterio, se considera necesaria una nueva argumentación en virtud de la promulgación de la Ley de Amparo en abril de 2013, en particular lo relativo a los nuevos lineamientos para determinar los supuestos en que los particulares se equiparan a la autoridad para efectos del juicio de amparo. 35. En ese sentido, la presente contradicción de tesis debe resolverse con una nueva reflexión a la luz de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que trajo como consecuencia las modificaciones de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal con el objeto de fortalecer el juicio de amparo, a partir de la eliminación de tecnicismos y formalismos extremos que han dificultado su accesibilidad y, en consecuencia, su ámbito de protección." Por otra parte, en la tesis II.2o.C.9 K (10a.) se sostuvo esencialmente que el notario público es autoridad para efectos del juicio de amparo cuando omite entregar la escritura correspondiente, ya que se trata de un organismo descentralizado por colaboración; sin embargo, tal concepción se aparta de lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 364/2016, en la que reiteró que la institución del Notario es totalmente sui generis en el sistema jurídico mexicano, pues se trata de un particular que desempeña una función de orden público que le fue delegada por el Estado. Asimismo, la señalada tesis también se aparta de lo resuelto en la diversa contradicción de tesis 327/2017, en la que se sostuvo que la sola realización de una actividad concesionada -como la prestación del servicio de educación-, por sí misma, no podría equipararse a un acto de autoridad, sino solo en los casos en que la norma posicione al particular en una situación diferenciada para generar un acto con el potencial de actualizar una violación a un derecho humano, lo que no ocurre en el presente caso, en el que la protocolización de un contrato traslativo de dominio, y en su caso, la omisión de entregarlo, se tratan de actos relativos al propio servicio notarial contratado. En esas condiciones, se colige que tesis aisladas de referencia resultan inaplicables al presente caso, pues contravienen la conclusión alcanzada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en torno a la institución del Notario Público, y a los actos de particulares que puedan equipararse a los de autoridad. En relatadas circunstancias, al no revestirle el carácter de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo de conformidad con lo establecido con los numerales 1º, fracción I, y 5, fracción II, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda por cuanto hace al Notario Público número veintinueve del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, y el acto que se le atribuye. Por otra parte, se advierte que el quejoso también reclama del Secretario de Gobernación del Estado de Puebla, la omisión o negativa de vigilar y supervisar los actos y omisiones del Notario Público número veintinueve del Distrito Judicial de Puebla, Puebla; sin embargo, respecto de dicho acto también procede el desechamiento de la presente demanda como a continuación se justifica. Conforme a los artículos 14 y 163 de la Ley del Notariado del Estado de Puebla, la dirección y supervisión de la función Notarial está a cargo del Poder Ejecutivo del Estado, quien la ejerce por conducto de la Secretaría General de Gobierno, a través de la Dirección de Notarias. De esta manera, la vigilancia y supervisión de la actividad que realizan los fedatarios se puede realizar, de acuerdo a la Ley del Notariado del Estado, a través de dos vías: Mediante las visitas ordinarias o extraordinarias. Mediante el procedimiento de queja previsto en el artículo 165 de la Ley del Notariado del Estado. En la especie, la quejosa optó por acudir al procedimiento de queja referido, pues como lo manifestó expresamente en su demanda de amparo, el treinta de abril de dos mil diecinueve presentó queja administrativa ante la Dirección de Notarías, en contra del Notario Público número veintinueve del Distrito Judicial de Puebla, Puebla. Asimismo, la quejosa anexó a su demanda copia del oficio D.N. 989/2019 signado por la Directora de Notarias de la Secretaría General de Gobierno, de la que se advierte que en acuerdo de catorce de junio de dos mil diecinueve, se determinó tener por no presentada la señalada queja y por perdido el derecho de la quejosa a presentar una nueva, derivado de que no compareció a la junta de conciliación que tuvo verificativo un día antes [trece de junio de dos mil diecinueve]. Lo anterior, encontró sustento en lo dispuesto por el artículo 165, fracción XVIII, de la Ley del Notariado del Estado de Puebla, que indica: "Artículo 165. El procedimiento de queja se seguirá bajo los siguientes lineamientos: [.] XVIII. Si el quejoso no asiste a la conciliación, sin causa justificada, se tendrá por no interpuesta la queja y por perdido su derecho para presentarla nuevamente." Adicionalmente, debe señalarse que la quejosa indica que estuvo inconforme con esa decisión, por lo que el veintitrés de julio de dos mil diecinueve, hizo del conocimiento del Secretario de Gobernación, sobre los actos y omisiones del señalado notario. Lo anterior revela que desde esa fecha -veintitrés de julio de dos mil diecinueve- tuvo conocimiento que la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección de Notarias, no realizaría ningún acto tendente a vigilar o supervisar los actos u omisiones en que habría incurrido el Notario Público número veintinueve del Distrito Judicial de Puebla, Puebla. En consecuencia, dicha omisión o negativa atribuida a la Secretaría de Gobernación del Estado ha sido consentida tácitamente, puesto que en su contra no se accionó el juicio constitucional dentro del plazo de quince días a que se refiere el artículo 17 de la ley de la materia y, por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento." Del precepto reproducido se aprecia, en lo que interesa, que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, esto es, cuando aquellas normas o actos son reclamados fuera de los plazos establecidos en los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." "Artículo 19. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, catorce y dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor." Del primer numeral transcrito se advierte claramente que el plazo para la promoción de la demanda de amparo será de quince días; en el entendido que existen casos de excepción a esa regla general, como por ejemplo, cuando se reclama una norma general en su carácter de autoaplicativa -por su sola entrada en vigor-, en cuyo caso el plazo será de treinta días. Por otro lado, del segundo precepto transcrito se advierte la existencia de tres hipótesis para el cómputo de los quince días relativos, excluyentes entre sí, a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento de él o de su ejecución; c) A partir del día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor del mismo. Así, de conformidad con el artículo 18 de la ley de la materia, el juicio de amparo debe promoverse desde el día hábil siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame. Asimismo, se permite a la parte quejosa promover el juicio desde el día hábil siguiente al en que haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución e, incluso, en que se haya ostentado sabedor del mismo. Las referidas hipótesis son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, por lo que es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de amparo fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Corrobora lo anterior, por identidad de razones, la jurisprudencia P./J. 115/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Por su parte, el último numeral transcrito establece cuáles son los días que se consideran hábiles para la promoción y substanciación del juicio de amparo. En ese contexto, si el acuerdo de catorce de junio de dos mil diecinueve, emitido por la Dirección de Notarias de la Secretaría de Gobernación del Estado, en el que se determinó tener por no presentada la queja administrativa y por perdido el derecho de la quejosa a presentarla nuevamente, fue de su conocimiento, cuando menos, el veintitrés de julio siguiente, sin que hubiere promovido el juicio de amparo correspondiente, entonces, se arriba a la convicción que la omisión o negativa atribuida a la Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla ha sido consentida tácitamente. Consecuentemente, respecto de dicha autoridad se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo y, por ende, procede el desechamiento de la demanda. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Autorizados. Se tiene como autorizados en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Guadalupe Salazar Huerta y Eduardo Pérez Conde; quienes tienen debidamente registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado de Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Juicio en línea. En atención a su solicitud y en vista de que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se localizó el nombre de usuario "Guadalupe2010" que corresponde a Guadalupe Salazar Huerta, de conformidad con lo establecido en los artículo 26, fracción IV, y 30 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, se le autoriza: Consultar el expediente electrónico vía internet; y, Promover a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de su firma electrónica; y, Notificarse vía electrónica. Exhorto para mejorar comunicación. Por otra parte, en atención lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de mejorar la comunicación -no procesal- con las partes en el presente juicio de amparo y aminorar cualquier riesgo sanitario para ellos y el personal judicial, se les solicita que a la brevedad proporcionen a este juzgado un correo electrónico y un número telefónico, a través de los cuales se pueda establecer un canal de comunicación directa. Exhorto para seguir en juicio en línea. Igualmente de conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 22 y el diverso 28 del referido Acuerdo General, y tomando en cuenta que la propagación del virus SARS-CoV-2 ha hecho necesario que la mayor parte de personal de los órganos jurisdiccionales trabaje remotamente y, por ende, que el eje rector para el desarrollo de las actividades jurisdiccionales se haga preferentemente a través de medios digitales, se exhorta a las partes para que, de ser posible, y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, manifiesten si es su deseo optar por la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Para lo cual deberán cumplir con lo siguiente: Solicitar su continuación en su modalidad "en línea". Proporcionar el usuario mediante el cual podrá acceder a la consulta del expediente electrónico. Solicitar de manera expresa, la realización de las notificaciones por esa vía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Para tal efecto, es menester que observen lo siguiente: Para acceder al juicio en línea, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, disponible en la página http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea, es necesario que las personas interesadas cuenten con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación o bien, la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL") y se registren en el sistema. La firma electrónica se puede obtener mediante la aplicación web App) del Consejo de la Judicatura Federal denominada "FIREL", disponible para sistemas Android o IOS, y para mayor información sobre cómo obtenerla, puede consultar el video tutorial disponible en su canal de Youtube, en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=ac8PJvfpfGU Además, deberá indicar su NOMBRE, CORREO ELECTRÓNICO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN, crear un nombre de usuario y una contraseña, así como vincular al registro su firma electrónica, el registro de cada usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Lo anterior, a fin de que se encuentren en aptitud de presentar promociones y recursos en forma electrónica a través del referido Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Uso de medios electrónicos. Se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales, en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009, con excepción de la documentación o información reservada o confidencial, en el entendido de que la información que se obtenga con la reproducción de las constancias, estará sujeta a lo dispuesto en los artículos 3, 11, fracción VI, 110, fracción XI y 113, fracciones I y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 6, y 8, fracción VI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2016 y 4 de mayo de 2015, respectivamente. Se habilitan días y horas inhábiles. Se faculta a los Actuarios Judiciales, a fin de que puedan practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aún en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio de amparo. Digitalización. Procédase, en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa -vía electrónica-
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