María Eugenia González Ofarril
Expediente 1449/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1449/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- María Eugenia González Ofarril
Actuaciones
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se provee: toda vez que la quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído por el que se desechó de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, 288, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto queda firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Cabe señalar, que el presente asunto no cuenta con documentos originales y no es de relevancia documental, debido a que carece de valor jurídico e histórico. Además, se desechó la demanda de amparo. Por tanto, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este cuaderno es susceptible de destrucción. Finalmente, de la certificación que antecede se advierte que después de haber realizado una exhaustiva revisión de todas y cada una de las constancias que integran el presente juicio, no existe prueba por desahogar, diligencia por practicar, recurso por resolver, billete de depósito ni póliza de fianza que devolver. En consecuencia, procede archivarlo definitivamente, como asunto totalmente concluido, previo cotejo que se realice de que la versión electrónica del expediente en que se actúa coincide con la impresa, en términos de lo previsto en el artículo 25, segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. En su oportunidad, realícese el trámite para su destrucción. Notifíquese: por lista a las partes.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, uno de febrero de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio signado por el secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, al que acompaña los autos originales del juicio de amparo 83/2023-VII de su índice, promovido por ********************contra actos del Presidente Municipal de Huixquilucan, Estado de México, y otras autoridades. Lo anterior, por considerar que se actualiza la hipótesis contenida en los artículos 45, fracción II y 46, fracción XIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, reformado por acuerdo publicado en el propio medio oficial, el catorce de marzo de dos mil veintidós, debido a que los actos reclamados en el juicio de amparo 83/2023-VII, de su índice, se encuentran vinculados con el acto reclamado en el expediente en que se actúa, pues en ambos juicios de amparo las autoridades responsables y actos reclamados son los siguientes: Autoridades responsables 1. Presidente Municipal de Huixquilucan, Estado de México. 2. Director General de Desarrollo Urbano Sustentable del municipio de Huixquilucan, Estado de México. 3. Subdirector de Gestión Urbana de la Dirección General de Desarrollo Urbano Sustentable del municipio de Huixquilucan, Estado de México. 4. Jefa del Departamento de Licencias de la Dirección General de Desarrollo Urbano Sustentable del municipio de Huixquilucan, Estado de México. 5. Gobernador del Estado de México. 6. Poder Legislativo del Estado de México. Acto reclamado 1. Del presidente Municipal de Huixquilucan, Estado de México. a) La elaboración, aprobación y publicación del Plan de Desarrollo Urbano de Huixquilucan Estado de México, publicado en la Gaceta de Gobierno del Estado de México No. 54, de catorce de septiembre de dos mil diecisiete; en específico las tablas de uso de suelo. 2. Del Director General, Subdirector de Gestión Urbana y Jefa del Departamento de Licencias, todos adscritos a la Dirección General de Desarrollo Urbano Sustentable del municipio de Huixquilucan, Estado de México. a) La expedición de la licencia municipal de construcción para obra nueva correspondiente al predio ubicado en la ********************. b) La expedición de cualquier prórroga a la licencia municipal de construcción para obra nueva correspondiente al predio ubicado en la ********************. c) La expedición de la Licencia de Uso de Suelo otorgada para el predio ubicado en la ********************. 3. Del Gobernador del Estado de México: a) La promulgación y orden de publicación del Código Administrativo del Estado de México, en específico las fracciones II y VI del artículo 18.6. 4. Del Poder Legislativo del Estado de México: a) La discusión y aprobación del Código Administrativo del Estado de México, en específico las fracciones II y VI del artículo 18.6. 5. Así como las consecuencias de la ejecución de los actos reclamados. En atención a su contenido, este órgano de control constitucional comparte el criterio del homólogo federal y ASUME el conocimiento de la demanda de amparo. Acúsese el recibo de estilo correspondiente a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por tanto, resulta procedente remitir los autos del juicio de amparo 83/2023-VII, del índice del juez declinante, promovido por ********************a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, para que ingrese dicho asunto a su sistema de cómputo, se dé el turno correspondiente que equilibre las cargas de trabajo, debiendo proporcionar la papeleta de turno con el debido registro y sea turnado a este propio juzgado. Una vez que la Oficina de Correspondencia Común remita la papeleta de turno y se encuentre cargado en la bandeja electrónica de demandas nuevas del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE, se registrará como demanda nueva en este juzgado y se le asignará el número que en ese momento le corresponda. Finalmente, se instruye a la Coordinadora de Actuarios, a fin de que de manera inmediata, remita el cuaderno principal del juicio de amparo 83/2022-VII, a que se alude, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, para que proceda a realizar el turno correspondiente. Notifíquese: por oficio ordinario a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, así como al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez; y por lista a las demás partes.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, México, treinta de diciembre de dos mil veintidós. V i s t a la demanda de amparo de cuenta se provee: téngase por presentada a María Eugenia González O'farril, por propio derecho, quien solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en contra de las autoridades y por el acto que enseguida se precisan: Autoridades responsables Del Director General, Subdirector de Gestión Urbana y Jefa del Departamento de Licencias, todos adscritos a la Dirección General de Desarrollo Urbano Sustentable del municipio de Huixquilucan, Estado de México. La expedición de la licencia municipal de construcción para obra nueva correspondiente al predio ubicado en la calle Fuente de la Península número 57, Fraccionamiento Lomas de Tecamachalco, sección Bosques, Huixquilucan, Estado de México. La expedición de cualquier prórroga a la licencia municipal de construcción para obra nueva correspondiente al predio ubicado en la calle Fuente de la Península número 57, Fraccionamiento Lomas de Tecamachalco, sección Bosques, Huixquilucan, Estado de México. La expedición de la Licencia de Uso de Suelo otorgada para el predio ubicado en la calle Fuente de la Península número 57, Fraccionamiento Lomas de Tecamachalco, sección Bosques, Huixquilucan, Estado de México. Del Gobernador del Estado de México: La promulgación y orden de publicación del Código Administrativo del Estado de México, en específico las fracciones II y VI del artículo 18.6. Del Poder Legislativo del Estado de México: La discusión y aprobación del Código Administrativo del Estado de México, en específico las fracciones II y VI del artículo 18.6. Así como las consecuencias de la ejecución de los actos reclamados. Fórmese expediente impreso y electrónico. Anótese su ingreso en el libro de gobierno del juzgado. No obstante, previamente a la admisión de la demanda de cuenta, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia; o bien, si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, es necesario establecer que un motivo de improcedencia es manifiesto cuando aparece de lo expresado en la demanda y es indudable cuando no puede ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. En ese sentido, este juzgado estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5 fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 61 fracción XII, de la última disposición legal, dado que la parte quejosa no acredita tener interés legítimo para impugnar: La elaboración, aprobación y publicación del Plan de Desarrollo Urbano de Huixquilucan Estado de México, publicado en la Gaceta de Gobierno del Estado de México No. 54, de catorce de septiembre de dos mil diecisiete; en específico las tablas de uso de suelo. La expedición de la licencia municipal de construcción para obra nueva correspondiente al predio ubicado en la calle Fuente de la Península número 57, Fraccionamiento Lomas de Tecamachalco, sección Bosques, Huixquilucan, Estado de México. La expedición de cualquier prórroga a la licencia municipal de construcción para obra nueva correspondiente al predio ubicado en la calle Fuente de la Península número 57, Fraccionamiento Lomas de Tecamachalco, sección Bosques, Huixquilucan, Estado de México. La expedición de la Licencia de Uso de Suelo otorgada para el predio ubicado en la calle Fuente de la Península número 57, Fraccionamiento Lomas de Tecamachalco, sección Bosques, Huixquilucan, Estado de México. La promulgación y orden de publicación del Código Administrativo del Estado de México, en específico las fracciones II y VI del artículo 18.6. La discusión y aprobación del Código Administrativo del Estado de México, en específico las fracciones II y VI del artículo 18.6. Las consecuencias de la ejecución de los actos reclamados. Lo anterior es así, en razón de que los numerales relativos a los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5 fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 61 fracción XII, de la última disposición legal, disponen: Constitución Federal Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;.". Ley de Amparo Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo [.] Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa [.]". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". De la interpretación armónica de los numerales transcritos se desprende lo siguiente El juicio de amparo únicamente puede promoverlo la persona que se vea afectada en su esfera de derechos por la ley o el acto reclamado. El juicio de amparo resulta improcedente si el peticionario del amparo no demuestra que el acto reclamado transgrede su esfera de derechos subjetivos públicos. Asimismo, del citado artículo 6 de la Ley de Amparo se desprenden dos principios que rigen en el juicio de amparo: Instancia de parte. Agravio personal y directo (interés jurídico y afectación). El primero significa que el juicio de amparo se iniciará únicamente a petición del gobernado que se considere afectado por una ley o un acto de autoridad. De tal forma que, ante una violación de derechos fundamentales real o inminente, en ningún supuesto puede iniciarse de oficio por el órgano de control constitucional la instancia de amparo. El segundo, exige que quien promueva el juicio de amparo deberá ser la persona que se vea afectada en su esfera de derechos subjetivos públicos de manera directa. Lo anterior, en términos de la fracción XII del citado artículo 61, implica la existencia de un interés jurídico o legítimo de la parte quejosa y su afectación. Lo que, a su vez, presupone la presencia de un derecho subjetivo público tutelado por el orden legal vigente en un lugar y época determinados (vida, libertad, propiedad, posesiones, etc.), susceptible de ser violado por el acto autoritario. Ahora bien, cobra relevancia para efectos de este fallo, la fracción I, del numeral 107 de la multicitada Ley de Amparo redimensiona el principio de instancia de parte agraviada, para considerar como tal, a toda persona que aduce ser titular de un derecho o un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la constitución y con ello se afecte su esfera jurídica sea de manera directa o de su especial situación frente al orden jurídico. De la fracción I del artículo 5 de la Ley de Amparo se obtiene que el quejoso es quien aduce ser titular de algún derecho subjetivo o interés legítimo (individual o colectivo) y, a su vez, plantea que alguna norma de observancia general, acto u omisión conculca algún derecho fundamental tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los instrumentos internacionales suscritos por México en la materia, a condición de que se trate, desde luego, de alguna afectación real y actual en su esfera jurídica, sea de manera directa o indirecta con motivo de su especial situación frente al orden jurídico. La Segunda Sala señaló que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, al resolver la contradicción de tesis 111/2013, entre otras consideraciones, que el interés simple implica el reconocimiento de una legitimación para cualquier individuo, por el solo hecho de ser miembro de la comunidad, situación que comúnmente se ha identificado con las denominadas "acciones populares", es decir, dicho interés es el "concerniente a todos los integrantes de la sociedad, por lo que el grado de intensidad en la esfera jurídica no resulta cualificado, personal o directo" Mientras que el interés legítimo "requiere de una afectación a la esfera jurídica entendida en un sentido amplio", ya sea porque dicha intromisión es directa, o porque el agravio deriva de una situación particular que la persona tiene en el orden jurídico. Esto es, el interés legítimo "implica un vínculo entre una persona y una pretensión, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica", ya sea actual o futuro pero cierto. De ahí que esta titularidad potencial de una ventaja o utilidad jurídica, "requiere de un interés actual y real", no hipotético, pues ello se encontraría referido a un interés simple. Así, la Segunda Sala, destacó que el Pleno del Máximo Tribunal del País, determinó que, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de cierta afectación en la esfera jurídica de la persona, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, "el cual no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse". Habida cuenta que el referido parámetro de razonabilidad se refiere a que "debe ser razonable la existencia de tal afectación". Por tanto, dicho término se refiere a la lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida. Por ello, consideró que mediante el interés legítimo, el demandante "se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal", y si bien la misma es diferenciada al interés del resto de la sociedad, tal situación goza de una lógica jurídica propia e independiente de alguna conexión o derivación con derechos subjetivos. El Alto Tribunal señaló que aun cuando el interés legítimo se relaciona esencialmente con la protección de intereses colectivos y, por tanto, ha resultado adecuado para justificar la legitimación a entidades de base asociativa, lo cierto es que tal función no resulta exclusiva, sino que "la posición especial en el ordenamiento jurídico, también puede referirse a una persona en particular". Esto es, si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible Así, estimó posible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual, "existe