Maria Eugenia Casas Azcarraga

Expediente 2652/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 13 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
2652/2016
Año
2016
Actuaciones
13
Última actuación
25/04/2018

Partes del expediente

  • Maria Eugenia Casas Azcarraga

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Ciudad de México, veinticinco de abril de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el escrito signado por el representante legal de la parte quejosa en el juicio 2922/2016 acumulado al en que se actúa, a través del cual señala nuevo domicilio y designa autorizados; atento a su contenido, con fundamento en los artículos 12, segundo párrafo, última parte y 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y por autorizadas a las personas que indica para el mencionado efecto. Por lo que respecta a su solicitud de copias certificadas, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, expídanse las copias en los términos solicitados, previa toma de razón que por su recibo se deje en autos para constancia legal y por conducto de las personas autorizadas para tal efecto. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia P./J.37/2008, definida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Junio de 2008, página 5, de rubro y texto siguiente: "COPIAS CERTIFICADAS PARA LA SUSTANCIACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. ESTÁ PROHIBIDO EL COBRO DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN POR CONCEPTO DE SU EXPEDICIÓN. El derecho fundamental de tutela judicial efectiva contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos comprende, entre otros, los subprincipios de acceso a la tutela jurisdiccional y de la abolición de las costas judiciales y la gratuidad de la justicia, los cuales consisten en la obligación del Estado mexicano de garantizar que todas las personas que lo requieran puedan someter sus conflictos ante los tribunales en condiciones de equidad, y en que el gobernado no debe pagar por la administración de justicia, pues dicho servicio es gratuito. Ahora bien, los indicados principios cobran plena aplicación respecto de la expedición de copias certificadas a cargo de las autoridades, necesarias para la sustanciación del juicio de garantías, en razón de que el artículo 3o. de la Ley de Amparo establece una condición genérica de gratuidad, que no solamente implica la abolición de las costas, sino que se amplía como una prohibición del cobro por la expedición de las copias referidas, incluso por concepto de los materiales necesarios para su reproducción, a condición, desde luego, de que efectivamente sean trascendentes en el amparo respectivo; por tanto, la expedición de las indicadas copias certificadas por parte de las autoridades debe ser completamente gratuita." Finalmente, en cuanto a la devolución de documentos, dígasele que deberá estarse a lo acordado en proveído de seis de marzo de dos mil dieciocho; en el entendido de que los documentos acompañados a su demanda son copias certificadas y copias simples y no originales. Notifíquese.

