María Eugenia Ayala Aguilar y Otros.
Expediente 979/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 1 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 979/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 01/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- María Eugenia Ayala Aguilar
- María Eugenia Ayala Aguilar y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Mérida, Yucatán, uno de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la cuenta que antecede, toda vez que ha transcurrido el término que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del auto de desechamiento de doce de septiembre de dos mil dieciocho, dictado en autos del presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el citado auto ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que el auto de desechamiento de la demanda de amparo constituye una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido, este asunto encuadra en el supuesto previsto en el artículo vigésimo primero fracción I del Acuerdo General conjunto 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, la relativa a la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, que autoriza y da fe.
- Principal
Vista la cuenta que antecede, agréguese a estos autos el memorial suscrito por la promovente María Eugenia Ayala Aguilar, con el que da cumplimiento al requerimiento que se le hizo en auto de veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, precisando que el acto que reclama en este juicio lo es la falta de notificación personal del auto en que se señaló el día treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho para que tuviera verificativo el remate en primera almoneda del bien embargado en el juicio ejecutivo mercantil 760/2011 del índice del Juzgado Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en Progreso, Yucatán y, que tuvo conocimiento del juicio de origen desde que fue emplazada al mismo el cinco de enero de dos mil doce. Ahora bien, en atención al contenido del escrito inicial de demanda y del escrito aclaratorio, se desecha de plano la misma, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, el cual debe ser examinado de oficio en observancia a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo aplicable. En efecto, de la lectura del escrito aclaratorio y de la demanda de amparo aparece que la quejosa es parte en el juicio de origen pues reconoce haber sido emplazada al mismo desde el cinco de enero del año dos mil doce y que impugna por esta vía constitucional la falta de notificación personal del auto en que se señaló el día treinta y uno de agosto del presente año para que tuviera verificativo el remate en primera almoneda del bien embargado en el juicio ejecutivo mercantil 760/2011 del índice del Juzgado Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en Progreso, Yucatán, así como las consecuencias que deriven de dicho auto. Acto respecto del cual se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que previa la interposición del juicio de amparo la promovente debe agotar el incidente de nulidad de notificaciones a que alude el artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio conforme a su numeral 1054; en atención al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, lo que obliga a desechar dicha demanda. El artículo 61, fracción XVIII, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas..." El aludido principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos, legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal, por lo que el quejoso está ante la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, agotando los medios ordinarios de defensa procedentes. En este orden de ideas, es evidente, el principio de definitividad del juicio de amparo supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los medios ordinarios de impugnación que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte quejosa, el amparo, en términos generales, es improcedente. Es decir, de acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado consistente en agotar, previamente a la interposición de la acción constitucional, los recursos ordinarios, juicio o medio de defensa legal tendientes a revocar, modificar o nulificar los actos lesivos. Por otra parte, los recursos, juicio o medio de defensa legal, cuya falta de promoción hace improcedente el juicio de amparo, deben tener una existencia legal, por esta razón y para una mejor comprensión del presente estudio, es preciso citar algunos preceptos: Del Código Federal de Procedimientos Civiles: "Artículo 319. Cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida en este capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida. Este incidente no suspenderá el curso del procedimiento, y, si la nulidad fuere declarada, el tribunal determinará, en su resolución, las actuaciones que son nulas, por estimarse que las ignoró el que promovió el incidente de nulidad, o por no poder subsistir, ni