un interés legítimo individual, en virtud de que la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no solo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo". Incluso, acotó, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. El concepto de interés legítimo ha sido moldeado en diversos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en términos generales pueden sintetizarse en los temas siguientes: El interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, en donde existe de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico a su favor derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio. Requiere la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad. Mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable en la que pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo, e incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. No supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo cual implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. El quejoso en el juicio de amparo deberá acreditarlo fehacientemente y no inferirlo con base en presunciones y para ello deberá acreditar que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente sea destinatario. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. Su existencia jurídica no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, pues no obstante una persona alegue una afectación jurídica por un acto de autoridad que, en todo caso, es resentida por toda la población en general, y no se involucre un derecho colectivo, no puede dar lugar al nacimiento de un interés legítimo, por la imposibilidad lógica de identificar un agravio cualificado que surja de una especial situación del quejoso frente al orden jurídico. Finalmente, de la interpretación sistemática de los artículos 103 y 107, se desprende que una persona puede acudir al juicio de amparo cuando su oposición a la ley adquiera una concreción real, jurídicamente relevante y cualificada en el tiempo, lo que sucede cuando resienta una afectación que no sea hipotética o conjetural, es decir, cuando acudan a alegar afectaciones contemporáneas y definitivas, ello en virtud de que se debe delimitar el poder de revisión judicial de las leyes conforme al principio de división de poderes, para que sólo sea activable cuando esta función sea necesaria para resolver una controversia real, que involucre la suerte de un interés con relevancia jurídica de una persona, de acuerdo a un parámetro jurídico, ya que aquellos actos o afectaciones hipotéticas o condicionadas a un acto contingente pueden ser resueltos por los poderes políticos con legitimidad democrática. Con base en lo anterior, la Segunda Sala del Alto Tribunal al resolver el amparo en revisión 211/2016, estimó que la naturaleza especial del derecho a un medio ambiente sano, de manera alguna puede traducirse en una apertura absoluta para que, por cualquier presunta violación a dicha prerrogativa subjetiva pública, se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante. Asimismo, señaló que esta última consideración se adiciona con diversas reglas especiales contenidas en el resto de fracciones de la misma norma constitucional y con las reglas establecidas por el legislador secundario en la Ley de Amparo. Así, las causales de improcedencia y sobreseimiento que impiden el análisis del fondo de un asunto, delimitan el poder de los jueces constitucionales sólo para resolver casos o controversias reales, y no aquellas afectaciones generales e hipotéticas que pueda corresponder a los órganos políticos. De ahí que, para poder impugnar acciones u omisiones estatales que puedan considerarse como violatorias al derecho a un medio ambiente sano, la Segunda Sala de la Suprema Corte consideró que el particular deberá contar con un interés cualificado que se distinga del que tiene el resto de la población respecto a la exigencia general de sujetar al Estado a la obligación constitucional de cumplimentar con la plena eficacia del referido derecho fundamental, esto es, para el acceso al referido recurso efectivo es necesaria la existencia de una verdadera afectación a la esfera jurídica, ya sea directa (interés jurídico) o en virtud de la especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo), pero siempre real y jurídicamente relevante, ya sea de índole profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Que para cualquier ciudadano tiene especial relevancia que el Estado mexicano lleve a cabo todas las medidas necesarias, hasta el máximo de los recursos, para cumplimentar con el derecho a un medio ambiente sano, en tanto de ello depende poder contar con un verdadero estado de bienestar completo, sin embargo, conforme al criterio expresado del Alto Tribunal, a menos de que cuente con alguna afectación que lo distinga y cualifique al resto de la población, tal interés simple es insuficiente para acceder al juicio de amparo. Por consiguiente, fijó que, en estos casos el juzgador deberá determinar si las acciones u omisiones imputadas al Estado impactan al quejoso o grupo colectivo, sea o no destinatario de las mismas, en