  2. Principal

    EN DIECISÉIS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA QUE SE PUBLICA EN ESTE JUZGADO DE DISTRITO, EL AUTO DE DOCE DEL MES Y AÑO EN CURSO, QUE A LA LETRA DICE:"Ciudad de México, a doce de marzo de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos, así como la certificación que antecede y considerando que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia de catorce de febrero de dos mil dieciocho, dictada en este expediente; en consecuencia, con fundamento en lo establecido en los numerales 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la citada ley de conformidad con lo dispuesto en su artículo 2, se declara que dicha sentencia en la que se sobreseyó y negó el amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y toda vez que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido, previa verificación de la correcta integración electrónica con la totalidad de las constancias que integran el expediente judicial, consideradas como tales únicamente las promociones y actuaciones judiciales. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I. 1o.A.E.6 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, mayo 2014, Tomo III, página 1994, cuyo rubro y texto son: "EXPEDIENTE JUDICIAL. CONSTANCIAS QUE LO INTEGRAN. De la interpretación correlacionada de los artículos 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles; punto segundo, fracción XX, del Acuerdo General Conjunto Número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, y artículo 12, incisos d) y e), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de los órganos mencionados y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, el expediente judicial es el conjunto ordenado o recopilación de documentos en los que constan los actos procesales, es el legajo donde deben coleccionarse o compilarse promociones, documentos adjuntos -específicamente, los base de la acción-, tales como poderes y, de manera especial, acuerdos, actuaciones y resoluciones, en la medida que acreditan lo actuado por las partes y el tribunal, cuyo contenido se guarda como memoria o testimonio en el propio órgano. En otras palabras, es el registro histórico del proceso. Por otra parte, existen evidencias o pruebas que se presentan por las partes ante tribunales para apoyar o dar crédito a sus manifestaciones, elementos que temporalmente se relacionan o asocian con el expediente judicial y deben estar disponibles para consulta de juzgadores, secretarios, partes y auxiliares, como son los peritos o testigos, durante la secuela judicial. Algunas de las evidencias presentadas en autos, si es que resultan relevantes y esenciales para probar la decisión, pueden ser citadas o incluso guardarse testimonio de ellas, lo que acontece con ciertas copias, fotografías, esquemas u otros supuestos generados mediante alguna otra tecnología, que razonablemente puedan ser agregadas al expediente. Sin embargo, concluida la instancia y recursos, se devuelven a las partes o autoridades responsables las pruebas exhibidas, por lo que nunca llegan a convertirse en parte del expediente judicial. En este orden de ideas, las constancias que integran el expediente judicial son exclusivamente las promociones y actuaciones judiciales." Por otra parte, conforme al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos relativos a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diciembre de dos mil doce, se determina que este expediente es susceptible de depuración, conservándose la demanda y sentencias respectivas, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del mencionado Acuerdo General Conjunto, así como la resolución emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito en el amparo en revisión; y a juicio del suscrito, carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en el último párrafo del punto y Acuerdo General Conjunto invocados; en consecuencia, procédase a su cumplimiento, una vez que haya transcurrido el plazo de cinco años a que se refiere el punto Vigésimo Primero, párrafo primero, del referido acuerdo. Ahora bien, respecto a los cuadernos relativos al incidente de suspensión respectivo manténganse por cuerda separada en términos de lo establecido en el manual señalado en el párrafo que antecede; por lo que hace al duplicado, con fundamento en la fracción III, del punto vigésimo, del acuerdo aludido en el párrafo que antecede, una vez que haya transcurrido el término de seis meses a que se refiere dicha disposición, procédase a su destrucción, toda vez que existe el original. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, con fundamento en los puntos Segundo fracción XV y Vigésimo Primero fracción III, primer párrafo, del Acuerdo General Conjunto en cita, se determina que es susceptible de depuración, en virtud de que se concedió la medida cautelar, debiéndose conservar la determinación o determinaciones correspondientes. Ahora, no obstante que de la certificación secretarial de cuenta, se desprende que en el presente asunto no obran documentos originales exhibidos por las partes; sin embargo, toda vez que se exhibieron diversos documentos consistentes en impresiones y/o copias certificadas y/o simples, hágase del conocimiento de la parte quejosa que deberá acudir al local que ocupa este Juzgado Federal con identificación oficial vigente dentro del plazo de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a recogerlos, en el entendido de que de no hacerlo, serán destruidos junto con el sumario en que se actúa. Finalmente, atento lo ordenado en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del referido acuerdo, háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente de que se trate. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.", DICTADO EN EL JUCIO DE AMPARO 237/2014, A LA PARTE QUEJOSA EN EL JUICIO EN QUE SE ACTÚA. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Ciudad de México, nueve de marzo de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el escrito signado por la autorizada de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la materia; en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 82, 83, 86, 87, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa interponiendo recurso de revisión en contra la sentencia de amparo dictada en este asunto, distribúyase entre las partes copia del escrito de expresión de agravios y una vez que se encuentre debidamente integrado el expediente, dentro del plazo de tres días, sin ulterior acuerdo, en términos del artículo 2 del Acuerdo General 4/2017 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de mayo de dos mil diecisiete y de lo comunicado mediante el oficio SECNO/1000/2017, de quince de mayo de dos mil diecisiete, por el cual el Secretario Ejecutivo de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, da respuesta a la consulta formulada por este órgano jurisdiccional en relación con el Acuerdo General señalado, remítase el cuaderno principal del juicio de amparo que nos ocupa, el original del escrito de expresión de agravios y una copia para el Agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción, para la sustanciación del referido medio de impugnación, a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados de Circuito que corresponda, para que se envíe al Tribunal Colegiado de turno que ataña por competencia, según la distribución equitativa. Por otra parte, con copia del escrito de expresión de agravios y esta determinación judicial, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, sin que sea necesario agregar en este momento alguna otra constancia a dicho cuaderno, toda vez que se cuenta con el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0), en el que se obra debidamente digitalizado este expediente. Ahora bien, respecto a su designación de personas autorizadas, dígase a la promovente que no es procedente tener por hecha la designación que pretende a las personas que señala, ya que el artículo 12 de la Ley de Amparo, dispone que únicamente la parte quejosa y el tercero interesado pueden nombrar autorizados, quienes quedan facultados para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrán sustituir o delegar dichas facultades en un tercero, de ahí, se advierte que dicho artículo niega la posibilidad de que el autorizado pueda, a su vez, designar a otros, con el mismo carácter. Es aplicable a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Apéndice 1917-1995, Tomo VI, Segunda Parte, tesis 663, página 445, que a la letra dice: "AUTORIZADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. LEGITIMACION DEL. EN LAS MATERIAS CIVIL. MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA. DEBE ACREDITARSE SU CARÁCTER DE PROFESIONISTA Y PROPORCIONARSE LOS DATOS CORRESPONDIENTES EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGUE TAL AUTORIZACION. En el segundo párrafo del artículo 27 de la Ley de Amparo, se establecen dos hipótesis que prevén las facultades de quienes fungen en el juicio de garantías como autorizados. En el primer supuesto, como regla general el quejoso y el tercero perjudicado podrán autorizar a cualquier persona con capacidad legal, la que quedará facultada para oír notificaciones en nombre del autorizante, para interponer los recursos que procedan conforme a derecho, ofrecer y rendir medios probatorios, formular alegatos, solicitar la suspensión diferimiento de las audiencias, impulsar el procedimiento a efecto de impedir la consumación del término de la caducidad de la instancia o el sobreseimiento por inactividad procesal y realizar todo acto tendiente a la defensa de los intereses de quien le otorga autorización; encontrándose impedidos únicamente a sustituir o delegar sus facultades a un tercero; en el segundo supuesto, como regla de excepción que rige en las materias civil, mercantil o administrativa, el propuesto con tal fin deberá acreditar que se encuentra legalmente autorizado para ejercer la profesión de abogado y deberán proporcionarse los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue la autorización, ello como condición legal para que pueda gozar de las facultades enumeradas en la primera parte del precepto en comento, a menos de que el quejoso o el tercero perjudicado sólo hagan la designación de una persona con capacidad legal y para el único efecto de que escuche notificaciones y se imponga de los autos, sin gozar por ende de las facultades amplias que se mencionan al inicio del párrafo de mérito. En suma, a efecto de que la autorización que se otorgue por parte del quejoso o del tercero perjudicado en un juicio del orden civil, mercantil o administrativo, adquiera validez legal, es indispensable que el autorizado se encuentre legalmente facultado para ejercer la profesión de abogado y que esa circunstancia se acredite. Por lo tanto, si quien interpone un recurso como autorizado del quejoso o del tercero perjudicado no acreditó durante el juicio de garantías estar facultado para ejercer la profesión de abogado, ni se proporcionan los datos correspondientes, debe estimarse que no se cumplen con los requisitos que establece el artículo 27 de la Ley de Amparo y, por ende, carece de legitimación para interponer dicho recurso. Notifíquese.

  4. Principal

    Ciudad de México, seis de marzo de dos mil dieciocho . Visto el estado procesal que guardan los autos, así como la certificación que antecede y considerando que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha la parte quejosa se haya inconformado con lo proveído en auto de siete de febrero de dos mil dieciocho, en el que se determinó que no existía materia para el cumplimiento; en consecuencia, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y toda vez que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido, previa verificación de la correcta integración electrónica con la totalidad de las constancias que integran el expediente judicial, consideradas como tales únicamente las promociones y actuaciones judiciales. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I. 1o.A.E.6 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, mayo 2014, Tomo III, página 1994, cuyo rubro y texto son: "EXPEDIENTE JUDICIAL. CONSTANCIAS QUE LO INTEGRAN. De la interpretación correlacionada de los artículos 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles; punto segundo, fracción XX, del Acuerdo General Conjunto Número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, y artículo 12, incisos d) y e), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de los órganos mencionados y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, el expediente judicial es el conjunto ordenado o recopilación de documentos en los que constan los actos procesales, es el legajo donde deben coleccionarse o compilarse promociones, documentos adjuntos -específicamente, los base de la acción-, tales como poderes y, de manera especial, acuerdos, actuaciones y resoluciones, en la medida que acreditan lo actuado por las partes y el tribunal, cuyo contenido se guarda como memoria o testimonio en el propio órgano. En otras palabras, es el registro histórico del proceso. Por otra parte, existen evidencias o pruebas que se presentan por las partes ante tribunales para apoyar o dar crédito a sus manifestaciones, elementos que temporalmente se relacionan o asocian con el expediente judicial y deben estar disponibles para consulta de juzgadores, secretarios, partes y auxiliares, como son los peritos o testigos, durante la secuela judicial. Algunas de las evidencias presentadas en autos, si es que resultan relevantes y esenciales para probar la decisión, pueden ser citadas o incluso guardarse testimonio de ellas, lo que acontece con ciertas copias, fotografías, esquemas u otros supuestos generados mediante alguna otra tecnología, que razonablemente puedan ser agregadas al expediente. Sin embargo, concluida la instancia y recursos, se devuelven a las partes o autoridades responsables las pruebas exhibidas, por lo que nunca llegan a convertirse en parte del expediente judicial. En este orden de ideas, las constancias que integran el expediente judicial son exclusivamente las promociones y actuaciones judiciales." Por otra parte, conforme al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos relativos a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diciembre de dos mil doce, se determina que este expediente es susceptible de depuración, conservándose la demanda y sentencia respectivas, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del mencionado Acuerdo General Conjunto, pues se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó, negó y concedió la protección de la Justicia Federal, así como la resolución emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito en el amparo en revisión, y a juicio del suscrito, carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en el último párrafo del punto y Acuerdo General Conjunto invocados; en consecuencia, procédase a su cumplimiento, una vez que haya transcurrido el plazo de cinco años a que se refiere el punto Vigésimo Primero, párrafo primero, del referido acuerdo. Por lo que hace a los cuadernos relativos al incidente de suspensión, manténgase por separado en términos de lo señalado por el Manual referido en el párrafo que antecede; por lo que hace al duplicado, con fundamento en la fracción III, del punto vigésimo, del acuerdo aludido en el párrafo que precede, una vez que haya transcurrido el término de seis meses a que se refiere dicha disposición, procédase a su destrucción, toda vez que existe el original. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, con fundamento en los puntos Segundo, fracción XV y Vigésimo Primero, fracción III, párrafo primero, del Acuerdo General Conjunto en cita, se determina que es susceptible de depuración, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada. Ahora, no obstante que de la certificación secretarial de cuenta, se desprende que en el presente asunto no obran documentos originales exhibidos por las partes; sin embargo, toda vez que se exhibieron diversos documentos consistentes en impresiones y/o copias certificadas y/o simples, hágase del conocimiento de la parte quejosa que deberá acudir al local que ocupa este Juzgado Federal con identificación oficial vigente dentro del plazo de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a recogerlos, en el entendido de que de no hacerlo, serán destruidos junto con el sumario en que se actúa. Finalmente, atento lo ordenado en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del referido acuerdo, háganse las anotaciones respectivas en las carátulas de los expedientes de que se trata. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

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