María Eugenia Becerra Serrano

Expediente 943/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
943/2021
Año
2021
Actuaciones
11
Última actuación
16/03/2022

Partes del expediente

  • María Eugenia Becerra Serrano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Reanudación de plazos. En atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Causa ejecutoria. De la certificación de cuenta, se desprende que, a la fecha, no fue impugnada en legal término la sentencia que decretó el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada, hecho lo anterior, deberá ser entregado al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto es susceptible de destrucción. 3. Incidente de suspensión. Mediante resolución de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados. En consecuencia, de conformidad con el citado Acuerdo General, se considera que el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción y no es de relevancia documental. 3.1. Duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, por lo que con fundamento en la fracción III, del punto vigésimo del capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. 3.2. Constancia. Toda vez que no se agregarán a este expediente los cuadernos incidentales, la anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éstos, para los efectos legales procedentes. 4. Devolución de constancias. En virtud de que al informe justificado respectivo la autoridad responsable adjuntó el juicio 62/2017, en tres tomos, y ya que resulta innecesaria su retención, se ordena la devolución de esa documental a su lugar de origen, en el entendido de que como certeza de su recepción se tendrá el acuse que para tal efecto se obtenga.

  2. Principal

    S E N T E N C I A VISTO para resolver el juicio de amparo 943/2021 promovido por María Eugenia Becerra Serrano por propio derecho quien alega vulneración a los derechos humanos consignados en los artículos 1 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos atribuida al Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia Michoacán este órgano jurisdiccional ha decidido: SOBRESEER EN EL JUICIO DE AMPARO Al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES PRIMERA Precisión del acto reclamado1 La parte quejosa reclamó:  El auto de uno de julio de dos mil veintiuno en el que se le negó expedirle copia certificada de las actuaciones que integran el juicio sucesorio intestamentario 62/2017 SEGUNDA Competencia Este Juzgado de Distrito es competente resolver el presente juicio de amparo en términos de los artículos 103 fracción I 107 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 49 50 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación 33 fracción IV 35 y 37 de la Ley de Amparo en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal2 toda vez que el acto reclamado tiene ejecución dentro del territorio en el que este Juzgado ejerce jurisdicción y fue dictado por una autoridad que radica dentro del mismo TERCERA Certeza del acto reclamado La autoridad responsable al rendir su informe con justificación manifestó que era cierto el acto reclamado antes precisado dado que en proveído de uno de julio de dos mil veintiuno dictado dentro del juicio subyacente negó a la quejosa expedirle copia certificada de las constancias que integraban dicha contienda Lo que además se corrobora con las constancias remitidas por la citada responsable consistentes en el expediente original de donde emana el acto reclamado en el que consta el proveído combatido por la vía constitucional Documental a la que se otorga valor probatorio pleno por tratarse de instrumento público lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo toda vez que fue expedida por un servidor público en el ejercicio de sus funciones al respecto cobra aplicación la jurisprudencia3 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y por consiguiente hacen prueba plena " CUARTA Improcedencia La procedencia del juicio de amparo constituye un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador aun de oficio antes de examinar las cuestiones de fondo de la litis constitucional lo aleguen o no las partes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia número 158 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación localizable en la página 262 parte VIII Quinta época materia común Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente al año 11985 que dice: "IMPROCEDENCIA Sea que las partes la aleguen o no debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías" También la jurisprudencia número 814 del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito localizable en la página 553 tomo VI Octava época materia común Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995 que expresa: "IMPROCEDENCIA CAUSALES DE EN EL JUICIO DE AMPARO Las causales de improcedencia del juicio de amparo por ser de orden público deben estudiarse previamente lo aleguen o no las partes cualquiera que sea la instancia " Al igual que la jurisprudencia número 228 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 186 tomo VI Séptima época materia común Apéndice 1917-2000 del Semanario Judicial de la Federación que señala: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo analizar las causas de improcedencia pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales" En