un grado suficiente para afirmar que genera una afectación jurídicamente relevante; lo cual implica un escrutinio de razonabilidad y no sólo de mera probabilidad, es decir, que conforme a las particularidades del caso, y sin perjuicio de que en las etapas subsecuentes del juicio se pueda acreditar la violación al derecho humano al medio ambiente y el alcance de la afectación concreta al particular o grupo colectivo, mediante el material probatorio respectivo, considere si resulta razonable la existencia de tal afectación, de tal suerte que la eventual concesión del amparo se traduzca en un beneficio determinado. Por ello, la Segunda Sala coligió que el eventual incumplimiento por parte del Estado a sus obligaciones de promover la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente, no es motivo suficiente para que cualquier persona o grupo pueda acceder al juicio de amparo para reclamar esas violaciones, ya que debe acreditarse un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. El surtimiento del interés legítimo (tratándose de la impugnación de normas, actos u omisiones no provenientes de tribunales) se requiere acreditar, por un lado, porque el juicio de amparo es improcedente contra actos inexistentes, futuros o de realización incierta y, por otro, porque aunque exista la norma, acto u omisión materia del reclamo, no basta con tener un interés simple para acudir al amparo, por ser condición necesaria demostrar, objetivamente, alguna afectación real y actual (no futura o de realización incierta) en la esfera jurídica del quejoso, en tanto que si no es cierta, real y actual, el examen de constitucionalidad versaría sobre un análisis abstracto de constitucionalidad que es ajeno al objeto y fin del amparo, porque en éste se requiere acreditar, forzosamente, la afectación jurídica en función de la existencia de la materia reclamada, a causa de la cual se plantee el perjuicio cierto, real y actual en la esfera de derecho. Para la procedencia del juicio de amparo, el interés simple o jurídicamente irrelevante es el que se puede tener acerca de lo dispuesto en alguna norma, actuación u omisión reclamable en amparo, pero que en realidad no afecta a la esfera jurídica o alguna situación especial del particular frente al orden jurídico cuestionado. De ahí que contra normas, actos u omisiones que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el interés legítimo para la procedencia del juicio de amparo, si bien no exige la existencia de algún agravio personal y directo, sí es condición la acreditación de cierta afectación real y actual en la esfera jurídica de quien lo promueve, aunque sea indirecta. Una vez delimitado lo anterior, en el caso se destaca que la parte quejosa reclama: La elaboración, aprobación y publicación del Plan de Desarrollo Urbano de Huixquilucan Estado de México, publicado en la Gaceta de Gobierno del Estado de México No. 54, de catorce de septiembre de dos mil diecisiete; en específico las tablas de uso de suelo. La expedición de la licencia municipal de construcción para obra nueva correspondiente al predio ubicado en la calle Fuente de la Península número 57, Fraccionamiento Lomas de Tecamachalco, sección Bosques, Huixquilucan, Estado de México. La expedición de cualquier prórroga a la licencia municipal de construcción para obra nueva correspondiente al predio ubicado en la calle Fuente de la Península número 57, Fraccionamiento Lomas de Tecamachalco, sección Bosques, Huixquilucan, Estado de México. La expedición de la Licencia de Uso de Suelo otorgada para el predio ubicado en la calle Fuente de la Península número 57, Fraccionamiento Lomas de Tecamachalco, sección Bosques, Huixquilucan, Estado de México. La promulgación y orden de publicación del Código Administrativo del Estado de México, en específico las fracciones II y VI del artículo 18.6. La discusión y aprobación del Código Administrativo del Estado de México, en específico las fracciones II y VI del artículo 18.6. Las consecuencias de la ejecución de los actos reclamados. El ordenamiento legal impugnado establece: Cabe señalar, que los anteriores ordenamientos la parte quejosa los reclama en virtud de que fueron los que sirvieron de base para sustentar los actos reclamados. Atendiendo a las anteriores consideraciones, así como al escrito de demanda, no se advierte las anteriores que disposiciones, ni la aludida construcción en el predio ubicado en la calle Fuente de la Península número 57, Fraccionamiento Lomas de Tecamachalco, sección Bosques, Huixquilucan, Estado de México, afecten al interés legítimo de la parte quejosa. Lo anterior es así, ya que la promovente del amparo, aduce en forma general, que el pasado ocho de diciembre de dos mil veintidós, al salir de su domicilio, se encontró con un grupo de trabajadores que, a su sospecha, tenían uniformes y herramientas propias de topógrafos, por lo cual, al acercarse con dichas personas y después de realizarles diversas preguntas, le contestaron que realizaban trabajos de levantamiento topográfico; manifestando así que dicho acontecimiento es el único antecedente con el que acude ante