Maria Eugenia Fueyo Garcia
Expediente 1693/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1693/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Maria Eugenia Fueyo Garcia
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, cuatro de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja que refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada ley, contra el acuerdo de veinticinco de julio de dos mil veintidós, mediante el cual, se tuvo por no presentada la demanda que dio origen a este asunto. En tal virtud, se declara que el referido proveído CAUSA ESTADO para todos los efectos legales; en consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, en cumplimiento con el artículo 21 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente asunto es susceptible de destrucción. Lo anterior, ya que se tuvo por no presentada la demanda de amparo que dio origen a este expediente, y por carecer de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral. Finalmente, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticinco de julio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan estos autos, se acuerda: toda vez que hasta la presente fecha la Jefa de la Oficina de Servicios Directos "Poder Judicial" del Servicio Postal Mexicano, con sede en esta ciudad, no ha devuelto la tarjeta de acuse de recibo correspondiente al oficio 32248/2021-V-A, dirigido al Titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Republica, con sede en la Ciudad de México. En consecuencia, requiérase a la Jefa de la Oficina de Servicios Directos "Poder Judicial" del Servicio Postal Mexicano, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de cinco días siguientes al de la notificación del presente acuerdo, devuelva a este Juzgado Federal la aludida tarjeta de acuse de recibo. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo concedido, se le impondrá multa por el equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $4,811.00 (cuatro mil ochocientos once pesos, con cero centavos, moneda nacional), conforme a lo dispuesto en los numerales 237, fracción I, y 259, ambos de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto, del Apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal. Por otro lado, toda vez que el Fiscal General de la Republica, con sede en la Ciudad de México, no ha rendido su informe justificado, máxime que ya obra en autos la tarjeta de acuse de recibo con la que debido a la omisión de rendir su informe, se puede presumir la certeza de los actos que se le atribuyen. En consecuencia con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase al Fiscal General de la Republica, con sede en la Ciudad de México, para que dentro del término de cinco días siguientes al de la notificación del presente acuerdo, remita a este Juzgado copia certificada de las constancias relativas a los actos que se le atribuyen, o en su caso, el impedimento que tiene para hacerlo. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondrá una multa por el equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en el citado numeral 260, fracción IV, de la ley de la materia y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal; equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, con cero centavos, moneda nacional). Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía de razón, la jurisprudencia P./J. 17/97, del Tribunal del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 108, del Tomo V, Febrero de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro número 199454, que dice: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." En mérito de lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se fijan las nueve horas con veintinueve minutos del veintinueve de agosto de dos mil veintidós, para su celebración. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, trece de julio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a estos autos una copia del oficios remitidos vía electrónica por el Subdirector de Recursos Administrativos adscrito a la Oficina de la Abogada General de la Secretaría de Salud, el primero en representación del Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, sede en la Ciudad de México, y el segundo en representación de éste y del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y del Secretario de Salud, todos con sede en la Ciudad de México, con los que interponen RECURSO DE REVISIÓN en contra de la sentencia dictada en el presente asunto el seis de junio de dos mil veintidós. En consecuencia, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, córrase traslado a la parte quejosa, las diversas autoridades responsables y la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, con una copia simple de dichos oficios de expresión de agravios. Una vez hecho lo anterior, envíese los oficios originales de expresión de agravios junto con este expediente, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa EN TURNO del Decimocuarto Circuito en el Estado de Yucatán, para lo que esa Superioridad estime procedente acordar. En mérito de lo anterior, fórmese el correspondiente cuaderno de antecedentes, con copia certificada de las constancias conducentes y además engrósese al mismo una copia simple del escrito de expresión de agravios. Notifíquese, haciéndolo personalmente a la parte quejosa y cúmplase.
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