Maria Eugenia Colin Franco

Expediente 1617/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 9 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1617/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
30/11/2022

Partes del expediente

  • Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas En Reynosa (Quinto Distrito Judicial)
  • Maria Eugenia Colin Franco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, treinta de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo 1617/2022-3, promovido por********************, contra acto de la Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta localidad, se advierte que no fue desahogada la vista otorgada en autos. Por tanto, procede analizar si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida en base a las constancias allegadas por la autoridad señalada como responsable. En el presente asunto, el acto reclamado se hizo consistir en el emplazamiento efectuado en el juicio hipotecario ******************** que se ventila ante el Juez responsable. Seguido el juicio de amparo en todas sus etapas, el seis de octubre de dos mil veintidós, se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable, dejara insubsistente todo lo actuado en el expediente de origen, a partir de la diligencia controvertida, incluyendo la misma, así como los actos jurisdiccionales posteriores, y se repusiera el procedimiento a fin de que la quejosa fuera llamada a juicio conforme a los numerales 66 y 67 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas (fojas 37 a 41). Sentencia que no fue recurrida, por lo que causó ejecutoria en auto de veintisiete de octubre de dos mil veintidós (foja 53). Para observar la ejecutoria de mérito, el Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad, allegó la determinación de nueve de noviembre de dos mil veintidós, dictada en el expediente ******************** de su índice, en la que se ordenó llamar a la quejosa a deducir sus derechos al citado procedimiento, mediante el emplazamiento, quedando subsistente únicamente el auto de radicación (fojas 66 a 76). Por tanto, se determina que con dicho proceder el mismo ha quedado cumplido, desde el nueve de noviembre de dos mil veintidós, en que se dio cumplimiento al fallo protector. En consecuencia, con apoyo en los numerales 196 párrafo cuarto y 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo. Por otro lado, toda vez que este asunto se ubica en la hipótesis a que se refiere el artículo decimoctavo, párrafo primero, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; además, se considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el artículo decimoquinto, del mencionado Acuerdo General, por tanto, este expediente es susceptible de depuración, y una vez que transcurran más de tres años posteriores a la notificación de este proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula de este asunto. Se destaca que en este juicio se formaron cuadernos de suspensión en donde se concedió la suspensión definitiva; agréguese a este expediente principal el cuadernillo original relativo a dicha incidencia, y respecto del duplicado una vez que transcurran más de seis meses de su archivo, destrúyase, lo que tiene apoyo en el punto vigésimo, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Asimismo, se hace constar que en el presente juicio no existen documentos originales importantes o de valor.Notifíquese. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Rodolfo de León Sánchez, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta; téngase por recibido el oficio del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado, con asiento en esta localidad, a través del cual en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos, remite copia certificada de las constancias relativas. Con dichos documentos, dése vista a la parte quejosa, con el citado oficio y anexo, para que dentro del término de tres días, contado a partir de la legal notificación de este proveído, manifieste lo que a su interés convenga en relación con el cumplimiento que da la autoridad responsable de referencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, en el entendido que de no hacer manifestación alguna en el término indicado, este órgano de control constitucional se pronunciará respecto del citado cumplimiento sobre la base de las constancias que obran en autos. ......- El Juez de Distrito debe dar vista a la parte quejosa con los oficios por los que las autoridades responsables informen lo relativo al cumplimiento o incumplimiento de un ejecutoria de amparo, trámite que se considera necesario, a fin de que dicha parte manifieste lo que a su interés convenga, dado el derecho que le asiste para promover la ejecución de la sentencia de amparo, incluso para los efectos que contempla el artículo 105, último párrafo, de la ley de la materia." Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Rodolfo de León Sánchez, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, y el contenido de la certificación secretarial asentada en la razón de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia dictada en este juicio, por tanto, con fundamento en el artículo 2o. de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a María Eugenia Colin Franco, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, con apoyo en el artículo 192, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades señaladas como responsables, para que dentro del término de tres días hábiles, contado a partir de aquél en que queden legalmente notificados del presente proveído, informen a este Juzgado de Distrito sobre el cumplimiento dado al fallo protector. Apercibidos que de no hacerlo así, sin causa justificada, se les impondrá en forma individual, multa equivalente a cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que se haga efectivo dicho medio de apremio, con apoyo en el numeral 258 de la Ley de la Materia, asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.Notifíquese. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Rodolfo de León Sánchez, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    En el local del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, residente en Reynosa, siendo las nueve horas con quince minutos del seis de octubre de dos mil veintidós, estando en audiencia pública Lilia Inés Beltrán Quiñones, Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, en funciones de Jueza, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio SEPLE./GEN./001/4194/2022, en sesión de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, con apoyo en el artículo 44, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante Rodolfo de León Sánchez, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe, se procede a celebrar la correspondiente al juicio de amparo radicado con el número 1617/2022-3, promovido por María Eugenia Colin Franco. La Secretaria de Juzgado en funciones de Jueza declara abierta la audiencia con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, haciendo constar el Secretario que ninguna de las partes ha comparecido a participar en este acto, no obstante su legal notificación según constancias que obran en autos; a lo que se acuerda: téngase por hecha la relación de constancias. Acto continúo, se abre el periodo probatorio dándose cuenta con la documental pública anexa al escrito inicial de demanda (foja 8), con la adjunta al informe justificado rendido por el Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado, con asiento en esta localidad y que obra por separado para su mejor manejo y estudio; a lo que se provee: de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, sin más por relacionar, se cierra la presente etapa. Enseguida, se abre la fase de alegatos, dándose cuenta con los que hizo valer la Representación Social de la Federación adscrita (fojas 32 y 33); sin más por relacionar, se cierra esta fase. Sin que exista promoción pendiente de acordar, la Secretaria de Juzgado en funciones de Jueza, dicta la siguiente: S E N T E N C I A : VISTOS los autos que integran el juicio de amparo 1617/2022-3; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el ocho de agosto de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con asiento en esta ciudad, turnado a este Juzgado Octavo de Distrito, María Eugenia Colin Franco promovió juicio de amparo contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado, con sede en esta ciudad, y otra autoridad, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales a que se refieren los artículos 1, 14, 16 y 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite. Por auto de diez de agosto de dos mil veintidós, se admitió la demanda con el número 1617/2022-3, se pidió informe con justificación a las autoridades responsables, se dio a la Representante Social de la Federación adscrita la intervención que le corresponde, se ordenó emplazar al tercero interesado, se tramitó por separado el incidente de suspensión solicitado y se fijó fecha para la audiencia constitucional, la cual se desahogó en los términos que se anotan; y C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de derechos fundamentales, con fundamento en los artículos 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Federal; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y Punto Cuarto, fracción XIX, párrafo cuarto, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la Jurisdicción Territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que los actos reclamados tienen ejecución material en la jurisdicción territorial asignada a este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En principio, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se hace constar que el acto reclamado es el emplazamiento en el juicio hipotecario civil número 620/2019, que se ventila ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil, con residencia en esta ciudad. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia P./J. 40/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta (registro 192097), de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado por así reconocerlo el Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil, residente en esta ciudad (foja 27), así como la Actuaria adscrita al Quinto Distrito Judicial en el Estado, con sede en esta ciudad (foja 23). Además, la autoridad judicial remitió copia certificada de diversas constancias del expediente relativo al juicio hipotecario 620/2019, con las que se formó legajo de prueba; documental pública a la que se le otorga pleno valor probatorio al tenor de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 2 de ésta última, por haber sido expedida por funcionario público en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Análisis de fondo. En virtud de que no se advierte causa de improcedencia que amerite el sobreseimiento en el juicio, se procede al examen de los conceptos de violación que se hacen valer, que no se transcriben por no exigirlo así los artículos 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo. En ese sentido, tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época (registro 164618), de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." El emplazamiento a juicio representa la esencia del derecho fundamental de audiencia previsto en la Constitución Federal en beneficio del impetrante, de entre las diversas garantías de seguridad jurídica que contiene el segundo párrafo del artículo 14 de la Carta Magna. Tal derecho se instrumenta en el proceso civil estatal mediante los artículos 66 y 67, fracciones I, III y IV, y que en su orden establecen lo siguiente: "ARTÍCULO 66. Todos los litigantes, en el primer escrito o en la primera diligencia judicial, deberán designar casa ubicada en el lugar del juicio para que se les hagan las notificaciones y se practiquen las diligencias necesarias. Igualmente deberán designar el domicilio en que ha de hacerse la primera notificación a la persona o personas contra quienes promuevan. Cuando alguna de las partes no cumpla con lo prevenido en cuanto a designación de domicilio para recibir notificaciones, éstas, aun las que conforme a la ley deban hacerse personalmente, se harán por cédula fijada en lugar visible del juzgado; si omitieren la designación del domicilio de las personas contra quienes promueven, no se hará notificación alguna hasta que se subsane la omisión. Mientras las partes no hagan saber al tribunal el nuevo domicilio, en su caso, las notificaciones personales seguirán haciéndose en el que aparezca de autos, a menos que no exista o esté desocupado el local, pues en este supuesto las notificaciones surtirán efecto por medio de cédula fijada en la secretaría del propio tribunal." "ARTÍCULO 67.- Los emplazamientos deberán hacerse conforme a las siguientes reglas: I.- Si se tratare de persona física, directamente a ésta, a menos que carezca de capacidad procesal, pues en tal caso se hará a su representante legal. Sólo se autoriza el emplazamiento por medio de apoderado cuando éste radique dentro de la jurisdicción del tribunal y la persona emplazada viva fuera de ese lugar o se ignore su paradero, o si el apoderado vive fuera de la jurisdicción, pero dentro de la República y la persona por emplazarse en el extranjero no tiene domicilio conocido o se ignora su paradero. En este caso se requiere que el apoderado tenga poder general o especial bastante para contestar la demanda y para la defensa en juicio del emplazamiento, debiéndose observar lo dispuesto por el artículo 52. El apoderado sólo puede negarse a intervenir si demuestra que no aceptó o renunció a la representación; II.- (.) III.- El emplazamiento deberá hacerse en el domicilio que señale la parte que lo pide, y será precisamente el lugar en que habita la que deberá ser emplazada, si es persona física, y si jurídica, en el domicilio social, en sus oficinas o principal establecimiento de sus negocios, salvo que se trate de sucursales con representante facultado para comparecer en juicio, si se trata de negocios realizados por, o con intervención de ellas. El notificador deberá cerciorarse de que el señalamiento reúne estas circunstancias antes de hacerlo, pudiendo ser autorizado para notificarlo personalmente en el lugar donde habitualmente trabaje o en cualquier lugar en que se encuentre la persona física o representante emplazado dentro de la jurisdicción; pero en este caso, deberá entenderse directamente con la persona de que se trate, y el notificador hará constar específicamente, en la diligencia, los medios de que se valió para identificarla, comprobar su personalidad en caso de representación y demás particulares; IV.- El emplazamiento se entenderá directamente con el interesado si estuviere presente, entregándosele copia de la demanda y demás documentos y del auto o proveído que deba notificarse. Si la persona a quien se hace el emplazamiento no fuere encontrada en su domicilio se le dejará citatorio para hora fija, dentro de las horas hábiles del día siguiente. En caso de que no espere, se le hará notificación por cédula. La cédula en estos casos se entregará a los parientes o domésticos del interesado, o a cualquier otra persona adulta que viva en la casa, después de que el notificador se haya cerciorado de que allí tiene su domicilio la persona que debe ser citada, de todo lo cual asentará razón en la diligencia. Tratándose de arrendamiento o desahucio de vivienda o departamento, la cédula no podrá dejarse con personas que dependan del propietario. La cédula contendrá mención del juicio de que se trate y la inserción del auto o proveído que deba notificarse, y se entregará junto con las copias del traslado. La persona que la recoja deberá firmar por su recibo, y si se rehusare, se pondrá razón en la diligencia, debiendo expresarse el nombre de ella o la manifestación de que se negó a darlo. Sólo podrá hacerse el emplazamiento por cédula cuando se realice en el domicilio del emplazado y éste no esté presente; en los demás casos deberá hacerse personal y directamente;." (Énfasis añadido) Como se observa, los referidos artículos reglamentan la forma y lugar en que se deben realizar los emplazamientos a los demandados. Aspectos que el Actuario judicial de instancia inobservó al realizar la diligencia de emplazamiento de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, en virtud de que hizo constar que en el domicilio en donde dice se constituyó, fue atendido por una persona que dijo ser familiar de María Eugenia Colin Franco sin especificar el grado de parentesco y que no se identifica por no portar en mano, destacando que en cumplimiento al acuerdo de tres de septiembre de dos mil diecinueve, le corre traslado con "las copias simples de la demanda, debidamente selladas y rubricadas por el Secretario de Acuerdos del Juzgado antes mencionado y anexos, así como también en este mismo acto le hago entrega de la Cedula Hipotecaria correspondiente, por lo que en razón a ello le corro traslado, emplazándola para que dentro del término de diez días comparezca ante el Tribunal referido con antelación a producir su contestación si a sus intereses conviniere, haciéndole del conocimiento a la parte demandada que se le concede el término de tres días a fin de que acuda ante el Juzgado ordenado de la presente diligencia a manifestar si es su deseo o no aceptar el cargo de Depositario Judicial., refiriendo la persona que me atiende, quedar enterado, recibe de plena conformidad la Cedula de Notificación correspondiente y demás documentos, sin firmar la multicitada Cedula ni ningún otro documento por considerarlo no necesario." (foja 48 frente del legajo de prueba). De ello, claramente se advierte que el fedatario omitió indicar, describir o establecer cuáles son los anexos documentales con los que corrió traslado, ya que la finalidad legal y constitucional del emplazamiento no es la de proporcionar al demandado cualquier información o información incompleta respecto al juicio instaurado en su contra por la actora, sino que tal finalidad consiste en que el emplazado tenga conocimiento cierto y completo, no únicamente de las prestaciones que se le reclaman, sino de los documentos en los cuales la accionante sustenta su acción, a fin de estar en posibilidad de ejercer plenamente su derecho a la defensa mediante actos jurídicos como contestar la demanda, oponer todas las excepciones que considere pertinentes y, en su caso, aportar las pruebas que considere necesarias para su defensa. Al respecto cobra aplicación la jurisprudencia 1a./J. 39/2020 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 204, Libro 78, Septiembre de 2020, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época (registro 2022118), que señala: "EMPLAZAMIENTO. DEBE CONSIDERARSE VÁLIDO SÓLO CUANDO AL REALIZAR LA CERTIFICACIÓN RELATIVA, EL NOTIFICADOR DESCRIBE CUÁLES SON LAS COPIAS DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTARON A LA DEMANDA CON LAS QUE CORRE TRASLADO.- Hechos: Los órganos colegiados contendientes analizaron si como requisito de validez del emplazamiento, el actuario o notificador debe describir cuáles son las copias de los documentos que se adjuntaron a la demanda con las que corre traslado. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación arriba a la convicción de que si la ley procesal respectiva establece como formalidad del emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta, tal enunciado normativo debe interpretarse de conformidad con el artículo 14 constitucional, a fin de concluir que el emplazamiento debe considerarse válido sólo cuando al realizar la certificación en el acta relativa, el actuario o notificador indica, describe o establece cuáles son los anexos documentales con los que corrió traslado. Justificación: La importancia y trascendencia del emplazamiento han sido reiteradamente reconocidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señalando que la falta de emplazamiento o su defectuosa práctica constituyen la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del procedimiento. En ese sentido, los preceptos que establecen las formalidades del emplazamiento a un procedimiento jurisdiccional deben interpretarse de conformidad con las normas constitucionales que reconocen el derecho de audiencia, al debido proceso y de certeza jurídica. Esto último se traduce en que para considerar que el emplazamiento a juicio cumple con su finalidad constitucional de garantizar al demandado el pleno ejercicio a la defensa, la información que a través de él se proporcione al enjuiciado debe otorgar la suficiente certeza jurídica respecto a la fidelidad de los términos en los que el accionante formuló su demanda y de los documentos que adjuntó a ésta. Dicho de otro modo, la finalidad legal y constitucional del emplazamiento no es la de proporcionar al demandado cualquier información o información incompleta respecto al juicio instaurado en su contra por la actora, sino que tal finalidad consiste en que el emplazado tenga conocimiento cierto y completo, no únicamente de las prestaciones que se le reclaman, sino de los documentos en los cuales la accionante sustenta su acción, a fin de estar en posibilidad de ejercer plenamente su derecho a la defensa mediante actos jurídicos como contestar la demanda, oponer todas las excepciones que considere pertinentes y, en su caso, aportar las pruebas que considere necesarias para su defensa. Bajo esta lógica, si la ley procesal respectiva establece como formalidad del emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta, tal enunciado normativo debe interpretarse de conformidad con el artículo 14 constitucional a fin de concluir que el emplazamiento debe considerarse válido sólo cuando al realizar la certificación relativa, el actuario o notificador indica, describe o establece cuáles son esos documentos que se adjuntaron y con cuyas copias corrió traslado. Tal formalidad en el emplazamiento no constituye un requisito irrazonable o difícil de cumplir por parte del actuario o notificador, pues éste sólo debe identificar en el acta de emplazamiento cuáles son, en cada caso, los anexos con cuyas copias corre traslado." Cabe señalar, que el emplazamiento es la actuación más importante en cualquier procedimiento judicial, ya que mediante éste se constituye la relación jurídica procesal entre las partes, con la que se impone a la demandada la carga de contestar la demanda y a su vez la oportunidad para preparar su defensa; es decir, es el acto mediante el cual se producen todas las consecuencias jurídicas del llamamiento a juicio. De ahí la gran trascendencia de que se cumplan estrictamente los requisitos de legalidad en cuanto a la forma de realizarlo de tal suerte que ante cualquier vicio, ello lo invalida en forma total y amerita que sea reparado mediante la concesión del amparo, precisamente para que la parte demandada no quede en estado de indefensión. En ese sentido, se cita la jurisprudencia 1a./J. 74/99 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Noviembre de 1999, visible en la página 209 (registro 192969), cuyo rubro y texto señalan: "EMPLAZAMIENTO. LA INOBSERVANCIA DE LAS FORMALIDADES A QUE SE ENCUENTRA SUJETO, PRODUCE SU NULIDAD TOTAL.- El emplazamiento entraña una formalidad esencial de los juicios que salvaguarda, con la audiencia de las partes, la garantía del artículo 14 constitucional; por tanto, tratándose de un acto formal, debe cumplirse estrictamente con los requisitos establecidos por la ley de la materia, por consiguiente, en el caso de que se trate de varios demandados con un mismo domicilio y la diligencia se efectúa por separado con cada uno de ellos y se elaboran actas distintas o por separado, si en éstas se advierte que tal citación se practicó a la misma hora y el mismo día, es ilegal dado que se trata de un vicio en dicho emplazamiento considerándose como la violación procesal de mayor magnitud que transgrede la garantía de audiencia, independientemente de la fe pública de que goza el actuario, diligenciario o notificador que llevó a cabo dicha diligencia, ya que la fe pública del funcionario que la practicó no desvanece el vicio que contiene ese acto procedimental." (Énfasis añadido). QUINTO. Efectos del fallo protector. En consecuencia, debe concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que el Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado, con asiento en esta ciudad, deje insubsistente todo lo actuado en el expediente 620/2019, a partir de la diligencia controvertida, incluyendo la misma, así como los actos jurisdiccionales posteriores, y se reponga el procedimiento a fin de que la quejosa sea llamada a juicio conforme a los numerales 66 y 67 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas. La aplicación de las jurisprudencias emitidas con apoyo en la legislación anterior al dos de abril de dos mil trece, invocadas en esta ejecutoria son vigentes, de conformidad con el artículo sexto transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril citado, que abroga la anterior Ley de Amparo, por no oponerse a la vigente. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 1°, fracción I, 73, 74, 75, 76, 77, fracción I, y 124 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a María Eugenia Colin Franco, en el juicio de amparo 1617/2022-3, respecto de los actos y autoridades señalados en el resultando primero, por los motivos y para los efectos precisados en los considerandos cuarto y quinto de esta resolución.Notifíquese. Así lo resolvió y firma Lilia Inés Beltrán Quiñones, Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, en funciones de Jueza, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio SEPLE./GEN./001/4194/2022, en sesión de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, con apoyo en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante Rodolfo de León Sánchez, Secretario que autoriza y da fe.

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