esta instancia de revisión constitucional a solicitar el amparo y protección, pues teme que derivado de la existencia de una autorización de licencia de construcción, así como de una diversa de uso de suelo a favor de Grupo FRISA, se violenten sus derechos fundamentales a un medio ambiente sano y a la salud, y que con ello se incumplan las obligaciones del Estado en cuanto al cuidado y conservación de especies protegidas. En el caso, la carga de la prueba para acreditar su interés para promover el presente juicio de amparo corresponde directamente a la quejosa, conforme lo previsto en los artículos 107, fracción I, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, sin que se le deba de liberar de dicha carga, por el hecho de que se haya acreditado la existencia del acto reclamado, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la parte quejosa en concreto. Atendiendo a los parámetros expuestos, definidos por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este juzgador considera que el interés que la hoy parte quejosa dice tener no resulta cualificado, pues si bien aduce como habitante y vecino de Lomas de Tecamachalco, Huixquilucan, Estado de México, que los ordenamientos y los actos reclamados afectan su derecho a un medio ambiente sano, a una buena salud y al disfrute del acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma salubre, suficiente y aceptable, lo cierto es que no se aprecia que se encuentre en una especial situación frente al derecho que cuestiona, en tanto alega una defensa a los referidos derechos fundamentales de manera abstracta, con un interés genérico de obligar a las autoridades para que cumplan con los mandatos constitucionales específicamente en materia de medioambiental, de salubridad y de acceso al agua. En efecto, la pretensión que se plantea no se refiere a una defensa específica que se encuentra estrechamente relacionada con la esfera jurídica de la parte quejosa, sino a la protección abstracta del derecho a un medio ambiente sano, a la salud, así como del acceso al agua y protección de especies, tal y como lo pudiese hacer valer cualquier miembro de la sociedad en general, en tanto no se advierte una situación diferenciada que lo faculte para acudir al juicio Es decir, no se advierte que la parte quejosa cuente con un interés cualificado que lo distinga del resto de la población respecto a la exigencia general de sujetar al Estado a la obligación constitucional de cumplimentar con la plena eficacia del derecho a un medio ambiente sano, así como derechos conexos a éste, como a la salud y a la integridad; de ahí que en el presente caso se actualice únicamente un interés simple. Aunado a lo anterior, tampoco se aprecia que la presunta afectación ambiental a la que hace referencia la peticionaria del amparo, en relación con su derecho al medio ambiente, derecho a la salud, y el acceso al agua, tenga un impacto actual o futuro, de realización inminente, en su esfera jurídica, dada su circunstancia personal, pues únicamente basa su argumentación en violaciones lejanamente derivadas o genéricas de sus derechos fundamentales y de los cuales no hay certeza jurídica que existan. De esa forma, este juzgador no logra identificar, bajo un parámetro de razonabilidad, un vínculo concreto entre el derecho cuestionado a un medio ambiente, y salud, y la parte quejosa, por el contrario, los menciona de manera genérica, tal y como lo tendría cualquier ciudadano interesado en verificar la constitucionalidad de una norma general. Además, aun considerando la existencia de un vínculo entre los referidos derechos y los gobernados, lo cierto es que tampoco se logra identificar un agravio diferenciado, sino que, se reitera, se observa un interés similar al de cualquier otro ciudadano, consistente en llevar a cabo una defensa abstracta de la legalidad en el actuar de las autoridades, respecto de sus deberes medioambientales. En ese sentido, el admitir la demanda y su caso se llegara a dar una eventual concesión del amparo, no generaría un beneficio en su esfera jurídica respecto de la posición que aduce frente al derecho a un medio ambiente adecuado, salud y acceso al agua, en primer lugar, porque no la tiene y, en segundo lugar, aun teniéndola, no puede considerarse que cuente con un interés cualificado, sino uno de carácter genérico. En efecto, si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 111/2013, resuelta en sesión de cinco de junio de dos mil catorce, señaló que interés legítimo e interés difuso o colectivo no son lo mismo, pues el primero se refiere al grado de afectación, mientras que el segundo al número de personas que la resienten, y destacó que, si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible, también es verdad que, en el presente caso, la posición que la quejosa aduce, frente al resto de los gobernados, no se encuentra justificada. Ciertamente, debió haber acreditado su calidad de vecino del lugar en el que se lleva la obra relativa al proyecto denominado "Lomas de Tecamachalco, Huixquilucan, Estado de México"; y de igual manera, acreditar que la construcción del conjunto habitacional que aduce, en el Municipio de Huixquilucan, Estado de México, le genera una afectación de manera inminente e irreparable a sus derechos, precisando el impacto que ella directamente le generan, y no de forma general. Sin que sea óbice, la protesta de decir verdad que realiza en su escrito de demanda, pues la misma es insuficientes para considerar que con la ejecución del acto impugnado se le estén causando perjuicios de imposible reparación. En efecto, la parte quejosa no exhibe algún medio de convicción que acredite de forma indiciaria que de continuar con la edificación del conjunto habitacional, en el Municipio de Huixquilucan, Estado de México, se podrán generar daños de imposible reparación al medio ambiente, ni que se le este violentado su derecho a la salud, o bien, se vulnere el hábitat de las especies protegidas. Esto es así, pues la parte quejosa pretendió demostrar su interés legítimo con la copia simple de la credencial para votar con fotografía, expedida por el Instituto Nacional Electoral a nombre de María Eugenia González O'Farril. Sin embargo, se estima que documental no resulta idónea para acreditar que las normas y actos reclamados, repercutirán en el medio ambiente en donde aduce la quejosa habita. Máxime de la copia simple que allegó la quejosa de la credencial de elector expedida a su favor, no se advierte que su domicilio se encuentre en colindancia con el predio en el que alude se hará la construcción del conjunto habitacional, pues en dicha copia simple se lee únicamente que se ubica en "COL. LOMAS DE TECAMACHALCO 52780 HUIXQUILUCAN, MEX". De lo anterior, que no se acredite el interés legítimo con el que aduce la parte quejosa cuenta. Lo anterior se corrobora si se atiende a que, como lo consideró el Pleno del Alto Tribunal, en la citada contradicción de tesis, "(.) para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el cual no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse". Criterio jurídico: El Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito determina que cuando en el juicio de amparo indirecto se señalan como actos reclamados la licencia, permiso y/o autorizaciones para realizar una obra de construcción que, a decir de la parte quejosa, afectan su derecho a un medio ambiente sano y saludable, e implican una violación al entorno urbano o en materia de vialidad u otros derechos análogos, es necesario demostrar el interés legítimo, entendido como el enlace entre la norma jurídica que otorga la prerrogativa y la afectación que se produce a ese derecho por el acto de autoridad. Así, debe demostrarse que el inmueble donde habita la parte quejosa está inmerso dentro del área de afectación de la obra cuya licencia, permiso y/o autorizaciones se reclaman, así como el perjuicio jurídicamente relevante generado por la obra en construcción, en virtud de la especial situación de la parte quejosa frente al orden jurídico, y la prueba de esos dos aspectos debe demostrarse de manera fehaciente con prueba suficiente, según lo requiera cada caso concreto. Justificación: El interés legítimo constituye la legitimación tanto en el proceso como en la causa que permite, por una parte, el trámite válido del juicio y, por otra, la condición necesaria para obtener una sentencia concesoria de amparo. Entonces, el interés legítimo debe demostrarse de manera fehaciente con medios de prueba suficientes que evidencien la afectación al derecho que la parte quejosa defiende en el juicio de amparo y que deriva de su especial situación frente al orden jurídico, que le permite expresar un agravio diferenciado del resto de los integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, pues de no demostrarse esa afectación, el interés, en todo caso, resulta genérico o simple. En este orden de ideas, al no señalarse en la demanda la existencia de una afectación al medio ambiente específica, ni a la salud, con motivo de las normas y actos reclamados, no existe parámetro alguno por el cual pudiera estimarse, razonablemente, para dar trámite a la demanda, ante una afectación real y actual o inminente en su esfera jurídica, por lo que el perjuicio que se aduce, se limita a una mera posibilidad, igual a la que podría sufrir cualquier otro habitante del país y, por ende, no goza de un interés legítimo, sino simple, ya que no se encuentra demostrada la existencia de un vínculo concreto entre los derechos cuestionados a un medio ambiente sano, salud y el perjuicio que sufriría la parte quejosa. Por consiguiente, al resultar improcedente el juicio de amparo respecto de los actos y normas generales reclamadas, se estima que para analizar las violaciones en el procedimiento de creación de la norma, no debe actualizar alguna causa de improcedencia que impida analizar la norma en cuanto a su procedimiento de creación y fondo. Por lo tanto, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos legales 5°, fracción I, y 6°, párrafo primero, de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, y conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo planteada, al no acredita la parte quejosa contar con