Maria Eugenia Cruz Vargas

Expediente 840/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
840/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
21/07/2022

Partes del expediente

  • Maria Eugenia Cruz Vargas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta, por medio del cual la autoridad signante cumple con el requerimiento de doce de julio del presente año y, al efecto, remite copia certificada de las constancias que obran en el expediente D-133/2020, de su índice, relacionadas con el acto reclamado en el presente asunto, de lo que se toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, el estado procesal que guardan los autos, de donde se desprende que en esta instancia constitucional la quejosa se inconforma contra: - La dilación en el dictado de la resolución interlocutoria respecto del incidente de competencia planteado por la demandada Secretaría de Seguridad Pública del Estado del Gobierno del Estado de Puebla, dentro del juicio D-133/2020, así como la omisión de notificarle dicha determinación. Sobre este particular, debe precisarse que de las constancias que la autoridad responsable remitió como con su informe justificado mediante oficios 3354/2022 y con el comunicado de cuenta, consistentes en copia certificada de diversas constancias deducidas del expediente laboral D-133/2020, a las que se otorga pleno valor probatorio conforme a los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que el siete de junio de dos mil veintidós, se dictó resolución interlocutoria en la que desechó de plano el incidente de incompetencia planteado por la demanda en el aludido controvertido, determinación que se notificó a la quejosa el ocho de junio de esta anualidad. En consecuencia, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse en el presente juicio. Ello, sin que sea necesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional, puesto que en este caso en particular, la causal de improcedencia, constituye una cuestión de orden público, por lo que su examen es oficioso y preferente, en cualquier estado e instancia del juicio de amparo. El precepto citado establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." Del ordenamiento transcrito se infiere que, para efectos del juicio de garantías, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Ahora bien, como se adelantó, de las constancias remitidas por la junta responsable -como apoyo a su informe justificado-, a las que previamente se reconoció pleno valor probatorio, se advierte que el siete de junio de dos mil veintidós, se dictó resolución interlocutoria en la que desechó de plano el incidente de incompetencia planteado por la demanda en el aludido controvertido, determinación que se notificó a la quejosa el ocho de junio de esta anualidad. En este caso, si la parte quejosa se duele de la omisión de la responsable de respecto del incidente de incompetencia planteado dentro dentro del expediente laboral antes referido, así como su notificación a las partes, y la responsable a través de su presidente, justificó plenamente que dicha incidencia ya fue resuelta y notificada a las partes, es evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, por lo que es por demás claro que la quejosa, aun cuando ofreciera pruebas, no podrá desvirtuar tal circunstancia, por lo que continuar innecesariamente con la tramitación del presente juicio, en nada cambiaría el sentido del fallo (sobreseimiento cesación de efectos del acto reclamado). Se expone lo anterior, porque si la pretensión de la parte quejosa al ejercer la acción constitucional era que la autoridad responsable subsanara la omisión antes referida; aquélla se vio satisfecha con los actos desplegados por el tribunal responsable, previamente destacados. Por consiguiente, se ha restituido a la solicitante del amparo en el pleno goce de la garantía individual que le había sido violada, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere invadido su esfera jurídica, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó alguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional, de tal manera que los efectos del acto reclamado han cesado, razón por la que se actualiza la causa de improcedencia analizada, por lo que, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio fuera de la audiencia constitucional. Lo anterior, porque en este caso, con la determinación de este juzgado federal de sobreseer fuera de la audiencia constitucional, no se priva de defensa a la parte quejosa; ello, en el supuesto de no brindarle la oportunidad a que se ofrezcan pruebas, pues como ya se dijo, es plena la actualización de la causal de improcedencia advertida, por ende, el resultado del fallo siempre será en el mismo sentido, por lo que de continuar con la substanciación de este juicio, únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 constitucional. En estas condiciones, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para el cinco de agosto de dos mil veintidós, a las nueve horas con cuarenta y tres minutos, por tanto, háganse las anotaciones correspondientes. Por último, del estado procesal de los autos, específicamente la certificación secretarial que antecede, se tiene que ha trascurrido el término de tres días concedido a la tercera interesada Sindicato de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla fin de que señalara domicilio en la localidad de este Juzgado o en la ciudad de Puebla, Puebla, para oír y recibir notificaciones; en consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de cuatro de mayo de dos mil veintidós, y con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del numeral 27 de la ley de la materia, se ordena realizar las notificaciones a la citada tercera interesada por medio de lista, aun las de carácter personal.

