Maria Eugenia Espinosa del Valle

Expediente 603/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 29 actuaciones registradas, la última del 27 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
603/2019
Año
2019
Actuaciones
29
Última actuación
27/08/2021

Partes del expediente

  • Maria Eugenia Espinosa del Valle
  • MARIA EUGENIA ESPINOSA DEL VALLE y Otros.
  • Manuel Gonzalo Musi Veyna

Actuaciones

Las 4 más recientes de 29.

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede de la que se advierte que en proveído de veintiocho de junio del presente año, se resolvió tener por cumplida la sentencia de amparo, determinación que el veintinueve de junio en curso se notificó al quejoso, sin que se inconformara dentro del término que para tal efecto establece el primer párrafo del artículo 202, en relación con el diverso 201, fracción I, ambos de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en ese precepto y en el diverso 196 del ordenamiento invocado, SE TIENE A LA PARTE QUEJOSA CONSINTIENDO EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Con fundamento en el cuarto párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, archívense los presentes autos como asunto totalmente concluido y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, de conformidad con el artículo 18, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes Judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente juicio de amparo ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, por tratarse de un asunto en el que la resolución emitida por este juzgado Federal, concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión; por consiguiente, una vez que haya transcurrido el término de tres años, esto es, después del treinta de agosto de dos mil veinticuatro, previo desglose del escrito de demanda y de la sentencia para su conservación. Esto, ya que el expediente en que se actúa carece de relevancia documental. Por otra parte, tomando en consideración que el quejoso ofreció como pruebas de su parte diversos documentos, en tal virtud, con apoyo en artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes Judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, requiérasele para que en el término de NOVENTA DÍAS, acuda a este órgano jurisdiccional a recogerlos, previa hoja de desglose y toma de razón que por su recibo deje para constancia. Se le apercibe que en caso de ser omiso, se procederá a su destrucción, de conformidad con el punto décimo primero, último párrafo del citado acuerdo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que obran las constancias necesarias para determinar si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se procede a realizar el siguiente pronunciamiento: ANTECEDENTES (...) CONSTANCIAS DE CUMPLIMIENTO (...) CONCLUSIÓN Como se observa, la autoridad responsable demostró el cumplimiento total dado al fallo constitucional al haber determinado a la parte quejosa el impuesto predial respecto de los seis bimestres de dos mil diecinueve, aplicando la cuota fija reducida, prevista en el rango D de la fracción II del artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México, vigente a partir del uno de enero de dos mil diecinueve, esto es, se substituya el importe de la cuota fija prevista en el rango de la fracción I, por el importe reducido del rango D de la fracción II del propio artículo, de acuerdo con la mecánica aplicado según el lugar donde se ubique el inmueble respectivo. Además, acreditó que devolvió a la quejosa las diferencias generadas a su favor. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, la sentencia SE ENCUENTRA CUMPLIDA. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Por recibido el ********************signado por la Subdirectora Divisional de Administración Tributaria en Parque Lira de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, por el que exhibe constancias con las que aduce el cumplimiento del fallo protector. Con fundamento en el numeral 196 de la Ley de Amparo, se da vista al quejoso con el ********************de cuenta y sus anexos, para que en el término de TRES DÍAS, contado a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste lo que a su derecho convenga en relación con el acatamiento de la sentencia de amparo, en el entendido que transcurrido dicho término, con desahogo de la vista o sin ella, se dictará la resolución correspondiente, con base en las documentales que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    De conformidad con lo establecido en las Circulares SECNO/29/2020, SECNO/30/2020, SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021, SECNO/8/2021 y SECNO/9/2021 emitidos de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, por el que la Comisión Especial adoptó como medida, entre otras, regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, por lo que se suspendieron los plazos y términos procesales durante el periodo del cinco de diciembre de dos mil veinte al quince de febrero de dos mil veintiuno, con excepción de aquellos expedientes que estuvieran listos para sentencia, los tramitados como juicio en línea y los casos urgentes señalados. Lo anterior, tuvo como consecuencia la suspensión de plazos de manera provisional del procedimiento de ejecución de sentencia. Asimismo, de conformidad con la Circulares SECNO/10/2021, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene presente el contenido del "Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura, relativo a la reanudación de plazos al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19" vigente, de conformidad con el diverso Acuerdo General 25/2020, en que se ordenó el levantamiento de manera escalonada de todos los asuntos cuya tramitación quedó suspendida conforme a los lineamientos y razones expuestas, entre otros, por el referido Acuerdo General 13/2020, así como la Circular SECNO/15/2021, emitida por dicha Secretaría. Por lo anterior, y atendiendo de manera puntual el esquema laboral establecido en el artículo 2 del Acuerdo General 21/2020 y las cargas de trabajo que tiene este juzgado, es que en este acuerdo se ordena reanudar el presente juicio en la etapa de ejecución. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que obran agregadas las constancias necesarias para determinar si el fallo protector ha sido cumplido, o no, por las autoridades responsables. Asimismo, de autos se advierte que la parte quejosa fue omisa en desahogar la vista de diecisiete de marzo de dos mil veinte. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se procede realizar el siguiente pronunciamiento: SENTENCIA DE AMPARO El cuatro de julio de dos mil diecinueve, se dictó sentencia (fojas 107 a 123), donde se concedió el amparo y la protección de la justicia para el siguiente efecto: ".que se determine a la parte quejosa el impuesto predial respecto de los seis bimestres de dos mil diecinueve, aplicando la cuota fija reducida, prevista en el rango D de la fracción II del artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México, vigente a partir del uno de enero de dos mil diecinueve, esto es, se substituya el importe de la cuota fija prevista en el rango de la fracción I, por el importe reducido del rango D de la fracción II del propio artículo, de acuerdo con la mecánica aplicado según el lugar donde se ubique el inmueble respectivo. Para un mejor entendimiento de la manera en que se debe determinar el impuesto predial en los términos antes expuestos, se precisa la fórmula siguiente: VALOR CATASTRAL DEL INMUEBLE DE USO HABITACIONAL QUE SE UBICA DENTRO DE LOS RANGOS ESTABLECIDOS DE LA "E" A LA "P" MENOS (--) LÍMITE INFERIOR DEL VALOR CATASTRAL DEL INMUEBLE QUE CORRESPONDA SEGÚN SU RESPECTIVO RANGO (DE LA "E" A LA "P"). IGUAL (=) EXCEDENTE DEL LÍMITE INFERIOR POR (X) PORCENTAJE PARA APLICARSE SOBRE EL EXCEDENTE DEL LÍMITE INFERIOR QUE CORRESPONDA SEGÚN SU RESPECTIVO RANGO (DE LA "E" A LA "P"). IGUAL (=) IMPUESTO PREDIAL A PAGAR POR EL EXCEDENTE DEL LÍMITE INFERIOR. MÁS (+) CUOTA FIJA DEL RANGO D IGUAL (=) TOTAL DEL IMPUESTO PREDIAL A PAGAR POR BIMESTRE. POR (X) 6 (SEIS) IGUAL (=) TOTAL DEL IMPUESTO PREDIAL A PAGAR POR AÑO. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia siguiente: "IMPUESTO PREDIAL. EFECTO DEL AMPARO CONCEDIDO CONTRA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 130 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. En la jurisprudencia PC.I.A. J/53 A (10a.), el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito declaró inconstitucional el punto 1 de la fracción II del artículo 130 del Código Fiscal del Distrito Federal, ahora de la Ciudad de México, por violar el principio de equidad tributaria, por lo que los particulares que promueven amparo en su contra con motivo de la modificación de los importes contenidos en dicha fracción tienen derecho a que se les otorgue la protección federal al respecto; sin embargo, el alcance de dicha protección debe limitarse a que se substituya el importe de la cuota fija prevista en el rango de la fracción I del precepto, según el lugar donde se ubique el inmueble respectivo, de acuerdo con su valor catastral, por el importe reducido del rango D de la fracción II del propio artículo, porque la modificación de los importes de las cuotas fijas reducidas (fracción II) no actualiza una oportunidad para reclamar la constitucionalidad de la porción normativa prevista en la fracción I del mismo precepto, como se establece en la diversa jurisprudencia PC.I.A. J/126 A (10a.), del propio Pleno de Circuito y, por tanto, la concesión del amparo contra la fracción II del precepto no implica modificar la obligación del particular de pagar el impuesto conforme a la mecánica de cálculo prevista en la fracción I, sin que pueda tomarse en cuenta el posible pago que deba hacerse respecto de otros inmuebles por los que no se conceda la protección federal, pues el principio de relatividad de las sentencias de amparo obliga a considerar sólo el caso específico de cada quejoso al que se le conceda el amparo." De igual manera, apoya lo expuesto, la Jurisprudencia siguiente: "PREDIAL. EL ARTÍCULO 130, FRACCIÓN II, PUNTO 1, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL ESTABLECER UNA REDUCCIÓN EN EL CÁLCULO DEL IMPUESTO RELATIVO, VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. El precepto indicado prevé una reducción, como beneficio fiscal, relacionada con el valor catastral del inmueble, para efecto del cálculo del impuesto predial. Al respecto, el legislador tomó como parámetros para incluir el beneficio, la vulnerabilidad en el Distrito Federal, el mayor rezago en determinadas zonas, así como los ingresos per cápita de los contribuyentes. Ahora bien, desde el momento en que el tributo pierde su única función original, que es la recaudadora, la cual debe ser completa y no parcial (en inicio), al sacrificarse esa recaudación, aunque sea en parte, se exige al legislador la validación constitucional de su actuar, lo cual no acontece en el caso del beneficio aludido, porque el hecho de que el valor catastral de los inmuebles en relación con los cuales puede operar la reducción se ubique en los rangos respectivos, no necesariamente significa que se está frente a los grupos más vulnerables de la ciudad, a las zonas de mayor rezago en servicios y a los contribuyentes de menores ingresos per cápita, en virtud de que pueden darse distintas condiciones y circunstancias por las que, quien deba pagar el impuesto predial, resida en esas zonas. De ahí que, si bien es poco probable que determinado inmueble cuente con un valor catastral menor al que tengan otros de características análogas, aunque esté ubicado en una zona que no sea considerada vulnerable o rezagada, por lo que sería objetiva y razonable la justificación del legislador en ese sentido, no se trata del único motivo, por lo que la reducción no encuentra pleno asidero constitucional, al generar un trato diferenciado; de ahí que el artículo 130, fracción II, punto 1, del Código Fiscal de la Ciudad de México que prevé una reducción en el cálculo del impuesto predial en favor de quienes se ubiquen en los rangos ahí determinados, viola el principio de equidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En el entendido que la autoridad fiscal deberá devolver las diferencias a la parte quejosa, que resulten a su favor al aplicarse el descuento respectivo a la contribución pagada..." Posteriormente, mediante sesión de veinte de septiembre de dos mil diecinueve, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito (fojas 156 a 161), determinó lo siguiente: "ÚNICO. Se DESECHA el recurso de revisión." Por lo que en proveído de dos de octubre de dos mil diecinueve se requirió el cumplimiento del fallo protector. CONSTANCIAS DE CUMPLIMIENTO Mediante oficio **** de seis de diciembre de dos mil diecinueve (foja 197) signado por la Subdirectora Divisional en la Administración Tributaria en Bosques de Duraznos por el que informó que remitió el dictamen **** a la Dirección de Atención y Procesos Referentes a Servicios Tributarios, por el importe de **** del primer bimestre del dos mil diecinueve. Asimismo, mediante oficio identificado con el folio ****, de dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve (foja 203), fueron exhibidas diversas constancias en las que se advierte que fue entregado el aviso de pago a la parte quejosa por la cantidad determinada en el dictamen que se hace referencia en párrafos que anteceden. CONCLUSIÓN De lo anterior se observa que, la autoridad responsable acreditó únicamente el pago del primero de los seis bimestres que debe pagar como fue precisado en los efectos de la ejecutoria de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, la ejecutoria NO SE ENCUENTRA CUMPLIDA. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables y vinculadas al cumplimiento, para que dentro del término de DIEZ DÍAS, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, den total cumplimiento al fallo protector, esto es determinen los cinco bimestres restantes de dos mil diecinueve, aplicando la cuota fija reducida, prevista en el rango D de la fracción II del artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México, vigente a partir del uno de enero de dos mil diecinueve, respecto de la cuenta predial 035451120006, es decir, determinen de manera detallada y precisa si existe una cantidad a devolver a la parte quejosa, respecto de lo que se pagó y de lo que debió haber pagado respecto de la aplicación de la cuota fija reducida prevista en el rango D. Se apercibe a las autoridades responsables, que de no acatar lo ordenado en este acuerdo, se les impondrá multa de CIEN veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, en términos del artículo 192, en relación con el 238 párrafo primero y 258, todos de la Ley de Amparo, conforme al decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Además, los autos serán remitidos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en turno, por inejecución de sentencia, para los efectos precisados en la fracción XVI, del artículo 107, de la Constitución es decir, para que el omiso sea separado de su cargo y consignado al juez de Distrito que corresponda. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia P./J.54/2014 de la Décima Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo I, noviembre del 2014, página 19, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector Inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Notifíquese.

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