el caso se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo como se expondrá a continuación En efecto el dispositivo legal antes invocado establece lo siguiente: "Artículo 61 El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII Contra las resoluciones de tribunales judiciales administrativos o del trabajo respecto de los cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual pueden ser modificadas revocadas o nulificadas (.)" Conforme al precepto transcrito el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser modificadas revocadas o nulificadas Cabe ponderar que dicha disposición legal consagra el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo en virtud del cual es obligación del gobernado interponer en contra de las resoluciones judiciales que estima lesivas de sus derechos los recursos establecidos en las leyes ordinarias antes de acudir a un medio de defensa extraordinario como es el juicio de garantías Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número I 6o C J/37 cuyo rubro y texto son: "AMPARO PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL - La procedencia del juicio constitucional está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal éste debe ser agotado sin distinción alguna por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio o en su defecto le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo por el hecho de que la ley del acto así lo contemple sino obligatorio en virtud de que el artículo 73 fracción XIII de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos como requisito indispensable para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías "4 En efecto por lo que corresponde al acto que se reclama en el presente juicio relativo a la negativa de expedirle a la quejosa copia certificada de las actuaciones que integran el juicio sucesorio intestamentario 62/2017 contenida en el proveído de uno de julio de dos mil veintiuno se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo que -como ya se dijo- establece que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales administrativos o del trabajo respecto de los cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual pueden ser modificadas revocadas o nulificadas ello en virtud de que contra el auto reclamado era procedente el recurso de revocación como se expondrá a continuación En principio es necesario precisar que conforme al proveído de tres de abril de dos mil diecisiete dictado en el juicio subyacente la ahora quejosa María Eugenia Becerra Serrano tiene el carácter de universal heredera de María Esther Serrano Sánchez y con él compareció mediante escrito de veintinueve de junio de dos mil veintiuno a solicitar copias certificadas de las actuaciones que integran el juicio sucesorio testamentario de origen También se acota que el numeral 68 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán dispone que para sacar copia o testimonio de cualquier documento que exista en los archivos protocolos o expedientes se requiere decreto judicial que se dictará a petición de parte legítima; y si se trata de copia simple se expedirá sin requisito alguno por el secretario respectivo esto es que sólo la parte legítima puede obtener copias de las actuaciones que obren en el juicio en que actúa Y al respecto se transcribe dicho numeral en cita el que a la letra dice: "Artículo 68 Para sacar copia o testimonio de cualquier documento que exista en los archivos protocolos o expedientes se requiere decreto judicial que se dictará a petición de parte legítima; y si se trata de copia simple se expedirá sin requisito alguno por el secretario respectivo" De igual forma se precisa que los autos son apelables cuando así lo disponga la ley siempre y cuando también lo fuera la sentencia definitiva como así lo advierte el artículo 691 del Código de Procedimientos Civiles del Estado que a la letra dispone: "Artículo 691 Los autos son apelables cuando lo dispone la ley si además lo fuere la sentencia definitiva en el juicio en que se dicten La apelación será admisible sólo en el efecto devolutivo salvo en aquellos casos en que se disponga expresamente otra cosa" Y conforme al diverso precepto legal 676 del aludido compendio legal los autos que no son apelables pueden ser revocables por el juez que los dictó numeral que literalmente dice: "Artículo 676 Los autos que no fueren apelables pueden ser revocados por el Juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio; pero sólo a instancia de parte" Del precepto transcrito se observa que en materia civil los autos que no son apelables pueden ser revocados por el mismo juez o tribunal que los haya pronunciado5 Ahora dado que la hipótesis antes señalada permite la procedencia del recurso de revocación contra autos siempre y cuando éstos no sean apelables es importante verificar si conforme a la legislación aplicable contra el acto reclamado procede el recurso de apelación En ese tenor el artículo 68 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán no dispone expresamente que en contra del auto que dirime la petición de copias certificadas sea procedente el recurso de apelación Luego si el diverso precepto legal 691 del ordenamiento en cita advierte que solo son apelables los autos cuando así lo dispone la ley Y que los autos que no son apelables son revocables conforme lo dispuesto por el ordinal 676 del compendio legal en alusión Al no existir disposición de la ley adjetiva de la materia que indique que el proveído que resuelve la petición de copias certificadas hecha por una de las partes en el juicio sea apelable resulta entonces que dicho auto es revocable esto es que puede ser impugnado a través del recurso de revocación En esa tesitura si el acto reclamado antes descrito tenía reparación mediante el recurso de revocación y éste no se agotó antes de acudir al juicio de amparo debe estimarse que el promovente de amparo incumplió con el principio de definitividad rector del proceso constitucional el cual consiste en la obligación de la parte quejosa de intentar los medios de defensa que la ley le permite para combatir las resoluciones que le causan perjuicio Así las cosas antes de acudir al amparo la parte quejosa tenía que agotar el recurso de revocación previsto en el artículo 676 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán conforme al cual puede lograr que se modifique revoque o anule el auto reclamado Es decir si el auto emitido por la autoridad responsable es legalmente recurrible pero el promovente no agotó el medio de defensa previsto en la ley esa circunstancia por sí misma evidencia la violación a uno de los principios rectores del juicio de amparo: la definitividad En tales condiciones toda vez que la ley ordinaria concede vía para inconformarse respecto del acto reclamado consistente en el auto de uno de julio de dos mil veintiuno en el que se negó expedirle a la quejosa copia certificada de las actuaciones que integran el juicio sucesorio testamentario 62/2017 en el que actuó como parte al caso como heredera lo conducente es sobreseer en el juicio Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del Tribunal Colegiado del Octavo Circuito publicada en la página 678 Tomo VI del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995 de rubro y texto: "RECURSOS ORDINARIOS QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados el recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados revocados o nulificados dichos actos y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73 fracción XIII de la Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos " Así como la jurisprudencia número I 6o C J/37 cuyo rubro y texto son: "AMPARO PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL La procedencia del juicio constitucional está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal éste debe ser agotado sin distinción alguna por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio o en su defecto le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo por el hecho de que la ley del acto así lo contemple sino obligatorio en virtud de que el artículo 73 fracción XIII de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos como requisito indispensable para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías "6 No es inadvertido para este juzgador el hecho de que el principio de definitividad establezca excepciones es decir dicho principio no es aplicable en todos los casos pues el artículo 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo prevé diversos supuestos de excepción a saber: "[.] a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida ataques a la libertad personal fuera de procedimiento incomunicación deportación o expulsión proscripción o destierro extradición desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como la incorporación forzosa al Ejército Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión autos de vinculación a proceso resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; Sin embargo en el caso que nos ocupa no se actualizan las excepciones establecidas en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo Esto se explica toda vez que en el presente asunto no se reclaman actos que importan peligro de privación de la vida ataques a la libertad personal fuera de procedimiento incomunicación deportación o expulsión proscripción o destierro extradición desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como la incorporación forzosa al Ejército Armada o Fuerza Aérea nacionales7 De igual modo el acto reclamado tampoco emerge de la materia penal en la que reclame una orden de aprehensión o reaprehensión un auto de vinculación a proceso resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso8 Asimismo tampoco puede considerarse que la parte quejosa María Eugenia Becerra Serrano tenga la calidad de persona extraña al procedimiento de donde emerge el acto reclamado a saber el juicio sucesorio testamentario 62/2017 Ello toda vez que la quejosa tiene la calidad de heredera universal es decir de parte en el juicio en el cual actuó y tuvo conocimiento de su existencia según se advierte de las constancias que integran el juicio subyacente Por tales razones la quejosa tenía el deber procesal de agotar los medios de defensa ordinarios antes de acudir al juicio de derechos humanos Sustenta lo anterior la jurisprudencia9 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN De acuerdo con el artículo 107 fracción III inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso por la afectación que implica a un derecho sustantivo la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses Por su parte la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado Por lo tanto en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo" Finalmente tampoco se actualiza la hipótesis de excepción al principio de definitividad establecida en el último párrafo de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo a saber que el recurso o medio de defensa se sujete a una interpretación adicional o su fundamentación legal sea insuficiente para determinarla Ya que en el presente caso el artículo 676 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán no se trata de un precepto legal que se encuentre sujeto a una interpretación adicional para establecer cuál es el medio idóneo para combatir los acuerdos dictados en el trámite de un juicio sucesorio testamentario: "Artículo 676 Los autos que no fueren apelables pueden ser revocados por el Juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio; pero sólo a instancia de parte" Pues la simple lectura de dicho precepto permite advertir con claridad que el recurso de revocación constituye un medio de defensa procedente contra todos aquellos autos que no resulten apelables Lo que supone únicamente verificar que el auto que se estima lesivo a los intereses del quejoso no encuadre en alguna de las determinaciones que resulten apelables en términos de los artículos 68 y 691 del aludido ordenamiento legal cuestión que en modo alguno implica realizar una interpretación adicional al precepto normativo para establecer que dicho recurso -revocación- es el idóneo para combatir una determinación dictada en el trámite de un juicio sucesorio testamentario relativa a la solicitud de copias certificadas hecha por una de las partes Por tal motivo con fundamento en el artículo 63 fracción V de la Ley de Amparo en relación con la fracción XVIII del artículo 61 del mismo ordenamiento legal se sobresee en el presente juicio de amparo por lo que ve al acto reclamado consistente en el auto de uno de julio de dos mil veintiuno en el que se le negó a la parte quejosa expedirle copia certificada de las actuaciones que integran el juicio sucesorio testamentario 62/2017 Por lo expuesto y fundado con apoyo además en lo dispuesto por los artículos 61 63 75 76 77 fracción I 78 217 y sexto transitorio de la Ley de Amparo se RESUELVE ÚNICO Se sobresee en el juicio de amparo promovido por María Eugenia Becerra Serrano respecto de la negativa que demandó del Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia Michoacán por las razones señaladas en el considerando cuarto de esta resolución

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERA INTERESADA ALEJANDRO BECERRA SERRANO, LA SIGUIENTE SENTENCIA; S E N T E N C I A VISTO para resolver el juicio de amparo 943/2021 promovido por María Eugenia Becerra Serrano por propio derecho quien alega vulneración a los derechos humanos consignados en los artículos 1 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos atribuida al Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia Michoacán este órgano jurisdiccional ha decidido: SOBRESEER EN EL JUICIO DE AMPARO Al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES PRIMERA Precisión del acto reclamado1 La parte quejosa reclamó:  El auto de uno de julio de dos mil veintiuno en el que se le negó expedirle copia certificada de las actuaciones que integran el juicio sucesorio intestamentario 62/2017 SEGUNDA Competencia Este Juzgado de Distrito es competente resolver el presente juicio de amparo en términos de los artículos 103 fracción I 107 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 49 50 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación 33 fracción IV 35 y 37 de la Ley de Amparo en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal2 toda vez que el acto reclamado tiene ejecución dentro del territorio en el que este Juzgado ejerce jurisdicción y fue dictado por una autoridad que radica dentro del mismo TERCERA Certeza del acto reclamado La autoridad responsable al rendir su informe con justificación manifestó que era cierto el acto reclamado antes precisado dado que en proveído de uno de julio de dos mil veintiuno dictado dentro del juicio subyacente negó a la quejosa expedirle copia certificada de las constancias que integraban dicha contienda Lo que además se corrobora con las constancias remitidas por la citada responsable consistentes en el expediente original de donde emana el acto reclamado en el que consta el proveído combatido por la vía constitucional Documental a la que se otorga valor probatorio pleno por tratarse de instrumento público lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo toda vez que fue expedida por un servidor público en el ejercicio de sus funciones al respecto cobra aplicación la jurisprudencia3 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y por consiguiente hacen prueba plena " CUARTA Improcedencia La procedencia del juicio de amparo constituye un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador aun de oficio antes de examinar las cuestiones de fondo de la litis constitucional lo aleguen o no las partes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia número 158 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación localizable en la página 262 parte VIII Quinta época materia común Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente al año 11985 que dice: "IMPROCEDENCIA Sea que las partes la aleguen o no debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías" También la jurisprudencia número 814 del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito localizable en la página 553 tomo VI Octava época materia común Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995 que expresa: "IMPROCEDENCIA CAUSALES DE EN EL JUICIO DE AMPARO Las causales de improcedencia del juicio de amparo por ser de orden público deben estudiarse previamente lo aleguen o no las partes cualquiera que sea la instancia " Al igual que la jurisprudencia número 228 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 186 tomo VI Séptima época materia común Apéndice 1917-2000 del Semanario Judicial de la Federación que señala: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo analizar las causas de improcedencia pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales" En el caso se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo como se expondrá a continuación En efecto el dispositivo legal antes invocado establece lo siguiente: "Artículo 61 El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII Contra las resoluciones de tribunales judiciales administrativos o del trabajo respecto de los cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual pueden ser modificadas revocadas o nulificadas (.)" Conforme al precepto transcrito el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser modificadas revocadas o nulificadas Cabe ponderar que dicha disposición legal consagra el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo en virtud del cual es obligación del gobernado interponer en contra de las resoluciones judiciales que estima lesivas de sus derechos los recursos establecidos en las leyes ordinarias antes de acudir a un medio de defensa extraordinario como es el juicio de garantías Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número I 6o C J/37 cuyo rubro y texto son: "AMPARO PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL - La procedencia del juicio constitucional está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal éste debe ser agotado sin distinción alguna por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio o en su defecto le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo por el hecho de que la ley del acto así lo contemple sino obligatorio en virtud de que el artículo 73 fracción XIII de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos como requisito indispensable para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías "4 En efecto por lo que corresponde al acto que se reclama en el presente juicio relativo a la negativa de expedirle a la quejosa copia certificada de las actuaciones que integran el juicio sucesorio intestamentario 62/2017 contenida en el proveído de uno de julio de dos mil veintiuno se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo que -como ya se dijo- establece que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales administrativos o del trabajo respecto de los cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual pueden ser modificadas revocadas o nulificadas ello en virtud de que contra el auto reclamado era procedente el recurso de revocación como se expondrá a continuación En principio es necesario precisar que conforme al proveído de tres de abril de dos mil diecisiete dictado en el juicio subyacente la ahora quejosa María Eugenia Becerra Serrano tiene el carácter de universal heredera de María Esther Serrano Sánchez y con él compareció mediante escrito de veintinueve de junio de dos mil veintiuno a solicitar copias certificadas de las actuaciones que integran el juicio sucesorio testamentario de origen También se acota que el numeral 68 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán dispone que para sacar copia o testimonio de cualquier documento que exista en los archivos protocolos o expedientes se requiere decreto judicial que se dictará a petición de parte legítima; y si se trata de copia simple se expedirá sin requisito alguno por el secretario respectivo esto es que sólo la parte legítima puede obtener copias de las actuaciones que obren en el juicio en que actúa Y al respecto se transcribe dicho numeral en cita el que a la letra dice: "Artículo 68 Para sacar copia o testimonio de cualquier documento que exista en los archivos protocolos o expedientes se requiere decreto judicial que se dictará a petición de parte legítima; y si se trata de copia simple se expedirá sin requisito alguno por el secretario respectivo" De igual forma se precisa que los autos son apelables cuando así lo disponga la ley siempre y cuando también lo fuera la sentencia definitiva como así lo advierte el artículo 691 del Código de Procedimientos Civiles del Estado que a la letra dispone: "Artículo 691 Los autos son apelables cuando lo dispone la ley si además lo fuere la sentencia definitiva en el juicio en que se dicten La apelación será admisible sólo en el efecto devolutivo salvo en aquellos casos en que se disponga expresamente otra cosa" Y conforme al diverso precepto legal 676 del aludido compendio legal los autos que no son apelables pueden ser revocables por el juez que los dictó numeral que literalmente dice: "Artículo 676 Los autos que no fueren apelables pueden ser revocados por el Juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio; pero sólo a instancia de parte" Del precepto transcrito se observa que en materia civil los autos que no son apelables pueden ser revocados por el mismo juez o tribunal que los haya pronunciado5 Ahora dado que la hipótesis antes señalada permite la procedencia del recurso de revocación contra autos siempre y cuando éstos no sean apelables es importante verificar si conforme a la legislación aplicable contra el acto reclamado procede el recurso de apelación En ese tenor el artículo 68 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán no dispone expresamente que en contra del auto que dirime la petición de copias certificadas sea procedente el recurso de apelación Luego si el diverso precepto legal 691 del ordenamiento en cita advierte que solo son apelables los autos cuando así lo dispone la ley Y que los autos que no son apelables son revocables conforme lo dispuesto por el ordinal 676 del compendio legal en alusión Al no existir disposición de la ley adjetiva de la materia que indique que el proveído que resuelve la petición de copias certificadas hecha por una de las partes en el juicio sea apelable resulta entonces que dicho auto es revocable esto es que puede ser impugnado a través del recurso de revocación En esa tesitura si el acto reclamado antes descrito tenía reparación mediante el recurso de revocación y éste no se agotó antes de acudir al juicio de amparo debe estimarse que el promovente de amparo incumplió con el principio de definitividad rector del proceso constitucional el cual consiste en la obligación de la parte quejosa de intentar los medios de defensa que la ley le permite para combatir las resoluciones que le causan perjuicio Así las cosas antes de acudir al amparo la parte quejosa tenía que agotar el recurso de revocación previsto en el artículo 676 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán conforme al cual puede lograr que se modifique revoque o anule el auto reclamado Es decir si el auto emitido por la autoridad responsable es legalmente recurrible pero el promovente no agotó el medio de defensa previsto en la ley esa circunstancia por sí misma evidencia la violación a uno de los principios rectores del juicio de amparo: la definitividad En tales condiciones toda vez que la ley ordinaria concede vía para inconformarse respecto del acto reclamado consistente en el auto de uno de julio de dos mil veintiuno en el que se negó expedirle a la quejosa copia certificada de las actuaciones que integran el juicio sucesorio testamentario 62/2017 en el que actuó como parte al caso como heredera lo conducente es sobreseer en el juicio Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del Tribunal Colegiado del Octavo Circuito publicada en la página 678 Tomo VI del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995 de rubro y texto: "RECURSOS ORDINARIOS QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados el recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados revocados o nulificados dichos actos y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73 fracción XIII de la Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos " Así como la jurisprudencia número I 6o C J/37 cuyo rubro y texto son: "AMPARO PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL La procedencia del juicio constitucional está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal éste debe ser agotado sin distinción alguna por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio o en su defecto le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo por el hecho de que la ley del acto así lo contemple sino obligatorio en virtud de que el artículo 73 fracción XIII de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos como requisito indispensable para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías "6 No es inadvertido para este juzgador el hecho de que el principio de definitividad establezca excepciones es decir dicho principio no es aplicable en todos los casos pues el artículo 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo prevé diversos supuestos de excepción a saber: "[.] a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida ataques a la libertad personal fuera de procedimiento incomunicación deportación o expulsión proscripción o destierro extradición desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como la incorporación forzosa al Ejército Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión autos de vinculación a proceso resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; Sin embargo en el caso que nos ocupa no se actualizan las excepciones establecidas en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo Esto se explica toda vez que en el presente asunto no se reclaman actos que importan peligro de privación de la vida ataques a la libertad personal fuera de procedimiento incomunicación deportación o expulsión proscripción o destierro extradición desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como la incorporación forzosa al Ejército Armada o Fuerza Aérea nacionales7 De igual modo el acto reclamado tampoco emerge de la materia penal en la que reclame una orden de aprehensión o reaprehensión un auto de vinculación a proceso resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso8 Asimismo tampoco puede considerarse que la parte quejosa María Eugenia Becerra Serrano tenga la calidad de persona extraña al procedimiento de donde emerge el acto reclamado a saber el juicio sucesorio testamentario 62/2017 Ello toda vez que la quejosa tiene la calidad de heredera universal es decir de parte en el juicio en el cual actuó y tuvo conocimiento de su existencia según se advierte de las constancias que integran el juicio subyacente Por tales razones la quejosa tenía el deber procesal de agotar los medios de defensa ordinarios antes de acudir al juicio de derechos humanos Sustenta lo anterior la jurisprudencia9 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN De acuerdo con el artículo 107 fracción III inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso por la afectación que implica a un derecho sustantivo la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses Por su parte la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado Por lo tanto en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo" Finalmente tampoco se actualiza la hipótesis de excepción al principio de definitividad establecida en el último párrafo de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo a saber que el recurso o medio de defensa se sujete a una interpretación adicional o su fundamentación legal sea insuficiente para determinarla Ya que en el presente caso el artículo 676 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán no se trata de un precepto legal que se encuentre sujeto a una interpretación adicional para establecer cuál es el medio idóneo para combatir los acuerdos dictados en el trámite de un juicio sucesorio testamentario: "Artículo 676 Los autos que no fueren apelables pueden ser revocados por el Juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio; pero sólo a instancia de parte" Pues la simple lectura de dicho precepto permite advertir con claridad que el recurso de revocación constituye un medio de defensa procedente contra todos aquellos autos que no resulten apelables Lo que supone únicamente verificar que el auto que se estima lesivo a los intereses del quejoso no encuadre en alguna de las determinaciones que resulten apelables en términos de los artículos 68 y 691 del aludido ordenamiento legal cuestión que en modo alguno implica realizar una interpretación adicional al precepto normativo para establecer que dicho recurso -revocación- es el idóneo para combatir una determinación dictada en el trámite de un juicio sucesorio testamentario relativa a la solicitud de copias certificadas hecha por una de las partes Por tal motivo con fundamento en el artículo 63 fracción V de la Ley de Amparo en relación con la fracción XVIII del artículo 61 del mismo ordenamiento legal se sobresee en el presente juicio de amparo por lo que ve al acto reclamado consistente en el auto de uno de julio de dos mil veintiuno en el que se le negó a la parte quejosa expedirle copia certificada de las actuaciones que integran el juicio sucesorio testamentario 62/2017 Por lo expuesto y fundado con apoyo además en lo dispuesto por los artículos 61 63 75 76 77 fracción I 78 217 y sexto transitorio de la Ley de Amparo se RESUELVE ÚNICO Se sobresee en el juicio de amparo promovido por María Eugenia Becerra Serrano respecto de la negativa que demandó del Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia Michoacán por las razones señaladas en el considerando cuarto de esta resolución

  4. Principal

    ACTA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Morelia, Michoacán, a las once horas con veintitrés minutos del tres de noviembre de dos mil veintiuno, Sergio Santamaría Chamú, juez Cuarto de Distrito en el Estado, procede a celebrar la audiencia constitucional, asistido del secretario Marco Antonio Arroyo Rodríguez, en el juicio de amparo 943/2021, de conformidad con lo dispuesto con el Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Asimismo, el secretario hace constar la inasistencia de las partes, precisando además que éstas, con anterioridad a este acto procesal, no solicitaron estar presentes en la audiencia ni acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención. Enseguida, el secretario relaciona como principales constancias del expediente y da cuenta al juez: con la demanda de amparo e informe justificado; el juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales a que hubiere lugar. Acto seguido, el juez declara abierto el período probatorio y el secretario da cuenta con las documentales ofrecidas; sobre el particular el juez determina: con fundamento en el artículo 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse por admitidas y desahogadas conforme a su naturaleza, las pruebas ofertadas. No habiendo prueba pendiente por desahogar, se cierra esta fase. Finalmente, el juez abre el período de alegatos y el secretario hace constar que no se formularon; a lo que el juez acuerda: ténganse por hecha la referida relación, para el efecto legal conducente, y a las partes perdido el derecho para formularlos. Con lo anterior, se dan por concluidas las etapas procesales y con fundamento en el artículo 124 de la ley de Amparo, sin más pruebas pendientes por desahogar o alegatos por relacionar, quedan los autos en estado de resolución.

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