  2. Principal

    CITATORIO A QUEJOSA Agréguese a los autos el oficio de cuenta, por medio del cual la autoridad signante cumple con el requerimiento de doce de julio del presente año y, al efecto, remite copia certificada de las constancias que obran en el expediente D-133/2020, de su índice, relacionadas con el acto reclamado en el presente asunto, de lo que se toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, el estado procesal que guardan los autos, de donde se desprende que en esta instancia constitucional la quejosa se inconforma contra: - La dilación en el dictado de la resolución interlocutoria respecto del incidente de competencia planteado por la demandada Secretaría de Seguridad Pública del Estado del Gobierno del Estado de Puebla, dentro del juicio D-133/2020, así como la omisión de notificarle dicha determinación. Sobre este particular, debe precisarse que de las constancias que la autoridad responsable remitió como con su informe justificado mediante oficios 3354/2022 y con el comunicado de cuenta, consistentes en copia certificada de diversas constancias deducidas del expediente laboral D-133/2020, a las que se otorga pleno valor probatorio conforme a los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que el siete de junio de dos mil veintidós, se dictó resolución interlocutoria en la que desechó de plano el incidente de incompetencia planteado por la demanda en el aludido controvertido, determinación que se notificó a la quejosa el ocho de junio de esta anualidad. En consecuencia, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse en el presente juicio. Ello, sin que sea necesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional, puesto que en este caso en particular, la causal de improcedencia, constituye una cuestión de orden público, por lo que su examen es oficioso y preferente, en cualquier estado e instancia del juicio de amparo. El precepto citado establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." Del ordenamiento transcrito se infiere que, para efectos del juicio de garantías, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Ahora bien, como se adelantó, de las constancias remitidas por la junta responsable -como apoyo a su informe justificado-, a las que previamente se reconoció pleno valor probatorio, se advierte que el siete de junio de dos mil veintidós, se dictó resolución interlocutoria en la que desechó de plano el incidente de incompetencia planteado por la demanda en el aludido controvertido, determinación que se notificó a la quejosa el ocho de junio de esta anualidad. En este caso, si la parte quejosa se duele de la omisión de la responsable de respecto del incidente de incompetencia planteado dentro dentro del expediente laboral antes referido, así como su notificación a las partes, y la responsable a través de su presidente, justificó plenamente que dicha incidencia ya fue resuelta y notificada a las partes, es evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, por lo que es por demás claro que la quejosa, aun cuando ofreciera pruebas, no podrá desvirtuar tal circunstancia, por lo que continuar innecesariamente con la tramitación del presente juicio, en nada cambiaría el sentido del fallo (sobreseimiento cesación de efectos del acto reclamado). Se expone lo anterior, porque si la pretensión de la parte quejosa al ejercer la acción constitucional era que la autoridad responsable subsanara la omisión antes referida; aquélla se vio satisfecha con los actos desplegados por el tribunal responsable, previamente destacados. Por consiguiente, se ha restituido a la solicitante del amparo en el pleno goce de la garantía individual que le había sido violada, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere invadido su esfera jurídica, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó alguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional, de tal manera que los efectos del acto reclamado han cesado, razón por la que se actualiza la causa de improcedencia analizada, por lo que, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio fuera de la audiencia constitucional. Lo anterior, porque en este caso, con la determinación de este juzgado federal de sobreseer fuera de la audiencia constitucional, no se priva de defensa a la parte quejosa; ello, en el supuesto de no brindarle la oportunidad a que se ofrezcan pruebas, pues como ya se dijo, es plena la actualización de la causal de improcedencia advertida, por ende, el resultado del fallo siempre será en el mismo sentido, por lo que de continuar con la substanciación de este juicio, únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 constitucional. En estas condiciones, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para el cinco de agosto de dos mil veintidós, a las nueve horas con cuarenta y tres minutos, por tanto, háganse las anotaciones correspondientes. Por último, del estado procesal de los autos, específicamente la certificación secretarial que antecede, se tiene que ha trascurrido el término de tres días concedido a la tercera interesada Sindicato de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla fin de que señalara domicilio en la localidad de este Juzgado o en la ciudad de Puebla, Puebla, para oír y recibir notificaciones; en consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de cuatro de mayo de dos mil veintidós, y con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del numeral 27 de la ley de la materia, se ordena realizar las notificaciones a la citada tercera interesada por medio de lista, aun las de carácter personal.

  3. Principal

    Visto el estado procesal de los autos se advierte que la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, al rendir su informe justificado, remitió entre otras constancias, copia certificada de la resolución interlocutoria de siete de junio de esta anualidad, por medio del cual resolvió el incidente de competencia, planteado en el juicio laboral D/133/2020, la cual ordenó notificar a las partes de manera personal; sin embargo, no remitió copias de dichas constancias, no obstante que están relacionadas con los actos reclamados en el presente juicio. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla del Estado de Puebla, para que dentro del término de tres días siguientes a la notificación del presente auto, remita copia certificada de las constancias señaladas en el párrafo que antecede, que integran el juicio laboral D-133/2020, de donde emana el acto reclamado, las que deberán estar legibles, en orden progresivo, foliadas, rubricadas y entre selladas, lo anterior, porque dichas constancias son necesarias para dictar sentencia en el presente juicio constitucional. Se apercibe a la autoridad aludida que, de no hacerlo así o de no manifestar la imposibilidad que tenga para tal efecto, se le impondrá una multa. En tales condiciones y, a efecto de dar margen a lo anterior, procede diferir la audiencia constitucional señalada para este día; por lo cual, se fijan para su celebración las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y TRES MINUTOS DEL CINCO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Por otro lado, se ordena la notificación del presente proveído a las autoridades responsables por medio de lista que se fije en los estrados de éste órgano jurisdiccional, toda vez que el presente acuerdo constituye un acuerdo de trámite de menor trascendencia.

  4. Principal

    CITATORIO PARTE QUEJOSA. Agréguense a sus autos los oficios de cuenta, signados por el presidente Municipal y síndico Municipal y representante legal, ambos del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla, por los que ofrecen las pruebas periciales en topografía y agrimensura y en materia de valuación en relación al incidente de cumplimiento sustituto planteado en autos, respecto de las cuales se proveerá más adelante. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos se desprende que ha transcurrido el término concedido a las partes mediante acuerdo de veintiséis de mayo del año en curso, para que ofrecieran pruebas dentro del incidente de cumplimiento sustituto planteado en el sumario en que se actúa, se provee: Tomando en cuenta que mediante acuerdo de tres de junio del presente año, se reservó el acuerdo relativo al escrito presentado por la quejosa el dos del mismo mes y año, hasta en tanto transcurriera el término concedido a las partes en auto de veintiséis de mayo de la presente anualidad, lo cual ya aconteció; en tal virtud, visto el contenido del referido escrito, se le tiene ofreciendo como pruebas de su parte la instrumental de actuaciones, la presuncional legal y humana, así como las documentales ofrecidas en su escrito presentado el veinticinco de mayo del año en curso (registro 13389) y las periciales en topografía y en valuación; por tanto, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas dichas probanzas y nombrando como perito de su parte a ****** dentro de ambas pruebas periciales. En diverso aspecto, se le tiene a las autoridades responsables presidente Municipal y síndico Municipal y representante legal, ambos del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla como pruebas de su parte las periciales en topografía y agrimensura y en valuación que ofrecieron en sus oficios presentados el tres de junio del año en curso; por tanto, con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas dichas pruebas y nombrando ambas autoridades como peritos de su parte a *****, dentro de la prueba pericial en topografía y agrimensura, y a ******, dentro de la prueba pericial en valuación, exhibiendo idénticos cuestionarios para el desahogo de dichas probanzas. Por lo que, para efecto de su desahogo, córrase traslado a las partes con los pliegos de puntos concretos sobre los que versarán las pruebas en cuestión (ofrecidas por la parte quejosa y las autoridades responsables), para que estén en condiciones cada una, si lo estiman pertinente y dentro del término de tres días siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, de adicionar los mismos y en su caso, para que designen perito de su parte en la prueba de su contraparte; con apercibimiento que de no hacerlo, perderán su derecho para tal efecto. Así entonces, transcurrido dicho término, se acordará lo que corresponda respecto del o los peritos que deberán intervenir en el desahogo de las pruebas relativas. Atento a lo anterior, gírese oficio al coordinador Estatal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República, Delegación Puebla, a efecto de que en el término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, proporcione el nombre de peritos con conocimientos en materias de topografía y agrimensura y en valuación, para que funjan como oficiales por parte de este juzgado, con el apercibimiento que de no hacerlo así, o de no manifestar la imposibilidad que tenga, se le impondrá una multa. En consecuencia, se señalan las NUEVE HORAS CON DIECISIETE MINUTOS DEL ONCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para la celebración de la audiencia relativa al incidente de cumplimiento sustituto.

Quedan 4 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla · 15,571 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano