María Eugenia Alvarado

Expediente 1340/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1340/2015
Año
2015
Actuaciones
3
Última actuación
31/08/2015

Partes del expediente

  • José de Jesús Castillo Melchor
  • María Eugenia Alvarado

Actuaciones

  1. Principal

    .... téngase por recibido el oficio 6822/2015, signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, mediante el cual informa que el diverso con el que se remitieron los autos originales de los que deriva el presente cuaderno, a la Oficina de Correspondencia Común adscrita a los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede esa localidad, fue recibido en el órgano de su adscripción, avocándose al conocimiento de la demanda de amparo promovida por María Eugenia Alvarado y Jesús Castillo Melchor. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2º de la Ley de Amparo, archívese este juicio como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y décimo, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero, del referido Acuerdo General. En tal virtud, y teniendo en cuenta que este órgano jurisdiccional declaró carecer de competencia legal para conocer del presente asunto, en términos de la fracción XX, del punto Segundo, del apartado de Disposiciones Generales, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, es considerado como "expediente auxiliar", de conformidad con la fracción I, del punto Vigésimo, de la referida normativa, es susceptible de destrucción, que deberá realizarse por este Juzgado transcurridos seis meses a partir de esta fecha, debiendo hacerse la anotación respectiva en el libro de gobierno correspondiente.

  2. Principal

    ... se advierte que a la fecha el Ayuntamiento Constitucional, con residencia en Banderilla, Veracruz, así como el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, no han dado cabal cumplimiento al fallo protector dictado en este juicio de garantías. En consecuencia, toda vez que el cumplimiento de la ejecutoria de amparo es de orden público, teniendo los tribunales que proveer lo conducente para que su determinación se acate a la brevedad posible, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 192, segundo párrafo, de la Ley de Amparo vigente, requiérase nuevamente a las citadas autoridades responsables, para que dentro del término de tres días, contado a partir de que sean notificadas del presente acuerdo, acaten en sus términos la sentencia amparadora, para lo cual, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, deberá emitir los acuerdos correspondientes para que se sigan los lineamientos establecidos en la sentencia dictada en el presente asunto, es decir, requiera al Cabildo del Ayuntamiento Constitucional de Banderilla, Veracruz, para que de manera colegiada y tomando en cuenta los bienes embargados, manifieste a la brevedad cuáles son susceptibles de embargo y determine lo conducente para lograr la ejecución del laudo, esto es, proceda al remate de los bienes, o bien, solicite autorización al Congreso del Estado para que libere la erogación correspondiente y así de cumplimiento a la sentencia amparadora..

  3. Principal

    ... EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE DIECIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL CITATORIO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL PROVEÍDO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ... Xalapa-Enríquez, Veracruz, dieciocho de agosto de dos mil quince. Vista; la demanda de amparo promovida por María Eugenia Alvarado y Jesús Castillo Melchor, contra actos de la Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con residencia en esta ciudad, por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales. Fórmese expediente y regístrese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 1340/2015. Ahora, de la lectura íntegra de la demanda en comento se advierte que el acto que reclaman los solicitantes del amparo lo constituye: .la sentencia interlocutoria de fecha tres de junio del año 2015 que en la parte que nos interesa dice: I.- Resulta procedente pero infundado el recurso de reclamación, en consecuencia: II.- Se confirma el proveído de 3 de Febrero de 2015, en que se desechó por improcedente la demanda. De la trascripción anterior, se deduce que el acto que por esta vía constitucional, en esencia, lo constituye la resolución de tres de junio de dos mil quince, emitida dentro de los autos del expediente 138/15-13-01-1, del índice de la autoridad responsable, que confirmó el auto de tres de febrero del año en curso, por el que se desechó la demanda del juicio contencioso administrativo interpuesta por los aquí promoventes. En virtud de lo expuesto y tomando en consideración la naturaleza del acto reclamado se advierte que consiste en una resolución que confirma un auto que desechó la demanda en el juicio administrativo de origen; por lo que, se considera que la presente demanda no es competencia de este Juzgado, por ser materia del juicio de amparo uniinstancial, toda vez que se está en presencia de una resolución que si bien no resuelve en lo principal, sí puso fin al juicio; sin embargo, para puntualizar esta idea conviene transcribir el contenido del artículo 170 de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo el resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima, u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. (.). Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional." En el caso concreto, de los antecedentes del acto reclamado, se desprende que María Eugenia Alvarado y Jesús Castillo Melchor, demandaron el trece de enero de dos mil catorce, ante la Junta Federal Número Cincuenta y Cuatro, con sede en Orizaba, Veracruz, diversas prestaciones laborales a la Secretaría de Educación, Servicios de Educación Integrales del Estado de México (SEIEM), la cual se declaró incompetente, ordenando la remisión de los autos a la Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, residente en esta ciudad, en razón de lo anterior, el tres de febrero de la presente anualidad, la Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con sede en esta ciudad, desechó la demanda interpuesta por los promoventes, quienes en contra de dicha determinación instauraron recurso de reclamación, el cual mediante resolución de tres de junio siguiente, confirmó el proveído de desechamiento. Así las cosas, es de considerarse que para los efectos que prevé el artículo 170 de la Ley de Amparo, no puede ser materia de estudio en amparo indirecto o biinstancial, pues en el caso concreto la resolución que se combate, es claro y patente que se trata de una resolución que confirma el acuerdo que declaró improcedente la tramitación de un juicio de naturaleza administrativa, la que, sin entrar al fondo del asunto, puso fin al mismo; ello con independencia del motivo que tuvo para ello y la legalidad del mismo, pues con el sentido de la resolución recaída al recurso de reclamación de referencia, generó como consecuencia legal la confirmación de la inadmisión del juicio contencioso; de ahí que la misma sólo sea susceptible de ser combatida por medio del juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente. Por lo anterior, se llega a la conclusión de que la competencia para conocer de la presente demanda se surte en favor de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, en términos de lo que establecen el artículo 170 de la Ley de Amparo, y 37 fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, razón por la que, con fundamento en el artículo 47, párrafo primero, de la Ley de la materia, este juzgado declara carecer de competencia legal para conocer del presente juicio de amparo. Por sus consideraciones, es aplicable la Tesis visible en la página doscientos sesenta, del Tomo III, Segunda Parte-1, enero-junio de mil novecientos ochenta y nueve, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE NULIDAD. EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE NULIDAD CONSTITUYE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO ANTE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO. En términos del artículo 107, fracción V, inciso b) de la Constitución General de la República, 46 y 158 de la Ley de Amparo y 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, vigentes a partir del quince de enero de 1988, son competentes tratándose de juicio de amparo directo, los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando el acto reclamado lo constituya una sentencia definitiva, un laudo o una resolución que ponga fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario, por el cual puedan ser modificados o revocados. En el caso concreto, el acto reclamado en esta vía, se puede encuadrar en los supuestos competenciales establecidos para los Tribunales Colegiados de Circuito, tratándose de amparo directo debido a que, el acuerdo de la Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Fiscal de la Federación, que resolvió el recurso de reclamación interpuesto en contra del auto dictado por la Magistrada instructora que tuvo por no presentada la demanda de nulidad, confirmando dicho auto y desechando la demanda respectiva, se puede ubicar como resolución que pone fin al juicio. Para demostrar la aseveración anterior, es necesario partir de la finalidad que se persiguió al reformar los preceptos relativos a la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, en el conocimiento de juicios de amparo directo. Con anterioridad a la reforma en comento, el amparo directo se promovía ante los Tribunales Colegiados de Circuito, únicamente contra sentencias definitivas o laudos, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, ya fuera que la violación alegada se hubiera cometido durante el procedimiento o en la sentencia misma, entendiéndose por sentencias definitivas aquellas resoluciones que decidieron el juicio en lo principal, y respecto de las cuales las leyes comunes no concedieran ningún recurso ordinario, en virtud del cual pudieran ser revocadas o modificadas. Así, aquellas resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o de trabajo, que ponían fin al juicio pero que no lo resolvían en lo principal (entre ellas el sobreseimiento), por exclusión, se debían combatir a través del juicio de amparo indirecto, prolongándose innecesariamente la tramitación del mismo. En efecto, en el juicio de amparo indirecto la instancia ante el Juez de Distrito comprende la realización de un procedimiento posterior, con una etapa de instrucción cuya finalidad es colocar el asunto en estado de sentencia, implicando un periodo probatorio (ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas) y alargando con ello la tramitación y sustanciación del juicio de amparo, respecto a resoluciones judiciales o jurisdiccionales (entre ellas el sobreseimiento), que por su naturaleza no necesitaban de un procedimiento posterior, para colocar el asunto en estado de sentencia. En este orden de ideas, con la finalidad precisamente, de evitar la innecesaria instancia ante el Juez de Distrito, la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, tratándose de juicios de amparo directo comprendió, en virtud de la reforma comentada, el supuesto de la procedencia del mismo, contra resoluciones que pongan fin al juicio (entendiéndose por éstas, aquellas que lo dan por concluido porque el juzgador advierte la existencia de un obstáculo jurídico que impide decidir sobre el fondo de la controversia), dictadas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales no proceda ningún recurso ordinario, por el que puedan ser revocadas o nulificadas, dicho en otras palabras, con la reforma se precisó que contra todas aquellas resoluciones jurisdiccionales o judiciales de carácter definitivo que no requieran por su naturaleza de un procedimiento posterior (con la consabida etapa de instrucción), para colocar el asunto en estado de sentencia, procede el juicio de amparo directo, es decir una sola instancia, independientemente que resuelvan o no la controversia principal motivada por la litis. Al tenor de los razonamientos que anteceden, el acto que en esta vía se impugna y que constituye la resolución de la Sala responsable del Tribunal Fiscal de la Federación, que resuelve el recurso de reclamación y tiene por no presentada la demanda de nulidad, constituye para efectos de la procedencia del juicio de amparo directo ante Tribunales de Circuito, "una resolución que pone fin al juicio", debido a que no se requiere de una etapa de instrucción para colocar el asunto en estado de sentencia, porque la misma ya se llevó a cabo durante la tramitación del recurso de reclamación interpuesto en contra del acuerdo de la Magistrada instructora que tuvo por no presentada la demanda de nulidad, donde se ofrecieron y desahogaron las pruebas pertinentes. Así, al constituir el acto reclamado en esta vía, una resolución jurisdiccional dictada por un tribunal administrativo, que no requiere de una etapa posterior de instrucción para colocar el asunto en estado de sentencia, y no procede en su contra ningún recurso en virtud del cual pueda ser revocada o modificada, la sustanciación del juicio de amparo debe hacerse de conformidad a las reglas previstas tratándose de amparo directo, surtiéndose en consecuencia, la competencia de este Tribunal Colegiado." La tesis a que se hace referencia, aun cuando se refiere a la interpretación de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril del año dos mil trece, sigue cobrando vigencia ya que sobre el tema que se analiza en particular, el ordenamiento que regula el juicio de amparo no sufrió modificación que provoque la pérdida de su vigencia, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del decreto por el que fue expedida la nueva Ley de Amparo. Por virtud de lo antes expuesto y fundado, envíese el escrito de demanda y sus copias, a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, para que se sirva remitir el asunto al órgano que por turno corresponda su conocimiento y pueda éste proveer lo conducente; solicitándole que una vez en su poder, de no existir inconveniente acuse el recibo de estilo. Fórmese cuaderno de antecedentes con copia de la demanda y autógrafa de este acuerdo. Téngase como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones, el precisado en el proemio de su demanda y como sus autorizados en los amplios términos que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, a José Juan Santibáñez Lagunes y José Manuel Cruz Moreno, toda vez que acorde a la certificación secretarial correspondiente, se aprecia que sus cédulas profesionales si se encuentran registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y con las restricciones que impone dicho numeral a las restantes personas, toda vez que no tienen registradas sus cedulas profesionales ni acreditaron contar con las mismas. Notifíquese; y, personalmente a los promoventes. Así lo proveyó y firma, el licenciado Arnulfo Moreno Flores, Juez Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el licenciado Joel Hernández Jiménez, Secretario quien autoriza y da fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · 10,474 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano