María Eugenia Elizarraga Hernández

Expediente 347/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
347/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
06/05/2021

Partes del expediente

  • María Eugenia Elizarraga Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    ..."Visto el estado que guardan los autos y como se advierte de la tercera certificación, ya transcurrió el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión, contra la resolución dictada que negó el amparo sin que hasta estos momentos lo hicieran valer las partes. En relación con la cuarta certificación, al realizarse una búsqueda en el libro de registro de correspondencia, así como en el sistema de seguimiento de expedientes, no se encontró promoción alguna tendente a la interposición del citado medio de impugnación. Por consiguiente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Devolución de constancias. Devuélvanse a la Segunda Sala Familiar de Tribunal Superior de Justicia y del Juez Décimo Primero de lo Familiar, ambos de la Ciudad de México, las constancias que remitieron en apoyo a su informe justificado, sin que sea necesario solicitarles acuse de recibo, en virtud de que el sello de recibido por las citadas autoridades hará las veces de acuse. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el asunto como concluido. Notifíquese el presente acuerdo por lista en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    ."ESTUDIO DE FONDO****************************************En obvio de repeticiones innecesarias se tienen por reproducidos los conceptos de violación, pues no existe precepto en la Ley de Amparo que obligue a su trascripción en la sentencia; sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que se hayan hecho valer. ."Señala la impetrante que el acto reclamado le vulneró las garantías establecidas en los artículos 14 y 16 constitucionales porque no se fundó ni motivó.********************Además, sostiene que se le causaría un daño irreparable al continuar el tramite de dicha incidencia, al sostener que ella detenta la guarda y custodia de su menor hija al promover un diverso juicio de perdida de la patria potestad y que la autoridad responsable le desecha la excepción de litispendencia que opuso al contestar la incidencia.********************En primer término, se atiende a la violación formal en el sentido de que el acto reclamado no se encuentra debidamente fundado y motivado.********************Para ello, resulta necesario imponerse del contenido del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precepto que en lo que interesa prevé:********************"16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento".****************************************La lectura del numeral transcrito permite establecer que en este se consagra el derecho de legalidad que prevé la Constitución, consistente en la debida fundamentación y motivación que las autoridades están obligadas a expresar en sus actos.********************De ello resulta que por fundamentación del acto de autoridad se entiende que éste debe sustentarse en una disposición normativa de carácter general; o sea, que la ley prevea una situación concreta para la cual resulte procedente realizar el acto de autoridad, es decir, que exista una ley que así lo autorice, de tal manera que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite de acuerdo al principio de legalidad.********************Ahora bien, por motivación del acto de autoridad, debe entenderse en el sentido de que, al existir una norma jurídica, el caso o situación respecto del que se pretende realizar un acto autoritario de molestia, sean aquellos a que alude la disposición legal fundatoria; de esta suerte, la motivación indica que las circunstancias y modalidades del caso particular encuadran dentro del marco general correspondiente establecido por la ley, así, si una determinada conducta no corresponde o no encuadra en el caso concreto establecido por la ley, el acto de autoridad respectivo violará la exigencia de la motivación legal, por más que se hubiese previsto en una norma, es decir, aunque esté debidamente fundado. ********************En síntesis, la motivación legal implica la necesaria adecuación que debe hacer la autoridad entre la norma general fundatoria del acto de molestia y el caso específico en el que éste va a operar o surtir sus efectos.********************En conclusión, para que una autoridad cumpla con la debida fundamentación y motivación a que se refiere el derecho de legalidad prevista en el artículo 16 de la Constitución, es necesario que en sus determinaciones se citen los preceptos legales que le sirvan de apoyo y, además, debe expresar los razonamientos lógicos y jurídicos que la condujeron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, que las origina, encuadra en los supuestos de la norma que invoca.********************Esto es, el denominado silogismo jurídico, en el que debe partirse de dos premisas fundamentales que necesariamente arribarán a una conclusión, esto es, de una tesis fundamental (como normatividad general), debe ser contrapuesta una antítesis o fenómeno particular, que en el ámbito de la conducta de los gobernados, otorgue una síntesis o situación concreta y permita concluir un razonamiento adecuado y aplicable.********************Cobra aplicación a lo aducido en los párrafos precedentes, la jurisprudencia 260, visible en la página 175, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, tomo VI, materia común, con el rubro y texto siguientes: ********************"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares, o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas".****************************************Precisados los alcances de lo que debe entenderse por la fundamentación y motivación, el suscrito advierte que el motivo de disenso debe desestimarse. ********************Es así, porque contrario a lo que propone la impetrante, la autoridad responsable, sí fundó y motivó su determinación, resolvió modificar el auto impugnado, pues consideró que era infundada la aseveración vertida por la quejosa en el sentido que existe litispendencia en el acto reclamado, porque se están reclamando las mismas prestaciones en dos diversos juicios.********************La Sala responsable, acertadamente estableció que no son idénticos los juicios a que hace referencia la impetrante de amparo, pues de conformidad con lo dispuesto por el articulo 38 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, la excepción de litispendencia procederá cuando un juez conoce ya de un juicio en el que hay identidad entre partes, acciones deducidas y objetos reclamados, cuando las partes litiguen con tal carácter.********************De lo que se desprende que la litispendencia procede cuando un juez conoce del mismo negocio, sosteniéndose que el vocablo "mismo" exige que en los dos juicios haya identidad completa, esto es, que sean las mismas partes, sean idénticas las acciones deducidas, que procedan con las mismas causas y que sea igual también la calidad con la que intervienen las partes.********************Y en ese tenor, la Sala responsable, advirtió que no se colman esos supuestos, pues en el juicio natural que dio origen al acto reclamado, se trata de un juicio de divorcio sin causa, del cual deriva un incidente de cumplimiento de convenio impulsado por el aquí tercero interesado ********************, en tanto que el negoció que hace valer como litispendencia la hoy quejosa, trata sobre la perdida de la patria potestad de la menor ********************que es del conocimiento de diversa autoridad jurisdiccional que por cuestión de territorio no ejerce competencia en la sede de donde emana el acto reclamado.******************** Por lo tanto, no le asiste razón a la peticionaria del amparo, al sostener que la decisión adoptada por la responsable, le vulnera garantías y es ayuna de fundamentación y motivación, porque al contrario de lo que arguye si funda y motiva el porque no puede prosperar su agravio que gravita en torno de una litispendencia que no se da en el caso concreto.********************Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de registro 243212, sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la pagina 63, Volumen 18, cuarta parte, correspondiente a la Séptima Época de la Semanario Judicial de la Federación cuyo rubro y sinopsis son: ******************** "LITISPENDENCIA, EXCEPCION DE. La excepción de litispendencia es el estado del litigio que se halla pendiente de resolución ante un tribunal, o sea, el estado del que ya conocen los tribunales y no ha sido resuelto por sentencia ejecutoria. Para que proceda, los dos juicios deben ser idénticos, es decir, han de ser las mismas personas, las mismas cosas que se demandan, las mismas causas por las cuales se demanda y la calidad con que intervinieron las partes; la litispendencia sólo tiene, pues, lugar, en consecuencia de dos litigios sobre el mismo objeto, entre las mismas personas por demandas basadas en la misma causa. En cuanto a este tercer requisito, la doctrina ha dicho que la causa es el hecho generador que el actor hace valer en su demanda como fundamento de la acción, o el hecho generador que el demandado invoca en apoyo de sus excepciones. Por tanto, la identidad de la causa no es otra cosa que la identidad de ese hecho generador de la acción o de la excepción. De aquí que no debe confundirse la causa con las leyes o fundamentos de derecho que se invoquen, sea por el actor o por el demandado, como base de la acción o de la excepción, ya que estos fundamentos pueden ser diferentes sin que varíe la causa, porque ésta no consiste en ellos, sino en el hecho jurídico generador de aquéllos, siendo más evidente que tampoco debe confundirse la causa con los medios de prueba que se invoquen en uno y en otro juicio."****************************************Así como la diversa tesis de registro 242415, sustentada también por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la pagina 33, Volumen 9, Cuarta Parte, correspondiente a la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación que a la letra dice: ********************"LITISPENDENCIA, EXCEPCION DE. Para la procedencia de la excepción de litispendencia, se requiere la demostración de que un Juez conoce ya del mismo asunto sobre el cual fue demandado el reo, pero no existe identidad de juicios cuando se ejercen acciones diversas, tramitadas en vías diferentes y con base en distintos títulos."****************************************Y cobra también aplicación la tesis que uso la autoridad responsable como apoyo a su argumentación, con registro 245863, sustentada por la entonces Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la pagina 21, volumen 75, séptima parte, correspondiente a la séptima época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y síntesis son: ********************"LITISPENDENCIA, EXCEPCION DE. CONCEPTO Y PROCEDENCIA. El término "litispendencia", significa que existe algún otro juicio pendiente de resolver, y procede como excepción cuando un Juez conoce ya del mismo negocio. La palabra "mismo" exige que en los dos juicios haya identidad completa, es decir, que se trate de las mismas personas, que sean iguales las acciones deducidas, que procedan de las mismas causas, y que sea igual, también, la calidad con que interviene las partes."****************************************En otro orden de ideas, sostiene la quejosa que el acto reclamado le vulnera garantías al sostener que se atropella el interés superior del menor con el dictado de la resolución reclamada, al continuar con el trámite del incidente de cumplimiento de convenio, dado que existe una denuncia penal ante el Ministerio Público de la Ciudad de México por un delito sexual cometido en contra de su menor hija por su progenitor, por lo cual no restituyó a la menor, lo que la expone a un peligro.********************Es infundado su argumento vertido. ********************En el particular, la Sala responsable acertadamente declaró fundados los argumentos que como agravio presentó la hoy quejosa en su recurso de apelación, en suplencia de la queja deficiente y señaló que las cosas deben permanecer en el estado que actualmente se encuentran, esto es, que la menor hija de los contendientes, permaneciera bajo la guarda y custodia de la hoy quejosa y ordenó la practica de diversas diligencias, para que el juez natural tenga elementos para resolver el fondo del asunto.********************Decisión que no irroga perjuicio a la impetrante de amparo, toda vez que la decisión de la Sala responsable de ordenar que las cosas deben permanecer en el estado que actualmente se encuentran, implica la protección del interés superior de su menor hija y la decisión adoptada de que las cosas permanezcan en el estado en que se encuentran, implican que aún no se ha decidido en el fondo sobre la guarda y custodia de la menor de forma definitiva, situación que aun detenta la quejosa y que la Sala responsable para la mejor resolución del asunto, ordenó la practica de diligencias para que el juez tenga elementos para fallar en consecuencia.********************Por lo tanto, es legal la determinación a la que arribó la autoridad responsable de ordenar la practica de diligencias y de apercibir a las partes con la imposición de medidas de apremio en caso de incumplimiento de sus determinaciones, ya que como rectora del procedimiento, tiene el deber y obligación de hacer cumplir sus determinaciones. ****************************************En esas condiciones, no se atenta contra el interés superior del menor, sino por el contrario se protege y tutela el mismo, contra todo acto que signifique su menoscabo y por ende no existe violación a lo dispuesto por el artículo 2º de la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes con la decisión tomada por la Ad Quem.****************************************Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./ J. 113/2019, de registro 2020401, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , consultable en la página 2328, del Libro 69, Agosto de 2019 Tomo III, correspondiente a la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son:********************"DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR SE ERIGE COMO LA CONSIDERACIÓN PRIMORDIAL QUE DEBE DE ATENDERSE EN CUALQUIER DECISIÓN QUE LES AFECTE. El artículo 2, segundo párrafo, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes prevé que el "interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes"; de ahí que cuando se tome una decisión que les afecte en lo individual o colectivo, "se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales". Al respecto, debe destacarse que el interés superior del menor es un concepto triple, al ser: (I) un derecho sustantivo; (II) un principio jurídico interpretativo fundamental; y (III) una norma de procedimiento. El derecho del interés superior del menor prescribe que se observe "en todas las decisiones y medidas relacionadas con el niño", lo que significa que, en "cualquier medida que tenga que ver con uno o varios niños, su interés superior deberá ser una consideración primordial a que se atenderá", lo cual incluye no sólo las decisiones, sino también todos los actos, conductas, propuestas, servicios, procedimientos y demás iniciativas. Así, las decisiones particulares adoptadas por las autoridades administrativas -en esferas relativas a la educación, el cuidado, la salud, el medio ambiente, las condiciones de vida, la protección, el asilo, la inmigración y el acceso a la nacionalidad, entre otras- deben evaluarse en función del interés superior del niño y han de estar guiadas por él, al igual que todas las medidas de aplicación, ya que la consideración del interés superior del niño como algo primordial requiere tomar conciencia de la importancia de sus intereses en todas las medidas y tener la voluntad de dar prioridad a esos intereses en todas las circunstancias, pero sobre todo cuando las medidas tengan efectos indiscutibles en los niños de que se trate."********************IX. DECISIÓN****************************************En las condiciones apuntadas, al haberse desestimado los conceptos de violación, es evidente que el acto reclamado no vulneró los derechos humanos referidos por la promovente, por lo que procede negar el amparo. ****************************************Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos al Juez Décimo Primero de lo Familiar en la Ciudad de México, al no reclamarse por vicios propios, sino en vía de consecuencia, de conformidad con la jurisprudencia 105, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 68, tomo VI-materia común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: ******************** ********************"AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las autoridades que sólo ejecutaron tal acto por razón de su jerarquía." ****************************************X. CASO URGENTE.****************************************En virtud de que en el presente asunto el acto reclamado consiste en la resolución de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, dictada en el toca ********************del índice de la Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el que ordenó continuar con el incidente de cumplimiento de convenio en el expediente ********************del Juzgado Décimo Primero de lo Familiar de la Ciudad de México, se realizaran los estudios psicológicos al tercero interesado, a la parte quejosa y su menor hija, asimismo, se requirió a la Fiscalía Central de Investigación de Delitos Sexuales de la Ciudad de México, copias certificadas de la carpeta de investigación ********************; y, su ejecución.****************************************Es inconcuso que se relaciona con una determinación sobre guarda y custodia de una menor, en términos del inciso b) de la fracción V del artículo 4 del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública Derivado del Virus COVID-19, en relación con la circular SECNO/29/2020, emitida por la Secretaria Ejecutiva del Creación de Nuevos Órganos, mediante el cual se regresa al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo inicialmente mencionado. ****************************************En consecuencia, con fundamento en el artículo 11, fracción I, segundo párrafo, del Acuerdo General 13/2020, la presente resolución deberá notificarse a la Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, una vez que reanude sus labores; al Juez Décimo Primero de lo Familiar de la Ciudad de México, en la fecha en que se encuentre de guardia de conformidad con el Acuerdo 19-23-2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, así como a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, para lo cual la diligencia respectiva deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables.****************************************Por lo anteriormente fundado y motivado; además, con apoyo en los artículos 61, 62, 63, 73, 74, 75, 76, 77 y 124 de la Ley de Amparo, SE RESUELVE:****************************************PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a********************, contra los actos que reclamó de la Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia y del Juez Décimo Primero de lo Familiar, ambos de la Ciudad de México.****************************************SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 11, fracción I, segundo párrafo, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con la circular SECNO/29/2020, emitida por la Secretaria Ejecutiva del Creación de Nuevos Órganos, mediante el cual se regresa al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo inicialmente mencionado; la presente resolución deberá notificarse personalmente a las partes quejosa y tercera interesada; a la Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, una vez que reanude sus labores; al Juez Décimo Primero de lo Familiar de la Ciudad de México, en la fecha en que se encuentre de guardia de conformidad con el Acuerdo 19-23-2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México; personalmente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, para lo cual las diligencias respectivas deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables

  3. Principal

    *AVISO. SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL TERCERO INTERESADO ÓSCAR EDUARDO GARNICAS CÁRDENAS, EL CONTENIDO DE LA SENTENCIA DE 31/12/2020.

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