haber podido legalmente practicarse sin la existencia previa y la validez de otras. Sin embargo, si el negocio llegare a ponerse en estado de fallarse, sin haberse pronunciado resolución firme que decida el incidente, se suspenderá hasta que éste sea resuelto." Del Código de Comercio: "Artículo 1054. En caso de no existir convenio de las partes sobre el procedimiento ante tribunales en los términos de los anteriores artículos, salvo que las leyes mercantiles establezcan un procedimiento especial o una supletoriedad expresa, los juicios mercantiles se regirán por las disposiciones de este libro y, en su defecto, se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles y en caso de que no regule suficientemente la institución cuya supletoriedad se requiera, la ley de procedimientos local respectiva." Partiendo de las anteriores premisas y de una interpretación armónica de los preceptos antes transcritos, es de concluirse, que conforme a lo dispuesto por el artículo 1054 del Código de Comercio, de manera supletoria a esta normatividad debe aplicarse el Código Federal de Procedimientos Civiles, respecto a los juicios mercantiles, en la que en su numeral 319 establece que las notificaciones que se hicieren en forma contraria a la establecida en la norma legal, puede solicitarse su declaración de nulidad mediante el incidente correspondiente, por la parte afectada. Por tal motivo, de conformidad a la técnica que rige el juicio de amparo, es obvio, la peticionaria de amparo debió agotar dicho procedimiento, antes de acudir al juicio de amparo y si tal incidente no se agotó de manera previa, evidentemente se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. De ahí, que al no haber agotado la parte promovente el citado medio de defensa, previo al ejercicio de la acción de amparo, es evidente, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, al ser susceptible el acto reclamado de ser revocado, modificado o confirmado a través del medio de defensa ordinario establecido en la ley que rige el procedimiento judicial del cual emana éste último. Lo anterior, aun cuando la etapa procesal del controvertido de origen sea la fase de ejecución de sentencia, es específico de remate, pues deviene necesario que el principio de definitividad se satisfaga respecto de las violaciones procesales que ocurran ese momento procesal, pues se trata de un requisito de procedibilidad para el juicio de amparo, ya que ese medio ordinario de defensa tiene por objeto anular la notificación que lesiona los intereses de la parte quejosa. Sirve de apoyo a esta consideración, la tesis XXIV.1o.4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, visible a página 1632 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Agosto de 2004, Materia (s): Civil, de rubro y texto siguientes: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES NECESARIO AGOTAR EL INCIDENTE RELATIVO RESPECTO DE VIOLACIONES PROCESALES OCURRIDAS EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, INCLUSIVE RESPECTO DE AQUELLAS DEL PROCEDIMIENTO DE REMATE, A FIN DE CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NAYARIT). La interpretación sistemática de los artículos 621 y 630 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit, en armonía con lo dispuesto en los numerales 107, fracción III, incisos a) y b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, fracción XIII y 114, fracción III, de la Ley de Amparo, lleva a concluir que es necesario agotar el incidente de nulidad de actuaciones respecto de las violaciones procesales que se hubieran llevado a cabo en el procedimiento de ejecución de sentencia, para satisfacer el principio de definitividad que rige en la materia, como requisito de procedibilidad del juicio de amparo, inclusive, de aquellas violaciones del procedimiento de remate cuando se reclamen junto con la resolución en que se apruebe en definitiva, pues este incidente satisface los requisitos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido para estimar la existencia de un medio ordinario de defensa, ya que tiene por objeto anular la notificación que lesiona los intereses de la parte quejosa. Ello porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo." Los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del juicio constitucional, la que resulta indudable habida cuenta de que en opinión de quien esto resuelve, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Viene al caso citar la jurisprudencia P./J. 128/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 803 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Octubre de 2001, Materia (s) Constitucional, con texto siguiente: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. En esas condiciones, al haberse actualizado ese motivo manifiesto e indudable de improcedencia, procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por María Eugenia Ayala Aguilar, con fundamento en el artículo 113 de la ley de Amparo en vigor.
