María Eugenia Alberta Camacho López

Expediente 847/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
847/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
12/11/2021

Partes del expediente

  • María Eugenia Alberta Camacho López

Actuaciones

  1. Incidental

    Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo 847/2021 (acumulado al 834/2021), promovido por **** contra actos de la Segunda Sala y Juez Décimo Cuarto, ambos de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. La parte quejosa reclama la resolución de nueve de septiembre de dos mil veintiuno, emitida por la Segunda Sala Familiar de esta Ciudad, en el toca de apelación 1000/2021/5 y 1136/2021/6, contra la interlocutoria de diez de junio de dos mil veintiuno, dictada en el incidente de revocación de albacea derivado del juicio sucesorio testamentario a bienes de ..., por el Juez Décimo Cuarto Familiar de la Ciudad de México. La Sala modificó la sentencia primigenia, para quedar en los siguientes términos: Primero, declaró procedente la vía incidental; segundo, removió del cargo de albacea a ****, imponiéndole la rendición de cuentas de terminación del cargo; tercero, designó como nueva albacea a ..., a quien se requirió para acepar y protestar el cargo; y cuarto, absolvió a la **** del pago de frutos, y daños y perjuicios. SEGUNDO. TRÁMITE DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En su oportunidad se admitió a trámite la demanda de amparo, se negó la suspensión provisional, las responsables rindieron sus informes previos, finalmente, la audiencia incidental se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. CERTEZA DE LOS ACTOS. Las responsables aceptaron la existencia de lo reclamado. SEGUNDO. INTERÉS JURÍDICO PARA EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN DE AMPARO. La quejosa es parte material en el juicio de origen, por lo que acredita su interés respecto de la suspensión de amparo. TERCERO. NEGACIÓN DE LA MEDIDA SUSPENSIONAL. Tratándose de la procedencia de la concesión de la medida cautelar de amparo, el artículo 128 de la Ley de la materia impone al Juez de Distrito analizar: I. Que la medida suspensional sea solicitada por el quejoso; y II. Que con su concesión no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Apoya lo anterior la tesis número II.1o.A.23 K, aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Abril de 2005, página 1515, Novena Época, Materia Común, Registro 178594, cuyo rubro y texto dicen: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. ALCANCE Y VALORACIÓN DE LOS CONCEPTOS "INTERÉS SOCIAL" Y "ORDEN PÚBLICO", PARA EFECTOS DE SU CONCESIÓN. El vocablo "interés" implica nociones como bien, beneficio, utilidad, valor de algo, importancia, conveniencia y trascendencia. Cuando se ubica en el ámbito social, debe tratarse de un beneficio, utilidad, valor, importancia, conveniencia o trascendencia o bien para la comunidad o sociedad. Asimismo, el vocablo "orden" hace referencia a la idea de un mandato que debe ser obedecido. En el contexto de lo público, es decir, de orden público, puede entenderse como un deber de los gobernados de no alterar la organización del cuerpo social. Tales nociones, en materia de suspensión del acto reclamado, deben plantearse en función de elementos objetivos mínimos que reflejen preocupaciones fundamentales y trascendentes para la sociedad, como las establecidas en el artículo 124 de la Ley de Amparo (funcionamiento de centros de vicio, comercio de drogas, continuación de delitos, alza de precios de artículos de primera necesidad, peligro de epidemias graves, entre otras). Por tanto, para distinguir si una disposición es de orden público y si afecta al interés social -nociones que, por cierto, guardan un estrecho vínculo entre sí- debe atenderse a su finalidad directa e inmediata en relación con la colectividad. En este sentido, si bien en la Ley de Amparo no existe disposición alguna que establezca que la suspensión es improcedente en los juicios sucesorios; el artículo 138 de la misma impone la obligación de realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social, para resolver respecto de la suspensión. En el caso concreto, únicamente se cumple el primer requisito, en tanto que la medida es solicitada expresamente por la impetrante de amparo. Sin embargo, no se satisface el segundo requisito, toda vez que la suspensión del acto reclamado sí causa perjuicio al interés social y contraviene disposiciones de orden público, ello atento a los razonamientos que a continuación se exponen. Concepto de Interés Social. El vocablo interés implica nociones como bien, beneficio, utilidad, valor de algo, importancia, conveniencia y trascendencia. Cuando se ubica en el ámbito social, debe tratarse de un beneficio, utilidad, valor, importancia, conveniencia o trascendencia o bien para la comunidad o sociedad. Concepto de Orden Público. El vocablo orden hace referencia a la idea de un mandato que debe ser obedecido. En el contexto de lo público, es decir, de orden público, puede entenderse como un deber de los gobernados de no alterar la organización del cuerpo social. Por tanto, para distinguir si una disposición es de orden público y si afecta al interés social -nociones que guardan un estrecho vínculo entre sí- debe atenderse a su finalidad directa e inmediata en relación con la colectividad. Apoya lo anterior la tesis número II.1o.A.23 K, aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Abril de 2005, página 1515, Novena Época, Materia Común, Registro 178594, cuyo rubro y texto dicen: *"SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. ALCANCE Y VALORACIÓN DE LOS CONCEPTOS "INTERÉS SOCIAL" Y "ORDEN PÚBLICO", PARA EFECTOS DE SU CONCESIÓN. El vocablo "interés" implica nociones como bien, beneficio, utilidad, valor de algo, importancia, conveniencia y trascendencia. Cuando se ubica en el ámbito social, debe tratarse de un beneficio, utilidad, valor, importancia, conveniencia o trascendencia o bien para la comunidad o sociedad. Asimismo, el vocablo "orden" hace referencia a la idea de un mandato que debe ser obedecido. En el contexto de lo público, es decir, de orden público, puede entenderse como un deber de los gobernados de no alterar la organización del cuerpo social. Tales nociones, en materia de suspensión del acto reclamado, deben plantearse en función de elementos objetivos mínimos que reflejen preocupaciones fundamentales y trascendentes para la sociedad, como las establecidas en el artículo 124 de la Ley de Amparo (funcionamiento de centros de vicio, comercio de drogas, continuación de delitos, alza de precios de artículos de primera necesidad, peligro de epidemias graves, entre otras). Por tanto, para distinguir si una disposición es de orden público y si afecta al interés social -nociones que, por cierto, guardan un estrecho vínculo entre sí- debe atenderse a su finalidad directa e inmediata en relación con la colectividad." En el particular, de suspender el acto reclamado, tendría como consecuencia la paralización del juicio sucesorio de origen, con lo que se contravendrían disposiciones de orden público, ya que la materia del reclamo es la sentencia en segunda instancia que ordenó la remoción del cargo de albacea y con motivo de ello la rendición de cuentas a la quejosa. De tal suerte que la medida cautelar no puede concederse, precisamente porque implicaría ordenar que no se ejecutara una sentencia cuyos efectos impulsan el curso natural del proceso sucesorio y la consecución de sus fines, que es que en su momento, cada heredero reciba lo que en derecho le corresponda. El procedimiento judicial es de orden público, por lo que es inconducente conceder la suspensión que tienda a detenerlo, como ocurriría si la sucesión quedara sin representante legal y con ello se paralizaría llevar a cabo los trámites inherentes a la culminación del procedimiento natural. Orienta lo anterior, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo III, abril de 1996, página 330 Novena Época, registro XIX.2o.9.C, de rubro y texto: "ALBACEA. RENDICIÓN DE CUENTAS DEL. La obligación que tiene el albacea de rendir cuentas, no es susceptible de suspenderse porque se entorpecería el procedimiento del juicio sucesorio, que es de interés público y porque el rendir cuentas no le causa ningún perjuicio." Así, de concederse la suspensión solicitada se interrumpiría el proceso generador del acto reclamado, por lo que resulta improcedente conceder tal medida cautelar; lo anterior, debido a que la determinación combatida forma parte de un procedimiento sucesorio que se encuentra en trámite y es inconducente detenerlo, en razón de que es de orden público y de interés general. Por lo tanto, lo procedente es NEGAR LA MEDIDA SOLICITADA, al no cumplirse los requisitos del artículo 138 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la tesis del Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, volumen 68, sexta parte, página 78, Séptima Época, con registro 255424, que dice: "SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE DEL PROCEDIMIENTO. El artículo 124, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, prevé varios supuestos en que se causa perjuicio a la sociedad y se violan disposiciones del orden público, en los cuales no puede concederse la suspensión; pero esta enumeración legal casuística es enunciativa más no limitativa, y prueba de ello es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido criterios en varios casos específicos distintos de los señalados en el citado precepto legal, en los que declara improcedente la suspensión porque de otorgarse se afectaría el interés social o se violarían normas de orden público. Así las cosas, la jurisprudencia número 268, visible en la página 799 de la Cuarta Parte, Tercera Sala, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, establece que: "El procedimiento judicial es de orden público, por lo que es inconducente conceder la suspensión que tienda a detenerlo"; por tanto si de concederse la suspensión definitiva solicitada se interrumpiría el proceso generador de los actos reclamados, resulta improcedente conceder tal medida suspensional." Igualmente resulta aplicable, la tesis I. 8o. C. 69 C, aprobada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Septiembre de 1994, Página 444, Materia Civil, con número de registro 210664, de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO SUCESORIO, PROCEDE ÚNICAMENTE CUANDO SE SUBSTANCIA EN UN JUICIO LA IMPUGNACIÓN DE VALIDEZ DEL TESTAMENTO O A LA INCAPACIDAD LEGAL DE UN HEREDERO. ... respecto de todos los demás actos integrantes del juicio sucesorio." Así como, la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1625 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXV, Quinta Época, registro 354398, de rubro y texto siguientes: "ALBACEA, SUSPENSION CON MOTIVO DE REMOCION DE. Si se reclama el amparo la resolución judicial que remueve al quejoso, del cargo de albacea de una sucesión, es improcedente conceder la suspensión, porque no se ocasiona perjuicio alguno a la sucesión, ya que el nuevo albacea se hará cargo de los bienes de la herencia y de su administración, y en cuanto al perjuicio que en lo personal pudiera ocasionarle al quejoso la remoción de su puesto, que consistiría en la privación de sus honorarios, ese perjuicio no es irreparable, porque si obtiene la protección constitucional, le serán cubiertos los honorarios." Además, no pasa inadvertido que en la sentencia reclamada la Sala absolvió a la quejosa del pago de frutos civiles, daños y perjuicios; por lo cual no hay una ejecución (distinta a la del albaceazgo) que pueda ser susceptible de paralizarse en beneficio de la quejosa, pues de acuerdo al contenido del acto reclamado, no se le impuso una condena adicional con carga patrimonial. Al efecto se cita la tesis XV.4o.7 K. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, de la Novena Época, en Materias(s): Común. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Febrero de 2009, página 2049, que dispone: "SUSPENSIÓN. NO PROCEDE CONCEDERLA EN CONTRA DE LA SENTENCIA QUE ABSUELVE AL DEMANDADO DE LAS PRESTACIONES RECLAMADAS AL CARECER DE EJECUCIÓN. ... ." Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además en lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA a **** contra actos de la Segunda Sala y Juez Décimo Cuarto, ambos de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por los motivos precisados en esta resolución. NOTIFÍQUESE.

  2. Incidental

    Visto lo de cuenta, como se ordena en el cuaderno principal, con la copia certificada del proveído de esta fecha y reproducción del acto reclamado, así como de la demanda de amparo promovida por ... contra actos de la Segunda Sala y Juez Décimo Cuarto, ambos de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; fórmese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 847/2021 (acumulado al 834/2021). PRIMERO. REQUERIMIENTO DE INFORME PREVIO. Pídase a las autoridades señaladas como responsables sus informes previos, que deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, de conformidad con los artículos 138, fracción III, y 140 de la ley de la materia. Sin que haya lugar a enviarles de nueva cuenta copia de traslado de la demanda, puesto que ello se previó para efectos de enterar a las responsables del auto admisorio. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La parte quejosa reclama la resolución de nueve de septiembre de dos mil veintiuno, emitida por la Segunda Sala Familiar de esta Ciudad, en el toca de apelación 1000/2021/5 y 1136/2021/6, contra la interlocutoria de diez de junio de dos mil veintiuno, dictada en el incidente de revocación de albacea derivado del juicio sucesorio testamentario a bienes de ..., por el Juez Décimo Cuarto Familiar de la Ciudad de México. La Sala modificó la sentencia primigenia, para quedar en los siguientes términos: Primero, declaró procedente la vía incidental; segundo, removió del cargo de albacea a ..., imponiéndole la rendición de cuentas de terminación del cargo; tercero, designó como nueva albacea a ..., a quien se requirió para acepar y protestar el cargo; y cuarto, absolvió a la ... del pago de frutos, y daños y perjuicios. TERCERO. INTERÉS JURÍDICO PARA EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN DE AMPARO La quejosa es parte material en el juicio de origen, por lo que acredita su interés para efectos de la suspensión de amparo. CUARTO. NEGACIÓN DE LA MEDIDA SUSPENSIONAL. Tratándose de la procedencia de la concesión de la medida cautelar de amparo, el artículo 128 de la Ley de la materia impone al Juez de Distrito analizar: I. Que la medida suspensional sea solicitada por el quejoso; y II. Que con su concesión no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Apoya lo anterior la tesis número II.1o.A.23 K, aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Abril de 2005, página 1515, Novena Época, Materia Común, Registro 178594, cuyo rubro y texto dicen: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. ALCANCE Y VALORACIÓN DE LOS CONCEPTOS "INTERÉS SOCIAL" Y "ORDEN PÚBLICO", PARA EFECTOS DE SU CONCESIÓN. El vocablo "interés" implica nociones como bien, beneficio, utilidad, valor de algo, importancia, conveniencia y trascendencia. Cuando se ubica en el ámbito social, debe tratarse de un beneficio, utilidad, valor, importancia, conveniencia o trascendencia o bien para la comunidad o sociedad. Asimismo, el vocablo "orden" hace referencia a la idea de un mandato que debe ser obedecido. En el contexto de lo público, es decir, de orden público, puede entenderse como un deber de los gobernados de no alterar la organización del cuerpo social. Tales nociones, en materia de suspensión del acto reclamado, deben plantearse en función de elementos objetivos mínimos que reflejen preocupaciones fundamentales y trascendentes para la sociedad, como las establecidas en el artículo 124 de la Ley de Amparo (funcionamiento de centros de vicio, comercio de drogas, continuación de delitos, alza de precios de artículos de primera necesidad, peligro de epidemias graves, entre otras). Por tanto, para distinguir si una disposición es de orden público y si afecta al interés social -nociones que, por cierto, guardan un estrecho vínculo entre sí- debe atenderse a su finalidad directa e inmediata en relación con la colectividad. En este sentido, si bien en la Ley de Amparo no existe disposición alguna que establezca que la suspensión es improcedente en los juicios sucesorios; el artículo 138 de la misma impone la obligación de realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social, para resolver respecto de la suspensión. En el caso concreto, únicamente se cumple el primer requisito, en tanto que la medida es solicitada expresamente por la impetrante de amparo. Sin embargo, no se satisface el segundo requisito, toda vez que la suspensión del acto reclamado sí causa perjuicio al interés social y contraviene disposiciones de orden público, ello atento a los razonamientos que a continuación se exponen. Concepto de Interés Social. El vocablo interés implica nociones como bien, beneficio, utilidad, valor de algo, importancia, conveniencia y trascendencia. Cuando se ubica en el ámbito social, debe tratarse de un beneficio, utilidad, valor, importancia, conveniencia o trascendencia o bien para la comunidad o sociedad. Concepto de Orden Público. El vocablo orden hace referencia a la idea de un mandato que debe ser obedecido. En el contexto de lo público, es decir, de orden público, puede entenderse como un deber de los gobernados de no alterar la organización del cuerpo social. Por tanto, para distinguir si una disposición es de orden público y si afecta al interés social -nociones que guardan un estrecho vínculo entre sí- debe atenderse a su finalidad directa e inmediata en relación con la colectividad. Apoya lo anterior la tesis número II.1o.A.23 K, aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Abril de 2005, página 1515, Novena Época, Materia Común, Registro 178594, cuyo rubro y texto dicen: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. ALCANCE Y VALORACIÓN DE LOS CONCEPTOS "INTERÉS SOCIAL" Y "ORDEN PÚBLICO", PARA EFECTOS DE SU CONCESIÓN. El vocablo "interés" implica nociones como bien, beneficio, utilidad, valor de algo, importancia, conveniencia y trascendencia. Cuando se ubica en el ámbito social, debe tratarse de un beneficio, utilidad, valor, importancia, conveniencia o trascendencia o bien para la comunidad o sociedad. Asimismo, el vocablo "orden" hace referencia a la idea de un mandato que debe ser obedecido. En el contexto de lo público, es decir, de orden público, puede entenderse como un deber de los gobernados de no alterar la organización del cuerpo social. Tales nociones, en materia de suspensión del acto reclamado, deben plantearse en función de elementos objetivos mínimos que reflejen preocupaciones fundamentales y trascendentes para la sociedad, como las establecidas en el artículo 124 de la Ley de Amparo (funcionamiento de centros de vicio, comercio de drogas, continuación de delitos, alza de precios de artículos de primera necesidad, peligro de epidemias graves, entre otras). Por tanto, para distinguir si una disposición es de orden público y si afecta al interés social -nociones que, por cierto, guardan un estrecho vínculo entre sí- debe atenderse a su finalidad directa e inmediata en relación con la colectividad." En el particular, de suspender el acto reclamado, tendría como consecuencia la paralización del juicio sucesorio de origen, con lo que se contravendrían disposiciones de orden público, ya que la materia del reclamo es la sentencia en segunda instancia que ordenó la remoción del cargo de albacea y con motivo de ello la rendición de cuentas a la quejosa. De tal suerte que la medida cautelar no puede concederse, precisamente porque implicaría ordenar que no se ejecutara una sentencia cuyos efectos impulsan el curso natural del proceso sucesorio y la consecución de sus fines, que es que en su momento, cada heredero reciba lo que en derecho le corresponda. En efecto, el procedimiento judicial es de orden público, por lo que es inconducente conceder la suspensión que tienda a detenerlo, como ocurriría si la sucesión quedara sin representante legal y con ello se paralizaría llevar a cabo los trámites inherentes a la culminación del procedimiento natural. Orienta lo anterior, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo III, abril de 1996, página 330 Novena Época, registro XIX.2o.9.C, de rubro y texto: "ALBACEA. RENDICIÓN DE CUENTAS DEL. La obligación que tiene el albacea de rendir cuentas, no es susceptible de suspenderse porque se entorpecería el procedimiento del juicio sucesorio, que es de interés público y porque el rendir cuentas no le causa ningún perjuicio." Así, de concederse la suspensión solicitada se interrumpiría el proceso generador del acto reclamado, por lo que resulta improcedente conceder tal medida cautelar; lo anterior, debido a que la determinación combatida forma parte de un procedimiento sucesorio que se encuentra en trámite y es inconducente detenerlo, en razón de que es de orden público y de interés general. Por lo tanto, lo procedente es NEGAR LA MEDIDA SOLICITADA, al no cumplirse los requisitos del artículo 138 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la tesis del Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, volumen 68, sexta parte, página 78, Séptima Época, con registro 255424, que dice: "SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE DEL PROCEDIMIENTO. El artículo 124, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, prevé varios supuestos en que se causa perjuicio a la sociedad y se violan disposiciones del orden público, en los cuales no puede concederse la suspensión; pero esta enumeración legal casuística es enunciativa más no limitativa, y prueba de ello es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido criterios en varios casos específicos distintos de los señalados en el citado precepto legal, en los que declara improcedente la suspensión porque de otorgarse se afectaría el interés social o se violarían normas de orden público. Así las cosas, la jurisprudencia número 268, visible en la página 799 de la Cuarta Parte, Tercera Sala, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, establece que: "El procedimiento judicial es de orden público, por lo que es inconducente conceder la suspensión que tienda a detenerlo"; por tanto si de concederse la suspensión definitiva solicitada se interrumpiría el proceso generador de los actos reclamados, resulta improcedente conceder tal medida suspensional." Igualmente resulta aplicable, la tesis I. 8o. C. 69 C, aprobada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Septiembre de 1994, Página 444, Materia Civil, con número de registro 210664, de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO SUCESORIO, PROCEDE ÚNICAMENTE CUANDO SE SUBSTANCIA EN UN JUICIO LA IMPUGNACIÓN DE VALIDEZ DEL TESTAMENTO O A LA INCAPACIDAD LEGAL DE UN HEREDERO. Es cierto que de acuerdo con el artículo 137 bis, fracción X, inciso b), de la ley adjetiva civil local, la suspensión del proceso tiene lugar, entre otros supuestos, cuando es necesario esperar la resolución de una cuestión previa o conexa por el mismo juez o por otras autoridades; sin embargo no es ésta la hipótesis que regula la suspensión del procedimiento en los juicios sucesorios, sino la mencionada en el segundo párrafo del artículo 797 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Así, de acuerdo con lo dispuesto en dicho precepto legal, el único caso en el que procede la suspensión del procedimiento en un juicio sucesorio, es cuando se substancia en un juicio ordinario la impugnación de la validez del testamento o la capacidad legal de algún heredero, suspensión que es parcial, porque está limitada únicamente para el efecto de que no se emita la sentencia de adjudicación, por lo que ello implica que no opera la paralización del procedimiento respecto de todos los demás actos integrantes del juicio sucesorio." Así como, la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1625 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXV, Quinta Época, registro 354398, de rubro y texto siguientes: "ALBACEA, SUSPENSION CON MOTIVO DE REMOCION DE. Si se reclama el amparo la resolución judicial que remueve al quejoso, del cargo de albacea de una sucesión, es improcedente conceder la suspensión, porque no se ocasiona perjuicio alguno a la sucesión, ya que el nuevo albacea se hará cargo de los bienes de la herencia y de su administración, y en cuanto al perjuicio que en lo personal pudiera ocasionarle al quejoso la remoción de su puesto, que consistiría en la privación de sus honorarios, ese perjuicio no es irreparable, porque si obtiene la protección constitucional, le serán cubiertos los honorarios." Además, no pasa inadvertido que en la sentencia reclamada la Sala absolvió a la quejosa del pago de frutos civiles, daños y perjuicios; por lo cual no hay una ejecución (distinta a la del albaceazgo) que pueda ser susceptible de paralizarse en beneficio de la quejosa, pues de acuerdo al contenido del acto reclamado, no se le impuso una condena adicional con carga patrimonial. Al efecto se cita la tesis XV.4o.7 K. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, de la Novena Época, en Materias(s): Común. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Febrero de 2009, página 2049, que dispone: "SUSPENSIÓN. NO PROCEDE CONCEDERLA EN CONTRA DE LA SENTENCIA QUE ABSUELVE AL DEMANDADO DE LAS PRESTACIONES RECLAMADAS AL CARECER DE EJECUCIÓN. No procede conceder la suspensión en el amparo cuando el acto reclamado consista en la sentencia que determina absolver al demandado de las prestaciones reclamadas, toda vez que por la naturaleza jurídica de dicha resolución, en ella no se contienen actos que puedan paralizarse; y si bien en la Ley de Amparo no existe disposición alguna donde se consigne que debe negarse la medida cautelar cuando se ejerce la acción constitucional en contra de ese tipo de determinaciones, lo cierto es, que como el objeto de dicha providencia consiste en suspender su ejecución, si ésta no es susceptible de materializarse, ello hace improcedente decretar el instrumento precautorio de referencia." QUINTO. DE LA AUDIENCIA INCIDENTAL. Se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL DOCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga lugar la audiencia incidental; fecha que se fija con apoyo en lo dispuesto por la fracción II del artículo 138 de la Ley de Amparo. SEXTO. DE LAS COPIAS CERTIFICADAS. Como lo solicita y con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a su costa copia certificada de las constancias que indica en el escrito de demanda, previa identificación y toma de razón que por su recibo se asiente en autos. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Vista la demanda que promueve ****, por propio derecho, contra actos de la Segunda Sala y Juez Décimo Cuarto, ambos de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por violación a los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucionales, al efecto se acuerda: Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 847/2021. Con fundamento en los artículos 107 y 115 de la ley de la materia, SE ADMITE LA DEMANDA. Tramítese el presente asunto en su versión de expediente físico, así como en la electrónica, observando los términos del numeral 3° de la Ley de Amparo. I. Vista al Ministerio Público. Por medio de oficio dese la intervención correspondiente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. II. Requerimiento de informe justificado. Mediante la vía ordinaria o electrónicamente -según corresponda- pídase a las autoridades responsables su informe justificado, en los términos señalados ..., apercibidas ... Hágase del conocimiento de las partes que, en colaboración para una pronta y eficiente impartición de justicia, al rendirse el informe justificado, y dentro del término de ley, deberán indicar si se hace necesaria alguna constancia en particular para resolver el presente caso; sin perjuicio de las que este órgano pudiera llegar a requerir en caso de ser necesarias. Dado que la impartición de justicia es una función de la que se beneficia toda la sociedad, y en la que existen cuestiones de orden público e interés general que deben observarse indefectiblemente, se requiere a todas las partes para que en caso de que se actualice algún supuesto de improcedencia o sobreseimiento, lo informen de inmediato a este órgano jurisdiccional, bajo apercibimiento que, de no hacerlo, se les impondrá una multa conforme al artículo 251 de la Ley de Amparo. III. Incidente de Suspensión. Al respecto, dígase a la parte quejosa que la tramitación del incidente de suspensión se postergará hasta en tanto exhiba una copia más de su escrito inicial de demanda, ya que es necesaria para abrir por duplicado el cuaderno incidental respectivo, al tomar en cuenta el número de partes en el presente juicio a las que se les correrá traslado (dos autoridades, dos terceros interesados, y la representación social) y la cantidad de copias presentadas (seis); lo anterior con fundamento en el último párrafo del artículo 114 de la ley de la materia. IV. De los terceros interesados. Con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se tiene como parte tercera interesada a ... y ..., a quien se deberá emplazar en el domicilio que se proporciona para tal efecto. En términos del ordinal 21 de la legislación de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, para que el Actuario de la adscripción lleve a cabo la notificación encomendada. V. De la audiencia Constitucional. Se fijan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para la celebración de la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 17 de la Constitución, y con el único fin de que las partes accedan a una justicia ágil y efectiva, hágase de su conocimiento que para el caso de que sea su intención presentar alguna promoción dirigida a la audiencia constitucional, deberán hacerlo con la anticipación suficiente para que sea recibida oportunamente en este órgano; ya que constituye un hecho notorio las condiciones extraordinarias en que se reanudaron las actividades judiciales, generaron una alta carga laboral en las oficinas de correspondencia, y conforme al sistema de recepción y tratamiento de documentos previsto en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, éstos podrían no ser enviados el mismo día de la audiencia al órgano de radicación; de modo que para evitar un desfase entre la presentación física de los ocursos ante el Juzgado y la celebración de la audiencia, será conveniente que los justiciables actúen con la prevención debida. VI. Protección de Datos Personales y Transparencia. Este juicio queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y por los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las reglas en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, en materia de protección de datos personales y en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, ... ..., se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, lo cual deberán manifestar expresamente, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva el consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos. VII. De las Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas como pruebas de la parte quejosa las que describe en el escrito de demanda, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente en la audiencia constitucional que al efecto se celebre, considerando únicamente las que efectivamente se hayan exhibido. VIII. Domicilio y Autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y por autorizadas para los mismos efectos a las personas que menciona. Respecto de quienes autoriza en términos del ordinal 12 de la Ley de Amparo, sólo gozarán de las facultades amplias que prevé dicho artículo si tienen registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; ya que de no ser así únicamente se tendrán por autorizadas para oír y recibir notificaciones. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE TERCERA INTERESADA.

  4. Principal

    (CITATORIO) SE EMPLAZA POR MEDIO DE LISTA A LOS TERCEROS INTERESADOS DE REFERENCIA, VIRTUD DE QUE NO ACUDIERON AL LOCAL DE ESTE JUZGADO A EMPLAZARSE PERSONALMENTE O POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL, EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO EL DIECINUEVE DE OCTUBRE DE 2021; ASIMISMO, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE CATORCE DE OCTUBRE DE 2021, QUE EN SÍNTESIS DICE: "Vista la demanda que promueve ****, por propio derecho, contra actos de la Segunda Sala y Juez Décimo Cuarto, ambos de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por violación a los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucionales, al efecto se acuerda: Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 847/2021. Con fundamento en los artículos 107 y 115 de la ley de la materia, SE ADMITE LA DEMANDA. Tramítese el presente asunto en su versión de expediente físico, así como en la electrónica, observando los términos del numeral 3° de la Ley de Amparo. I. Vista al Ministerio Público. Por medio de oficio dese la intervención correspondiente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. II. Requerimiento de informe justificado. Mediante la vía ordinaria o electrónicamente -según corresponda- pídase a las autoridades responsables su informe justificado, en los términos señalados ..., apercibidas ... Hágase del conocimiento de las partes que, en colaboración para una pronta y eficiente impartición de justicia, al rendirse el informe justificado, y dentro del término de ley, deberán indicar si se hace necesaria alguna constancia en particular para resolver el presente caso; sin perjuicio de las que este órgano pudiera llegar a requerir en caso de ser necesarias. Dado que la impartición de justicia es una función de la que se beneficia toda la sociedad, y en la que existen cuestiones de orden público e interés general que deben observarse indefectiblemente, se requiere a todas las partes para que en caso de que se actualice algún supuesto de improcedencia o sobreseimiento, lo informen de inmediato a este órgano jurisdiccional, bajo apercibimiento que, de no hacerlo, se les impondrá una multa conforme al artículo 251 de la Ley de Amparo. III. Incidente de Suspensión. Al respecto, dígase a la parte quejosa que la tramitación del incidente de suspensión se postergará hasta en tanto exhiba una copia más de su escrito inicial de demanda, ya que es necesaria para abrir por duplicado el cuaderno incidental respectivo, al tomar en cuenta el número de partes en el presente juicio a las que se les correrá traslado (dos autoridades, dos terceros interesados, y la representación social) y la cantidad de copias presentadas (seis); lo anterior con fundamento en el último párrafo del artículo 114 de la ley de la materia. IV. De los terceros interesados. Con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se tiene como parte tercera interesada a ... y ..., a quien se deberá emplazar en el domicilio que se proporciona para tal efecto. En términos del ordinal 21 de la legislación de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, para que el Actuario de la adscripción lleve a cabo la notificación encomendada. V. De la audiencia Constitucional. Se fijan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para la celebración de la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 17 de la Constitución, y con el único fin de que las partes accedan a una justicia ágil y efectiva, hágase de su conocimiento que para el caso de que sea su intención presentar alguna promoción dirigida a la audiencia constitucional, deberán hacerlo con la anticipación suficiente para que sea recibida oportunamente en este órgano; ya que constituye un hecho notorio las condiciones extraordinarias en que se reanudaron las actividades judiciales, generaron una alta carga laboral en las oficinas de correspondencia, y conforme al sistema de recepción y tratamiento de documentos previsto en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, éstos podrían no ser enviados el mismo día de la audiencia al órgano de radicación; de modo que para evitar un desfase entre la presentación física de los ocursos ante el Juzgado y la celebración de la audiencia, será conveniente que los justiciables actúen con la prevención debida. VI. Protección de Datos Personales y Transparencia. Este juicio queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y por los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las reglas en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, en materia de protección de datos personales y en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, ... ..., se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, lo cual deberán manifestar expresamente, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva el consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos. VII. De las Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas como pruebas de la parte quejosa las que describe en el escrito de demanda, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente en la audiencia constitucional que al efecto se celebre, considerando únicamente las que efectivamente se hayan exhibido. VIII. Domicilio y Autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y por autorizadas para los mismos efectos a las personas que menciona. Respecto de quienes autoriza en términos del ordinal 12 de la Ley de Amparo, sólo gozarán de las facultades amplias que prevé dicho artículo si tienen registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; ya que de no ser así únicamente se tendrán por autorizadas para oír y recibir notificaciones. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE TERCERA INTERESADA.".

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