interés legítimo. Domicilio Por lo que hace al correo electrónico que proporciona para tal efecto, dígase a la parte quejosa que no ha lugar a proveer de conformidad su petición, toda vez que no se encuentra previsto por la ley de la materia como medio para llevar a cabo notificaciones procesales, por lo que sólo puede ser considerado como medio de contacto para realizar notificaciones no procesales. Sin embargo, dado que la promovente solicita se le realicen las notificaciones vía electrónica, para lo cual proporciona el nombre de usuario "feracortes"; por tanto, se comisiona al actuario judicial adscrito a efecto de que notifique a la parte quejosa el presente acuerdo, así como las subsecuentes actuaciones, aun las de carácter personal, por dicho medio. En el entendido de que le recae la obligación a la parte quejosa de ingresar al sistema electrónico todos los días y obtener la constancia de la consulta realizada al expediente digitalizado en el plazo que señala la norma respectiva, de conformidad con lo previsto en los artículos 3, 30 fracción II, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, y los artículos 35, 36 y 40 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Se instruye a la oficial judicial "A" SISE para que registre en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes al usuario que proporciona la promovente. Consulta de expediente electrónico Se tiene por autorizada la solicitud de consultar el expediente electrónico, con el usuario que proporciona, siempre y cuando efectivamente se encuentre registrado en la página relativa al "Sistema de Consulta de Expediente Electrónico". Por consiguiente, se ordena a la analista jurídico SISE efectuar el registro interno del usuario que proporciona la promovente para tales efectos. Autorizados para oír y recibir notificaciones En cuanto a las personas que menciona, se tienen por autorizadas en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo a las que en la fecha del dictado del presente acuerdo tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de distrito, atento a lo dispuesto en el titulo décimo del Acuerdo General del Pleno de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil seis; a los restantes, para el sólo efecto de oír notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que prevé el segundo párrafo del precepto legal antes citado. Autorización de medios tecnológicos De conformidad con la circular 12/2009, de la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza para que se tomen las fotografías de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, con los medios tecnológicos que indica la circular referida. Medios de contacto Por otra parte, se tiene como medio de contacto el correo electrónico que proporciona el quejoso. Por lo que se instruye a los actuarios de la adscripción para que tomen nota de lo anterior, para los efectos legales conducentes. Captura de resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes y elaboración de versión pública De conformidad con los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinara de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su publicación la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva. Agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, se instruye al coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expedientes en el SISE la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas del presente proveído, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se instruye a la Analista Jurídico SISE, para que realice las gestiones necesarias a efecto de que se integre la versión pública de esta determinación al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el entendido de que es obligación del secretario encargado de este asunto verificar que dicha publicación se haya efectuado de manera correcta. Supresión de datos personales Por otro lado, se tiene por formulada la oposición de la quejosa a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V, y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo previsto en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete. Autorización de firma de oficios Se autoriza a los secretarios y actuarios adscritos a este juzgado federal a efecto de que firmen los oficios derivados del presente asunto. Habilitación de días y horas inhábiles Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluso el emplazamiento de las partes en el presente juicio de amparo; y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. Notifíquese: electrónicamente a la parte quejosa.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México · 7,200 expedientes
- María Esther Cordova Arriola273/2019
- María Esther Guzmán Alberto921/2020
- María Esther Guzmán Alberto878/2019
- María Esther Guzmán Alberto670/2020
- María Esther Guzmán Alberto1437/2019
- María Esther López Aguado Linares920/2019
- María Eugenia González Ofarril122/2023
- María Eugenia Jurado Domínguez1060/2023
- María Eugenia Jurado Domínguez1128/2023
- María Eugenia Reyes Díaz1374/2019
- María Eulalia López García267/2019
- María Fernanda Álvarez Grayeb598/2019