- Principal
V. ART. 27 FRACC I INCISO C DE LA NUEVA LEY DE AMPARO. Vista la cuenta que antecede, agréguese a estos autos el memorial suscrito por la promovente María Eugenia Ayala Aguilar, con el que da cumplimiento al requerimiento que se le hizo en auto de veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, precisando que el acto que reclama en este juicio lo es la falta de notificación personal del auto en que se señaló el día treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho para que tuviera verificativo el remate en primera almoneda del bien embargado en el juicio ejecutivo mercantil 760/2011 del índice del Juzgado Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en Progreso, Yucatán y, que tuvo conocimiento del juicio de origen desde que fue emplazada al mismo el cinco de enero de dos mil doce. Ahora bien, en atención al contenido del escrito inicial de demanda y del escrito aclaratorio, se desecha de plano la misma, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, el cual debe ser examinado de oficio en observancia a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo aplicable. En efecto, de la lectura del escrito aclaratorio y de la demanda de amparo aparece que la quejosa es parte en el juicio de origen pues reconoce haber sido emplazada al mismo desde el cinco de enero del año dos mil doce y que impugna por esta vía constitucional la falta de notificación personal del auto en que se señaló el día treinta y uno de agosto del presente año para que tuviera verificativo el remate en primera almoneda del bien embargado en el juicio ejecutivo mercantil 760/2011 del índice del Juzgado Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en Progreso, Yucatán, así como las consecuencias que deriven de dicho auto. Acto respecto del cual se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que previa la interposición del juicio de amparo la promovente debe agotar el incidente de nulidad de notificaciones a que alude el artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio conforme a su numeral 1054; en atención al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, lo que obliga a desechar dicha demanda. El artículo 61, fracción XVIII, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas..." El aludido principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos, legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal, por lo que el quejoso está ante la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, agotando los medios ordinarios de defensa procedentes. En este orden de ideas, es evidente, el principio de definitividad del juicio de amparo supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los medios ordinarios de impugnación que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte quejosa, el amparo, en términos generales, es improcedente. Es decir, de acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado consistente en agotar, previamente a la interposición de la acción constitucional, los recursos ordinarios, juicio o medio de defensa legal tendientes a revocar, modificar o nulificar los actos lesivos. Por otra parte, los recursos, juicio o medio de defensa legal, cuya falta de promoción hace improcedente el juicio de amparo, deben tener una existencia legal, por esta razón y para una mejor comprensión del presente estudio, es preciso citar algunos preceptos: Del Código Federal de Procedimientos Civiles: "Artículo 319. Cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida en este capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida. Este incidente no suspenderá el curso del procedimiento, y, si la nulidad fuere declarada, el tribunal determinará, en su resolución, las actuaciones que son nulas, por estimarse que las ignoró el que promovió el incidente de nulidad, o por no poder subsistir, ni haber podido legalmente practicarse sin la existencia previa y la validez de otras. Sin embargo, si el negocio llegare a ponerse en estado de fallarse, sin haberse pronunciado resolución firme que decida el incidente, se suspenderá hasta que éste sea resuelto." Del Código de Comercio: "Artículo 1054. En caso de no existir convenio de las partes sobre el procedimiento ante tribunales en los términos de los anteriores artículos, salvo que las leyes mercantiles establezcan un procedimiento especial o una supletoriedad expresa, los juicios mercantiles se regirán por las disposiciones de este libro y, en su defecto, se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles y en caso de que no regule suficientemente la institución cuya supletoriedad se requiera, la ley de procedimientos local respectiva." Partiendo de las anteriores premisas y de una interpretación armónica de los preceptos antes transcritos, es de concluirse, que conforme a lo dispuesto por el artículo 1054 del Código de Comercio, de manera supletoria a esta normatividad debe aplicarse el Código Federal de Procedimientos Civiles, respecto a los juicios mercantiles, en la que en su numeral 319 establece que las notificaciones que se hicieren en forma contraria a la establecida en la norma legal, puede solicitarse su declaración de nulidad mediante el incidente correspondiente, por la parte afectada. Por tal motivo, de conformidad a la técnica que rige el juicio de amparo, es obvio, la peticionaria de amparo debió agotar dicho procedimiento, antes de acudir al juicio de amparo y si tal incidente no se agotó de manera previa, evidentemente se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. De ahí, que al no haber agotado la parte promovente el citado medio de defensa, previo al ejercicio de la acción de amparo, es evidente, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, al ser susceptible el acto reclamado de ser revocado, modificado o confirmado a través del medio de defensa ordinario establecido en la ley que rige el procedimiento judicial del cual emana éste último. Lo anterior, aun cuando la etapa procesal del controvertido de origen sea la fase de ejecución de sentencia, es específico de remate, pues deviene necesario que el principio de definitividad se satisfaga respecto de las violaciones procesales que ocurran ese momento procesal, pues se trata de un requisito de procedibilidad para el juicio de amparo, ya que ese medio ordinario de defensa tiene por objeto anular la notificación que lesiona los intereses de la parte quejosa. Sirve de apoyo a esta consideración, la tesis XXIV.1o.4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, visible a página 1632 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Agosto de 2004, Materia (s): Civil, de rubro y texto siguientes: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES NECESARIO AGOTAR EL INCIDENTE RELATIVO RESPECTO DE VIOLACIONES PROCESALES OCURRIDAS EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, INCLUSIVE RESPECTO DE AQUELLAS DEL PROCEDIMIENTO DE REMATE, A FIN DE CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NAYARIT). La interpretación sistemática de los artículos 621 y 630 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit, en armonía con lo dispuesto en los numerales 107, fracción III, incisos a) y b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, fracción XIII y 114, fracción III, de la Ley de Amparo, lleva a concluir que es necesario agotar el incidente de nulidad de actuaciones respecto de las violaciones procesales que se hubieran llevado a cabo en el procedimiento de ejecución de sentencia, para satisfacer el principio de definitividad que rige en la materia, como requisito de procedibilidad del juicio de amparo, inclusive, de aquellas violaciones del procedimiento de remate cuando se reclamen junto con la resolución en que se apruebe en definitiva, pues este incidente satisface los requisitos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido para estimar la existencia de un medio ordinario de defensa, ya que tiene por objeto anular la notificación que lesiona los intereses de la parte quejosa. Ello porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo." Los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del juicio constitucional, la que resulta indudable habida cuenta de que en opinión de quien esto resuelve, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Viene al caso citar la jurisprudencia P./J. 128/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 803 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Octubre de 2001, Materia (s) Constitucional, con texto siguiente: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. En esas condiciones, al haberse actualizado ese motivo manifiesto e indudable de improcedencia, procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por María Eugenia Ayala Aguilar, con fundamento en el artículo 113 de la ley de Amparo en vigor.
- Principal
Mérida, Yucatán, cinco de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la cuenta que antecede, agréguese a los presentes autos el memorial suscrito por la quejosa María Eugenia Ayala Aguilar, mediante el cual pretende dar cumplimiento a la prevención que se le formuló en proveído de veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, aclarando que el acto reclamado en este juicio lo es la falta de notificación personal del remate que se llevó a cabo el treinta y uno de agosto del año en curso y que tuvo conocimiento del procedimiento original cuando fue emplazada al juicio ejecutivo mercantil de origen. Ahora bien, toda vez que la citada promovente fue omisa en precisar la fecha exacta en que tuvo conocimiento del acto reclamado, aunado a que las manifestaciones que realiza respecto del acto que por esta vía reclama, no se advierte que las haya realizado bajo protesta de decir verdad; por lo tanto, considerando que aún no se ha agotado en su totalidad el término concedido a la parte quejosa para subsanar la prevención formulada, hágase de su conocimiento que subsiste el requerimiento y apercibimiento decretado en el acuerdo de veintinueve de agosto de dos mil dieciocho. En el entendido que el plazo de cinco días que se le concedió en el citado proveído de veintinueve de los corrientes, para que cumpla cabalmente con el requerimiento contenido en el acuerdo de mérito, quedó suspendido al momento de haber atendido la prevención formulada y se reanudará a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que se le realice del presente proveído. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 39/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro VIII, mayo de 2012, tomo 1, materia común, página 400, localizable también con el número de registro 2000702 que señala: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Cuando la quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el juez de distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, conforme al primer párrafo del artículo 30 de la ley de la materia, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por el agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo." En el entendido de que aun y cuando en la parte final del citado memorial la promovente asentó "protesto lo necesario", esto no se podría tomar como la protesta de ley que establece el artículo 108, fracción V, lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32 del Tomo X, Noviembre de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración, puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "Protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas". Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, secretario que autoriza y da fe.
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