Maria Eugenia Alvarez Ordoñez
Expediente 258/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 14 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 258/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 14/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Maria Eugenia Alvarez Ordoñez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, catorce de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 258/2019-I, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el doce de abril de dos mil diecinueve, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, quince de abril de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el oficio signado por la Directora General del SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS, mediante el cual se apersona a juicio, designa autorizados y domicilio para oír y recibir notificaciones; el que se agrega a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales conducentes. Sin que obste a lo anterior que no exhibe la copia certificada del nombramiento que refiere, toda vez que el oficio de cuenta tiene el sello de la dependencia emisora y su representación legal se encuentra en el artículo 30 de la Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana del Estado de Morelos. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se le tiene por apersonada al juicio de amparo en que se actúa y se tiene por reconocido su carácter de parte tercero interesada en el presente asunto; respecto del domicilio que refiere indíquese a la promovente que las notificaciones en el presente juicio de amparo se realizaran mediante oficio en términos del artículo 26 fracción II inciso b), asimismo, se tiene como delegados a las personas que indica, en términos del artículo 9 de la Ley de la materia. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, que autoriza y da fe.
- Principal
Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 258/2019-I-B, promovido por MARÍA EUGENIA ÁLVAREZ ORDOÑEZ, por su propio derecho; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el veintisiete de febrero de dos mil diecinueve ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos con sede en Cuernavaca, turnada y recibida ese día en este órgano jurisdiccional, MARÍA EUGENIA ÁLVAREZ ORDOÑEZ, por su propio derecho, solicitó la protección de la justicia federal contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. SEGUNDO. Trámite. Por auto de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda; se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional, se solicitó el informe justificado, se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y a la parte tercera interesada (fojas 9 a 12). Seguida la secuela procesal, previo diferimiento realizado en acuerdo de veintiséis de marzo del año en curso (foja 40), se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede.; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado, carente de ejecución material. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. Así, el acto reclamado consiste en: La omisión de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, de cerrar instrucción en el juicio laboral 01/517/15-lI. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, ya que así lo manifestó la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, al rendir su informe justificado, toda vez que aceptó la existencia del acto reclamado, asimismo, exhibió como prueba diversas documentales relativas al juicio laboral 01/517/15-lI (fojas 21 a 39); de las que se advierte la existencia del acto que reclama la quejosa consistente en la omisión de cerrar instrucción en el juicio de origen; constancias que ameritan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo CUARTO. Improcedencia del Juicio. Conforme a la técnica del juicio de amparo y de acuerdo con el artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en principio, corresponde a este Juzgado Federal analizar oficiosamente si en la especie se actualiza alguna causal que lo torne improcedente, dado que así lo exige el orden público; y, de no advertir que así suceda, se procederá entonces a analizar las razones y fundamentos legales que las partes hubiesen expuesto para evidenciar la improcedencia. En relatadas condiciones, a criterio de quien esto resuelve en el presente juicio se actualiza la causa de improcedencia prevista el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; en virtud de que aun cuando subsista el acto que en esta vía se combate no puede surtir efecto legal o material alguno, por haber dejado de existir el objeto de la materia de éste. Para corroborar lo anterior, se estima necesario partir del supuesto normativo establecido en el citado artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que es del siguiente contenido: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y." Ahora bien, quien esto resuelve considera pertinente destacar que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos fundamentales que determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado, que acude a él con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos transgredidos; es así que tanto el legislador como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido e interpretado respectivamente, diversos requisitos que hacen procedente el juicio de amparo, y que condicionan desde luego a la circunstancia de que en caso de que se conceda el fallo, pueda cumplirse en cuanto a la ejecución de sus efectos. En esas circunstancias, es dable concluir que respecto a la causa de improcedencia precisada en párrafos anteriores y prevista en la Ley de Amparo, el legislador tomó en consideración que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, y para el caso de concluirse inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de su derecho, o bien, ningún efecto jurídico tendría la sentencia concesoria que se llegara a emitir, ya sea por la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanó la referida prerrogativa se hubiera modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible a reparación o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten. Luego, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se actualiza cuando no obstante la existencia del acto reclamado haya imposibilidad de que sus efectos se materialicen o continúen actualizándose por haber desaparecido totalmente su objeto o su materia, lo que bien puede ocurrir por causas ajenas a la voluntad de la autoridad o, en algunos casos por la simple prosecución del juicio, por el transcurso del tiempo, por un acto volitivo del particular mediante el cual cambia su esfera jurídica, por acontecimientos naturales y otros que sobretodo impidan analizar la constitucionalidad de dicha decisión judicial. En las narradas consideraciones, es importante recordar que la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la justicia federal en contra del acto atribuido a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, consistente en la omisión de cerrar instrucción en el juicio de origen. Bajo ese contexto, es menester señalar que el acto reclamado existe en el entendido de que la junta responsable dictó un acuerdo el diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, en el expediente laboral 01/517/15-lI, en el que certificó que no quedaba prueba pendiente por desahogar y concedió un término a las partes para que realizaran manifestaciones en forma de alegatos, siendo que a la fecha de la presentación de la demanda, esto es, veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, habían transcurrido más de cinco meses, sin que la responsable se haya pronunciado al respecto. Sin embargo, en proveído de catorce de marzo del año en curso, la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos hizo efectivo el apercibimiento por el que fueron conminadas las partes en el juicio de origen, al perder su derecho de formular alegatos; asimismo, desechó de plano la incidencia planteada por la parte demandada referente a la competencia de la misma, motivo por el cual de nueva cuenta volvió a certificar que en el citado expediente no quedaba prueba pendiente por desahogar y concedió un término de tres días para que las partes expresaran su conformidad con dicha certificación. Constancias a las que se ha dado valor probatorio pleno en párrafos que preceden; por tanto, se considera que se actualiza la causa de improcedencia precisada, pues aun cuando ciertamente subsiste el acto impugnado en esta vía constitucional, también lo es que, no puede surtir efecto legal o material alguno por existir imposibilidad jurídica para ello; es así, dado que en acuerdo posterior a la presentación de la demanda de amparo que nos ocupa, esto es, el catorce de marzo del presente año, la junta responsable ordenó dar vista a las partes con la certificación de que no quedaban pruebas pendientes en el juicio de origen, lo que origina precisamente que no se cierre la instrucción en el mismo; sin soslayar, que primeramente ya se había pronunciado al respecto y otorgado un término a las partes para que realizaran las manifestaciones respectivas en vía de alegatos, lo que impide que la autoridad responsable emita un acuerdo en el que se pronuncie respecto del cierre de instrucción referente al acuerdo de diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 181/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 189, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, relativo a Diciembre de 2006, cuyo rubro y texto son: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Por lo anteriormente expuesto, y con base en lo establecido en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, se pone en evidencia la actualización de la causa de improcedencia en análisis, de ahí que a criterio de este juzgado debe sobreseerse el presente juicio de amparo, según lo dispone el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal en cita, respecto del acto reclamado y sus consecuencias jurídicas, que preceptúa: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". En virtud de todo lo antes considerado, el suscrito juzgador se encuentra impedido para analizar la constitucionalidad del acto reclamado a la luz de los conceptos de violación planteados en la demanda de amparo, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio. Por lo antes expuesto y fundado, y además con apoyo en los artículos 103 y 107 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 61, fracción XXII, 62 y 63, fracción V, de la Ley de Amparo; se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio promovido por MARÍA EUGENIA ÁLVAREZ ORDOÑEZ, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo de esta sentencia, por las razones y para el efecto señalado en el considerando cuarto. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, que autoriza y da fe, hasta hoy doce de abril de dos mil diecinueve, en que las labores del juzgado lo permitieron.
- Principal
PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte QUEJOSA, la resolución de doce de abril de dos mil diecinueve, que en lo conducente establece: ... Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 258/2019-I-B, promovido por MARÍA EUGENIA ÁLVAREZ ORDOÑEZ, por su propio derecho; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el veintisiete de febrero de dos mil diecinueve ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos con sede en Cuernavaca, turnada y recibida ese día en este órgano jurisdiccional, MARÍA EUGENIA ÁLVAREZ ORDOÑEZ, por su propio derecho, solicitó la protección de la justicia federal contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. SEGUNDO. Trámite. Por auto de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda; se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional, se solicitó el informe justificado, se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y a la parte tercera interesada (fojas 9 a 12). Seguida la secuela procesal, previo diferimiento realizado en acuerdo de veintiséis de marzo del año en curso (foja 40), se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede.; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado, carente de ejecución material. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. Así, el acto reclamado consiste en: La omisión de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, de cerrar instrucción en el juicio laboral 01/517/15-lI. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, ya que así lo manifestó la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, al rendir su informe justificado, toda vez que aceptó la existencia del acto reclamado, asimismo, exhibió como prueba diversas documentales relativas al juicio laboral 01/517/15-lI (fojas 21 a 39); de las que se advierte la existencia del acto que reclama la quejosa consistente en la omisión de cerrar instrucción en el juicio de origen; constancias que ameritan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo CUARTO. Improcedencia del Juicio. Conforme a la técnica del juicio de amparo y de acuerdo con el artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en principio, corresponde a este Juzgado Federal analizar oficiosamente si en la especie se actualiza alguna causal que lo torne improcedente, dado que así lo exige el orden público; y, de no advertir que así suceda, se procederá entonces a analizar las razones y fundamentos legales que las partes hubiesen expuesto para evidenciar la improcedencia. En relatadas condiciones, a criterio de quien esto resuelve en el presente juicio se actualiza la causa de improcedencia prevista el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; en virtud de que aun cuando subsista el acto que en esta vía se combate no puede surtir efecto legal o material alguno, por haber dejado de existir el objeto de la materia de éste. Para corroborar lo anterior, se estima necesario partir del supuesto normativo establecido en el citado artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que es del siguiente contenido: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y." Ahora bien, quien esto resuelve considera pertinente destacar que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos fundamentales que determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado, que acude a él con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos transgredidos; es así que tanto el legislador como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido e interpretado respectivamente, diversos requisitos que hacen procedente el juicio de amparo, y que condicionan desde luego a la circunstancia de que en caso de que se conceda el fallo, pueda cumplirse en cuanto a la ejecución de sus efectos. En esas circunstancias, es dable concluir que respecto a la causa de improcedencia precisada en párrafos anteriores y prevista en la Ley de Amparo, el legislador tomó en consideración que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, y para el caso de concluirse inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de su derecho, o bien, ningún efecto jurídico tendría la sentencia concesoria que se llegara a emitir, ya sea por la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanó la referida prerrogativa se hubiera modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible a reparación o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten. Luego, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se actualiza cuando no obstante la existencia del acto reclamado haya imposibilidad de que sus efectos se materialicen o continúen actualizándose por haber desaparecido totalmente su objeto o su materia, lo que bien puede ocurrir por causas ajenas a la voluntad de la autoridad o, en algunos casos por la simple prosecución del juicio, por el transcurso del tiempo, por un acto volitivo del particular mediante el cual cambia su esfera jurídica, por acontecimientos naturales y otros que sobretodo impidan analizar la constitucionalidad de dicha decisión judicial. En las narradas consideraciones, es importante recordar que la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la justicia federal en contra del acto atribuido a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, consistente en la omisión de cerrar instrucción en el juicio de origen. Bajo ese contexto, es menester señalar que el acto reclamado existe en el entendido de que la junta responsable dictó un acuerdo el diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, en el expediente laboral 01/517/15-lI, en el que certificó que no quedaba prueba pendiente por desahogar y concedió un término a las partes para que realizaran manifestaciones en forma de alegatos, siendo que a la fecha de la presentación de la demanda, esto es, veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, habían transcurrido más de cinco meses, sin que la responsable se haya pronunciado al respecto. Sin embargo, en proveído de catorce de marzo del año en curso, la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos hizo efectivo el apercibimiento por el que fueron conminadas las partes en el juicio de origen, al perder su derecho de formular alegatos; asimismo, desechó de plano la incidencia planteada por la parte demandada referente a la competencia de la misma, motivo por el cual de nueva cuenta volvió a certificar que en el citado expediente no quedaba prueba pendiente por desahogar y concedió un término de tres días para que las partes expresaran su conformidad con dicha certificación. Constancias a las que se ha dado valor probatorio pleno en párrafos que preceden; por tanto, se considera que se actualiza la causa de improcedencia precisada, pues aun cuando ciertamente subsiste el acto impugnado en esta vía constitucional, también lo es que, no puede surtir efecto legal o material alguno por existir imposibilidad jurídica para ello; es así, dado que en acuerdo posterior a la presentación de la demanda de amparo que nos ocupa, esto es, el catorce de marzo del presente año, la junta responsable ordenó dar vista a las partes con la certificación de que no quedaban pruebas pendientes en el juicio de origen, lo que origina precisamente que no se cierre la instrucción en el mismo; sin soslayar, que primeramente ya se había pronunciado al respecto y otorgado un término a las partes para que realizaran las manifestaciones respectivas en vía de alegatos, lo que impide que la autoridad responsable emita un acuerdo en el que se pronuncie respecto del cierre de instrucción referente al acuerdo de diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 181/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 189, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, relativo a Diciembre de 2006, cuyo rubro y texto son: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Por lo anteriormente expuesto, y con base en lo establecido en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, se pone en evidencia la actualización de la causa de improcedencia en análisis, de ahí que a criterio de este juzgado debe sobreseerse el presente juicio de amparo, según lo dispone el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal en cita, respecto del acto reclamado y sus consecuencias jurídicas, que preceptúa: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". En virtud de todo lo antes considerado, el suscrito juzgador se encuentra impedido para analizar la constitucionalidad del acto reclamado a la luz de los conceptos de violación planteados en la demanda de amparo, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio. Por lo antes expuesto y fundado, y además con apoyo en los artículos 103 y 107 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 61, fracción XXII, 62 y 63, fracción V, de la Ley de Amparo; se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio promovido por MARÍA EUGENIA ÁLVAREZ ORDOÑEZ, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo de esta sentencia, por las razones y para el efecto señalado en el considerando cuarto. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, que autoriza y da fe, hasta hoy doce de abril de dos mil diecinueve, en que las labores del juzgado lo permitieron.
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